Los asesores fiscales denuncian que la
financiación autonómica no es
“transparente ni equitativa”
Un despacho de abogados instalado en Catalunya tiene que afrontar una cargas fiscales mucho mayores que Madrid, la comunidad más benévola en términos tributarios. Pero también hay grandes diferencias entre Castilla y León, Extremadura, Valencia o Andalucía. Cada comunidad es un mundo en cuestión de impuestos y esto es posible porque el sistema de financiación autonómica actual no es transparente, ni equitativo, no permite cumplir con el principio de corresponsabilidad fiscal, y además está distorsionado por la proliferación de tributos propios en las diferentes regiones, desarrollados con una técnica legislativa “cuestionable”. Esta es la foto fija que ofrece el ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2014′ elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf-Regaf), órgano especializado del Consejo General de Colegios de Economistas de España.
Según los economistas, las comunidades autónomas han utilizado “con profusión” su capacidad normativa tanto en tributos cedidos como en los propios. En el caso de los primeros, por ejemplo, unas han subido la tarifa del IRPF, las menos la han bajado y, en general, todas han multiplicado deducciones personales y familiares “de poca importancia cuantitativa”.
Así, en el caso del IRPF, Madrid es donde menos se paga y en Extremadura es donde másaunque a partir de 110.000 euros, Andalucía es la que mayores impuestos tiene. En concreto, para un contribuyente de unos ingresos de 45.000 euros, en Madrid abonaría 10.090 euros mientras que en Extremadura tendría que hacerlo con 10.365 euros.
Pero estas divergencias se observan también en el caso del Impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En cuanto al Impuesto de Patrimonio, en Madrid está exenta la tributación mientras que para un patrimonio de 800.000 euros, en Cataluña se pagaría 769 euros, mientras que en el resto el importe oscila entre los 200 y los 300 euros.
Para una herencia también de 800.000 euros, la diferencia de lo que se paga en Murcia o Andalucía por Sucesiones y el coste en Cantabria, La Rioja y Madrid superaría los 162 euros. Y esta realidad se repite en otros tributos cedidos. En cuanto a donaciones, con el mismo ejemplo, en Madrid se pagaría sólo 2.000 euros, mientras que en Andalucía sería 208.159 euros.
Respecto al Impuesto de transmisiones patrimoniales, para una base imponible de 500.000 euros, en Madrid se pagarían 30.000 euros y en la Comunidad Valenciana, un total de 50.000.
Muchos tributos autonómicos
Hay grandes diferencias en cuanto al coste tributario por comunidades y también en el tipo de tributos a asumir. La crisis ha llevado a las autonomías a sacar el máximo de provecho de su escasa capacidad tributaria y “de manera continuada se van estableciendo más tributos propios por parte de las comunidades. Así, los tributos propios de las comunidades autónomas han llegado a los 70 en 2014, aunque suponen un bajo porcentaje de sus ingresos tributarios, que rondaría el 2%, según el Reaf-Regaf. “En algunos de estos tributos no se recauda ni lo que cuesta gestionarlos”, añade el Colegio de Economistas.
El catedrático de Hacienda Pública y asesor del Consejo, Luis Caramés, ha señalado que el principio de corresponsabilidad fiscal no se puede cumplir, a pesar de la amplitud de la capacidad normativa de las autonomías, porque de la recaudación de los impuestos cedidos y debido a los distintos Fondos no queda en cada región más de un 25%, ya que el resto se reparte según diferentes criterios.
Los expertos consideran que la técnica legislativa de la mayoría de las comunidades es “muy cuestionable”, porque se “legisla mucho”, se modifica a menudo y los tipos reducidos, reducciones, bonificaciones o deducciones se condicionan a “multitud” de requisitos, que son variables en el tiempo.
La forma de legislar, añaden, difiere, pero, en general, adolece de los siguientes defectos: es muy farragosa y se modifica muy a menudo, por lo que el contribuyente la desconoce y tiene “un difícil control” de los beneficios fiscales, al estar condicionados a “múltiples requisitos” que, en muchos casos, se deben cumplir durante años después de aplicarlos.
La legislación que viene
Respecto al nuevo sistema de financiación autonómica que, en breve, emprenderá el Gobierno, Caramés ha opinado que se debería reconducir la división entre régimen foral y común, para evitar el tratamiento asimétrico que redunda “objetivamente en situaciones de privilegio”.
En su opinión, habría que acabar con las diferencias “significativas” de financiación per cápita, ajenas a “cualquier racionalidad” ligada a las necesidades de gasto.
Precisa que la diferencia entre necesidades de gasto y recursos de las autonomías intenta cubrirse con un sistema de subvenciones o transferencias o a través de los diferentes fondos.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha confiado en que, a la espera de que el Gobierno plantee la próxima reforma fiscal, España esté “a las puertas de un replanteamiento general” de estos impuestos. El líder de los economistas ha apostado por dar mayor capacidad legislativa a las comunidades autónomas, en aras de una mayor corresponsabilidad fiscal, pero con una mayor coordinación de las diferentes instancias tributarias con la Agencia Tributaria (AEAT).
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