Anticorrupción se opone a reclamar los contratos de empresas donantes del PP
Argumenta que la diligencia resultaría "inútil, impertinente y perjudicial" porque la "ingente" documentación a analizar, correspondiente al periodo 1990-2012, retrasaría más de un año la investigación
El fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, rechaza la práctica de una nueva diligencia solicitada por las acusaciones del 'caso Bárcenas'. Se trata de la petición realizada por el Observatori Desc, que reclamaba a Ruz que pidiese al Ministerio de Fomento todos los expedientes de contratación de 12 de las empresas supuestamente donantes del PP, entre los años 1990 y 2012.
Anticorrupción considera que "la ingente" documentación a analizar, ya que se trata de "mas de 2.000" contratos para el periodo investigado, de empresas que habitualmente contratan con la administración como Sacyr, OHL, FCC Construcción, AZVI, ALDESA, COPISA, o RUBAU,provocaría el "empleo de numerosos funcionarios" y un "retraso superior al año en el mejor de los casos" en las pesquisas, por lo que se opone a reclamar esa documentación.
El fiscal sostiene también que las supuestas actuaciones delictivas comprendidas entre los años "1990 y 2002" ya estarían prescritas. De ahí la "inutilidad e impertinencia" de la práctica. También recuerda que ya han sido solicitados diversos informes a distintas instituciones dependientes del Estado, como la Agencia Tributaria o la IGAE, que deben analizar esta cuestión.
Según los papeles de Bárcenas, estas empresas habrían realizado donaciones ilegales entre 1990 y 2008, año en el que concluyen las anotaciones manuscritaspor el extesorero, por un importe cercano a 8 millones de euros. A cambio, según las acusaciones, han podido recibir contratos con distintas administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular.
En este sentido, un informe de la UDEF remitido el pasado mes de mayo al juez Ruz, ya encontró relaciones entre las donaciones de estas empresas y sus contratoscon la administración en el periodo 2001-2011. En concreto, el informe llegó a la conclusión de que en la mayor parte de los casos existió una "continuidad en las entregas" de dinero por parte de estas firmas "en periodos de tiempo donde obtienen adjudicaciones de órganos gobernados por el Partido Popular".
Son los casos de Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr Vallehermoso, Azvi, SEDESA, o Aldesa Construcciones.
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