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martes, 9 de julio de 2013

UN DIRIGENTE DE UPyD FACTURA UN MILLON € A SU AYUNTAMIENTO SIN CONCURSO


UN DIRIGENTE DE UPyD FACTURO UN MILLON EN OBRAS SIN CONCURSO A SU AYUNTAMIENTO

Sus hijos figuran al frente de varias empresas con la sede social en su domicilio y una denunció al Ayuntamiento del PP al negarse a pagar

Un dirigente de UPyD facturó un millón en obras sin concurso a su ayuntamiento
ABC
Relación de algunos encargos realizados por Urbacasas 2005 SL para el Ayuntamiento de Elda durante el mandato del PSOE


Un vocal del Consejo Local de UPyD en Elda, Francisco Martínez Martínez, facturó más de un millón de euros en obras menores para el Ayuntamiento sin contrato –por cuantías inferiores a 6.000 euros– a través de la empresa Urbacasas, en la que figuran dos hijos suyos como administradores. Estos trabajos se realizaron con el PSOE en el gobierno local, y el PP se negó posteriormente a abonar una tercera parte de lo facturado al llegar al poder, en 2008, si bien la mercantil ganó un contencioso y ha cobrado –con el más reciente plan de pago a proveedores– las últimas facturas en 2012.
Urbacasas tiene participación también en la firma Los Carteros, de mayor volumen y con contratas en otros municipios, como Monóvar o Redován, donde la ex alcaldesa socialista Leticia Bas tuvo que declarar el año pasado como imputada en la investigación por un supuesto sobrecoste de una escuela infantil, proyecto ejecutado por esta sociedad.
Y no se trata de la única empresa que tiene su sede social en un domicilio de Francisco Martínez, dos locales de 37 metros cuadrados cada uno con sendas viviendas encima: también figura radicada allí Jesumat, una constructora con una facturación de unos 300.000 euros anuales (llegó al medio millón, en 2009), que después ha visto declinar su actividad. En este caso, son cuatro hijos suyos los administradores de la sociedad. Y Vertidos del Vinalopó SL, gestora del vertedero de escombros y residuos de Monòver.

Jefe de Obras municipal

Al no aparecer en ninguna de estas empresas, el directivo de UPyDevita incurrir en incompatibilidad, ya que ejerce desde hace más de una década como funcionario municipal, concretamente como jefe de Obras. El PP situó a un responsable para supervisarlo al acceder al poder.
Los trabajos para los que había facturado al Ayuntamiento eldense durante la última etapa del socialista Juan Pascual Azorín fueron de lo más variado: albañilería, fontanería, jardinería, arreglos en caminos, alumbrado, limpieza... y en algunos casos, en la documentación oficial figuran únicamente con el epígrafe de «trabajos» y el nombre de la calle. Eso sí, el denominador común es que el importe nunca superaba los 6.000 euros, límite que establecía la anterior norma para exigir un concurso público. De esta manera, las obras se adjudicaban sin más. 
Urbacasas 2005 SL tuvo un volumen de negocio de 767.000 euros en 2011, únicamente con tres empleados, y sus balances de ejercicios anteriores oscilaron entre los 368.000 euros de 2007 y los 869.000 de 2010, con una plantilla que nunca superó la media docena de trabajadores.

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2 DESAHUCIOS CANCELADOS, VILLAVERDE Y MALASAÑA, VICTORIA DE LA PAH


DESAHUCIO DE VILLAVERDE Y MALASAÑA CANCELADOS




 





LOS REBELDES SIRIOS TIENEN UN ARSENAL DE ARMAS QUIMICAS, ¿DE QUIEN SERAN, EEUU?


(Estos son los verdaderos terroristas en el conflicto sirio): Incautado a los rebeldes sirios un arsenal químico suficiente como para destruir un país

Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/99505-incautan-rebeldes-siria-arsenal-quimico

En la ciudad siria de Banias se requisaron productos químicos peligrosos pertenecientes a las fuerzas opositoras. Según el embajador de Siria ante la ONU, Bashar Jaafari, el arsenal sería suficiente para destruir una ciudad o un país entero.
 
 
"Las autoridades sirias encontraron en la ciudad de Banias 281 barriles llenos de sustancias químicas peligrosas", dijo Jaafari y destacó que el zulo hallado lo custodiaban "grupos terroristas armados". Entre las sustancias encontradas figuran polietilenglicol, monoetilenglicol, monoetanolamina, dietanolamina y trietanolamina. Actualmente, las autoridades sirias están llevando a cabo investigaciones adicionales sobre el origen de estos productos peligrosos. 
Jaafari pidió a la representante del secretario general de la ONU para Asuntos de Desarme, Angela Kane, y al profesor sueco Åke Sellström, que encabeza un equipo de investigación de los presuntos ataques con armas químicas en Siria, que viajen al país para tratar el asunto. 
"Esta invitación confirma la transparencia del Gobierno sirio y su compromiso de cooperar con las Naciones Unidas en la búsqueda de la verdad sobre las denuncias del uso de armas químicas" en el país, señaló Jaafari. 

