ESPAÑA: EE.UU. AFIRMA QUE HAY SENSACION DE IMPUNIDAD CON LA CORRUPCION

EEUU afirma que hay sensación de impunidad con la corrupción en España

El informe cita datos de la Fiscalía General en los que se reflejan un total de 235 imputaciones relacionadas con la corrupción en 2012

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que algunos casos de corrupción que han afectado a funcionarios en España "crearon una impresión de impunidad" en 2012.

En el apartado dedicado a España dentro del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado afirma que las "informaciones sobre maltrato de detenidos y prisioneros por la policía", las "acusaciones de corrupción contra funcionarios gubernamentales" y la "violencia contra las mujeres y los niños" fueron los problemas de derechos humanos más significativos en 2012 en España.

El capítulo español, de ocho páginas, describe a España de forma general como una "democracia parlamentaria" en la que se celebran elecciones "libres y justas" y las fuerzas de seguridad rinden cuentas a las autoridades civiles, las cuales mantienen "un control efectivo sobre ellas".

En el sumario, el informe afirma que el gobierno "toma medidas por regla general para perseguir a los funcionarios que cometen abusos, tanto en los servicios de seguridad como en otros departamentos del gobierno".

Añade, no obstante, que hubo algunos casos de funcionarios involucrados en corrupción que "crearon la impresión de impunidad".

El informe explica que la ley "contempla sanciones penales por la corrupción de funcionarios, y el gobierno por regla general implementa estas leyes de manera efectiva, aunque las imputaciones y condenas por corrupción fueron poco frecuentes" en el período.

El informe cita datos de la Fiscalía General en los que se reflejan un total de 235 imputaciones relacionadas con la corrupción en 2012, de las cuales el 40 % tenían que ver con la malversación de fondos públicos.

Además, menciona que en los últimos tres años las sentencias por delitos ligados a la corrupción se incrementaron en un 151 por ciento en España.

En concreto, el documento menciona la imputación del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas por lavado de dinero, soborno y fraude fiscal, así como el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía que ha afectado a miembros socialistas del gobierno regional andaluz.

Otros problemas mencionados en el informe anual son el hacinamiento en algunas prisiones, la circulación de mensajes antisemitas y de odio en internet, la "discriminación social" contra minorías étnicas o musulmanes, así como el trafico de mujeres y la explotación sexual.

El Departamento de Estado asegura que "no hubo informaciones sobre prisioneros o detenidos políticos" y menciona que el gobierno permite como norma general la supervisión de las prisiones y centros de detención por parte de observadores no gubernamentales independientes, incluido el Coordinador para la Prevención de la Tortura y el Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura.

Menciona igualmente la decisión de las autoridades de poner en libertad a 60 presos, 36 de ellos miembros de ETA, en aplicación de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por lo que respecta al respeto de las libertades civiles, el Departamento de Estado afirma que la Constitución española establece la libertad de expresión y de prensa, "y el gobierno respeta de forma general esos derechos".

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ESPAÑA: LOS FISCALES DE LA AUDIENCIA NACIONAL SE OPONEN A LA IMPUNIDAD DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

Los fiscales de la Audiencia se rebelan contra la "impunidad" de la reforma de la justicia universal

Envían un escrito a la Fiscalía General del Estado denunciando la "inconstitucionalidad" de las limitaciones a la investigación de crímenes internacionales que prevé la nueva normativa que el Congreso aprobará mañana

Los fiscales de la Audiencia Nacional se han quejado a la Fiscalía General del Estado de la reforma de la justicia universal queprevé aprobar mañana el Congreso, ya que crearía"espacios de impunidad" para perseguir "graves delitos" contra los derechos humanos, terrorismo, drogas o piratería.

Los fiscales aprobaron por unanimidad el pasado día 19 un escrito de doce páginas, al que ha tenido acceso Efe, remitido al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, en el que detallan las "negativas consecuencias" para investigar delitos cometidos fuera de España de la reforma, cuyas limitaciones a la justicia universal podrían ser, a su juicio, inconstitucionales.

Los fiscales destacan que su aprobación supondría el archivo "de forma indiscriminada" de "la práctica totalidad de procedimientos" de justicia universal abiertos en la Audiencia Nacional, entre ellos el de genocidio por la represión en el Tíbet contra dos expresidentes chinos.

