Tragsa, la última empresa pública camino del desguace
Prepara un ERE para 1.639 trabajadores y quiere eliminar 3.695 puestos de trabajo eventuales.
El grupo ha conseguido en los últimos meses dos contratos de la Administración Pública: la gestión de la bolsa de expedientes atrasados del Fogasa y de las becas de Educación.
Los sindicatos denuncian que en mitad del ERE se contrate a nuevo personal.
En los últimos dos años, el sector público ha destruido 374.800 puestos de trabajo. Los recortes encontraron pronto una aliada: la última reforma laboral, que abrió la puerta a que las administraciones públicas llevaran a cabo expedientes de regulación de empleo de su personal laboral por causas económicas. Sin embargo, año y medio después se desconoce el número de ERE que Administración y empresas públicas han ejecutado, ya que las estadísticas no los recogen como tal.
Tragsa ha sido la última empresa pública en caer: el grupo ha presentado un ERE para 1.639 trabajadores y ha manifestado su intención de amortizar 3.695 puestos de trabajo eventuales. En total, supondría la eliminación de más de 5.000 empleos, la mayor reducción de personal llevada a cabo en una empresa pública en años. Actualmente, la empresa tiene unos 11.500 trabajadores.
El impacto de la reforma laboral es innegable: en 2011, solo hubo 48 personas despedidas bajo esta modalidad, una cifra que ascendió a 1.767 en 2012. Solo en los tres primeros meses de 2013, las personas despedidas ascienden ya a 983, lo que hace temer a los sindicatos que a lo largo de este año se superen con creces los datos del año pasado. Se trata, además, de datos muy sesgados. "No incluyen a sectores como la educación o la sanidad, ni tampoco a las empresas públicas", matiza Paco Casado, miembro del gabinete técnico de la Federación de Servicios de UGT.
De hecho, los despidos hechos por grandes empresas públicas en el último año superan claramente esa cifra. Solo los expedientes de regulación de Aena, Paradores, Ineco y Renfe suman 2.290 despidos. "Se han abierto muchísimos despidos colectivos en empresas públicas de ayuntamientos: en escuelas de música, de deporte, en empresas de limpieza... Lo que se llama la administración instrumental. Es un goteo constante", explica Casado. No hay aún, sin embargo, datos fiables sobre este goteo disperso que esconde el desmantelamiento de los servicios públicos.
Tragsa contrata a personal externo
El grupo, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), se dedica a labores administrativas, prestación de servicios de emergencia, e ingeniería y asistencia técnica, entre otros. Precisamente, en los últimos meses Tragsatech (filial de Tragsa) ha logrado al menos dos significativos contratos procedentes de la Administración Pública: la gestión de la bolsa de expedientes atrasados del Fogasa y la adjudicación de becas del Ministerio de Educación. De los 1.639 despidos que planea el grupo, 803 se ejecutarán en Tragsatech y 830 en Tragsa.
En el caso de la externalización del Fogasa, el Ministerio de Empleo pagará cerca de 3,5 millones de euros a Tragsatech para que gestione los 180.000 expedientes atrasados. Para justificar el ERE, sin embargo, la empresa alega caída de la producción y pérdidas.
El sindicato CSIF denuncia que el grupo ha contratado a personal externo para llevar a cabo estos trabajos, en lugar de emplear a la propia plantilla. "Esa búsqueda de trabajadores choca con que poco después la empresa presente un ERE, sobre todo cuando el personal que buscan es administrativo y el ERE va a afectar a muchos administrativos", afirma Rafael Fernández, delegado de CSIF.
La negociación del ERE ha comenzado este jueves: a partir de ahora, sindicatos y empresa tienen un mes para tratar de llegar a un acuerdo. "Trataremos a toda costa de mantener el empleo", dice Pilar Navarra, delegada de UGT en Tragsa. Para Rafael Fernández es inexplicable que el grupo haya decidido presentar el ERE antes de buscar otras soluciones: "Vamos a comenzar a negociar el convenio en diciembre, ¿no tiene más sentido buscar primero soluciones internas y ver después si además hacen falta despidos?".
La reforma laboral impide que las administraciones públicas aprueben expedientes de suspensión o reducción de la jornada –una posibilidad que sí tienen las empresas privadas–, es decir, solo les deja la posibilidad de extinguir directamente los contratos. No sucede así con las empresas públicas, como Tragsa, que sí pueden aprobar otro tipo de expedientes.
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