El diplomático subrayó además que era precisamente el Gobierno sirio el que en marzo instó a la ONU a investigar el posible uso de armas químicas en la localidad de Khan al-Assal, cerca de la ciudad siria de Alepo. Entonces, los expertos y funcionarios militares informaron que una sustancia química, probablemente gas sarín, fue utilizada en el ataque del pasado 19 de marzo en el que murieron unas 30 personas. 
Asimismo, Jaafari recordó que a finales de mayo la Policía turca detuvo a 12 opositores sirios pertenecientes al Frente Al Nusra (parte de la insurgencia en Siria que está vinculada a Al Qaeda) por presunta posesión de armas químicas (de gas sarín, concretamente). 
 
 
De acuerdo con un comunicado difundido el lunes por el servicio de prensa de la ONU, el secretario general de la organización, Ban Ki-moon, a su vez, "acogió con satisfacción el ofrecimiento del Gobierno de Siria para continuar las discusiones sobre una misión de la ONU para investigar las denuncias acerca del uso de armas químicas" en el territorio sirio, aunque el equipo de inspectores encabezado por Åke Sellström, se niega a entrar en el país a causa de ciertas diferencias entre las partes.

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LA ONU ACUSA A RAJOY DE ENVIAR A LA POBREZA AL 21,8% DE LOS ESPAÑOLES


La ONU acusa a Rajoy de llevar a la pobreza al 21,8 % de los españoles

JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES

Naciones Unidas alerta de que uno de cada cuatro niños viven en familias sin recursos


Los recortes del Gobierno y la envergadura de la crisis en España han encendido todas las alarmas en Naciones Unidas. El último informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU critica sin ambages los ajustes aprobados que, denuncia, «perjudican de forma desproporcionada» a los más desfavorecidos. El estudio es anterior al último paquete de recortes aprobado por Rajoy.

El comité asegura estar «preocupado» por la «reducción de los niveles de protección» provocada por «las medidas de austeridad». Recortes que están «perjudicando de forma desproporcionada» a «los grupos desfavorecidos y marginados», entre los que cita a mujeres, niños, personas con discapacidad, «los adultos y los jóvenes desempleados», las personas mayores, los gitanos, los inmigrantes y los solicitantes de asilo.

Según el estudio, se está produciendo un incremento «considerable» del índice de personas en riesgo de pobreza, hasta el punto de que el 21,8 % de la población vive ya por debajo de ese umbral. Y uno de cada cuatro menores de edad pertenecen a ese grupo.

Alarmas encendidas

La ONU muestra especial inquietud por los altos niveles de paro, que se está cebando, señala, de nuevo, en los sectores más débiles. El comité, ante esta perspectiva, hace un llamamiento al Gobierno para que «evite cualquier retroceso» en la «protección de los derechos laborales de los trabajadores».

Alarmas encendidas también por el deterioro de las condiciones de los que sí tienen trabajo. Señala la ONU que el salario mínimo interprofesional tiene «un valor que no permite un nivel de vida digno». La institución, en ese punto, reclama con urgencia que se «ajuste periódicamente al costo de la vida» ese sueldo, así como las pensiones.

Los tijeretazos en educación, investigación y sanidad son criticados con dureza. El informe constata que el recorte de derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud va contra las convenciones internacionales firmadas por España.

LOS CREDITOS DE LA BANCA AL PP, CRECEN UN 46% DURANTE LA CRISIS, PARA ELLOS NO SE CIERRA EL GRIFO



LA CONTABILIDAD DEL PP PUBLICADA POR ANONYMOUS CONTRADICE EL "NO SE PUEDE VIVIR A CRÉDITO" DE MARIANO RAJOY

El grifo no se cierra para todos: los créditos de la banca al PP crecen un 46% durante la crisis

Los bancos concedieron 24,5 millones más en créditos al PP durante la crisis, hasta sumar deudas por más de 77,8 millones pese al discurso público de que "no se puede vivir a crédito". El Banco Popular financia las campañas electorales del Partido Popular y Banesto sostiene la financiación del partido a largo plazo. Es lo que se desprende de las cuentas de los últimos años del PP publicadas por Anonymous. Los populares deben a la banca Botín 33,9 millones.


Banesto y Popular financian las campañas del PP.
La banca ha cerrado el grifo pero no para todos. Para el Partido Popular ese grifo no sólo ha seguido abierto sino que la financiación por parte de los bancos ha bombeado más dinero que nunca, hasta el punto de que los créditos al PP han crecido más de 24 millones, un 46% más, desde que empezó la crisis, según revelan las contabilidades del partido publicadas ayer por el grupo de hackers informáticos Anonymous.

Desde el año 2007, el partido que ha hecho bandera del mensaje de que “no se puede gastar lo que no se tiene” ha pasado de deber 53,4 millones a los bancos a tener un endeudamiento de 77,9 millones en total. Según las contabilidades de los últimos años, antes de las elecciones de 2008, el PP debía 53.436.189.89 euros distribuido entre deudas a largo plazo (49.487.866,98 euros) y deudas a menos de un año (3.948.322.91 euros) destinadas fundamentalmente a pagar los gastos de campaña.

Antes de las elecciones de 2012, el nivel de endeudamiento del PP se había disparado en 24,5 millones de euros. En general los préstamos al PP se dispararon un 46%, con los créditos a menos de un año creciendo a un ritmo superior al 600%. La deuda total del partido al cierre del ejercicio era de 77.899.973,22 euros

Quién financia al PP: el Banco Popular y Banesto
Dos entidades han sido las grandes financiadoras del Partido Popular: el Banco Popular ha financiado el 85% de los gastos electorales del partido de Mariano Rajoy, es decir, los “créditos a corto plazo” mientras que la banca Botín a través de Banesto y Santander han sido sus grandes financiadores a largo plazo.

