ESPAÑA: LA AUDIENCIA NACIONAL ANULA EL ERE DE LA EMPRESA TRAGSA

La Audiencia Nacional anula el ERE de 

TRAGSA que afectó a 726 empleados

Según la Sala Social, no se respetaron los criterios de “mérito y capacidad” de los trabajadores seleccionados

La Audiencia Nacional ha anulado el ERE de la empresa pública TRAGSA que afectó a 726 empleados y ha ordena la "inmediata readmisión" de los trabajadores despedidos, así como el abono de los salarios que han dejado de percibir.

La Sala Social aprecia causa de nulidad por la forma en que se seleccionó a los trabajadores que iban a ser despedidos, sin respetar los criterios de mérito y capacidad de los empleados. Asimismo, recuerda que, en el caso de las administraciones públicas, "es exigible una precisión mucho más estricta que permita la determinación de los trabajadores afectados sin acudir a decisiones arbitrarios o discrecionales sin relación con los principios de mérito y capacidad".

En este supuesto "los criterios no han sido  fijados en el periodo de consultas ni en su momento inicial ni en la decisión final, siendo totalmente imprecisos y permitiendo múltiples aplicaciones". De esta forma, la Audiencia Nacional da la razón a los sindicatos que recurrieron el despido colectivo.

La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo. Por otro lado, el  recurso de TRAGSATEC todavía no ha sido resuelto por la Sala. 

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ESPAÑA: CESA COMO DIRECTORA DEL ESTADO (PP) PARA INGRESAR EN LA EMPRESA TRAGSA

Luz Reverón cesa como Directora Insular de la Administración del Estado en La Gomera

Se confirma la incorporación inmediata de la hasta ahora representante del Gobierno de España en la Isla en la empresa pública 'Tragsa'

La actual directora insular de la Administración General del Estado en La Gomera, Luz Reverón cesará en los próximos días de este cargo para incorporarse en un puesto de relevancia en la empresa pública Tragsa en Canarias, según se ha confirmado en la noche de hoy de fuentes muy solventes a Gomeranoticias.com

Luz Reverón accedió al cargo de representante del Gobierno de España en La Gomera un 7 de febrero de 2012 después de la llegada al Gobierno de España del presidente Mariano Rajoy tras la victoria aplastante del PP en las pasadas elecciones generales.

La todavía Directora Insular, llevaba poco tiempo de militancia en el Partido Popular cuando se responsabilizó del puesto que dejaba su antecesora, Pilar Hernández tras la salida de José Luis Rodríguez Zapatero del Ejecutivo.

Luz Reverón con anterioridad había sido concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife durante el último mandato del nacionalista Miguel Zerolo, a quien acompañó como número dos de Coalición Canaria en las elecciones del año 2007.

Durante todo este tiempo, sobre ella pesó una imputación que la relacionaba con el caso 'Mamotreto' acusada de un supuesto delito de prevaricación urbanística y de ordenación contra el territorio. Durante todo el proceso e incluso tras la sentencia el Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife del pasado mes de febrero por el que quedó absuelta de todos los cargos , guardó por lo general un prudente silencio, incluso ante crónicas periodísticas y artículos que en determinados momentos pudieron ser hirientes no solo como política sino incluso como persona.

Luz Reverón ha contado con el apoyo del presidente del Partido Popular en La Gomera, javier Trujillo, que accedió posteriormente a las dependencias de la Dirección Insular en esta Isla en calidad de asesor de la Delegada del Gobierno en Canarias.

Gomeranoticias aún no ha podido confirmar quien será el sustituto o la sustituta de Reverón en ese cargo.

Tragsa
El Grupo Tragsa forma parte del holding de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y está constituido por Tragsa, empresa matriz fundada en 1977 para la ejecución de obras y servicios, y su filial Tragsatec, creada en el año 1990 para la realización de proyectos e ingeniería. A través de estas dos empresas, el Grupo cuenta con capacidad para intervenir en todas las fases de cualquier proyecto, desde su concepción y diseño hasta su ejecución.

