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jueves, 3 de abril de 2014

ESPAÑA: UN TENIENTE DEL EJERCITO PRESENTA UN LIBRO QUE DESVELA LA CORRUPCION Y ABUSOS EN LAS FUERZAS ARMADAS


Un teniente del Ejército pone al descubierto en un libro las corruptelas y abusos dentro de las Fuerzas Armadas

Condecoraciones -‘lotería’, venganzas en las evaluaciones de ascenso, comisiones en las compras de comida y combustible…
“Un paso al frente”, la obra escrita por un teniente del Ejército de Tierra en activo, de próxima aparición, cuestiona los privilegios de la cadena de mandos y denuncia la indefensión que sufren suboficiales y tropa. Ahora teme ser represaliado.
Portada del libro 'Un paso al frente', del teniente Luis Gonzalo Segura.Portada del libro 'Un paso al frente', del teniente Luis Gonzalo Segura.
El autor de "Un paso al frente", el teniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura, de 37 años y destinado en Trasmisiones, teme sufrir represalias por la publicación de su libro. De hecho, incluso valoró la posibilidad de sacarlo a la luz bajo un pseudónimo.
Un oficial, un suboficial y un soldado
“Ha sido el mayor reto de mi vida, porque jamás había escrito nada más allá de cualquier estúpido formulario”, asegura el teniente Gonzalo Segura, que ha dedicado año y medio a redactar de esta novela. Lo ha hecho en su tiempo libre, y sin informar a sus superiores, consciente de que, si lo hubiera hecho, podrían haber intentado boicotear el proyecto.
La historia del libro gira en torno a tres militares –un oficial, un suboficial y un soldado- que se conocen durante su estancia en un centro de instrucción. Posteriormente vuelven a encontrarse destinados en Afganistán, un país donde sirvió temporalmente el autor.
Crítica a las “castas” de oficiales
El relato, según indica Gonzalo Segura, está plagado de hechos y situaciones reales, que él ha visto y vivido en sus años de servicio, y que ponen en cuestión el actual modelo y funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
Hace hincapié especialmente en el “doble rasero” que se aplica a militares de tropa (“expulsados a los 45 años”) y suboficiales ("se les niegan los ascensos”), contrapuesto a lo que ocurre con lo que denomina “castas” de oficiales.
El centro principal de la crítica es este último colectivo: las “corruptelas y privilegios” que, según detalla en ‘Un paso al frente’, practican oficiales de los tres Ejércitos. Principalmente aquellos que tienen capacidad de decisión en materias como la compra de combustible, de comida o de equipos y armamento.
Lotería de condecoraciones
Dedica un aparatado a los “privilegios” que tienen los altos mandos, como el acceso exclusivo aclubseinstalaciones deportivasmilitares.
También las condecoraciones-lotería’, distinciones que se reparten a aquellos que no hacen “demasiado ruido, aunque nunca hayan pisado un escenario de guerra”. Y las indemnizaciones de 60.000 euros que reciben los tenientes coroneles por no ascender a coronel, junto con las dietas y comisiones de servicio que reciben mientras “ala tropa se le reduce el salario”.
Denuncia también los denominados IPECs, los informes de evaluación que elaboran los mandos sobre el personal de tropa, y de los que dependen sus posibilidades de ascenso. Se utilizan, denuncia, como un castigo contra aquellos que no sigan la línea que marque su superior.
Coroneles al mando de piscinas
Las Fuerzas Armadas que describe están “condicionadas de cara al futuro” por la bicefalia: “52.000 cuadros de mando para 78.000 integrantes de tropa. Hay 205 generales para 10 brigadas, y coroneles en España que están al mando de piscinas militares…” asegura el autor.
La historia, según ha sabido ECD, ha llamado la atención del televisivo Jordi Évole, conductor del programa ‘Salvados’, aunque su participación en el espacio de laSexta aún no se ha cerrado.
 "Un paso al frente" será presentado el próximo 21 de abril en Madrid, en la librería Enclave de Libros (calle Relatores 16), y en Zaragoza los días 22 y 23 de abril.
"Es muy probable que me expulsen"
Es muy probable que sea expulsado del Ejército”, asegura a El Confidencial Digital, el teniente Gonzalo Segura, que añade que no le preocupa perder su sueldo pese a ser consciente de que eso repercutirá gravemente en su estabilidad económica. “Que pasé lo que tenga que pasar”, dice.
Este oficial, que no tiene ni una mancha en su expediente tras 12 años de servicio, es consciente de que se le ha abierto una investigación para determinar posibles sanciones. Desde una multa económica a arresto, hasta incluso la expulsión de las Fuerzas Armadas, ya que, según recoge elRégimen Disciplinario militar, cualquier crítica sobre el funcionamiento interno difundida de forma pública es considerada falta grave.

jueves, 27 de marzo de 2014

EE.UU.: DIMITE ALCALDE POR CORRUPCION Y ES DETENIDO


Alcalde estadounidense renuncia por corrupción

Pic

El alcalde estadounidense Patrick Cannon renunció el miércoles a su cargo unas horas después de que fuera arrestado por corrupción. 

El burgomaestre de Charlotte, estado oriental de Carolina del Norte, está acusado de solicitar y recibir más de 48 mil dólares en efectivo, según las pesquisas de agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). 

De acuerdo con una denuncia penal presentada a la oficina del Fiscal de EE.UU., Cannon aceptó pasajes aéreos, una habitación de hotel y el uso de un apartamento de lujo, además de abusar de su posición. 

