ARGENTINA ABRE SUS CONSULADOS PARA RECOGER DENUNCIAS CONTRA EL FRANQUISMO

Argentina abre todos sus consulados para recoger denuncias contra el franquismo

La orden de detención de cuatro presuntos torturadores sigue su trámite

La juez Servini pidió la apertura de las sedes diplomáticas a las víctimas de la represión

• Argentina pide la detención de cuatro torturadores del franquismo

Argentina ha habilitado sus consulados en todo el mundo para que puedan recibir denuncias de víctimas del franquismo, según han informado fuentes judiciales de ese país. La juez de Buenos Aires que investiga los crímenes del régimen, María Servini de Cubría, había solicitado hace seis meses al Ministerio de Relaciones Exteriores que abriese las puertas de sus sedes en el extranjero para que sus diplomáticos recojan testimonios de víctimas y estas no tuvieran que viajar a Buenos Aires para presentarlos. La respuesta de Exteriores a la juez llegó el pasado jueves, un día después de que la juez pidiera la detención de cuatro presuntos torturadores del franquismo.

 “No es una decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Nosotros le pedimos en marzo que los consulados tomen las declaraciones y el ministerio tenía la obligación de aceptarlo", explicaron en el juzgado de Servini. El pasado jueves, funcionarios del ministerio llamaron a los tribunales para comunicarles que todos los consulados ya habían recibido la orden de tramitar las denuncias de represaliados españoles del franquismo, según explicaron las citadas fuentes.

En el juzgado de María Servini de Cubría explicaron que aquellas personas interesadas en denunciar crímenes del régimen franquista solo deben concurrir a un consulado argentino. Allí cualquier diplomático deberá tomarle declaración y el cónsul tendrá que certificarla, como si fuera un notario. Ese testimonio será remitido a la juez de Buenos Aires.

Este paso culmina un proceso abierto en Argentina en 2010. Ese año, ante la falta de progreso de las causas contra el franquismo en España,algunos familiares de víctimas presentaron denuncias en Argentina para que se investigaran allí los “crímenes del terrorismo de Estado”, considerados imprescriptibles, bajo el criterio de justicia universal. ¿Por qué Argentina? Porque en este país residen muchos parientes de represaliados; porque en Argentina se abolieron en 2006, con el Gobierno de Néstor Kirchner, las amnistías que protegían a los criminales de la última dictadura militar de los años 1976 a 1983 (y desde entonces han sido condenados más de 300 culpables); y porque todo esto fue posible por la presión que en los 90 supuso que el entonces juez Baltasar Garzón comenzara a investigar en España los delitos de los regímenes argentino y chileno (1973-1990) bajo el criterio de justicia universal.

En los últimos tres años se han acumulado en la causa argentina contra el franquismo miles de testimonios, pero ahora puede que se sumen más con la apertura de las oficinas de recepción de denuncias. Este posible aumento de las denuncias contra el franquismo contribuyen dos factores: que con la apertura de los consulados los posibles denunciantes no tendrán que acudir a Buenos Aires para prestar su testimonio y el impacto mediático que ha tenido la orden de detención contra los cuatro acusados de torturas.

CONTINUA AQUI

La juez Servini había prometido en 2012 que viajaría a España a tomar declaraciones de querellantes, pero suspendió su periplo por falta de recursos, según han asegurado los abogados de los denunciantes. Después planeó para mayo pasado que en el consulado argentino en Madrid se montara una teleconferencia para que ella pudiera escuchar a las víctimas, pero fue suspendida a último momento.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España se quejó entonces ante el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, por organizar en el consulado de la capital española la citada teleconferencia. España advirtió a Argentina de que si la llevaba a cabo violaría el tratado bilateral de cooperación judicial. Ahora, las fuentes consultadas en el juzgado de Servini subrayan que el Gobierno de Mariano Rajoy no puede oponerse a que los cónsules argentinos en cualquier país certifiquen testimonios de represaliados.

Por otro lado, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visita desde es lunes España, donde permanecerá hasta el próximo lunes. Los expertos de la ONU examinarán las medidas adoptadas por el Estado español sobre cuestiones relativas a la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas o involuntarias de personas. Para este martes está prevista una protesta de la plataforma por la Comisión de la Verdad ante el hotel de Madrid en el que han instalado su base los enviados de Naciones Unidas.

Las órdenes para detener a los torturadores no llegan

María Servini de Cubría. / REUTERS

Los trámites burocráticos están retrasando la llegada a España de las órdenes de detención de cuatro supuestos torturadores del franquismo (el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy El Niño).

La orden de detención que dictó la juez María Servini de Cubría fue emitida el miércoles pasado pero hasta el viernes de esa misma semana no llegó al Ministerio de Exteriores de Argentina. Desde allí, la petición debe trasladarse a Interpol y al Gobierno de España, que a su vez la transmitirá a la justicia. Fuentes de Exteriores de Argentina no precisaron si ya ha sido enviada.

Una vez que la justicia española reciba la petición, puede que no la responda, pero si lo hace tiene dos opciones, según fuentes judiciales argentinas. O ejecuta la detención de los imputados para su posterior extradición o inicia una investigación propia de los delitos de los que se los acusa, según lo dispuesto por el tratado bilateral de cooperación judicial. No obstante, el Ministerio del Interior ha asegurado que en el momento en que lleguen a España las órdenes las ejecutará y llevará los encartados ante la Audiencia Nacional.

FUENTE