Greenpeace denuncia que la ‘Ley Mordaza’ incumple la legislación internacional
Manifestación contra la 'ley mordaza' en las cercanías del Congreso de los Diputados. FERNANDO SÁNCHEZ
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Ministerio del Interior conlleva una gran inseguridad jurídica, aumenta la impunidad de las fuerzas policiales en el uso de la fuerza y vulnera convenios internacionales como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
Estas son algunas de las principales conclusiones del informe elaborado por Greenpeace que se ha presentado este jueves. La organización ha analizado el anteproyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobado por la mayoría conservadora en el Congreso y ha recogido los análisis de organismos e instituciones europeas sobre la norma, para concluir que el actual redactado de la ley atenta contra principios básicos del derecho internacional.
La ONG recoge las conclusiones del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que en su informe del 9 de octubre de 2013 denunció la falta de protección de derechos y libertades, en particular el derecho a la libertad de reunión y la impunidad de los malos tratos policiales.
Asimismo, se hace eco de las conclusiones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Maina Kiai, que en una visita en 2012 comunicó al Gobierno español que“no procede categorizar como violenta a toda una manifestación por actos esporádicos de violencia perpetrados por un grupo reducido de personas”. Ello entraría en contradicción con algunos de los aspectos que contempla la nueva normativa, como es el de castigar a aquellas personas que convoquen o promuevan una manifestación en la que se acaben produciendo actos violentos.
El triple de conductas sancionadas
El informe sostiene que la reforma era “innecesaria”, puesto que no existía una demanda social para llevarla a cabo, según indican los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, y España es uno de los países con tasas más bajas de delincuencia de Europa. Esta reforma, junto a la Ley de Tasas del Ministerio de Justicia y la reforma del Código Penal, señala Greenpeace, “convierte el Estado de Derecho en un Estado policial represivo y alarmista que pretende acallar toda protesta pacífica”. En comparación con el texto de 1992, la conocida como “Ley Corcuera”, la nueva ley triplica el número de conductas consideradas infracciones y la cuantía de las sanciones.
La ONG lamenta que las infracciones leves sean en las que más hayan aumentado las multas, pasando a ser objeto de sanciones de hasta 1.000 euros. “Son precisamente estas las infracciones proporcionalmente más cometidas y entre las que se incluyen muchas de las vinculadas con formas de protesta pacífica”, constata el informe, que alerta de que “no hay criterio explicativo, lo que daría pie a interpretar su carácter puramente disuasorio o recaudatorio”.
“Es una reforma que produce una gran inseguridad jurídica, que atenta contra el principio de legalidad al introducir vaguedad e imprecisión en sus articulados”, señala el informe. Un ejemplo de ello es la inclusión como infracción de “las reuniones o manifestaciones (…) en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas”. “Dado que el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene la calificación de ‘secreto oficial’”, indica Greenpeace, estas son desconocidas para el potencial infractor.
La organización considera que el Gobierno “está ignorando los informes y las recomendaciones de instituciones internacionales de derechos humanos, que instan a las autoridades españolas a garantizar la libertad de expresión y el derecho de manifestación y reunión”, por lo que piden al Ejecutivo que retire la conocida como “Ley Mordaza”.
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