El escrito, firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, afirma que esta reforma "no sólo cercena sustancialmente las posibilidades de persecución de los delitos relacionados con las violaciones de derechos humanos", sino que también "limita notablemente la investigación y persecución" de otras actividades delictivas internacionales.

Estos delitos cuya investigación se verá afectada son, según los fiscales, los relacionadas con elterrorismo, tráfico de drogas, trata de seres humanos, piratería, prostitución y corrupción de menores, uso de nuevas tecnologías (pornografía infantil o ciberdelincuencia) y secuestro de aeronaves, todos ellos, añade "estrechamente vinculados con el crimen organizado".

"La introducción de criterios tan marcadamente excluyentes del ejercicio de la jurisdicción de forma generalizada sólo contribuirá a generar espacios de impunidad en la persecución de tales delitos, a neutralizar la respuesta judicial y la capacidad de investigación de tales fenómenos criminales", asegura el escrito remitido a Torres Dulce para que éste lo envíe al Ministerio de Justicia que preside Alberto Ruiz-Gallardón.

"No garantiza suficientemente los derechos de las víctimas"

Los fiscales destacan que la reforma de la justicia universal, es decir, de la capacidad de un juez español para juzgar determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional, "contiene aspectos claramente contradictorios con los convenios internacionales y no garantiza suficientemente los derechos de las víctimas", y llega a afirmar que las limitaciones a investigar estos delitos "pueden ser en cierta medida inconstitucionales".

Los fiscales critican el tratamiento distinto según la nacionalidad de la víctima

El escrito critica que la reforma aplique un tratamiento diferenteal criterio de la nacionalidad de las víctimas dependiendo del delito a perseguir, de manera que sólo en el caso de terrorismo y trata de seres humanos es suficiente con que la víctima sea española para que los tribunales nacionales puedan investigar. "Carece de justificación alguna que para determinados crímenes, casualmente aquellos identificados por la producción masiva de víctimas, se excluya cualquier referencia al criterio de la nacionalidad de las víctimas", afirman, lo que ocurre en los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes contra personas en caso de conflicto o apoderamiento de aeronaves.

Tampoco les "parece razonable" condicionar "el criterio de la nacionalidad de la víctima a que el presunto responsable se encuentre en territorio español", lo que se aplica en los delitos de torturas y contra la integridad moral, contra la libertad o indemnidad sexual sobre menores,los relacionados con la violencia machista contra la mujer y doméstica y los delitos de desaparición forzada.

Consideran "incomprensible" que desaparezcan como perseguibles delitos relacionados con el crimen organizado internacionalAdemás, el escrito cree "incomprensible" que en el listado de infracciones perseguibles hayan desaparecido delitos "tan estrechamente vinculado con el crimen organizado internacional" como los de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, lo que impedirá perseguir a las redes internacionales dedicadas a ello.

Respecto a los delitos de piratería, indica que si bien los criterios para que los jueces españoles los investiguen "no son tan restrictivos como en otros casos", con la reforma algunas actuaciones relacionadas con la persecución de piratería en el Océano Índico "no hubieran podido realizarse".

"Dificultará la cooperación entre países"

Los fiscales de la Audiencia Nacional critican asimismo la restricción de la justicia universal en los casos de delitos sexuales a menores, trata de seres humanos, tráfico de drogas y desaparición forzada, aunque reconoce que en estos casos se limitan en menor medida.

En cuanto a los criterios de la extradición pasiva, aseguran que es "evidente" que la reforma "puede afectar de forma muy negativa a la entrega de delincuentes" y por ello dificultar la cooperación entre países.

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AMNISTIA INTERNACIONAL ACUSA AL GOBIERNO DE OBSTACULIZAR LA CAUSA ARGENTINA E IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO

Amnistía acusa al Gobierno de obstaculizar la causa argentina y denuncia la impunidad del franquismo

• La organización se reúne con enviados de la ONU y exige al Gobierno que extradite a los cuatro exfuncionarios reclamados en la causa argentina contra la dictadura
• La Unión Progresista de Fiscales se felicita por la resolución de la jueza Servini y lamenta que no sean los tribunales españoles los que persigan los delitos del franquismo
• La Fiscalía sostiene que la detención de las detenciones ordenadas por la Justicia argentina no son necesarias por la antigüedad de los hechos

El grupo de expertos de Naciones Unidas que estos días visitan España se ha reunido este lunes con representantes de Amnistía Internacional (AI). Un día después del encuentro, que califica de "muy satisfactorio" y "cordial", la organización ha emitido un comunicado en el que denuncia la impunidad de los crímenes de desaparición cometidos durante la dictadura franquista.

