El juez embarga todos los bienes del Grupo Halcón y relega al propietario
El juzgado interviene hasta la maquinaria y las marcas comerciales de las conserveras y designa un administrador judicial para que lleve la gestión
Acciones de las sociedades, maquinaria, los frutos y las rentas que vayan a generar las empresas y hasta las marcas comerciales. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Francisco Navarro Campillo, ordenó ayer el embargo preventivo de todos los bienes que pudieran ser objeto de tal medida en el grupo conservero Halcón Foods. Y no solo eso, pues en el mismo auto ordena que se investigue el patrimonio personal del propietario de esa mercantil, Joaquín Navarro Salinas, en lo que parece una decisión orientada a embargarle los bienes que pueda tener a su nombre. Por último, el magistrado ha despojado al empresario de cualquier capacidad para gestionar las empresas, a cuyo frente ha situado a un administrador judicial.
Tan contundentes medidas fueron adoptadas por el juez en un auto notificado ayer, que es consecuencia de otro dictado la pasada semana, por el que se ordenaba a Navarro Salinas que prestara una fianza de 14,5 millones de euros en el plazo de 24 horas. De no hacerlo, le advertía el magistrado, procedería a embargarle bienes suficientes para cubrir esa cuantía.
El conservero no ingresó la fianza, pero presentó una relación de bienes cuyo valor cifró en 25 millones: el 99,99% de las acciones del Grupo Mediterra Alimentación, dueño de Halcón Foods y éste, a su vez, de Conservas Fernández; 22 fincas a nombre de Halcón Foods, que tasó en 3 millones; dos fincas de Conservas Hernández (2,7 millones); maquinaria de Halcón Foods (3,3 millones) y de Conservas Fernández (5,2 millones) y marcas comerciales de Halcón Foods, cuyo valor estimó en 10,9 millones.
El juez no se ha dejado convencer, sin embargo, por las cuentas del conservero. Y pone de manifiesto que en unos casos las tasaciones de los bienes corresponden al año 2009 y, además, que la mayor parte de esas propiedades ya se encuentran afectadas por embargos previos o están hipotecados. Con lo cual no cumplen los requisitos legales para ser nuevamente embargados.
La consecuencia que sienta el magistrado es que «los bienes resultan claramente insuficientes para asegurar las responsabilidades civiles y pecunarias, fijadas en 14,5 millones», por lo que ordena que se averigüe el patrimonio personal de Joaquín Navarro Salinas, que será, al menos en parte, previsiblemente embargado.
En el mismo auto, el instructor considera que en este punto «no ex conveniente confiar la administración de las empresas Mediterra Alimentación, Halcón Foods y Conservas Hernández al imputado», por lo que lo aparta de cualquier responsabilidad en la gestión y nombra un administrador judicial.
Satisfacción en UGT
Las diligencias que han derivado en estas medidas preventivas contra el conservero se iniciaron en 2011, a raíz de una querella presentada por el letrado Evaristo Llanos Sola en nombre de la Federación Agroalimentaria de UGT. A esta actuación judicial, que se dirige contra Joaquín Navarro Salinas y su hijo, Joaquín Navarro Alemán, se le sumó luego el Instituto de Fomento (Info).
Fue este organismo el que avaló al propietario de Cofrusa con 28,5 millones para que obtuviera un préstamo, por importe de 35,5 millones, que debía destinarse íntegramente a adquirir y garantizar la viabilidad del Grupo Halcón. El Info acabó considerando que había sido estafado, ante las numerosas evidencias que apuntaban a que parte de ese dinero había sido supuestamente desviado por el empresario para otros fines.
El asunto, que sigue en instrucción, está abierto por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad de cuentas, contra la Seguridad Social, insolvencia punible, estafa y apropiación indebida
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