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miércoles, 2 de abril de 2014

ESPAÑA: LA AUDIENCIA NACIONAL ANULA EL ERE DE LA EMPRESA TRAGSA


La Audiencia Nacional anula el ERE de 


TRAGSA que afectó a 726 empleados

Según la Sala Social, no se respetaron los criterios de “mérito y capacidad” de los trabajadores seleccionados

La Audiencia Nacional ha anulado el ERE de la empresa pública TRAGSA que afectó a 726 empleados y ha ordena la "inmediata readmisión" de los trabajadores despedidos, así como el abono de los salarios que han dejado de percibir.
La Sala Social aprecia causa de nulidad por la forma en que se seleccionó a los trabajadores que iban a ser despedidos, sin respetar los criterios de mérito y capacidad de los empleados. Asimismo, recuerda que, en el caso de las administraciones públicas, "es exigible una precisión mucho más estricta que permita la determinación de los trabajadores afectados sin acudir a decisiones arbitrarios o discrecionales sin relación con los principios de mérito y capacidad".
En este supuesto "los criterios no han sido  fijados en el periodo de consultas ni en su momento inicial ni en la decisión final, siendo totalmente imprecisos y permitiendo múltiples aplicaciones". De esta forma, la Audiencia Nacional da la razón a los sindicatos que recurrieron el despido colectivo.
La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo. Por otro lado, el  recurso de TRAGSATEC todavía no ha sido resuelto por la Sala. 

sábado, 29 de marzo de 2014

ESPAÑA: UN JUEZ SUSPENDE EL ERE DE LA EMPRESA FAGOR


Suspendido el periodo de consultas de ERE 

de Fagor a instancias de los trabajadores 

por cuenta ajena


  El juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián ha acordado la suspensión del periodo de consultas de los expedientes de regulación de empleo de Fagor Electrodomésticos, Edesa y Grumal a instancia de los 340 trabajadores por cuenta ajena afectados por los mismos, según ha informado este colectivo en un comunicado.

   La plataforma de trabajadores por cuenta ajena de Fagor Electrodomésticos y Edesa ha explicado que la decisión se ha adoptado "al considerar que existen indicios suficientes que pueden suponer una vinculación de estas empresas en concurso con el resto de las empresas" de la Corporación Mondragón.

   Según han explicado, "de acreditarse la vinculación de las concursadas con MCC, ello podría suponer la inexistencia de la causa económica alegada por Fagor Electrodomésticos, Edesa y Grmual para justificar los despidos colectivos".

   La plataforma ha explicado que, al hilo de este suceso y sus posibles consecuencias en el devenir y ejecución del proceso concursal y de liquidación en marcha, los representantes por cuenta ajena de la mesa negociadora de los despidos colectivos de Fagor Electrodomésticos, Edesa y Grumal han solicitado a los administradores concursales y a la representación de las empresas afectadas que se dirijan a la Comisión Gestora de la Corporación Mondragón "y les soliciten su participación en las reuniones del período de consultas una vez que éste se reanude".

    Además, ha apuntado que a lo largo de las distintas reuniones del periodo de consultas se ha puesto de manifiesto que "hay grupo laboral y mercantil más allá de las concursadas" y se ha aportado documentación para "demostrar que esta vinculación existe".

   En este sentido, han anunciado que para la próxima reunión prevén aportar "un escrito enviado por el director económico financiero de Fagor Electrodomésticos, Andrés Joariste Aguirre, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), fechado el 30 de diciembre de 2003 con motivo del Folleto Informativo de la Emisión de Aportaciones Financieras Subordinadas Fagor denominadas AFSF" en el que, a su juicio, queda clara "la vinculación" de la Corporación con Fagor Electrodomésticos.

   Al respecto, han defendido que dada la "pertenencia" de Fagor Electrodomésticos y Edesa a la Corporación Mondragón se deben "respetar una serie de obligaciones", entre ellas, el "no realizar nuevas actividades empresariales que compitan con las actividades ya existentes" en la Corporación, "ni pertenecer o vincularse a otra entidad o grupo que desarrolle un objeto social similar", así como "contribuir a la reconversión de resultados entre las entidades de la agrupación división a que pertenezcan, y realizar las aportaciones a Fondos Obligatorios que correspondan".