Cannon, en su carta de dimisión, de carácter inmediato, asegura que tomó esta decisión ya que los cargos en su contra “crearán demasiada distracción” para los asuntos de la ciudad. 

En el caso de que sea declarado culpable de estos delitos, Cannon, de 47 años de edad, podría enfrentarse a hasta 50 años de cárcel, además de tener que pagar una multa superior a un millón de dólares. 

Cannon, presentador de radio y fundador de una compañía de gestión de aparcamientos, fue elegido alcalde de Charlotte el pasado noviembre para sustituir así a Anthony Foxx, quien fue nombrado como el secretario de Transporte por el presidente estadounidense, Barack Obama.
FUENTE

viernes, 21 de marzo de 2014

BRASIL: LA CORRUPCION DE LA EMPRESA PETROBRAS SALPICA A LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO


Escándalo de corrupción en Petrobras 

salpica a Dilma Rousseff

Ejecutivos de la petrolera afirmaron que la presidente, que fue titular del consejo de administración de la empresa, pudo haber tenido conocimiento sobre maniobras ilegales en la compra -por 1.280 millones de dólares- de una refinería

Según publicó el diario Folha de Sao Paulo, dos funcionarios de Petrobras dijeron, a condición de anonimato, que Dilma Rousseff tuvo a su disposición todos los detalles del contrato para la compra de una refinería en Estados Unidos, por lo cual "no puede eludir su responsabilidad en esa operación". El Ministerio Público y la Policía Federal realizan averiguaciones sobre la adquisición de esa planta ante la sospecha de que pudo haber una operación dolosa.
En 2006 Rousseff era presidente del Consejo de Petrobras cuando se aprobó la compra de esa planta en Pasadena por 1.280 millones de dólares, cuyo valor de mercado en la actualidad sería de unos 200 millones, según estimaciones de la prensa.
El candidato presidencial opositor, Aecio Neves, exigió que se esclarezca el caso y diputados demandaron la creación de una comisión parlamentaria de Investigaciones sobre la petrolera.
Paralelamente, una comisión de diputados abrió hace dos semanas una investigación y enviará un grupo a Holanda para obtener documentación sobre el supuesto pago de sobornos por más de 130 millones de dólares a funcionarios de Petrobras.
Rousseff emitió un comunicado en el que asegura que cuando dio el aval a la compra recibió un informe incompleto del contrato y fue esto lo que la indujo a una decisión errada que causó perjuicios a la compañía.
"Lo que Dilma hizo con ese comunicado fue echar gasolina al fuego, la compra de esa refinería en Texas fue un negocio pésimo, pudo haber una maniobra dolosa o impericia", dijo este jueves Carlos Sardenberger, columnista del canal Globo News.
Por la reelección
La mandataria brasileña inició, el 1º de enero, el último de los cuatro años de su primer mandato y lo hizo comofavorita de cara a las elecciones del próximo mes de octubre. Luego de tres años de intenso trabajo y diversos desafíos, tanto económicos como sociales, Rousseff encara la última etapa de su primer período con el respaldo de más de la mitad de los brasileños (56%), según una encuesta publicada por el Instituto Ibope.
La presidente mantuvo una elevada aprobación desde su investidura, pero su valoración personal se desplomó a raíz de la ola de protestas sociales que sacudió el país el pasado junio, aunque meses después y tras dar respuesta a algunas de las demandas de los brasileños, recuperó parte de su popularidad.
En lo que respecta a la gestión de su gobierno, Rousseff cuenta con un apoyo popular mayor que el que tenían tanto su antecesor y mentor político, Luiz Inácio Lula da Silva, como Fernando Henrique Cardoso en el último de sus primeros cuatro años de mandato; después ambos fueron reelegidos.

BRASIL: EL GOBIERNO INVESTIGA A 18 EMPRESAS POR CORRUPCION


Brasil investiga acusaciones de corrupción contra dieciocho empresas
Leer más: http://spanish.ruvr.ru/news/2014_03_20/Brasil-investiga-acusaciones-de-corrupci-n-contra-dieciocho-empresas-7189/



Brasil investiga acusaciones de corrupción contra dieciocho empresas


El gobierno de Brasil dijo estar investigando acusaciones de corrupción y de fijación de precios contra dieciocho empresas, entre ellas la alemana Siemens y Alstom de Francia.

La agencia antimonopolio de Brasil acusa a las empresas de formar parte de un cartel para fijar precios de la construcción y del mantenimiento de las redes de metro y tren en la capital, Brasilia, y cuatro estados, entre ellos Río de Janeiro y São Paulo.
No ha habido ninguna respuesta por parte de las empresas hasta el momento. BBC

jueves, 20 de marzo de 2014

DIRECTORA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, CHRISTINE LAGARDE, IMPUTADA POR CORRUPCION


Directora del FMI comparece ante justicia francesa por presunta corrupción


La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde, de nacionalidad francesa, comparece este miércoles ante los magistrados que investigan un caso de presunta corrupción ocurrido en Francia cuando la funcionaria ejercía como titular de Economía y Finanzas del gobierno del entonces presidente, Nicolás Sarkozy (2007-2012).
Esta es la tercera ocasión en que Lagarde declara en la Corte de Justicia de la República, tribunal encargado de sancionar las faltas cometidas por los ministros y otros altos cargos del gobierno durante su gestión.
Los magistrados buscan determinar el papel que jugó la ahora titular del FMI en el nombramiento de un equipo de arbitraje privado en 2007 para resolver una antigua querella entre el empresario Bernard Tapie, amigo de Sarkozy, y el banco público Crédit Lyonnais.
El grupo decidió al año siguiente otorgar al hombre de negocios una cuantiosa indemnización de 400 millones de euros, entre ellos 45 millones a título de “compensación moral”.
La entonces ministra de Economía y Finanzas se negó a presentar un recurso contra ese veredicto y aceptó que se hiciera el pago.
La Corte de Justicia de la República se pregunta por qué razón Lagarde prefirió acudir a un tribunal privado, en lugar de las cortes ordinarias, cuando estaban en juego fondos del Estado.
Hasta la fecha, Lagarde alega que nombrar un grupo privado de mediación está acorde con las leyes y era la única manera de resolver el problema de más de una década entre el empresario y el banco.
En mayo de 2013, luego de una prolongada audiencia, Lagarde logró evadir una vinculación directa por estafa en banda organizada, pero quedó en calidad de testigo asistida, un escalón por debajo de la categoría de acusada.

