Un camionero se niega a devolver 180.000 euros de los ERE por ser «un error» de la Junta

El sevillano Antonio Polonio compró un camión y un remolque con una subvención del «fondo de reptiles» en que fue inscrito como intruso

Un empresario sevillano ha pedido a los jueces que anulen la reclamación por parte de la Junta de los 180.000 euros que recibió con cargo a un ERE porque los defectos del proceso no fueron culpa suya y él actuó en la "confianza legítima" que le inspiraba una administración pública.

El empresario Antonio Polonio ha sido imputado en la causa de los ERE porque pidió una ayuda para comprar un camión y percibió 180.000 euros del expediente de la empresa Manufactura Española del Corcho (SAMEC), en la que nunca había trabajado y de lo que se enteró por la prensa, al estallar el caso que investiga la juez Mercedes Alaya.

En su escrito ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que ha tenido acceso Efe, el empresario afirma que su subvención debía librarse con cargo a una partida presupuestaria para empresas en crisis o en vías de desarrollo, pero "finalmente se libró del llamado 'fondo de reptiles' y cuatro años después".

Polonio solicitó la subvención para comprar un camión y un remolque y el 1 de octubre de 2003 firmó un protocolo con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal imputado por el caso de los ERE, para "ayuda a las inversiones previstas".

Tras "muchas visitas y requerimientos" porque el dinero no llegaba, la Junta le ingresó el 10 de octubre de 2007 la subvención junto con los intereses devengados. Con ello, el camionero compró un camión por 102.484 euros y un remolque por importe de 59.160 euros, lo que "se puso oportunamente en conocimiento de la dirección general", dice en su demanda.

Pese a la "claridad y certeza de la inversión", la Junta de Andalucía ha reclamado ahora al empresario la devolución de esos fondos "con la argumentación de que faltan papeles y justificantes". El señor Polonio es "un camionero más preocupado de sus trabajos que de los papeles" y ahora se encuentra en una situación de indefensión debido a que su expediente no aparece por el "desbarajuste" derivado del caso de los ERE, añade.

"Exigir ahora el reintegro de cantidades rectamente recibidas y empleadas por un empresario que siempre actuó siguiendo directrices de la Administración es, cuando menos, injusto", sostiene en su recurso, y afirma que su inclusión en un ERE se hizo "sin su intervención ni conocimiento y, por lo tanto, falseando datos y documentos".

La Junta basa su reclamación en que no aparece la petición de la subvención, pero el abogado del empresario recuerda al TSJA que informaciones de prensa han denunciado la destrucción de documentos, una vez estallado el caso de los ERE, además de que "por ineptitud o arbitrariedad de determinados funcionarios, los expedientes pudieron tramitarse con carencias".

Por otra parte, entre la concesión de la ayuda, el 17 de octubre de 2006, y el inicio del expediente de reintegro, el 1 de junio de 2011, han transcurrido "sobradamente" los cuatro años para declarar prescrita la reclamación, añade el recurso.

La subvención se otorgó "con defectos solo imputables a la Administración, con cargo a una partida no idónea, falseando datos e incluyendo a personas en terrenos que no les correspondían, sin intervención ni culpa alguna del perceptor" y creó en el empresario "una confianza legítima respecto de la adecuación del derecho a la ayuda", afirma.

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