    Finalmente, la plataforma ha destacado que parece "evidente" que puede "poner en jaque" a la Corporación de tal manera que tendrá que "empezar a considerar en serio cualquiera de las opciones planteadas en las diferentes jornadas de negociación llevadas a cabo hasta ahora" y que pasan por la "máxima indemnización económica posible o recolocación en puesto de trabajo para los trabajadores que así lo soliciten".

miércoles, 12 de marzo de 2014

ESPAÑA: COCA-COLA PARALIZA LA CAMPAÑA " BENDITOS BARES " HASTA SOLUCIONAR EL ERE


Coca-Cola paraliza la campaña de publicidad ‘Benditos bares’ a la espera de resolver la crisis del ERE

Coca-Cola España mantiene paralizada a estas alturas del año su popular campaña publicitaria ‘Benditos bares’ que debería lanzarse en vísperas del próximo verano. A día de hoy, la cúpula de la compañía está evaluando la idoneidad de apostar por ella en un momento complicado por el ERE que afecta a sus embotelladoras.

Cartel de la campaña 'Benditos bares' de Coca-Cola.
Coca-Cola lanzó la pasada primavera una campaña publicitaria, bajo el lema ‘Benditos bares’, para combatir la crisis en el sector y reivindicar el papel social y económico de los bares en España.
Según un estudio que elaboró la propia Coca-Cola Iberia, en los últimos cuatro años se han cerrado 50.000 bares en el país, y las ventas han registrado una caída acumulada del 22% (unos 13.000 millones de euros).
La división española de la multinacional estadounidense de refrescos decidió apoyar a la hostelería con esta nueva campaña, que se mantuvo en los medios de comunicación hasta finales de agosto. Fue desarrollada por la agencia Sra. Rushmore y contó con dos spots diferenciados, publicidad exterior, radio y acciones en redes sociales.
De cara a este año, según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes con acceso a Coca-Cola, la compañía no ha decidido todavía si seguirá adelante esta primavera con la campaña.
Se planteó tras su lanzamiento como una campaña de continuidad y los resultados fueron “bastante satisfactorios”, según aseguran en la compañía.
No obstante, en este momento el departamento de Marketing evalúa si en medio del ruido generado por el ERE en las embotelladoras resulta acertado apostar por su despliegue en medios de comunicación y redes sociales. O, por el contrario, si es más conveniente esperar a que se resuelvan los problemas por el cierre de plantas. Hay dudas que mantienen ahora mismo la campaña en 'stand-by'.
Fuentes de Coca-Cola explican, sin embargo, que la compañía decide siempre el lanzamiento de sus estrategias publicitarias en función del momento concreto, la actualidad, etc..

