El Corte Inglés, "otro caso de corrupción urbanística del Ayuntamiento de Salamanca"
Los terrenos sobre los que se ha asentado el centro comercial, en virtud de los Planes Urbanísticos que han quedado anulados, fueron cedidos, en el año 1926, al Ministerio de la Guerra, precisamente para la construcción del Cuartel “Julián Sánchez “El Charro”. EQUO quiere resaltar que esos terrenos fueron obtenidos por cuestación popular entre los vecinos de la ciudad y por lo tanto fue una auténtica cesión de la ciudad de Salamanca al Ministerio.
Para EQUO es muy importante que la ciudadanía conozca los motivos por los que el Tribunal Supremo ha dictado esta última sentencia (que ratifica las anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León), y anula la Revisión del P.G.O.U. de Salamanca, en lo relativo a la ordenación de los terrenos del cuartel Julián Sánchez “El Charro”. La sentencia afirma que, el Ayuntamiento de Salamanca, lejos de asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general, que es el primer objetivo al que ha de orientarse la actividad pública, lo que hace es satisfacer los intereses particulares del Corte Inglés. También afirma que en este caso “no se ha tutelado en debida forma el interés general, o dicho de otra forma que han predominado los particulares de los promotores”.
¿A quién quería beneficiar el Ayuntamiento de Salamanca (gobernado por el P.P en los últimos 18 años) al urdir y preparar la modificación y la revisión del PGOU de Salamanca? Para EQUO está claro: quien se ha beneficiado es el centro comercial del Corte Inglés que se ha construido en el solar del antiguo cuartel, que “pertenecía” a la ciudad de Salamanca y cuyos intereses generales han sido dejados de lado por su Ayuntamiento, según han reiterado las sentencias. EQUO continúa afirmando que el beneficio que el ayuntamiento de Salamanca ha “regalado” al centro comercial, además de su propia existencia en ese terreno, es, al menos, el valor de los ¡¡¡82.560 metros cuadrados!!! que sí han sido construidos y que este Ayuntamiento no computó con la normativa favorable al Corte Inglés, que la sentencia declara ilegal y nula.
Esta situación, afirma EQUO Salamanca, solo puede ser calificada como estafa y robo a la ciudad de Salamanca y otro caso claro de corrupción política. Corrupción política pues han sido los representantes políticos, que fueron elegidos para defender el interés general, los que olvidando a la ciudadanía y el interés general, han aprobado la modificación y revisión urbanística para otorgar ilegalmente beneficios privados a un centro comercial, no sabemos si a cambio de contrapartidas ocultas.
Por ello, EQUO sostiene que este caso de atropello y robo a la ciudad, tiene que tener consecuencias: exigencia de responsabilidades políticas y responsabilidades económicas. Responsabilidades políticas del Ayuntamiento de Salamanca y de la Junta de Castilla y León (los que aprobaron los planes que permitieron la estafa y el robo) y en concreto de todos aquellos que participaron activamente o que tuvieron alguna relación con este atropello a la ciudad: Ayuntamiento de Salamanca, concejales que votaron a favor, Consejería de Fomento de la Junta.
Responsabilidades políticas que no pueden ser otras que reconocer su tramposa actuación y presentar su dimisión del cargo que actualmente ocupen. Y responsabilidades económicas que deberá exigir el Ayuntamiento de Salamanca, después de reconocer este auténtico “expolio” a la ciudad, para que los que se han beneficiado económicamente (los promotores del centro comercial) de este plan tramposo, devuelvan a la ciudad, en forma de equipamientos públicos, lo que se han llevado ilegal e ilegítimamente.
FUENTE
Los terrenos sobre los que se ha asentado el centro comercial, en virtud de los Planes Urbanísticos que han quedado anulados, fueron cedidos, en el año 1926, al Ministerio de la Guerra, precisamente para la construcción del Cuartel “Julián Sánchez “El Charro”. EQUO quiere resaltar que esos terrenos fueron obtenidos por cuestación popular entre los vecinos de la ciudad y por lo tanto fue una auténtica cesión de la ciudad de Salamanca al Ministerio.
Para EQUO es muy importante que la ciudadanía conozca los motivos por los que el Tribunal Supremo ha dictado esta última sentencia (que ratifica las anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León), y anula la Revisión del P.G.O.U. de Salamanca, en lo relativo a la ordenación de los terrenos del cuartel Julián Sánchez “El Charro”. La sentencia afirma que, el Ayuntamiento de Salamanca, lejos de asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general, que es el primer objetivo al que ha de orientarse la actividad pública, lo que hace es satisfacer los intereses particulares del Corte Inglés. También afirma que en este caso “no se ha tutelado en debida forma el interés general, o dicho de otra forma que han predominado los particulares de los promotores”.
¿A quién quería beneficiar el Ayuntamiento de Salamanca (gobernado por el P.P en los últimos 18 años) al urdir y preparar la modificación y la revisión del PGOU de Salamanca? Para EQUO está claro: quien se ha beneficiado es el centro comercial del Corte Inglés que se ha construido en el solar del antiguo cuartel, que “pertenecía” a la ciudad de Salamanca y cuyos intereses generales han sido dejados de lado por su Ayuntamiento, según han reiterado las sentencias. EQUO continúa afirmando que el beneficio que el ayuntamiento de Salamanca ha “regalado” al centro comercial, además de su propia existencia en ese terreno, es, al menos, el valor de los ¡¡¡82.560 metros cuadrados!!! que sí han sido construidos y que este Ayuntamiento no computó con la normativa favorable al Corte Inglés, que la sentencia declara ilegal y nula.
Esta situación, afirma EQUO Salamanca, solo puede ser calificada como estafa y robo a la ciudad de Salamanca y otro caso claro de corrupción política. Corrupción política pues han sido los representantes políticos, que fueron elegidos para defender el interés general, los que olvidando a la ciudadanía y el interés general, han aprobado la modificación y revisión urbanística para otorgar ilegalmente beneficios privados a un centro comercial, no sabemos si a cambio de contrapartidas ocultas.
Por ello, EQUO sostiene que este caso de atropello y robo a la ciudad, tiene que tener consecuencias: exigencia de responsabilidades políticas y responsabilidades económicas. Responsabilidades políticas del Ayuntamiento de Salamanca y de la Junta de Castilla y León (los que aprobaron los planes que permitieron la estafa y el robo) y en concreto de todos aquellos que participaron activamente o que tuvieron alguna relación con este atropello a la ciudad: Ayuntamiento de Salamanca, concejales que votaron a favor, Consejería de Fomento de la Junta.
Responsabilidades políticas que no pueden ser otras que reconocer su tramposa actuación y presentar su dimisión del cargo que actualmente ocupen. Y responsabilidades económicas que deberá exigir el Ayuntamiento de Salamanca, después de reconocer este auténtico “expolio” a la ciudad, para que los que se han beneficiado económicamente (los promotores del centro comercial) de este plan tramposo, devuelvan a la ciudad, en forma de equipamientos públicos, lo que se han llevado ilegal e ilegítimamente.
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