viernes, 14 de marzo de 2014

BRASIL: LA EMPRESA PETROBRAS INVESTIGADA POR CORRUPCION


Brasil: investigan sospechas de 

corrupción en Petrobras

Empleados del ente estatal podrían haber recibido hasta u$s139,2 millones en sobornos por parte de la empresa holandesa SBM Offshore. La denuncia la hizo un ex empleado de la empresa europea

La Policía Federal brasileña empezó una investigación para determinar si trabajadores de la empresa estatalPetrobras recibieron coimas por parte de la empresa holandesa SBM Offshore.
Las sospechas del pago de sobornos fueron publicadas en diarios brasileños después de que una auditoría realizada por la propia SBM en 2012 revelara "indicios de pagos sustanciales" realizados "mediante intermediarios, aparentemente destinados a funcionarios públicos". Así lo reportó el jueves el diario Folha de Sao Paulo.
El diario O Estado de Sao Paulo cita informaciones de la Fiscalía holandesa según las cuales un ex empleado de SBM denunció el pago de sobornos.
El informe de la Fiscalía, añade O Estado, acusa a SBM de pagar un total de 250 millones de dólares en coimas a gobiernos y empresas estatales de varios países, entre ellos Brasil.
El país sudamericano sería el destinatario de la mayor parte de los pagos ilícitos, que rondarían los 139,2 millones de dólares. Sin embargo, se desconoce exactamente a cambio de qué servicio Petrobras habría recibido esa suma de dinero.
SBM Offshore, que se dedica a alquilar embarcaciones-plataforma a empresas petroleras, ya es objeto de denuncias similares en otros países.
Ante las acusaciones, la estatal brasileña dispuso que una comisión interna investigue los hechos y anunció que sólo se pronunciará cuando hayan concluido las averiguaciones. También envió representantes a Holanda, para que examinen los documentos de la auditoría.
Por su parte, la Contraloría General de Unión pidió al gobierno de Holanda y al ente regulador del mercado de capitales en Estados Unidos (SEC) ayuda para recabar la información necesaria.
Paralelamente, la Cámara de Diputados decidió, el martes, crear una comisión externa para acompañar las investigaciones. También fue abierta una pesquisa policial para indagar  sobre denuncias de irregularidades en lacompra de la refinería en Pasadena, en Texas, por parte de Petrobras.
La empresa estatal ya es objeto de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público Federal desde junio de 2013, por sospechas de que hubo evasión de impuestos en el marco del negocio.
Los casos de corrupción han sacudido a los últimos gobiernos del PT, tanto al de Luiz Inácio Lula da Silva como al deDilma Rousseff. Durante este último se llevó adelante el Mensalao, conocido como "Juicio del Siglo", en el que se juzgó a altos funcionarios del gobierno de Lula, como el poderoso ex ministro José Dirceu.
En el mes de febrero último, un cambio en la composición del Tribunal Supremo de Justicia permitió revisar las condenas del Mensalao y varios de los acusados podrían salir de prisión en el corto plazo.

viernes, 28 de febrero de 2014

BOSNIA: CIUDADANOS SE MANIFIESTAN PIDIENDO LA DIMISION DEL GOBIERNO POR CORRUPCION


LOS CIUDADANOS DE BOSNIA Y HERZEGOVINA PIDEN LA DIMISIÓN DEL GOBIERNO
Los bosnios salen a la calle contra la corrupción
Ciudadanos de todo el país se manifiestan contra la corrupción y el paro. Desde hace casi un mes, las protestas se repiten y ya han conseguido que caigan algunos gobiernos locales y regionales. Piden la dimisión del Gobierno y han conseguido la caída de varios representantes políticos.

Más de un año llevaban los trabajadores de Tuzla, al noreste de Bosnia y Herzegovina, manifestándose para protestar por su situación sin que nadie les prestara demasiada atención. Hasta hace unos días. Durante la primera década de este siglo, varias empresas estatales pasaron a manos privadas. Los nuevos dueños fueron vendiendo los activos y se declararon en quiebra, dejando a centenares de personas sin trabajo.
El acuerdo de paz de Dayton, firmado en 1995, puso fin a la violencia armada, pero creó un sistema político basado en la etnicidad como sustento de la nueva democraciaComo cada miércoles, el pasado 5 de febrero se reunió frente a la sede del Gobierno regional de Tuzla un puñado de ciudadanos cansados de la desidia de sus gobernantes. Las protestas terminaron con graves enfrentamientos con la Policía. Al día siguiente, el número de manifestantes en esa ciudad había crecido a 6.000. También se convocaron manifestaciones de apoyo en Sarajevo y otras ciudades: Zenica, Mostar y Banja Luka. Sólo en Tuzla se contaron unos 120 heridos. El viernes 7, las protestas se extendieron por todo el país. 10.000 personas tomaron las calles de Tuzla yalgunos manifestantes lograron entrar en la sede del Gobierno regional y el Ayuntamiento y los incendiaron.

