Anticorrupción pide a Castro que cite como testigos a Camps y Barberá en el caso Nóos
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez José Castro la citación como testigos de varias personas vinculadas con hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana e investigados en el caso Noos, entre ellos el ex presidente Francisco Camps y la alcalesa de Valencia Rita Barberá. Los fiscales han registrado esta mañana la solicitud en el Juzgado de Instrucción nº3 de Palma, encargado de la causa.
La petición de la Fiscalía ocurre después de que el pasado 16 de octubre, el juez otorgara un nuevo plazo de cinco días, a contar desde el 1 de noviembre (en la práctica será el día 4 por ser festivo), para que se pronunciaran sobre la pertinencia de citar como testigos al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
La solicitud fue cursada en su día por el sindicato Manos Limpias, personado como acusación particular en el caso Nóos.
La acusación popular cursó dicha petición después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acordase el pasado 24 de septiembre no imputar ni a Camps ni a Barberá en el marco de esta causa, al considerar que en su actuación no hay indicios de delito. De esta forma, acordó devolver el caso al juzgado de Palma, que instruye el procedimiento.
El pasado mes de junio Castro elevó al TSJCV su exposición razonada con indicios delictivos sobre Camps y Barberá en relación con su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio de los Valencia Summit -con Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. (Cacsa) y Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB)- durante los años 2004, 2005 y 2006, por los que el Instituto Nóos, que estuvo presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, percibió alrededor de tres millones de euros públicos; así como por el convenio firmado para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos eventuales Juegos Europeos.
Castro remitió este escrito al tribunal valenciano al tratarse Camps y Barberá de personas aforadas, aludía en su escrito a un posible delito continuado de falsedad en documento oficial; a otro de prevaricación; a un delito de malversación de fondos públicos; y a otro de fraude a la Administración. El TSJCV dio traslado de este escrito a las partes para que se pronunciaran y, tras escucharlas, ha acordado no asumir la investigación al estimar que no existen respecto a los aforados suficientes indicios incriminatorios.
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