La financiación de las campañas electorales en las dos últimas elecciones generales (las de 2008 y 2012) ha corrido a cargo del Banco Popular, según muestra la contabilidad del partido.
En el año 2008, cuando las encuestas daban por segura la reelección de Zapatero, el Banco Popular concedió dos millones de euros en créditos para los gastos de la campaña de Rajoy en Madrid, Valencia, Barcelona o Girona, entre otros sitios. Esos dos millones de euros se convirtieron en más de 25 entre 2011 y 2012 para financiar las elecciones europeas, las municipales y las generales en las que Mariano Rajoy se convirtió en Presidente.

(Vea aquí el año 2008)
(Vea aquí el año 2011)

A largo plazo, los créditos los ha concedido fundamentalmente la banca Botín, especialmente Banesto que es acreedor de algo más del 67% de las deudas del PP. Con un solo crédito a la sede de Génova, los populares adeudan a Banesto algo más de 32,7 millones de euros del total de 48,5 que deben al conjunto de la banca. El resto de deudas a largo plazo pendientes de pago corresponden a nueve créditos concedidos por el Banco Popular y una avalancha de deudas con cajas de ahorros ahora intervenidas como la CAM (a la que el PP debe 2,1 millones de euros en tres préstamos), la Caja de Ahorros de Murcia (que suma 13 préstamos a los populares) o Caja Castilla-La Mancha.

La publicación de las contabilidades del PP por parte de Anonymous dejan en evidencia la contradicción entre las prácticas privadas de Mariano Rajoy y su mensaje público que, a puertas de las vacaciones del año pasado, recordó a los españoles con una frase: “no se puede vivir a crédito”.

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EL PP REFORMA EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, A SU MEDIDA


El PP reforma el Consejo General del Poder Judicial a su medida 

Solo una asociación, la conservadora, participa en la renovación del Consejo General

El PSOE debe decidir si pactará o no los nuevos vocales con el PP

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. / Uly Martín
 
Nadie (o casi nadie) pone en duda que el gobierno de los jueces tenía defectos, que estaba politizado en exceso, que su funcionamiento no siempre era operativo y que un lavado de cara era conveniente. El problema es la dirección que debía tomar ese giro para no empeorar sus males en vez de mejorarlos. Y, salvo el PP, nadie (o casi nadie) apoya la reforma aprobada definitivamente el 27 de junio con el único sustento del grupo parlamentario del partido de Gobierno.

Los populares han reformado la composición, el nombramiento y las funciones del Consejo del Poder Judicial en solitario, con un PSOE que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, con las asociaciones judiciales en contra, los presidentes de las Audiencias Provinciales en contra, el actual Consejo en contra... Esta será la primera vez que se modifique manu militari, sin un mínimo consenso, la regulación de un órgano constitucional esencial en el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, el judicial, cuya labor es aplicar las leyes y controlar a los otros dos.

La reforma, en todo caso, y a pesar de las innumerables críticas que ha recibido, ya está en el BOE. Y el proceso de renovación del actual Consejo, cuyo mandato acaba en septiembre, está en marcha según la nueva regulación. A principios de julio se abrió el plazo de un mes para la presentación de candidatos —del que se han autoexcluido tres asociaciones judiciales en protesta por lo que consideran un asalto a la independencia judicial— y el PSOE tendrá que decidir en breve si, pese a su oposición total a la reforma, acepta pactar los nuevos vocales con el PP.

Si no lo hiciera, el Gobierno podría a pesar de todo, y gracias a la reforma, renovar en solitario a 10 vocales. En este caso se daría la extrañísima situación de tener un Consejo formado por una mitad nueva elegida por el PP y por otra mitad cuyo mandato habría terminado. Así será, en todo caso, el nuevo Poder Judicial diseñado por el Gobierno:

Sistema de elección

El número de vocales seguirá siendo 20, tal y como señala la Constitución. Y todos serán elegidos, igual que ahora, por el Parlamento, a pesar de que el último programa electoral del PP aseguraba que 12 serían directamente elegidos por los jueces. Tampoco cambia el número de plazas dedicadas a magistrados y a otros juristas: 12 serán jueces de carrera y los otros 8 se elegirán entre juristas con más de 15 años de ejercicio profesional.

Hasta el momento, la elección se llevaba a cabo de la siguiente forma: cada Cámara legislativa elegía a 10 vocales (6 jueces y 4 juristas) por mayoría de tres quintos. Pero se nombraban los 20 vocales de una vez, cuando los principales partidos se habían puesto de acuerdo sobre los nombres. Previamente, para las plazas de los jueces, las asociaciones judiciales habían presentado candidatos en función de su representatividad y los magistrados no asociados también habían podido ofrecerse si contaban con avales de al menos el 2% de sus compañeros (unos 100). El límite de candidatos para estas plazas era de 36.

¿Qué va a suceder ahora? No hay límite de candidatos para las 12 plazas de jueces, de forma que cualquiera puede presentarse si cuenta con 25 avales. Además, cada Cámara puede renovar a 10 vocales aunque la otra no haya decidido nada. Y, teniendo en cuenta que el PP tiene en estos momentos una mayoría superior a los tres quintos en el Senado, podría nombrar a la mitad del Consejo sin pactar con nadie y garantizarse unos vocales amables y controlables.