El Grupo Tragsa lleva más de 36 años al servicio de la sociedad, trabajando mano a mano con las Administraciones Públicas, situándose a la vanguardia de los sectores en los que principalmente actúa: prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural de conservación y protección del medio natural y medioambiental.

Gracias a su reconocida experiencia, el Grupo es capaz de adaptarse a las necesidades específicas planteadas por cada cliente y ofrecer un servicio profesional personalizado.

El Grupo Tragsa tiene una gran presencia a nivel nacional, con oficinas en las 17 comunidades autonómicas y todas las provincias, lo que confiere un valor añadido en cuanto a rapidez y eficacia para la puesta en marcha y ejecución de las actuaciones que se le encomiendan.

También tiene presencia en el ámbito internacional, principalmente a través de proyectos de cooperación española, que se han ido ampliando con la adjudicación de numerosas licitaciones en las que el Grupo Tragsa participa de forma individual o mediante consorcios con otras empresas.

Participado mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), también forman parte del accionariado del Grupo Tragsa, el Fondo de Garantía Agraria, y la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Además, son accionistas del Grupo las siguientes Comunidades Autónomas: Comunidad Foral de Navarra, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Galicia, Aragón, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Principado de Asturias, Canarias, Baleares y País Vasco.

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ESPAÑA: LA EMPRESA TRAGSA HACE EL MAYOR ERE DE UNA EMPRESA PUBLICA

Tragsa hace oídos sordos a los tribunales e 

inicia el mayor ERE de una empresa pública

“Una vez ordenadas las puntuaciones de los trabajadores afectados por el despido colectivo, la suya se encuentra dentro del número de puestos que es preciso extinguir. Lamentamos tener que tomar esta decisión, que como conoce es inevitable…”. Las palabras son las habituales pero las dimensiones del ERE no lo son tanto: un total de 1.336 trabajadores del Grupo Tragsa(726 en la matriz y 610 en su filial Tragsatec) han empezado ya a recoger sus notificaciones de despido en lo que supone el mayor ERE de una empresa pública hasta el momento. La compañía alega que la drástica reducción de la inversión pública le obliga a reducir su plantilla, dado que sus únicos clientes son las Administraciones.

Pero el camino hasta la culminación del proceso no está siendo fácil: a la impugnación ante la Audiencia Nacional por parte de los sindicatos (que denuncian la desproporción del ERE respecto a los resultados de la empresa, la falta de recortes en los cargos directivos y la contratación de eventuales) se ha sumado ahora un nuevo obstáculo legal debido a una cuestionada adjudicación en concurso público por valor de un millón de euros, correspondiente al plan de recolocación de los despedidos.

El citado concurso se puso en marcha el pasado noviembre en cumplimiento de la obligación legal que exige contratar los servicios de una agencia de recolocación que ayude a los empleados despedidos a encontrar lo antes posible otro puesto de trabajo. El pliego incluía dos concursos con las mismas condiciones para Tragsa y Tragsatec, de 500.000 euros cada uno, y fue adjudicado a la compañía Lee Hecht Harrison (Grupo Adecco).

Sin embargo, una de las empresas que también había concurrido sin resultar elegida presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al entender que la adjudicación se había realizado de forma arbitraria sin atender a los criterios técnicos y económicos pertinentes.

El tribunal, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, decretó de forma inmediata la suspensión del contrato ante los indicios de irregularidades, lo que impide de facto que Tragsa efectúe los despidos hasta que no se resuelva la cuestión, dado que la empresa pública está obligada a ofrecer un plan de recolocación que ahora mismo está en el aire.

No obstante, el Grupo Tragsa – que ve como todo el proceso del ERE se sigue alargando contra su voluntad– ha comenzado a entregar notificaciones de despido ofreciendo los servicios de Lee Hecht Harrison iniciando los programas con los trabajadores que así lo han solicitado, pese a que la empresa de recolocación no está legalmente contratada. Fuentes de la empresa han explicado este proceder alegando que existe un conflicto entre la legislación administrativa y la laboral, y que lo pertinente es que prime la norma laboral para poder avanzar en un proceso ya de por sí dilatado.