miércoles, 26 de febrero de 2014

ESPAÑA: LA EMPRESA TRAGSA HACE EL MAYOR ERE DE UNA EMPRESA PUBLICA


Tragsa hace oídos sordos a los tribunales e 
inicia el mayor ERE de una empresa pública
Tragsa llevó a cabo los trabajos de restablecimiento de la senda del Cares en julio de 2012. (Mikel Ortega, vía Wikipedia)
“Una vez ordenadas las puntuaciones de los trabajadores afectados por el despido colectivo, la suya se encuentra dentro del número de puestos que es preciso extinguir. Lamentamos tener que tomar esta decisión, que como conoce es inevitable…”. Las palabras son las habituales pero las dimensiones del ERE no lo son tanto: un total de 1.336 trabajadores del Grupo Tragsa(726 en la matriz y 610 en su filial Tragsatec) han empezado ya a recoger sus notificaciones de despido en lo que supone el mayor ERE de una empresa pública hasta el momento. La compañía alega que la drástica reducción de la inversión pública le obliga a reducir su plantilla, dado que sus únicos clientes son las Administraciones.
Pero el camino hasta la culminación del proceso no está siendo fácil: a la impugnación ante la Audiencia Nacional por parte de los sindicatos (que denuncian la desproporción del ERE respecto a los resultados de la empresa, la falta de recortes en los cargos directivos y la contratación de eventuales) se ha sumado ahora un nuevo obstáculo legal debido a una cuestionada adjudicación en concurso público por valor de un millón de euros, correspondiente al plan de recolocación de los despedidos.
El citado concurso se puso en marcha el pasado noviembre en cumplimiento de la obligación legal que exige contratar los servicios de una agencia de recolocación que ayude a los empleados despedidos a encontrar lo antes posible otro puesto de trabajo. El pliego incluía dos concursos con las mismas condiciones para Tragsa y Tragsatec, de 500.000 euros cada uno, y fue adjudicado a la compañía Lee Hecht Harrison (Grupo Adecco).
Sin embargo, una de las empresas que también había concurrido sin resultar elegida presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al entender que la adjudicación se había realizado de forma arbitraria sin atender a los criterios técnicos y económicos pertinentes.
El tribunal, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, decretó de forma inmediata la suspensión del contrato ante los indicios de irregularidades, lo que impide de facto que Tragsa efectúe los despidos hasta que no se resuelva la cuestión, dado que la empresa pública está obligada a ofrecer un plan de recolocación que ahora mismo está en el aire.
No obstante, el Grupo Tragsa – que ve como todo el proceso del ERE se sigue alargando contra su voluntad– ha comenzado a entregar notificaciones de despido ofreciendo los servicios de Lee Hecht Harrison iniciando los programas con los trabajadores que así lo han solicitado, pese a que la empresa de recolocación no está legalmente contratada. Fuentes de la empresa han explicado este proceder alegando que existe un conflicto entre la legislación administrativa y la laboral, y que lo pertinente es que prime la norma laboral para poder avanzar en un proceso ya de por sí dilatado.
Contratos bajo sospecha
El Grupo Tragsa presta servicios agrícolas, ganaderos y forestales a las Administraciones y su titularidad es 100% pública, siendo la tercera empresa que más ingresos aporta a la SEPI, detrás de Correos y casi a la misma altura que Navantia. Aunque la SEPI es su principal accionista con un 52%, el grupo está controlado por el Ministerio de Agricultura, que posee un 38% y designa a 8 de sus 15 consejeros. 
El grupo socialista en el Senado ha presentado una batería de preguntas al Gobierno sobre la gestión económica y administrativa del Grupo Tragsa, entre las que se incluyen cuestiones sobre los contratos efectuados por Tragsa entre 1999 y 2005 con Orange Market y Special Events, las empresas controladas por el cabecilla de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa. La Comunidad Valenciana es una de las administraciones cuya deuda con Tragsa es más elevada (en junio de 2013 se situaba en casi 80 millones).
Asimismo, el PSOE también ha preguntado por los contratos celebrados por Tragsa en 2012 y 2013 con Reinforce Consulting. Esta consultora fue creada por Pedro Mielgo, expresidente de Red Eléctrica Española durante el Gobierno de Aznar, poderoso lobista con buenas relaciones en el Partido Popular.
Precisamente Reinforce es la empresa que se está encargando de la reestructuración del Grupo Tragsa con contratos por valor de 200.000 euros en total. Una elección formalmente correcta pero no demasiado estética ya que el secretario general de Tragsa, José Manuel Díez Quintanilla (un hombre muy vinculado a los medios de comunicación que ocupó el cargo de Consejero Delegado del Grupo Intereconomía entre 2006 y 2011), es primo de Luis Quintanillaasociado en la consultora

jueves, 13 de febrero de 2014

ESPAÑA: COCA-COLA, UN ACUERDO "IN EXTREMIS" SECRETO ENTRE LOS ACCIONISTAS, ES LA PIEZA CLAVE DEL ERE


Un acuerdo secreto entre los accionistas se convierte en la pieza clave del ERE de Coca-Cola

eldiario.es ha tenido acceso a la escritura de constitución por la que se fusionaron las siete embotelladoras de Coca-Cola en España
La escritura hace mención a un acuerdo secreto entre Coca-Cola y varios accionistas de la nueva empresa embotelladora del que no se tenía constancia, un "contrato de integración"
Los sindicatos reclaman ese contrato porque sospechan que pudo influir en el recorte de plantilla
El presidente de Coca-Cola Company España, Marcos de Quinto, reaparece comparando el recorte de empleo con la reestructuración del sector bancario