Protesta en Sarajevo

En Sarajevo, después de unas horas de tensión entre Policía y manifestantes, un grupo consiguió entrar en el edificio del Gobierno regional y prenderle fuego. El incendio afectó también al Ayuntamiento y al edificio de la Presidencia. La misma suerte corrieron edificios institucionales en Zenica y Mostar. Darko Brkan, director de la organización Zasto Ne? (‘¿Por qué no?’), que se dedica a monitorizar la gestión gubernamental, ha descrito este episodio como “un ataque de nervios colectivo”.
Las protestas de las últimas semanas han hecho patente la situación en la que se encuentran los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina. El acuerdo de paz de Dayton, firmado en 1995, puso fin a la violencia armada, pero creó un sistema político basado en la etnicidad como sustento de la nueva democracia. El territorio quedó repartido en dos entidades: la República Srpska, de mayoría serbio-ortodoxa, y la Federación de Bosnia y Herzegovina, compartida por católico-croatas y bosnio-musulmanes, que, a su vez, está dividida en diez cantones o gobiernos regionales. Todo esto hace de Bosnia y Herzegovina un país difícilmente gobernable: el poder se reparte entre las tres etnias mayoritarias, que tienen derecho a veto en la toma de decisiones y que dejan a las minorías étnicas institucionalmente discriminadas, y la compleja estructura burocrática consume casi la mitad del presupuesto del país.

Un 40% de parados

Se calcula que existe un paro del 40% (las cifras oficiales hablan del 27%, pero al menos otro 20% vive en la llamada “economía gris”), el salario medio es de 420 euros y las pensiones de 170 euros, un quinto de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y las posibilidades de entrar en la Unión Europea están cada día más lejos.
Muchos han visto la reacción de los últimos días como un despertar, como si por fin los bosnios se sacudieran la apatía que les ha mantenido callados tantos años. Pero no es la primera vez que los ciudadanos de este país, sin importar la etnia, salen a protestar. En junio de 2012, en Banja Luka, capital de la República Srpska, la gente salió a la calle cuando el Ayuntamiento vendió un parque público para construir un centro comercial. Un año después, la muerte de una niña de tres meses, Bel­mina Ibrisevic, por no poder salir del país a recibir un tratamiento médico, encendió a la sociedad bosnia. La incapacidad del Gobierno para sacar adelante la ley que otorga números de identificación personal dejaba sin documento de identidad ni pasaporte a los recién nacidos desde febrero de 2013. A pesar de la presión social, tras semanas rodeando el Parlamen­to, no se llegó a una solución.
Sin embargo, esta vez las protestas en Bosnia y Herzegovina sí están teniendo consecuencias políticas: han dimitido los gobiernos del cantón de Sarajevo, de Tuzla y de otros cantones y municipios, y se reclama la dimisión del Gobierno federal. El primer ministro, Nermin Niksic, contestó que no dimitiría “hasta que encontrasen a alguien mejor que él para el puesto”.

Solidaridad de las repúblicas

En las capitales de las repúblicas exyugoslavas vecinas se han sucedido las manifestaciones en solidaridad con las protestas bosnias. Es significativo que el primer ministro croata se desplazase a Mostar en visita de emergencia al día siguiente de las protestas, y que el vicepresidente serbio se reuniera a los dos días en Belgrado con el presidente de la República Srpska.
Como señala Miguel Rodríguez Andreu en "¿La hora de los bosnios?": “Hay miedo entre la clase política porque la cortina de humo del nacionalismo ha perdido sustancia frente a la realidad del desempleo, la corrupción o la mala gestión”.
Mientras, en las ciudades de Bosnia y Herzegovina se siguen organizando manifestaciones y los ciudadanos se están reuniendo en asambleas. El pleno de Sarajevo ha planteado cuatro demandas: establecimiento de un Gobierno de expertos sin filiación política, revisión de salarios y beneficios de cargos públicos, auditorías de las privatizaciones de empresas públicas en la pasada década y establecimiento de una comisión que evalúe responsabilidades sobre los sucesos del 7 de febrero.
“Estas protestas han roto el silencio de 20 años, ya no nos creemos más sus mentiras basadas en la retórica étnica, les hemos dicho basta”, dice Sadzida Tulic al acabar de moderar una de las asambleas en Sarajevo, en la que participó un millar de personas. “Las asambleas han devuelto a la gente un sentimiento de comunidad por encima de diferencias étnicas o sociales. La corrupción y la injusticia social nos han unido frente a un enemigo común: la clase política”.

lunes, 24 de febrero de 2014

ESPAÑA: PRESIDENTA DE LA PAH: " SI NOS RENDIMOS A LA CORRUPCION ESTRUCTURAL, ESTAMOS PERDIDOS COMO SOCIEDAD "


Ada Colau: "Si nos rendimos a la corrupción estructural, estamos perdidos como sociedad"

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que acaba de cumplir 5 años de existencia, asegura que "estas alturas defender la tesis que la culpa es del comprador no se la cree nadie"