Contratos bajo sospecha

El Grupo Tragsa presta servicios agrícolas, ganaderos y forestales a las Administraciones y su titularidad es 100% pública, siendo la tercera empresa que más ingresos aporta a la SEPI, detrás de Correos y casi a la misma altura que Navantia. Aunque la SEPI es su principal accionista con un 52%, el grupo está controlado por el Ministerio de Agricultura, que posee un 38% y designa a 8 de sus 15 consejeros. 

El grupo socialista en el Senado ha presentado una batería de preguntas al Gobierno sobre la gestión económica y administrativa del Grupo Tragsa, entre las que se incluyen cuestiones sobre los contratos efectuados por Tragsa entre 1999 y 2005 con Orange Market y Special Events, las empresas controladas por el cabecilla de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa. La Comunidad Valenciana es una de las administraciones cuya deuda con Tragsa es más elevada (en junio de 2013 se situaba en casi 80 millones).

Asimismo, el PSOE también ha preguntado por los contratos celebrados por Tragsa en 2012 y 2013 con Reinforce Consulting. Esta consultora fue creada por Pedro Mielgo, expresidente de Red Eléctrica Española durante el Gobierno de Aznar, poderoso lobista con buenas relaciones en el Partido Popular.

Precisamente Reinforce es la empresa que se está encargando de la reestructuración del Grupo Tragsa con contratos por valor de 200.000 euros en total. Una elección formalmente correcta pero no demasiado estética ya que el secretario general de Tragsa, José Manuel Díez Quintanilla (un hombre muy vinculado a los medios de comunicación que ocupó el cargo de Consejero Delegado del Grupo Intereconomía entre 2006 y 2011), es primo de Luis Quintanilla, asociado en la consultora. 

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LA DIRECCION Y LOS SINDICATOS DE TRAGSA ACUERDAN 600 DESPIDOS

Sindicatos y dirección acuerdan reducir 600 despidos en Tragsa

Las partes logran un preacuerdo que se someterá a votación el próximo martes. De 836 despidos se efectuarán 219, se aplicará reducción de jornada, jubilaciones parciales y movilidad geográfica y funcional

Los sindicatos (MCA-UGT, Fecoma-CCOO y CSIF) y la dirección de Tragsa han alcanzado un preacuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que se reducen en 617 el número de los despidos y, además, se aceptan medidas de flexibilidad laboral, según informa UGT en un comunicado.

Así, los 836 despidos que pretendía la empresa dependiente de la SEPI en el ERE que presentó inicialmente a principios de octubre, se han reducido finalmente a 219 del total de 6.784 trabajadores que tiene la plantilla, abriéndose la opción de acogerse voluntariamente a la indemnización acordada.

El sindicato ha subrayado que también se ha reducido considerablemente el número de extinciones tras detectar errores en el informe presentado por la compañía, básicamente en su estudio de eficiencia y productividad, y además se han aceptado medidas de flexibilidad, fundamentalmente de movilidad geográfica y funcional.

Entre otras medidas, se ha acordado la aplicación de reducción de jornada (una hora al día en el colectivo de administrativos), así como la conversión de las extinciones a suspensiones para el colectivo de oficiales y peones.

El preacuerdo también establece que se podrán realizar 150 jubilaciones parciales, vía contratos de relevo. El sindicato señala que tras aceptar la propuesta para aplicar esta modalidad, los trabajadores que reúnan las condiciones necesarias podrán acogerse a esta opción de jubilación, garantizando además la continuidad de trabajadores relevistas pendiente de renovación.

El preacuerdo, que fue respaldado por la mayoría sindical en el último día de negociación, estápendiente ahora de su ratificación por parte de los trabajadores en las asambleas, que se celebrarán el próximo martes 26 de noviembre en todas las delegaciones de la empresa pública.

Tragsa comunicó a principios de octubre su decisión de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante la falta de carga de trabajo y la drástica caída de los ingresos

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TRAGSA PREPARA UN ERE PARA 1.639 TRABAJADORES Y 3.695 EVENTUALES

Tragsa, la última empresa pública camino del desguace

Prepara un ERE para 1.639 trabajadores y quiere eliminar 3.695 puestos de trabajo eventuales.

El grupo ha conseguido en los últimos meses dos contratos de la Administración Pública: la gestión de la bolsa de expedientes atrasados del Fogasa y de las becas de Educación.