Coca-Cola reitera a los sindicatos en la mesa de negociación que no retirará el ERE
Desde que la embotelladora de Coca-Cola reconoció su intención de llevar a cabo más de 700 despidos y otras 500 recolocaciones forzosas, una de las preguntas que más se repiten los trabajadores y sus representantes sindicales es por qué se ejecuta un recorte tan severo.
La embotelladora, denominada Coca-Cola Iberian Partners, tiene formalmente menos de un año de vida y es fruto de la fusión de las siete envasadoras que históricamente han trabajado en España para la multinacional de refrescos.
Según la documentación en la que se plasmó la fusión, la Escritura Pública de Suscripción y Desembolso de Acciones, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la unión de las embotelladoras se materializó el 3 de mayo del pasado año, aunque la fusión se proyectó meses atrás. En concreto, el 3 de octubre de 2012 se constituyó la sociedad Ibérica de Bebidas no Alcohólicas, con la que se fue modelando la fusión, algo que no fue, en apariencia, un proceso rápido y sencillo.
Así, el 24 de enero de 2013, “en el marco del proceso de integración de la sociedad”, detalla el documento, la compañía resultante de la fusión llevará a cabo “de manera única y exclusiva la fabricación, embotellado, distribución y comercialización” de los productos de Coca-Cola Company en España, Andorra y Portugal.
Y añade uno de los puntos que puede ser clave en la negociación del ERE: “Los embotelladores, la sociedad y determinados accionistas de los embotelladores firmaron, en documento privado, un ‘Contrato de integración’ y un ‘Acuerdo entre Accionistas’”.
De los detalles de ese contrato y de ese acuerdo, hasta el momento, nada ha trascendido aunque los sindicatos lo están reclamando porque les parece una pieza clave para entender el ERE. Tampoco sobre quiénes son los accionistas que lo firmaron, quiénes se quedaron fuera y si esos protocolos han influido en cómo se ha planificado la reestructuración y el recorte de plantilla.
CCOO cree que con el documento se podría ver si la compañía con sede en Atlanta es de alguna forma un socio solidario que también tendría responsabilidad en el ajuste de plantilla. Pero eso sólo podría corroborarse en el documento que atesoran las partes y que describiría las condiciones del acuerdo.
Para llevar a cabo la fusión, en mayo del pasado año se realizó una ampliación de capital por la cual cada una de las siete embotelladoras fue aportando sus acciones. En concreto, el aumento de capital fue de 1.517 millones de euros. Además, se consideró una prima de emisión (un sobreprecio que cada accionista desembolsa por cada una de las acciones) por un valor total de 542,75 millones de euros.
Esta cifra, según fuentes jurídicas consultadas, es “considerable” en una fusión de estas características. Con esta, según las citadas fuentes, los accionistas podrían estar llevando a cabo dos movimientos. Por un lado, podrían estar protegiendo sus participaciones ante futuras ampliaciones de capital que pudieran perjudicarles. Por otro, las primas de emisión son consideradas contablemente como reservas de libre disposición, por lo que, según estos expertos, podrían repartirse como dividendo con mejores condiciones fiscales.
En el documento en el que se plasmó la fusión se valora “la totalidad de acciones o participaciones de las sociedades” que configuran la embotelladora Coca-Cola Iberian Partners. En esta distribución, el hecho que más llama la atención es que la embotelladora que obtiene mayor valoración es Cobega, la catalana encabezada por Sol Daurella que pilotó la fusión y que alcanza los 532,4 millones.
Por detrás, queda la embotelladora andaluza, denominada Rendelsur, que se valora en 494 millones, y la madrileña Compañía Castellana de Bebidas Gaseosas a la que, en la fusión, se le otorgó una valoración de 333,6 millones. Esta es, además, una de las más perjudicadas con la reestructuración en marcha, dado el cierre de la planta de Fuenlabrada (previsto junto al de Asturias, Palma de Mallorca y Alicante), duramente criticado por los sindicatos, que consideran que no hay motivos económicos que justifiquen esta medida. Las valoraciones de cada embotelladora fueron “verificadas”, según el documento, por la firma de auditoría Auren.