Ada Colau, durante la entrevista.
Ada Colau es la cara más visible del movimiento social que ha conseguido transformar el drama individual de miles de familias en una cuestión política de la agenda nacional. En la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que acaba de cumplir cinco años, es la voz de quienes no pueden afrontar el pago de la deuda con los bancos por su vivienda y que se han unido para buscar soluciones colectivas a un drama que antes se vivía, tristemente, en silencio. Su crítica profunda a la política de vivienda en España y su defensa de la desobediencia civil la han convertido en objeto de animadversión de dirigentes políticos, así como una líder social aclamada por millones de ciudadanos.
Tras cinco años de lucha de la PAH y siguiendo en medio de una crisis enorme, ¿observáis cambios en la política de vivienda en España?
En absoluto, no ha habido ningún cambio en la política de vivienda, pero sí que se han tomado diferentes direcciones. A nivel estatal, seguimos igual. Tanto los gobiernos del PSOE, como los del PP, actúan de la misma forma. Los dos partidos han ayudado, desde el gobierno, con miles de millones de euros al rescate de entidades financieras, y lo han hecho con nuestro dinero, con fondos públicos. A cambio de esto, a los bancos y a las cajas de ahorros no se les ha exigido nada. Se ha seguido, se ha priorizado, una política de rescate a la banca a costa de menospreciar a las miles de familias estafadas por las hipotecas.
La orientación de la política de vivienda no ha variado porque la última ley, aprobada en 2013 por el gobierno del PP -la llamada Ley de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social, más conocida como ley antidesahucios-, fue una gran reacción a la gran movilización ciudadana, pero este caso también es sólo para ganar tiempo. Recientemente, han salido los datos y se comprueba que pocas personas pueden acceder a los supuestos previstos por la ley, por ejemplo, para acogerse a la dación en pago, un tercio de los afectados queda excluido de las condiciones previstas por la ley ya desde el inicio.
"Desde los movimientos y los juzgados se están consiguiendo más resultados que con la ley del Gobierno"
Desde los movimientos, como las plataformas de afectados, o desde los mismos juzgados, se están consiguiendo más resultados que con la ley del Gobierno. Después, está el hecho que varios jueces han denunciado la ley española ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo porque incumple, de nuevo, la normativa comunitaria. En este sentido, nuestras denuncias se han confirmado. Es una ley inútil, que sólo sirve a los intereses de las entidades financieras y no a los de las personas.
En cambio, a nivel municipal y autonómico, comenzamos a ver algunas tímidas, aunque insuficientes, reacciones. Es el caso de Andalucía, donde se empieza a hablar de la "función social de la vivienda" o de limitar los intereses aplicados por los bancos, Navarra es otro caso positivo también. En Catalunya, por ejemplo, la PAH ha iniciado una campaña de mociones en los ayuntamientos para multar a los propietarios de pisos vacios, y tenemos una muy buena respuesta, más de 60 ayuntamientos se han adherido ya a la iniciativa. Quizás porque los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía es también la que más sufre los golpes de la crisis. Recibe a la mayoría de afectados y cada vez cuenta con menos recursos, sufre también los recortes y las políticas de austeridad que acaban con el gasto social.
 Por ejemplo, en Lleida no se ha aprobado la moción porque, según el ayuntamiento, se quiere impulsar un programa de alquileres sociales reclamando a los bancos que pongan en el mercado las viviendas que mantienen desocupadas.
Cuando una administración dice que no a una medida de este tipo, se tiene que ver si está endeudada, a qué nivel y con quién. De hecho, y en un caso parecido, la Generalitat ha intentado desactivar estas mociones municipales. ¿Qué ocurre con esto? Pues que está muy endeudada y en manos de los bancos. Cada vez que desde las administraciones se critican medidas de ayuda, se niegan estas medidas o se aplazan, se tiene que mirar su nivel de deuda para comprobar que sus opiniones no son libres.
¿La ausencia de medidas concretas en las políticas de vivienda, el recorte en el gasto social... Siguen siendo una muestra de que, desde las administraciones, se carga la responsabilidad en los compradores de viviendas?
A estas alturas defender la tesis que la culpa es del comprador no se la cree nadie. Se ha demostrado ya de forma suficiente, la estafa generalizada que se ha producido, el alcance que ha tenido en todo el estado. Es cierto que la desinformación generalizada que se daba no es una única responsabilidad de las entidades financieras, la deben compartir los gobiernos que indujeron a la ciudadanía a creer que la vivienda era la mejor de las inversiones posibles y la más segura, algo que repetían mucho los ministros socialistas.
"Si se hubiese informado, seguro que mucha gente no se hubiese endeudado jamás"Es por todo esto que hablamos de estafa, ¿qué deben hacer los ciudadanos entonces, desconfiar de sus gobiernos? ¿Creer que directamente les mienten? A nadie se le informó que no sólo se podía perder la vivienda, sino que la deuda se mantendría de por vida. Si se hubiese informado, seguro que mucha gente no se hubiese endeudado jamás. Los afectados asumen su parte de culpa. El gran problema es que son los únicos que la están asumiendo, se les ha cargado toda la responsabilidad y son los menos beneficiados. Perder tu hogar es asumir una responsabilidad. Significa perder toda la inversión realizada, perder la casa y quedarte en la calle. Pretender que además se quede con la deuda de por vida, es simplemente extorsión, robo y esclavitud. No tiene nada que ver con la justicia.
¿Se hace algún caso a las recomendaciones de la Unión Europea sobre vivienda?
Ninguno. El Partido Popular lo que busca al aprobar la ley del 2013 es desactivar la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Hace ver que incorpora las clausulas antidesahucios, que cambia los aspectos más abusivos de la legislación hipotecaria, pero de una manera tan restrictiva y tan limitada que no tienen un efecto concreto.
¿Sirve Europa para algo más que para seguir las políticas económicas que se indican desde Bruselas?
Europa tiene que demostrar que sirve para algo más. Cuando la Troika presiona e impone sus políticas, se le hace caso, cuando las decisiones vienen del Parlamento Europeo o del Tribunal de Luxemburgo, no se les hace ninguno. La Europa más democrática es la que menos capacidad de incidencia tiene, y la menos democrática, la del Banco Central Europeo, la de mayor capacidad de presión sobre los gobiernos.
¿El Parlamento de Estrasburgo o los tribunales europeos son entonces sólo instituciones simbólicas a efectos prácticos?
Es una democracia secuestrada. En las instituciones en que se debe decidir, no reside ningún poder. La Troika es quien decide y sobre la Troika, la sociedad no tiene capacidad de presión, ninguna incidencia.