Los sindicatos denuncian que en mitad del ERE se contrate a nuevo personal.

En los últimos dos años, el sector público ha destruido 374.800 puestos de trabajo. Los recortes encontraron pronto una aliada: la última reforma laboral, que abrió la puerta a que las administraciones públicas llevaran a cabo expedientes de regulación de empleo de su personal laboral por causas económicas. Sin embargo, año y medio después se desconoce el número de ERE que Administración y empresas públicas han ejecutado, ya que las estadísticas no los recogen como tal.

Tragsa ha sido la última empresa pública en caer: el grupo ha presentado un ERE para 1.639 trabajadores y ha manifestado su intención de amortizar 3.695 puestos de trabajo eventuales. En total, supondría la eliminación de más de 5.000 empleos, la mayor reducción de personal llevada a cabo en una empresa pública en años. Actualmente, la empresa tiene unos 11.500 trabajadores.

El impacto de la reforma laboral es innegable: en 2011, solo hubo 48 personas despedidas bajo esta modalidad, una cifra que ascendió a 1.767 en 2012. Solo en los tres primeros meses de 2013, las personas despedidas ascienden ya a 983, lo que hace temer a los sindicatos que a lo largo de este año se superen con creces los datos del año pasado. Se trata, además, de datos muy sesgados. "No incluyen a sectores como la educación o la sanidad, ni tampoco a las empresas públicas", matiza Paco Casado, miembro del gabinete técnico de la Federación de Servicios de UGT.

De hecho, los despidos hechos por grandes empresas públicas en el último año superan claramente esa cifra. Solo los expedientes de regulación de Aena, Paradores, Ineco y Renfe suman 2.290 despidos. "Se han abierto muchísimos despidos colectivos en empresas públicas de ayuntamientos: en escuelas de música, de deporte, en empresas de limpieza... Lo que se llama la administración instrumental. Es un goteo constante", explica Casado. No hay aún, sin embargo, datos fiables sobre este goteo disperso que esconde el desmantelamiento de los servicios públicos.

Tragsa contrata a personal externo

El grupo, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), se dedica a labores administrativas, prestación de servicios de emergencia, e ingeniería y asistencia técnica, entre otros. Precisamente, en los últimos meses Tragsatech (filial de Tragsa) ha logrado al menos dos significativos contratos procedentes de la Administración Pública: la gestión de la bolsa de expedientes atrasados del Fogasa y la adjudicación de becas del Ministerio de Educación. De los 1.639 despidos que planea el grupo, 803 se ejecutarán en Tragsatech y 830 en Tragsa.

En el caso de la externalización del Fogasa, el Ministerio de Empleo pagará cerca de 3,5 millones de euros a Tragsatech para que gestione los 180.000 expedientes atrasados. Para justificar el ERE, sin embargo, la empresa alega caída de la producción y pérdidas.

El sindicato CSIF denuncia que el grupo ha contratado a personal externo para llevar a cabo estos trabajos, en lugar de emplear a la propia plantilla. "Esa búsqueda de trabajadores choca con que poco después la empresa presente un ERE, sobre todo cuando el personal que buscan es administrativo y el ERE va a afectar a muchos administrativos", afirma Rafael Fernández, delegado de CSIF.

La negociación del ERE ha comenzado este jueves: a partir de ahora, sindicatos y empresa tienen un mes para tratar de llegar a un acuerdo. "Trataremos a toda costa de mantener el empleo", dice Pilar Navarra, delegada de UGT en Tragsa. Para Rafael Fernández es inexplicable que el grupo haya decidido presentar el ERE antes de buscar otras soluciones: "Vamos a comenzar a negociar el convenio en diciembre, ¿no tiene más sentido buscar primero soluciones internas y ver después si además hacen falta despidos?".

La reforma laboral impide que las administraciones públicas aprueben expedientes de suspensión o reducción de la jornada –una posibilidad que sí tienen las empresas privadas–, es decir, solo les deja la posibilidad de extinguir directamente los contratos. No sucede así con las empresas públicas, como Tragsa, que sí pueden aprobar otro tipo de expedientes.

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