Desde el Gobierno se señala que el hecho de que pueda no significa que vaya a hacerlo, y que lo razonable es pactar, como siempre. Los críticos de la reforma señalan, sin embargo, que el Estado de derecho no puede basarse en la confianza de que el Ejecutivo se portará bien, sino que exige límites legales que garanticen de forma nítida la independencia judicial.

Asociaciones de jueces

“Se dice que estamos en contra porque recorta el poder de las asociaciones, pero lo que hace realmente es abrir la puerta a mayores injerencias políticas en el Poder Judicial”, opina Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia. “Ellos defienden que es más justo que se pueda presentar cualquiera sin apenas avales ni respaldo detrás, pero realmente facilita un Consejo a la medida del Ejecutivo y de los partidos sin ningún control. Por otro lado, ha habido vocales con centenares de avales que se han presentado en el pasado como independientes y que, sin embargo, luego no han sido elegidos por los partidos”.

Esta organización, junto a las moderadas Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han anunciado que no participarán en la elección de los nuevos vocales. Por primera vez en la historia, solo una asociación propondrá candidatos: la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura que, a pesar de ello, también ha sido crítica con la reforma. Manuel Almenar, actual vocal del Consejo —nombrado por el PP a propuesta de la APM— defiende también que el sistema nuevo no despolitiza el órgano de gobierno de los jueces, sino todo lo contrario: “Antes había un filtro, 36 personas elegidas por la carrera. Ahora, con la puerta abierta a los grupos parlamentarios para que elijan a quien quieran, ¿realmente alguien cree que se va a despolitizar?”. “¿Cómo nos va a conocer a mí o a otro el Parlamento de la nación?”, se pregunta Carlos Gómez, presidente de la Audiencia de Palma. “Será por los contactos políticos que tenga cada uno, ¿no? Los partidos podrán ahora elegir sin selección previa”. Esto no significa que no vaya a haber ningún juez progresista en el nuevo Consejo, pero solo lo habrá si alguno se presenta de modo individual con los 25 avales y si después es elegido —algunos, de hecho, ya se están moviendo—.

Rechazo de los partidos

La gran pregunta es si habrá un pacto con el PSOE en la próxima elección de los vocales. Para los socialistas se trata de una decisión complicada. Si quedan fuera de cualquier acuerdo, solo habrá algún vocal progresista si el PP decide ser magnánimo. Pero también les va a resultar difícil pactar tomando como base una ley que han calificado como intento de ocupación política del Poder Judicial y que van a llevar al Constitucional. “Los contactos en estos momentos son complicados porque esta ley ha supuesto un intento de ocupación política del poder Judicial”, señala Julio Villarrubia, portavoz socialista de Justicia en el Congreso. Pero, asegura, la decisión final aún no está tomada. La fijarán la Ejecutiva federal y el propio Alfredo Pérez Rubalcaba. El PP, por su parte, necesita pactar para que el resultado final resulte mínimamente presentable.

Vocales a tiempo parcial

De los 20 vocales, solo los seis de la comisión permanente (cinco más el presidente) lo serán a tiempo completo: tres jueces y dos del turno de juristas. Serán elegidos cada año. 

El resto compaginarán su trabajo en la judicatura u otras ramas del derecho con sus labores de vocal. “Esto plantea múltiples problemas de posibles incompatibilidades”, opina el presidente de la Audiencia de Palma. “¿Qué pasa si un abogado-vocal lleva asuntos que después deben ser tratados en el Consejo? O, si un juez-vocal tiene problemas disciplinarios, ¿realmente van a sancionarlo sus compañeros de al lado?”. “¿Es razonable que el abogado de la Infanta o la juez Alaya pudieran ser vocales en estos momentos?”, señala otra vocal del actual Consejo, la progresista Margarita Robles, una de las más críticas con la reforma de Gallardón. “Por otro lado, si se considera que 20 vocales son demasiados para ser operativos, lo más lógico sería modificar la Constitución para reducirlos. Esta reforma, de profundo calado, debió hacerse con consenso y desde un análisis profundo”.

La revolución disciplinaria

El pleno elegirá a siete vocales de la comisión disciplinaria (los encargados de sancionar a los jueces) por un plazo de cinco años. El presidente será el vocal de procedencia judicial con mayor categoría y antigüedad. Se crea una figura, el “promotor de la acción disciplinaria”, que se encargará de recibir las quejas, iniciar e instruir los expedientes disciplinarios, una potestad hasta ahora de la comisión, que nombraba al instructor del expediente en cada caso. Su mandato coincidirá con el del Consejo que lo nombró. Solo podrán ejercer esta labor magistrados del Tribunal Supremo o magistrados con más de 25 años de antigüedad en la carrera.

La instrucción de los expedientes disciplinarios es algo difícil de regular. Sancionar al compañero siempre da problemas en una carrera muy tendente al corporativismo. Pero la reforma ha generado críticas por la concentración de funciones en una sola persona. “Se trata de una figura que acumulará un poder increíble”, critica Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. “Una especie de Gran Inquisidor”.

TRIUNFO DE LA PAH, OTRO DESAHUCIO PARADO, EN PINTO


Marisa se queda gracias al apoyo y solidaridad ciudadana

PINTO ESTUVO ALLI

 
 
 

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ERE DE RENFE, DESPIDOS PARA 500 TRABAJADORES DE SU PLANTILLA



Renfe plantea la salida de 500 trabajadores con su ERE en 2013, el 4% de la plantilla




Renfe plantea la salida de 500 trabajadores con su ERE en 2013, el 4% de la plantilla





Renfe pretende que 500 trabajadores de la operadora, el 4% del total de unos 14.900 empleados con que cuenta actualmente, salgan de la empresa este mismo año en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) "universal y voluntario" planteado en la compañía, según informaron a Europa Press en fuentes sindicales.

