El juez del caso Blesa declara como imputado por prevaricación al encarcelar al banquero
El TSJM escuchará el miércoles al expresidente del Caja Madrid y a su abogado por los perjuicios que la actuación del magistrado les pudo ocasionar en la instrucción
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, vuelve este lunes por tercera vez al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde está citado para declarar como acusado por prevaricación y otros delitos cometidos en la instrucción de la causa contra el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa. En las dos ocasiones anteriores, solicitó más tiempo para estudiar la causa. El magistrado Jesús Gavilán tiene previsto interrogar al que fuera instructor del caso Blesapor delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual del banquero, al haber ordenado su ingreso en prisión en dos ocasiones por su gestión al frente de la entidad.
Los interrogatorios de Silva, quien se encuentra temporalmente suspendido de funciones desde finales de julio, se fijaron para el 2 y el 16 de octubre. Sin embargo, el compareciente solicitó un aplazamiento para tener tiempo para examinar la documentación de la causa contra Blesa.
El magistrado Gavilán escuchará el miércoles en calidad de testigos a Blesa y a su abogado Carlos Aguilar por los perjuicios que la actuación del juez Silva les pudo ocasionar durante la instrucción del caso, según informaron fuentes jurídicas.
La querella de la Fiscalía detalló que Silva habría cometido irregularidades que habrían llevado consigo la comisión de varios ilícitos penales durante la investigación del crédito de 26,6 millones a Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida. El fiscal pedía que declararan como testigos Blesa y su letrado, a quien imputó por obstrucción a la justicia aunque poco después archivó tales diligencias. Silva actuó en su contra al saber que Blesa había tenido conocimiento de que su teléfono fue intervenido, pero siendo "consciente" de que la escucha había sido acordada en un auto de su propio Juzgado. El interrogatorio que efectuó a ambos por este caso provocó "una vulneración clamorosa" de los derechos que correspondían al banquero, según la Fiscalía.
La querella presentada por la Fiscalía de Madrid se refiere a delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y delitos contra la propiedad individual que habría podido cometer en varias decisiones sobre la investigación del crédito a Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida, entre ellas la de enviar a Blesa a prisión incondicional el pasado 5 de junio. Silva se enfrenta hasta 40 años de inhabilitación.
La Audiencia Provincial de Madrid anuló el pasado 19 de junio la instrucción realizada por el juez Silva por el tema del crédito al considerar que el magistrado había convertido indebidamente el proceso contra Miguel Blesa en una "causa general en busca de los responsables de la crisis económica que atravesamos y su castigo". Dejó abierta sin embargo la puerta a que se sigan investigando los hechos relacionados con el City National.
En su querella, la Fiscalía argumenta que Elpidio Silva cometió un delito de prevaricación porque adoptó diversas resoluciones "que no pueden ser explicadas mediante ninguna interpretación razonable efectuada con los métodos usualmente admitidos en Derecho", imponiendo de esta forma "su propia voluntad y criterio sobre la interpretación racional de la ley". En este sentido, la Fiscalía repasa las decisiones del juez para la reapertura de las actuaciones contra Blesa por la concesión del crédito a Díaz Ferrán, dos años después de haber acordado su sobreseimiento y sin que durante ese periodo hubiera aparecido "nada nuevo que lo justificase". La Fiscalía considera así "ilógico e improcedente" el modo por el que Elpidio Silva reabrió el caso, justificando su "arbitraria decisión" en razón a criterios como la alarma social derivada de la crisis económica mundial y la implicación en la misma de las entidades financieras.
El Ministerio Público se querella además contra el magistrado por retardo malicioso por no dar trámite hasta dos meses después a los recursos interpuestos contra el secreto de las actuaciones acordado "con el fin de impedir a las defensas acceder al procedimiento", sin que a su juicio existiera "motivo legal alguno" para adoptar la medida. La Fiscalía también denuncia al juez por dos delitos contra la libertad individual en los dos autos en los que dictó prisión para Blesa, el primero de ellos bajo fianza de 2,5 millones de euros y el segundo sin fianza.
La querella argumenta que el magistrado adoptó esta medida contra Blesa a instancias únicamente del sindicato Manos Limpias, que justifica que no tenía condición de parte para realizar la petición, y aporta un auto que estableció la inadmisión de su personación como acusación particular por no tener la consideración de perjudicado en proceso.
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