EEUU afirma que hay sensación de impunidad con la corrupción en España
El informe cita datos de la Fiscalía General en los que se reflejan un total de 235 imputaciones relacionadas con la corrupción en 2012
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que algunos casos de corrupción que han afectado a funcionarios en España "crearon una impresión de impunidad" en 2012.
En el apartado dedicado a España dentro del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado afirma que las "informaciones sobre maltrato de detenidos y prisioneros por la policía", las "acusaciones de corrupción contra funcionarios gubernamentales" y la "violencia contra las mujeres y los niños" fueron los problemas de derechos humanos más significativos en 2012 en España.
El capítulo español, de ocho páginas, describe a España de forma general como una "democracia parlamentaria" en la que se celebran elecciones "libres y justas" y las fuerzas de seguridad rinden cuentas a las autoridades civiles, las cuales mantienen "un control efectivo sobre ellas".
En el sumario, el informe afirma que el gobierno "toma medidas por regla general para perseguir a los funcionarios que cometen abusos, tanto en los servicios de seguridad como en otros departamentos del gobierno".
Añade, no obstante, que hubo algunos casos de funcionarios involucrados en corrupción que "crearon la impresión de impunidad".
El informe explica que la ley "contempla sanciones penales por la corrupción de funcionarios, y el gobierno por regla general implementa estas leyes de manera efectiva, aunque las imputaciones y condenas por corrupción fueron poco frecuentes" en el período.
El informe cita datos de la Fiscalía General en los que se reflejan un total de 235 imputaciones relacionadas con la corrupción en 2012, de las cuales el 40 % tenían que ver con la malversación de fondos públicos.
Además, menciona que en los últimos tres años las sentencias por delitos ligados a la corrupción se incrementaron en un 151 por ciento en España.
En concreto, el documento menciona la imputación del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas por lavado de dinero, soborno y fraude fiscal, así como el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía que ha afectado a miembros socialistas del gobierno regional andaluz.
Otros problemas mencionados en el informe anual son el hacinamiento en algunas prisiones, la circulación de mensajes antisemitas y de odio en internet, la "discriminación social" contra minorías étnicas o musulmanes, así como el trafico de mujeres y la explotación sexual.
El Departamento de Estado asegura que "no hubo informaciones sobre prisioneros o detenidos políticos" y menciona que el gobierno permite como norma general la supervisión de las prisiones y centros de detención por parte de observadores no gubernamentales independientes, incluido el Coordinador para la Prevención de la Tortura y el Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura.
Menciona igualmente la decisión de las autoridades de poner en libertad a 60 presos, 36 de ellos miembros de ETA, en aplicación de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por lo que respecta al respeto de las libertades civiles, el Departamento de Estado afirma que la Constitución española establece la libertad de expresión y de prensa, "y el gobierno respeta de forma general esos derechos".
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