La operadora ferroviaria, a través de su Dirección de Recursos Humanos, ha planteado a los sindicatos la apertura de la negociación del ERE en dichos términos en una reunión celebrada en la mañana de este lunes.

Renfe comunicó a los sindicatos el inicio de la negociación después de que el ERE haya recibido el visto bueno de la comisión interministerial que lo estudiaba.

En cuanto a las indemnizaciones de los empleados que voluntariamente decidan acogerse al ERE, los directivos de Renfe no avanzaron importe alguno con el fin de determinarlo durante la negociación, según dichas fuentes.

Asimismo, la sección ferroviaria de CC.OO. apuntó en un comunicado que la propuesta de ERE planteada por la operadora no incluye tasa de reposición, una de las principales reivindicaciones de los sindicatos ante este ajuste.

En este sentido, y según CC.OO., Renfe sólo ha manifestado su intención de estudiar la posibilidad de introducir esa tasa, si bien la empresa ha apuntado que ello supondría un descenso en las indemnizaciones de quienes se acojan al ERE.

Además, aseguran que dicha reposición no se aplicaría ni en organismos corporativos, ni en mercancías, sino sólo en las áreas de viajeros y de talleres de la empresa.

Renfe aborda este ERE en tanto afronta la próxima liberalización del servicio de transporte de viajeros en tren en España y mientras se reestructura segregándose en cuatro empresas.

Tres de ellas heredarán los negocios actuales de la empresa (transporte de viajeros y de mercancías, y talleres) y la cuarta recibirá el nuevo negocio de alquiler de trenes a otros operadores

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lunes, 8 de julio de 2013

EL PSOE DENUNCIA RTVE POR IGNORAR EL CASO BARCENAS


El PSOE denuncia que los informativos de RTVE "ignoran" el caso Bárcenas


El portavoz en la Comisión Mixta de RTVE, Juan Luis Gordo, cree que para la dirección de la televisión pública "solo es noticia aquello que le interesa al Partido Popular"


Luis Bárcenas/Efe


El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión Mixta de RTVE, Juan Luis Gordo, ha dicho hoy que para la dirección de TVE "solo es noticia aquello que le interesa al PP" porque sus informativos "han vuelto a ignorar" las novedades delcaso Bárcenas.
En su opinión, "el Gobierno, con su vicepresidenta y secretaria de Estado de Comunicación al frente, tiene la firme voluntad de ocultar el caso Bárcenas".
Gordo ha destacado además, en una nota de prensa, que hace una semana el canal público hizo lo mismo en Informe Semanal, una actuación que califica de "auténtica vergüenza".

AQUI ESTA LA CONTABILIDAD DEL PP DESDE EL AÑO 1990 A 2011, PUBLICADA POR UN HACKER

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LOS ABOGADOS DE BARCENAS RENUNCIAN A SU DEFENSA


Los abogados de Bárcenas renuncian a su defensa por disparidad sobre la estrategia

Miguel Bajo y Alfonso García Trallero presentarán previamente un recurso contra la fianza civil


Los abogados del extesotrero del PP Luis Bárcenas han confirmado a este diario que presentarán a lo largo de la jornada un escrito en el que anunciarán la renuncia a la defensa de su cliente. Miguel Bajo y Alfonso García Trallero, que han llevado el caso del ahora encarcelado Bárcenas, presentarán previamente un recurso a la fianza civil impuesta por el instructor del caso Gürtel Pablo Ruz.
Este anuncio se produce después de que se desvelara un encuentro entre el extesorero y el director del diario El Mundo este fin de semana. Los letrados alegan disparidad sobre la defensa. Esto ha generado, alegan, una pérdida de confianza del cliente sobre el rumbo de su defensa. 
El hombre que controló las finanzas de la formación conservadora, junto a Álvaro Lapuerta, entre 1991 y 2010, ha descrito con detalle la financiación ilegal. Esta incluye el cobro de donativos de constructoras a cambio de adjudicaciones de obras y servicios, y el uso de los fondos para sufragar campañas electorales y repartir sobresueldos entre los principales dirigentes de Génova 13.
Se trata de la primera vez que Bárcenas admite las irregularidades en la captación de fondos del PP y la autoría de la contabilidad secretapublicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero, que había negado hasta ahora. También relata supuestos contactos con Mariano Rajoy y Javier Arenas para buscar la protección del partido ante su imputación en elcaso Gürtel.
Tras estas revelaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que apoyará la petición de la acusación ejercida por Izquierda Unida (IU) de que tanto Lapuerta como Bárcenas declaren de nuevo ante el juez por los nuevos datos dados a conocer este fin de semana.

QUE HACER SI TU CONVENIO HA CADUCADO


¿Qué hago si mi convenio ha caducado?

