La Abogacía Catalana rechaza frontalmente el
proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
La Abogacía Catalana ha considerado “manifiestamente injusto” el Proyecto de Ley de Asistencia Gratuita, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros “porque cubre con fondos públicos a personas que pueden tener suficientes recursos económicos, en un contexto de recortes generalizado”. Según el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), el texto aprobado conlleva una duplicidad en la tramitación que burocratiza más el servicio e invade competencias autonómicas que podrían suponer una rebaja del 30% de los módulos de pago del Turno de Oficio.
El CICAC asegura que el texto aprobado no garantiza la financiación pública suficiente para el mantenimiento del sistema y “pone en entredicho la efectiva igualdad en la defensa de los derechos de los ciudadanos”. En este sentido, la abogacía catalana recuerda que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que las tasas judiciales servirían para contribuir a pagar la justicia gratuita “pero los datos del propio ministerio demuestran que esta medida recaudatoria no ha alcanzado las cifras previstas ni se está utilizando para sufragar el coste de este servicio”. Igualmente, el colectivo se opone a que se justifique el cobro de las tasas judiciales para sufragar la justicia gratuita.
Burocratización del sistema del Turno de Oficio
Según el CICAC, el proyecto de ley mantiene una duplicidad en la tramitación que supone un gasto público innecesario. El 95 % de las resoluciones de la Abogacía Catalana son ratificadas por la Administración y, según este colectivo, mantener este sistema “supone una doble estructura que dilata inútilmente el reconocimiento definitivo del derecho a justicia gratuita”
La abogacía catalana asegura que el proyecto desprecia el papel de los Colegios de Abogados y da más fuerza a estructuras burocratizadas que generan unos costes “innecesarios y anticompetitivos”. “Esta mayor burocratización del sistema actual de gestión del Turno de Oficio nada aportará a la mejora del servicio”, denuncia el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, y añade: “no se aprovecha la reforma para hacer más racional y eficiente el sistema para el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita y termina cargando al abogado con obligaciones burocráticas que no aportan calidad al servicio”.
Pérdida de competencias
El proyecto invade competencias autonómicas “pretendiendo ser extremadamente centralizador”, según el CICAC, lo que podría conllevar una rebaja del 30 % de los módulos de pago del Turno. Unos módulos, que el colectivo de abogados considera “históricamente infravalorados” y que suponen “menospreciar” el trabajo profesional y de calidad que prestan en Catalunya 6.800 letrados.
El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Miquel Sàmper, ha exigido “un frente común de toda la abogacía catalana con la Generalitat de Catalunya para evitar que invadan sus competencias y para defender y dignificar la importante tarea de los abogados que prestan el Turno de Oficio”.
Por su parte, el presidente de Consejo de la Abogacía Catalana, Miquel Sàmper, cree que “la suma de las tasas judiciales, la propuesta de nueva planta judicial y la posibilidad de que un abogado de oficio adscrito al turno de un colegio situado a cientos de kilómetros del domicilio del justiciable disuelven por completo la tutela judicial efectiva, y descabeza lo poco que nos queda del Estado de Derecho. La situación en que queda la justicia en España es sencillamente injusta para todos españoles”.
La Abogacía Catalana ha explicado que presentará propuestas de modificación al texto y no descarta movilizaciones y medidas de protesta al respecto.
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