En concreto, AI señala que España sigue sin investigar los al menos 114.266 crímenes de desaparición cometidos entre 1936 y 1951, y que quedaron documentados en la querella presentada ante la Audiencia Nacional en 2006. "No podemos olvidar que todas las víctimas, incluidas las del franquismo, tiene derecho a verdad, justicia y reparción, y el Estado español tiene la obligación de garantizar estos derechos", ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.

En la misma línea, y tras la reunión, fuentes de la organización han confiado en que la visita del grupo de enviados de la ONU sea una "oportunidad para hacer cumplir" al Gobierno los tratados internacionales y "para poner fin a la impunidad de la que goza el franquismo y los crímenes de la Guerra Civil". Así, y frente a la falta de respuestas de las autoridades españoles, señalan que "la vía es la presión de la comunidad internacional" si se quiere poner fin a "muchos años sin afrontar estos temas", aún pendientes.

La esperanza argentina


En referencia a la causa abierta contra la dictadura en Argentina, la ONG acusa al Estado de no colaborar de forma adecuada con los tribunales extranjeros que inician esas investigaciones, alegando, entre otras cosas, la prescripción de los delitos o la Ley de Amnistía. AI califica de "histórica" la decisión de la Justicia de aquel país y reclama la cooperación del Ejecutivo: "El Gobierno deberá proceder a la extradición de cuatro ciudadanos españoles acusados de cometer tortura durante el franquismo", señala

Aunque Amnistía considera que "España se halla obligada bajo el derecho internacional a conceder la extradición" tras la resolución de la jueza María Servini de Cubria, basada en el principio de jurisdicción universal, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha hecho público este martes un escrito en el que califica las detenciones de los ex altos funcionarios reclamados de "no necesarias". Así, la Fiscalia cree que "habida cuenta de la antigüedad de los hechos", no procede la extradición de las cuatro personas reclamadas en Argentina.

El argumento de la Fiscalía es que al no constar "datos de tiempo" y del "lugar de la comisión" de los delitos referidos por la jueza Servini, las órdenes internacionales de detención dictadas por la magistrada provocarían "una causa de denegación". En este sentido, el Ministerio Público ha insistido en que, en virtud de Convenio Bilateral sobre Extradición y Asistencia Judicial en vigor entre España y Argentina, las órdenes deben ir acompañadas de "un relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión del delito", que en este caso no se ha adjuntado.

Los fiscales progresistas se pronuncian

En la misma línea que Amnistía, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha hecho pñublico un comunicado en el que se felicita por la reciente resolución de la Justicia argentina "que acepta la competencia de ese país para perseguir alguno de los crímenes contra la humanidad acaecidos durante la dictadura franquista". Al tiempo, la Unión lamenta la incapacidad de los tribunales españoles para afrontar esa mismas persecución.

La UPF recuerda otros procesos iniciados en la Audiencia Nacional en base al principio de jurisdicción universal, el mismo ahora invocado por la jueza Servini para motivar su causa contra la represión franquista, por ejemplo, las causas contra las dictaduras de Argentina y Chile. "Resulta paradójico que estos avances de nuestra Justicia solo hayan servido para perseguir este tipo de delitos en el extranjero y resurjan todo tipo de obstáculos para siquiera iniciar un proceso de estas características en relación con nuestros propios crímenes históricos", añade la nota.


Los enviados de la ONU con los que se reunió AI son expertos en materia de desapariciones forzosas y permanecerán en España hasta el próximo lunes día 30. Su misión es comprobar qué acciones ha tomado el Ejecutivo en materia de investigación de los crímenes de ese tipo y, especialmente, en el terreno de reparación a las víctimas. Hasta el momento se han reunido con activistas y juristas, y hay también previstos encuentros con autoridades del Gobierno central y de la administración autonómica. En el último día de su visita ofrecerán en una rueda de prensa sus conclusiones preliminares. Posteriormente, a principios de 2014, expondrán en el pleno de la ONU el informe relativo a España.
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