Los laboralistas discrepan sobre si los trabajadores mantienen las condiciones laborales o no

  • Más de un millón de asalariados desde este lunes pueden perder su convenio


¿Qué pasa si mi convenio es de los que hoy han caducado? ¿Se mantienen mis condiciones laborales? ¿Cobraré lo mismo? ¿Tendré el mismo horario? ¿Y mis obligaciones de productividad son las mismas? ¿Me puedo ir tranquilo de vacaciones si las tenía previstas dentro de unos días? Vaya por delante que la respuesta a estas preguntas no es fácil: en derecho, todo es interpretable. Los propios abogados laboralistas consultados no se ponen de acuerdo. Mientras uno, el socio responsable de Laboral de Baker&McKenzie, Alex Valls, admite que la pérdida de ultractividad fruto de la reforma laboral "abre un escenario legal hipercomplejo, porque es un terreno virgen", pero mantiene que decaído el convenio, decaídas las condiciones; otro, el laboralista del Colectivo Ronda, Vidal Aragonés, sostiene que los derechos de los convenios están incorporados en los contratos. Por partes, estas son las recomendaciones que lanzan dos abogados laboralistas y también desde la administración.
Lo primero, informarse. Las empresas no tienen obligación de comunicar a iniciativa propia a sus empleados en qué situación están si su convenio es de los que ha decaído en fecha 7 de julio. Pero las empresas sí están obligadas a responder a las dudas de los empleados o sus representantes. Para ello conviene dirigirse directamente a la dirección o bien a los delegados sindicales o miembros del comité de empresa si lo hay para conocer en qué situación estamos y que sean ellos quienes inquieran a la dirección. "Para evitar incertidumbres, si los representantes colectivos tampoco están seguros, que lo pregunten a su vez", insiste Aragonés. El radio macuto, el rumor, es lo peor en estos casos porque genera muchas conversaciones de pasillo pero cero información fiable.
Instar la mediación. Desde la Generalitat de Cataluña, su secretario de Relaciones Laborales, Ramon Bonastre, se muestra partidario de que los propios empleados "fuercen" que sus representantes y la empresa se adhieran "por responsabilidad" a los protocolos que prevén desbloquear los convenios con la mediación de la administración. De han firmado en Cataluña y en otras comunidades autónomas y también a nivel estatal, con la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC OO como firmantes. En todos los casos, estos protocolos prevén la prórroga de los convenios mientras se media para consensuar uno nuevo.
Depender de un convenio superior. Si la empresa se adhiere a un convenio superior --estatal, por ejemplo si es provincial-- "lo normal sería que se comunique a los empleados, que hubiera un comunicado a la plantilla", apunta Alex Valls. Pero la situación es inédita, por lo que en ningún papel está escrito que tenga que ser así. Como tampoco está contemplado, apunta Aragonés, que la empresa tenga que comunicar a la administración a qué convenio se adhiere desde el vencimiento del anterior.
Derechos y obligaciones. ¿Se mantienen? Este es el aspecto más "interpretable". Alex Valls, laboralista de Baker&McKenzie, sostiene que "si el convenio fija las relaciones laborales, cuando el convenio decae también las condiciones, salvo que estén plasmadas en el contrato". "El 90% de los contratos al hablar de condiciones se refieren al convenio", apunta, son muy pocos los empleados cuyos contratos entren al detalle en derechos y obligaciones. Por contra, Vidal Aragonés, del Col.lectiu Ronda, es tajante en que "las condiciones laborales sí se mantienen". "Es falso, como se ha dicho, que se vaya al Estatuto de los Trabajadores", insiste. Y razona: "el origen no es tanto que las condiciones, salarios u horarios figuren en el texto del contrato, como se que están incorporadas en las relaciones laborales entre las partes".
Salario. La interpretación de los expertos está en la misma línea de las condiciones y obligaciones. Uno considera que si el contrato no lo especificaba o se refería al convenio, desaparecen con la caducidad del convenio y se pasa a tener la retribución que contemple un convenio superior. El otro abogado, que no: que la empresa debe conservarlos, porque son derechos del trabajador. 
¿Mantengo las vacaciones este verano? En esta pregunta sí hay acuerdo sobre la respuesta. Sí. En condiciones normales, los calendarios laborales están pactados desde hace meses y las vacaciones, en teoría, se comunican y autorizan con dos meses de antelación. Los trabajadores pueden irse tranquilos.
La vía judicial, último recurso. Vidal Aragonès está convencido de que el fin de la ultractividad de los convenios provocará una segunda oleada de pleitos en los tribunales: "Lo primero que deben hacer los trabajadores es defender las condiciones que ya tenían primero movilizándose ante la empresa y después ante los tribunales". El laboralista concluye con una reflexión de carácter más político: "No podemos olvidar quien ha originado el problema. La reforma laboral quería evitar la judicialización de las relaciones laborales y ha provocado lo contrario. Ahora ocurrirá de nuevo, un problema fruto de una mala praxis legislativa".

EL PP NO SE ATREVE A QUERELLARSE CONTRA EL MUNDO, ¿ENTONCES BARCENAS TIENE RAZON?