A pesar de que, según datos del Banco de España, los desahucios han aumentado, han perdido importancia en los medios de comunicación.
Pienso que hay dos motivos para esto. Los bancos siempre intentan minimizar el problema. Hace ya un año que comparecí en una comisión del Congreso y llame "criminal" a aquel señor -el vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero-, por entre cosas, decir que teníamos las mejores leyes hipotecarias de Europa y que los bancos no desahuciaban; se demuestra ahora que ese señor estaba mintiendo abiertamente. Sus propios datos, los de los bancos, indican que durante el primer semestre de 2013 se ha desahuciado más que nunca.
"Los desahucios han dejado de ser una novedad informativa en términos de consumo"En cuanto al nivel mediático, los desahucios han dejado de ser una novedad informativa en términos de consumo. A esto, y es lo importante, se suma que hemos conseguido más capacidad de negociación con los bancos, con lo que las concentraciones de protesta para impedir desahucios y los despliegues policiales para llevarlos a cabo, ya no se producen con tanta frecuencia. Ahora cuando llega un caso a la plataforma, forzamos la negociación para que no se llegue a la fecha de la ejecución hipotecaria. Paramos los desahucios sin tener que salir a la calle.
¿La PAH realiza un trabajo que deberían hacer las administraciones?
Si, tenemos esa sensación. Es un hecho que hemos denunciado desde el primer día. La ciudadanía sin recursos está representando el papel de las administraciones. Hay una indefensión absoluta, una desatención de los derechos de la ciudadanía. Es la propia sociedad la que se organiza para demostrar que si hay voluntad se puede luchar, se pueden frenar los desahucios. Si lo hemos conseguido nosotros sin contar con recursos, cómo no lo podría conseguir el estado. Si no lo hacen, y no parecen dispuestos a hacerlo, es porque siguen las órdenes de los bancos.
¿Qué alternativas quedan? ¿Seguir con las movilizaciones, volver a los escraches?
Los tribunales nos han dado la razón con las hipotecas y con los escraches, pero en una democracia saludable los problemas no se deberían solucionar por vía judicial, el hacerlo así es una señal que la política democrática actual no funciona. Hay diferentes niveles de movilización democrática, una vía de emergencia es la organización social, que no sólo se realiza para movilizar y dar visibilidad a un problema, sino para ofrecer respuestas.
"Hace falta que en las instituciones se representen, de forma efectiva, los intereses generales de la ciudadanía"
La PAH ha parado más de mil desahucios, se ha forzado a los bancos a sentarse a negociar, se han conseguido centenares de daciones en pago. Se recuperan viviendas y se negocian alquileres sociales, apretamos a los ayuntamientos con las mociones sobre pisos vacios. Buscamos mecanismos efectivos y sólo recurrimos a la desobediencia civil si no hay más remedio, pero a medio y largo plazo es evidente que hace falta una regeneración democrática en este país. Hace falta que en las instituciones se representen, de forma efectiva, los intereses generales, los de la ciudadanía y no nos podemos rendir ante esto. Si nos rendimos a la corrupción estructural, estamos perdidos como sociedad.
A la regeneración democrática se le debe unir unos partidos políticos transparentes, más democráticos, que respondan de sus acciones, que se puedan revocar mandatos por incumplimientos de programa, que las iniciativas legislativas populares (ILP) y los referéndums sobre asuntos centrales puedan ser vinculantes. Estos mecanismos funcionan en muchos países, y de lo que se trata aquí es que se dé una organización social suficiente para impulsar estos cambios.
La Sareb se está deshaciendo del stock de pisos de más calidad, no parece un gran cambio...
El problema es que las políticas de vivienda las siguen decidiendo las entidades financieras, que mantienen un enorme poder de presión sobre el gobierno. No necesitan manifestarse, usan la línea directa que tienen con el gobierno. Se están siguiendo políticas que no sólo no están solucionando los problemas creados, sino que están generando una nueva ola de desahucios y poniendo las bases para una nueva especulación inmobiliaria. Se han agilizado las medidas para los desahucios por impagos en los alquileres, se ha precarizado todavía más el mercado inmobiliario. Todo esto para dar más beneficios a los grandes inversores, para reactivar el mercado. Es una medida que sólo sirve a corto plazo. Es pan para hoy y hambre para mañana. Es una política suicida desde un punto de vista económico, está pensada para ofrecer altas rentabilidades económicas a unos pocos, pero en términos sociales es un fracaso total.
La poca vivienda pública existente se está privatizando.
Es una medida que no sirve para nada, sólo les permitirá cuadrar algo el presupuesto de un año. Y al siguiente ¿qué harán? No resuelve el problema. La Generalitat dice que no cambiará los criterios de acceso a la vivienda pública y en Madrid se venden los pisos a Goldman Sachs. Es intolerable que la poca vivienda pública de este país se venda a fondos de inversión especulativa. Esto sólo puede agravar el problema.
Cada vez que se habla de una medida nueva, por ejemplo, de apoyo a los afectados por las hipotecas o por la pobreza energética, poca gente acaba beneficiándose de estas iniciativas, ¿por qué se establecen criterios tan restrictivos para recibir ayudas?
Es una política de apariencias, que en su letra pequeña se preocupa de no colisionar con los intereses de los grandes poderes financieros. Paso con las hipotecas y pasa ahora con los afectados por la pobreza energética. 