El presidente de Coca-Cola vuelve al ruedo público

La suya era una de las voces que faltaban en este proceso: la del presidente de Coca-Cola en España, Marcos de Quinto, quien, hasta ahora, había permanecido en la sombra, alegando que el ERE es sólo responsabilidad de las embotelladoras.
Sus primeras palabras han sido para comparar la reestructuración de su socio envasador con la llevada a cabo por la banca. “Lo que es válido para el sector financiero debería ser también válido y legítimo para las embotelladoras”, aseguró este martes De Quinto, en declaraciones a la Agencia EFE durante unas jornadas de la Asociación para el Progreso de la Dirección.
El responsable de la filial española de Coca-Cola reconoció que el severo recorte de empleo “no le gusta a nadie”, pero se desvinculó de la decisión al aseverar que “le duelen los despidos en una empresa prima hermana de Coca-Cola”.
Sin embargo, hay que recordar que, según el informe elaborado por Equipo Económico donde se explican los motivos de la reestructuración, fue la multinacional la que instó la fusión de los siete embotelladores con el fin de negociar con una única voz y facilitar la interlocución.
Además, en ese mismo documento se reconoce que, “por compromisos contractuales, Coca-Cola Iberian Partners [la embotelladora] está obligada a compartir con The Coca-Cola Company [la multinacional dueña del refresco] el primer y segundo nivel directivo del Grupo Coca-Cola Iberian Partners”, aunque no detalla quiénes son los integrantes de estos niveles.
Marcos de Quinto también subrayó, en sus declaraciones a los medios, que la reducción de plantilla tiene “sentido empresarial” porque, tras la fusión, de las siete embotelladoras existen “sextuplicidades”. No le gustan los despidos pese a que, en su opinión, la embotelladora “lo está haciendo de la mejor manera posible.
Según las declaraciones recogidas por EFE, el directivo admitió que el ERE no está ayudando a la imagen de Coca-Cola, por lo que cree que se debería “llegar a un acuerdo cuanto antes”. Tan rápido, que ayer la embotelladora adelantó a los sindicatos que no tiene intención de prorrogar las negociaciones más allá del 21 de febrero, cuando concluye el plazo para sellar el ERE.
Estas declaraciones chocan con las duras críticas que hizo el directivo en 2011 cuando Telefónica anunció su polémico ERE cuando da beneficios. El caso de Telefónica dio lugar incluso a una 'cláusula Telefónica' que se aplica desde entonces a las empresas con beneficios para que tengan que asumir el coste social de las prejubilaciones. En aquel momento De Quinto, que era un activo usuario de Twitter (del que anunció su retirada el 1 de enero), hizo algunas declaraciones sobre esta práctica.

martes, 11 de febrero de 2014

ESPAÑA: EL CORTE INGLES HA PRESENTADO UN ERE DEL 70% DE LOS TRABAJADORES Y UNA REDUCCION DE SUELDO DEL 20%


Mostoles Industrial (El Corte Inglés) presenta un ERE con 180 despidos


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MOSTOLES. La empresa Móstoles Industrial (MOINSA), del grupo El Corte Inglés, dedicada a los sectores de mobiliario e instalaciones logísticas , ha presentado un ERE ante el Ministerio de Trabajo que afectará a 180 trabajadores, un 70 por ciento de la plantilla actual. Según ha comunicado CCOO Madrid, se contempla también una reducción salarial del 20%.
Aunque las negociaciones entre el comité de empresa y la dirección siguen abiertas, los trabajadores han anunciando continuar con lasmovilizaciones, ya que la empresa no les ha dado motivos para retirarlas. Las próximas serán los próximos 11 y 13 de febrero por las calles de Móstoles.
También se mantienen las concentraciones en las puertas de diferentes centros comerciales de El Corte Inglés, el 12 de febrero en Castellana, el 17 de el de Goya y el 19 en el de la calle Princesa, todas ellas entre las 17.00 y las 18.00 de la tarde.
Con este son ya cuatro EREs los realizados por Moinsa desde que empezó la crisis. La sociedad estácontrolada por la familia de Isidoro Álvarez a través de la Fundación Ramón Areces (35% del capital), Cartera de Valores Iasa (26,07%), Corporación Ceslar (13,48%) y Fiores -0 (10,88%).
En 2012 Moinsa tuvo unas pérdidas superiores a los 11 millones de euros.
Mediación municipal
El pasado mes de enero, el alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz se ofreció a mediar entre el Comité de Empresa y para buscar alternativas al ERE.
“Desde el Ayuntamiento estamos preocupados por la posible situación en la que se pueden quedar varias decenas de familias mostoleñas. Por ello, quería conocer la situación actual en boca de los trabajadores para, en su caso, poder aportar alguna vía de solución”, afirmó Ortiz tras reunirse con los miembros del comité de Empresa.
Ortiz también contacto, aunque esta vez por teléfono, con el Director General de Móstoles Industrial, quien le mostró su compromiso de alcanzar el mayor grado de consenso posible en la actual negociación con los trabajadores.