El Partido Popular no se atreve a querellarse contra El Mundo

La secretaria general del PP dice descartar que Bárcenas pruebe nuevas acusaciones "porque las mentiras no se documentan"
Defiende al extesorero Álvaro Lapuerta e incluso admite que sus graves caídas "pueden haber sido provocadas"

Cospedal dice que es "rotundamente falso" el cobro de una comisión en Toledo
El PP no parece tener intención de responder en los tribunales a las graves acusaciones que Luis Bárcenas hizo en el diario El Mundo. A diferencia de la demanda contra El País, en la que se escudó para apuntar indirectamente al extesorero, María Dolores de Cospedal ha intentado el lunes quitar hierro a las informaciones publicadas el sábado. A pesar de que se habla de financiación ilegal a través de los dos últimos tesoreros del partido, de comisiones por contratos en Castilla La Mancha y del conocimiento de Mariano Rajoy de todo el sistema, Cospedal insiste en que todo es "rotundamente falso" y que no teme más documentos que lo prueben. "Las mentiras no se documentan", ha sentenciado durante la rueda de prensa.
A la pregunta de si es cierto o falso lo publicado, Cospedal ha respondido con la consabida letanía del "respeto al procedimiento judicial para que se ventile lo antes posible" y la supuesta gran transparencia de la contabilidad del partido. Ni siquiera ha querido afirmar si el PP celebra que esté entre rejas quien les amenaza. Sólo que no se ha "presionado para nada" al extesorero para que niegue la autoría de los papeles contables.
Las primeras informaciones sobre pago de sobresueldos en el PP se publicaron en El Mundo, pero no se acudió a los tribunales como defensa. El argumento fue que no había papeles. El que se ha esgrimido hoy es el mismo. El hecho de que las revelaciones de Bárcenas al director del diario se publicaran en la sección de opinión y no en forma de pregunta y respuesta también es importante. Cospedal ha admitido que los abogados "lo estudian por el formato y por muchas otras cuestiones" y no ha querido pasar de ahí. Lo que sí ha tenido mucho interés en recordar es que ella presentó antes que nadie una demanda individual contra Bárcenas: "Ya lo tengo hecho. Ya me he dirigido a los tribunales por difamación o por injurias y por calumnias. Sería más de lo mismo".

Lapuerta, caso aparte

Si Bárcenas es la peor pesadilla del PP, Álvaro Lapuerta no lo es. El anterior tesorero, que ha llegado a denunciar amenazas de muerte en comisaría y cuyos hijos atribuyen a "extrañas caídas" su grave estado de salud, ha sido objeto de una defensa contundente. "No sé la intensidad de esas amenazas, pero los hijos han hecho muy bien en salir a defender a su padre. Desde el PP les apoyamos". En una sorpredente revelación, la secretaria general ha llegado a admitir que la mala salud de Lapuerta "puede haber sido provocada o no" y ha defendido la honorabilidad del antecesor de Bárcenas al frente de las finanzas del partido.
Cospedal también ha querido defender a la diputada del PP Carmen Rodríguez Flores, amiga personal de Lapuerta. La polémica por su patrimonio, también denunciada por El Mundo, puede quedar en nada. Aunque Esperanza Aguirre propuso llevarla ante el comité de garantías del PP de Madrid, el asunto ya ha saltado al mismo comité, pero del PP nacional. Cospedal ha explicado que el proceso "aún no se ha puesto en marcha" y que la diputada lo es "por Madrid". "Todo es un tema muy transparente y no tiene más trascendencia". La secretaria general ha elogiado que ella se haya prestado a dar "toda suerte de explicaciones" sobre su fortuna si se juzga su caso.

TRABAJADORES DE IKEA PIDEN A LOS CLIENTES QUE NO VAYAN A COMPRAR LOS DOMINGOS

Trabajadores de Ikea piden a los clientes que no vayan a comprar los domingos

"Vivimos unos momentos de total esclavitud, con bajadas de sueldo, aumento de horas por el mismo precio, teniendo que trabajar los festivos y domingos gratis"

LOS SINDICATOS ROBARON A LOS PARADOS 7 MILLONES DE EUROS


LOS SINDICATOS SE APODERARON DE 7 MILLONES DE INDEMNIZACIONES A LOS PARADOS

La juez cree que las asociaciones fueron «un invento» para canalizar subvenciones


Los sindicatos se apoderaron de siete millones de indemnizaciones a los parados
Cada nuevo auto revela detalles más graves de las prácticas del entramado de los ERE que ahora, además de a los altos cargos de la Junta de Andalucía, estrecha el cerco a los sindicatos. Y el último, dictado por la juez Mercedes Alaya a las 2.30 de la madrugada del sábado, destapa que los sindicatos CC.OO. y UGT se apoderaron de indemnizaciones por valor de siete millones de euros del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Se trata de un dinero que, según la propia juez, pese a proceder de un organismo público «no llegó a ser entregado a los trabajadores», sino que era custodiado por la asociación de la Faja Pirítica de Huelva.
Estas revelaciones se conocieron después de que la juez dejara en libertad al abogado Carlos Leal, que pudo pagar los 150.000 euros de fianza que le impuso por sus siete imputaciones, tras señalar no solo al exconsejero de la Junta de Andalucía, sino también a las formaciones sindicales. Con esos testimonios, la juez cree que ese dinero no se destinó a su finalidad pública, sino que se utilizó «para un uso particular y ajeno a los trabajadores», como fue abonar al despacho del letrado imputado cinco millones de euros correspondientes a su relación con Uniter, «no descartando que los sindicatos pudieran haberse quedado con una parte».

«Un centro de lavado»

Leal, a quien la instructora acusa de convertir el despacho Estudios Jurídicos Villasís en «un centro de lavado», actuaba en procesos de reestructuración empresarial que por su cercanía a los sindicatos y a la Junta obtenían financiación pública «en detrimento de otras empresas y trabajadores que no tenían tales contactos ni las subvenciones sociolaborales le eran conocidas». Un ambiente de «cierto privilegio» en el que, dice, tenían garantizados los honorarios por los fondos públicos. Pero sin duda otra revelación novedosa es la que apunta a que los sindicatos crearon «el invento» de las asociaciones «para canalizar» subvenciones que tuvieran que percibir para ejercer acciones sindicales.