Gamonal ha dejado un ejemplo de movilización ciudadana ¿es una muestra del camino a seguir? ¿Ahora qué?
La situación general es muy dura, mucha gente se encuentra en circunstancias muy complicadas. En la PAH, vemos que aumenta la tensión y la crispación en la gente que sufre situaciones límite. Son años difíciles y aún lo serán más. La parte positiva es que cada vez más personas se están dando cuenta que lo peor que pueden hacer es quedarse en casa. Sólo nos queda la movilización y la organización social. Si lo hacemos, conseguiremos cosas.
"Nos dijeron que manifestarse no servía para nada, pero si nos organizamos vemos que somos mayoría"En Gamonal lo han hecho, en Madrid se ha paralizado la privatización de la sanidad pública. Nos dijeron que manifestarse no servía para nada, pero si nos organizamos vemos que somos mayoría. Al poder lo que le interesa es que la ciudadanía esté desorganizada, tenemos que conseguir ser una sociedad permanentemente movilizada en defensa de nuestros derechos, sino siempre aparecerán otros que harán política por ti.
De hecho, es lo que hace la clase política en este país.
En una democracia real y efectiva, los políticos responden ante la ciudadanía, pero aquí, ahora, los políticos de este país viven de espaldas a la sociedad y se manejan con una impunidad total. Los casos de corrupción se tapan, si se procesan, acaban prescribiendo. Nadie va a la cárcel, en cambio, los robos para poder subsistir se penan con varios años de prisión.
¿El proyecto de ley de seguridad pública es la respuesta del poder a la movilización social?
Por un lado, sirve para intentar atemorizar a una población que se está movilizando, pero por otro, es una clara demostración de debilidad. Se les han acabado los argumentos, la gente tiene muy claro para quién gobiernan. Sólo les queda amenazar con la policía y con multas. Cuando te faltan y te fallan cosas tan básicas como la casa o la comida, ya pueden meter miedo con multas o con porras que no tendrán policía para pararnos. Si nos dejamos amedrentar por esta ley, acabaremos en una dictadura pura y dura. En esta lucha va nuestro futuro y el de nuestros hijos.
En la presentación de la Alianza contra la pobreza energética, en la que la PAH participa, y que demanda que no se produzcan cortes por impagos en los suministros básicos, habláis de "insensibilidad y desconexión de la realidad" de la Generalitat a la hora de aplicar unas medidas concretas que ayuden a solucionar esta cuestión. ¿Qué es necesario para que este tipo de medidas vayan más allá de las buenas intenciones?
La teoría, las intenciones, son buenas, pero las medidas que se han concretado hasta el momento son más que insuficientes. No resuelven el problema, es una simple paralización parcial, a la que resulta difícil acogerse, de efectos muy limitados y, además, no se trata más que de un aplazamiento en el pago, una moratoria. La gente que en estos momentos tiene cero ingresos, es muy posible que en seis meses tampoco los tenga. Es una medida que no tiene en cuenta la realidad a la que se dirige.
¿El problema sólo se aplaza por una cuestión de imagen? ¿De mala conciencia?
Claro, el problema sólo se alarga en el tiempo, se hace ver que se intenta algo, pero no es más que una maniobra política para ganar tiempo. A quién realmente se concede tiempo suficiente es a las eléctricas y las grandes empresas de suministros básicos. Así pueden seguir con la misma política que han practicado hasta el momento, que es repartirse grandes beneficios entre los accionistas a costa de mercantilizar necesidades básicas de los ciudadanos.

miércoles, 19 de febrero de 2014

COLOMBIA: LOS NEGOCIOS CORRUPTOS DEL EJERCITO


Exclusivo: Los negocios en el Ejército

PORTADASEMANA revela audios que evidencian una impresionante red de corrupción entre los militares.

Exclusivo: Los negocios en el Ejército. .

SEMANA obtuvo cientos de horas de grabación que reposan en la Comisión de Acusaciones del Congreso y que contienen comprometedoras conversaciones que salpican a algunos generales del Ejército y a varios tenientes coroneles y coroneles.En las conversaciones, que se desarrollan en los  años 2012 y 2013 se hacen referencias explícitas a la asignación de millonarios contratos de diferentes unidades militares donde se habla de mordidas de hasta el 50 por ciento.

En los audios queda claro que son muchos los contratos amañados y asignados ‘a dedo’. También hay evidencia de que se obtienen mediante el uso de información privilegiada que permitiría conocer de antemano pliegos de licitaciones, como el plan de compras de varias unidades del Ejército. En todos los contratos que aparecen en las grabaciones,  el común denominador son millonarias ‘tajadas’ que se reparten en varias manos. Algunos de los beneficiados de esos contratos –que serían avalados por algunos generales– son altos oficiales, condenados y sindicados por los llamados falsos positivos, que están recluidos en el Centro de Reclusión Militar (CRM) de la PM 13. 

Uno de los protagonistas a través del cual se empezó a desenredar esta red de corrupción es el coronel Róbinson González del Río, quien se hizo tristemente célebre el año pasado cuando Noticias Uno reveló unas conversaciones que no lo dejaban bien parado, entre él y el destituido magistrado de la Judicatura, Henry Villarraga. 

