Andalucía se declara insumisa ante el copago en farmacia hospitalaria
La Junta de Andalucía ha dado un paso al frente contra el copago en farmacia hospitalaria y no aplicará la norma. Es más, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha anunciado que interpondrá un recurso de alzada en los próximos días contra la decisión del Gobierno: a partir del uno de octubre, un grupo de 42 medicamentos de dispensación hospitalaria dejará de ser gratuito. Para su obtención, el paciente deberá pagar un 10% del coste, hasta un límite de 4,20 euros -salvo los grupos exentos, como parados a los que se ha agotado la prestación-. Se trata de fármacos que, entre otros, sirven para tratar el cáncer de mama, la leucemia o la hepatitis C. Esta medida afecta directamente a 90.000 personas en Andalucía y, para la Junta, “atenta contra la equidad del sistema castigando, una vez más, a los colectivos más vulnerables”.
Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que ha exigido la retirada de esta medida y ha dado las instrucciones para que se formalice esta posición en la próxima Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial que se celebrará el próximo 1 de octubre. En este sentido, reitera que la Junta de Andalucía “está absolutamente en contra” de la resolución adoptada por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España que plantea que los pacientes tengan que abonar parte del coste de los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales de forma ambulatoria.
Esta resolución, que se ha hecho pública por parte del Ministerio sin informar previamente a las comunidades autónomas ni acordarlo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es una improvisación y no se recogió de forma explícita en el Real Decreto 16/2012. De hecho, el Gobierno vasco también recurrirá el copago por ser un “disparate humano, sanitario y administrativo”, según ha anunciado.
CONTRA LA CIUDADANÍA
El recurso de alzada está motivado, principalmente, por los perjuicios que este nuevo copago supondrá para la salud de los pacientes y podría tener graves perjuicios para la ciudadanía, ya que se corre el riesgo de que haya pacientes que pudieran renunciar a su tratamiento al no poder hacer frente al nuevo copago implantado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La “improvisación” del Gobierno central hace “inviable” la implantación de este nuevo sistema de copago a 1 de octubre dada la complejidad del proceso burocrático y administrativo que tendría que desarrollar el sistema sanitario público andaluz. Para ponerlo en marcha, con el menor perjuicio a la ciudadanía, la Administración sanitaria andaluza tendría que cambiar el funcionamiento de todo el sistema de información de farmacia hospitalaria para enlazarlo con el sistema de Receta XXI y con el de facturación.
El Gobierno andaluz reitera, por tanto, el “rechazo” a esta medida, a la vez que espera su retirada por parte del Ministerio “dado el perjuicio que ocasionaría a aquellos pacientes más vulnerables tanto desde el punto de vista sanitario como social”.
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