sábado, 1 de febrero de 2014

ESPAÑA: UGT TIENE OTRO ERE QUE AFECTARA A 49 PERSONAS


UGT prepara otro ERE que afectará a 49 personas en una primera fase

El sindicato se escuda en los problemas económicos para justificar la drástica medida, que puede salpicar a 4 empleados en Cádiz


La dirección regional de UGT reunió ayer a los representantes de los trabajadores para poner en marcha formalmente los trámites de un nuevo expediente de regulación de empleo. El segundo ERE que el sindicato presenta en menos de catorce meses -el anterior afectó a 159 empleados, 26 de ellos de Cádiz- supone prescindir del 47% de la plantilla actual en Andalucía, según confirmaron a este periódico fuentes sindicales. La ejecutiva acudió a la primera reunión de la mesa negociadora con una lista cerrada que recogía los nombres y apellidos de 49 de los 104 empleados que quiere poner en la calle en una primera fase. Al menos cuatro son de la provincia de Cádiz.
Los representantes de la empresa «ugetista» -los secretarios de Organización y de Comunicación, Manuel Ferrer y José Ginel, respectivamente- se escudaron en problemas económicos para justificar la drástica medida laboral, adelantada por este medio el 28 de noviembre pasado. Este argumento contrasta con la riada de subvenciones para la formación y el empleo que el sindicato ha gestionado en los últimos ejercicios, alrededor de 45 millones de euros anuales, que salieron principalmente de los presupuestos de la Junta de Andalucía. UGT-A consignó en sus cuentas de 2012 unos ingresos de 45,5 millones como «programas finalistas concedidos» ese mismo año.
La resolución del TSJA que tumbó el ERTE que impuso a 57 trabajadores reveló ingresos en subvenciones finalistas (en su mayoría para la formación de parados y ocupados) por un montante de 89,6 millones de euros entre 2010 y 2011, cuando la crisis diezmaba por miles a los trabajadores.
Pero la irrupción de la supuesta trama de facturas falsas que investiga la juez Mercedes Alaya, unida a la progresiva disminución de los fondos públicos para cursos de formación, han situado a la organización que dirige Carmen Castilla al borde del abismo.
El Gobierno de Susana Díaz le reclama la devolución de 3,6 millones de euros que cargó de forma irregular a subvenciones. Casualmente, es la misma cantidad que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, dirigida por José Sánchez Maldonado -delegado de UGT cuando era profesor de la Universidad de Málaga-, le ha concedido con cargo al Plan Orienta, un programa de asesoramiento para desempleados donde la Junta también detectó irregularidades.
Méndez presenta beneficios
La federación regional abrió la negociación el mismo día que la comisión ejecutiva confederal de UGT, bajo el control de Cándido Méndez, publicó por primera vez sus cuentas de 2012, que arrojaron 1,65 millones de euros de beneficios. El documento publicado en la web incluye también el detalle de las subvenciones públicas recibidas durante el ejercicio 2013, que ascendieron a 7,63 millones de euros.
En la primera toma de contacto de la mesa negociadora en Sevilla, los representantes de la ejecutiva entregaron a los representantes de la sección sindical documentación con las previsiones económicas que maneja el sindicato. Se trata de una exigencia legal en este tipo de procedimientos. La gran duda reside en las indemnizaciones por despido que está dispuesta a pagar el sindicato, que no se debatió. En los despidos individuales de 28 trabajadores aplicó en toda su crudeza (pagando 20 días por año) la reforma laboral que pidieron derogar con una huelga general el 29 de marzo de 2012.
UGT-A vuelve a resolver su crisis financiera sacrificando a su capital humano. Las víctimas del «tsunami» laboral se cuentan por centenares. Desde finales de 2012 ha prescindido de 301 trabajadores. Si prospera el nuevo ERE, habrán perdido su empleo cinco de cada seis personas que tenía en nómina el sindicato, algunos de ellos con 25 y 30 años de servicio. Sólo en la sede regional el ajuste afectará a 13 trabajadores, más de un tercio del personal. Las consecuencias son evidentes: UGT-A pierde estructura y pierde músculo sindical. Un extrabajador lo resumía así: «UGT-A S.A. se ha portado como los peores empresarios del mundo, con un desprecio total a su capital humano»