En los audios obtenidos por SEMANA, el coronel González se encarga de cuadrar los contratos con generales y coroneles y organiza los pagos a los subalternos presos por falsos positivos con el fin de mantener su silencio. Las conversaciones demostrarían que parte del dinero de los contratos se queda en manos de algunos altos oficiales, otra va a parar a los bolsillos de coronel González del Río y otros detenidos de diferente rango. No menos sorprendentes resultan algunas conversaciones en donde, desde la prisión militar colombiana, se habla de realizar negocios con generales del Ministerio de Defensa de Ecuador o contratistas venezolanos con fines non sanctos. 

La red de corrupción no se limita a los grandes contratos. También les saca grandes comisiones a los dineros que el Ejército les gira a las guarniciones militares para su funcionamiento. Con el aval de los comandantes de unas diez unidades, una gran parte del presupuesto para la gasolina de los vehículos militares se desvía, e incluso se consigna en las cuentas personales de varios oficiales presos. Tiquetes aéreos destinados para el uso del personal militar en varios batallones también son desviados para que sean utilizados por los abogados de los detenidos por falsos positivos. En las grabaciones se muestra cómo hasta los vehículos oficiales del Gaula militar y el alojamiento en casinos e instalaciones militares para los defensores de los detenidos se utilizan de manera irregular.

En 2011 y 2013 SEMANA denunció los privilegios con los que contaban algunos de los detenidos por los llamados falsos positivos en la cárcel de Tolemaida y la PM 13. En las dos oportunidades los militares anunciaron investigaciones, sanciones y correctivos. En estos audios, queda claro que las prebendas siguieron y las irregularidades llegan a niveles escandalosos. 

Pese a estar sindicado por el presunto homicidio de dos campesinos que presentó como guerrilleros dados de baja en combate, el coronel González era uno de los ejes del tinglado. Además de ser una de las piezas clave de esta red,  contaba con dos soldados activos que estaban a su disposición y la de su familia las 24 horas del día. Contaba también con  vehículos oficiales para sus traslados en Bogotá y fuera de la capital a pesar de estar detenido. El tema era tan descarado, que el coronel tenía el visto bueno de los directores del penal, ya que, como consta en los audios, se encontraba permanentemente por fuera de la cárcel. O estaba en su casa, o en diligencias personales, o averiguando un penthouse para comprar, o  incluso se dio el lujo de salir de la cárcel en carro oficial con toda su familia a pasar tres semanas de ‘vacaciones’ en diciembre de 2012.

Estar detenido y sindicado de un grave crimen tampoco fue un impedimento para conversar con uno de sus subalternos que le ofrece fusiles para vender o tramitar la compra de pistolas. Lo que no deja de sorprender es que generales, comenzando por el actual comandante general de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, conversan amistosamente por teléfono con el detenido coronel González del Río. No son pocos los favores que estos y otros altos oficiales le hicieron al sindicado coronel. Incluso el general Barrero en tono afectuoso le recomienda “no dejarse joder de esos hp fiscales (que lo investigan) y armarse como una mafia para denunciarlos (con los demás presos). 

Las conversaciones del coronel González tienen implicaciones y alcances insospechados. El coronel menciona  como intermediarios y ‘padrinos’ a casi una docena de generales. Si bien algunos podrían argumentar que se trata de un avivato que utiliza el nombre de sus superiores para conseguir contratos o favores, la naturaleza de las conversaciones, los contactos que tiene al más alto nivel, y el hecho de que varios contratos aparentemente sí habrían contado con el aval de generales muestran que este episodio puede ser toda una caja de Pandora. No menos comprometedora es la situación de un  numeroso grupo de tenientes coroneles y coroneles que conscientemente se prestan para saquear las arcas de sus batallones y unidades, como queda consignado en las grabaciones.

Lo más inquietante es quizá que lo que hace González, y está documentado en horas de grabaciones, no es un caso aislado. El suyo es la muestra de una práctica mucho más generalizada, que involucraría a otros altos mandos presos detenidos en cárceles militares, principalmente la PM 13, pero que termina con ramificaciones que se extienden  a altos oficiales del Ejército. El asunto no es desconocido, pues algunas de las investigaciones por casos de corrupción no han avanzado en la Inspección del Ejército. Otros casos están en expedientes de los organismos de control, como  la Contraloría y la Procuraduría.  

Estas grabaciones, más allá de la gravedad y el alcance e su contenido, dejan varios temas sobre el tapete. Lo primero es que una cosa son los actos de corrupción de un grupo de personas y otra muy distinta el respeto a la institución militar. Lo que queda claro con la revelación de estos audios es que los primeros damnificados por estos hechos  irregulares  son los soldados rasos, sus subsidios, sus viáticos, sus equipos de campaña, la gasolina de sus vehículos, los repuestos de los helicópteros –y la seguridad aérea de los mismos–. Así mismo, cientos de miles de soldados y la imagen de un Ejército que ha librado batallas históricas en favor de los colombianos.  

Lo segundo es que la mejor manera de fortalecer la credibilidad y legitimidad de la institución del Ejército es castigar drásticamente los abusos y la corrupción. Con el creciente aumento del presupuesto de defensa es esencial que se redoblen los controles y la transparencia en su ejecución. La sociedad necesita de estar tranquila que sus impuestos se están invirtiendo correctamente en modernizar y profesionalizar sus Fuerzas Militares. Por esta razón es esencial que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias para determinar quiénes están involucrados en esta sofisticada red de corrupción y qué tan sistémica es en el interior del Ejército.