Así ocurrió, por ejemplo, con la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva, carente de asociados y de estructura asociativa y que fue sólo «un instrumento en manos de de UGT y CC.OO. que contaba solo con junta directiva de dichas organizaciones sindicales y con seis empleados de los sindicatos costeados por la Junta de Andalucía». «¿No es más cierto que la Asociación de la Faja Pirítica era una simple pantalla en la que detrás solo estaban los sindicatos?», preguntó la juez a Leal. Por eso, el fiscal anticorrupción insistió en que se trataba de «una mera pantalla que habría burlado todos los controles fiscales, laborales y administrativos».
Alaya considera que, una vez que obtuvo las ganancias ilícitas, el abogado Leal serviría de «canal de distribución» para su enriquecimiento y para atender a las necesidades de terceros integrantes de la trama. También que el imputado, que trabajó con las dos mediadoras Vitalia y Uniter, «era conocedor y beneficiario de las sobrecomisiones» que ambas cobraban de la Junta. Y que, de hecho tuvo a Juan Lanzas trabajando en su despacho. El conseguidor de los ERE tenía asignado un sueldo de 22.000 euros al año, 1.500 al mes. Lanzas proporcionaba a Leal clientes «por sus conocimientos e influencias en los sindicatos y la Junta de Andalucía» y a su vez encontraba en el despacho de abogados «la apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de conseguidor que le proporcionó pingües beneficios», cerca de trece millones de euros.

Servicios inexistentes

Con todo, la juez cree que el bufete Estudios pagó al entramado de Lanzas 1.156.131 euros mediante facturación falsa «por servicios inexistentes» y facturas elaboradas por el testaferro Eduardo Leal. «De esta manera Leal blanquearía las ganancias obtenidas por Lanzas y ello a cambio de la contraprestación oportuna, clientes y dinero, pues Eduardo Leal entregaría sobres con dinero» al abogado.
La juez concluye que Leal, además de realizar operaciones de blanqueo, tenía una relación con el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, «de prestarle continuos favores personales» y con Lanzas que consistía en «abonar con sus supuestos honorarios facturas falsas a su entorno». Eso y su excesiva exposición para los beneficio reportados completan su «presunto rol delictivo».

«Pagos por mediación de Zarrías»

3 MINISTROS NO HAN IDO HOY AL CONSEJO DE DELIBERACIONES, ¿TIENEN MIEDO?


Tres ministros se han ausentado del Consejo en deliberaciones que les afectan

Santamaría, Guindos y Cañete alegaron intereses para abandonar las reuniones del Gobierno



Tres miembros del actual Gobierno se han abstenido en la deliberación en el Consejo de Ministros de asuntos sobre los que han tenido intereses personales o familiares. Según consta en una respuesta a la diputada socialista Meritxell Batet, se han ausentado en distintas ocasiones la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría; el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el titular de Economía, Luis de Guindos.
La número dos del Gobierno se ha levantado dos veces del Consejo de Ministros —el 24 de enero y el 26 de febrero de este año— por asuntos relacionados con Telefónica. Su marido, Iván Rosa Vallejo, fue contratado poco antes por la compañía como miembro de su asesoría jurídica. En esos consejos, el Gobierno deliberó sobre el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, la venta de acciones de Telefónica en Hispasat y la aprobación de la llamada Agenda Digital.
Arias Cañete se ha abstenido en dos deliberaciones. Una el 20 de enero de 2012, cuando se discutió sobre la central nuclear de Garoña, porque su único hermano, Alfonso Arias Cañete, durante años ha sido director de Energía Nuclear de Endesa y vicepresidente de Tecnatom, compañía cuyo capital se reparten Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa, que explotan la nuclear.
El titular de Economía se ha abstenido en cuatro ocasiones
La segunda fue en diciembre, cuando se discutió el proyecto de real decreto por el que se declaró Zona Especial de Conservación el Estrecho de Gibraltar. Cañete tiene intereses en las gasolineras flotantes de la Bahía de Algeciras, que practican el llamado bunkering, que consiste en suministrar combustible libre de impuestos desde buques nodriza anclados en la bahía a los barcos que cruzan el estrecho de Gibraltar. La empresa es Ducar y el ahora ministro declaró en el registro de intereses del Congreso que no contrataba con la Administración, pero, en realidad esa compañía vive de concesiones públicas. El Congreso no puede investigar la veracidad de los datos declarados. Guindos se abstuvo en cuatro ocasiones: el 13 de febrero de 2012, el 24 de enero, el 1 de marzo y el 15 de marzo de 2013. La primera era la deliberación del acuerdo de prolongación de la vida de la central de Garoña, por su condición de consejero de Endesa entre junio de 2009 y diciembre de 2011. Por ese motivo se abstuvo también de participar en dos debates sobre el anteproyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos.
El titular de Economía no participó en la deliberación del acuerdo para sancionar a la exdirectora del ICO, Olga García Frey, porque entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009 Guindos prestó servicios a PricewaterhouseCoopers, una de las entidades a las que se adjudicaron los contratos que dan lugar a la sanción.