viernes, 31 de enero de 2014

ESPAÑA: EL PERIODICO EL MUNDO PREPARA UN ERE DEL 30%


Unidad Editorial prepara un ERE del 30% 
para la plantilla de 'El Mundo'
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La salida de Pedro J. Ramírez como director del diario El Mundo podría suponer el inicio de una nueva dentro de Unidad Editorial. La propia compañía anunció en un comunicado que "está convencida" que con la nueva fase que ahora inicia "se pondrán las bases que permitan reestablecer el equilibrio económico y financiero de la cabecera". Todo un aviso a navegantes sobre los ajustes que están por llegar. Así, fuentes cercanas al grupo aseguran que Unidad Editorial está preparando un ERE para el 30 por ciento de la plantilla de El Mundo y una nueva bajada de sueldo.
La cabecera de Unedisa perdió unos 14 millones en 2012 y RCS, también propietario de Il Corriere della Sera, ejercía presión al grupo para que metiera tijera en profundidad a los gastos del diario adecuándolos a los ingresos de la crisis y al nuevo modelo de negocio, algo a lo que Pedro J. Ramírez se ha negado en más de una ocasión.
La matriz italiana, que ha perdido 175,3 millones entre enero y septiembre de 2013, aprobó el año pasado un plan de ajuste de 145 millones a tres años para ejecutar principalmente en España.
FUENTE

miércoles, 29 de enero de 2014

ESPAÑA: LA JUEZ ALAYA DESCUBRE UNA ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LA JUNTA EN EL CASO DE LOS ERE


Alaya ve una trama ´piramidal´ de la Junta tras los ERE

La juez aprecia un "sistema ilegal de concesión de subvenciones" con "cargos políticos" del gobierno andaluz


La juez de los EREMercedes Alaya, ha afirmado en un auto que la causa no puede separarse en piezas para cada ayuda investigada porque el "sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas" fue obra de una "estructura piramidal de cargos políticos y técnicos de la Junta".
La juez, en un auto al que ha tenido acceso Efe, rechaza la petición de Encarnación Poto Monge, presidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (ACYCO) de abrir una pieza para cada ayuda porque ella tiene todos sus bienes embargados y con objeto de no dilatar en el tiempo una investigación que acumula un centenar y medio de imputados.
La juez responde que está imputada, "lejos de mantenerse al margen de lo que ella denomina en su recurso como 'trama política', se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos para conseguir elevadas subvenciones".
La empresaria conocía, indiciariamente, que las subvenciones "se otorgaban discrecionalmente y sin que se justificara por los solicitantes, como ella, o por el órgano que las concedía el fin público o el interés social de tales ayudas públicas".
Entiende la magistrada que la causa de los ERE no se puede escindir "pues en cada expediente de subvenciones podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas: los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía que, en estructura piramidal, serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años".
También es única la responsabilidad de "los intermediarios que, alternándose, se repiten en cada uno de estos expedientes, sobre los cuales a día de hoy penden diligencias de interés".
Por ello, según la instructora, "hasta la fecha no existe razón alguna que justifique la división de la causa, pues se rompería la continencia de la misma" en una posición confirmada por la Audiencia Provincial en diciembre pasado.
Además, Alaya reprocha a la dueña de ACYCO que las ayudas que recibía "se imponían como parte de una estrategia empresarial, sobre la seguridad que se iba a disponer de tales fondos públicos".