ESPAÑA: ENAGAS INCORPORA A SU CONSEJO DE ADMINISTRACION A EXPOLITICOS, ANA PALACIO, ISABEL TOCINO Y HERNANDEZ MANCHA

Enagás incorpora a su consejo de administración a tres ex políticos

La junta de accionistas de Enagás aprobará previsiblemente este martes los nombramientos como consejeros de las exministras Ana Palacio e Isabel Tocino, así como del exdirigente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha.



El gestor técnico del sistema gasista también someterá al visto bueno de sus accionistas la designación de Gonzalo Solana, quien fue presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) entre 2000 y 2005, y del hasta hace poco director general de Industria y de la pequeña y mediana empresa, Luis Valero. Los cinco nuevos consejeros, en cuya elección ha participado una empresa externa, tendrán carácter independiente y entrarán en el consejo en sustitución de otros cinco vocales con el mismo perfil, cuyos mandatos vencen ahora. Ana Palacio fue ministra de Exteriores en la segunda legislatura del Gobierno de José María Aznar y en la actualidad forma parte del consejo de administración de EDP España, mientras que Isabel Tocino fue ministra de Medio Ambiente también en la etapa del anterior Ejecutivo del PP. 

En la actualidad es consejera del Santander y de Ence. En la junta, el consejo propondrá también la reelección como consejero del presidente de la compañía, Antonio Llardén, así como del consejero delegado de la compañía, Marcelino Oreja. Dividendo 

El consejo de administración de Enagás también ha propuesto a su junta de accionistas el reparto de un dividendo bruto complementario de 0,7636 euros brutos por acción el próximo 7 de julio. Tras el pago de esta retribución con cargo a las cuentas de 2013, que se suma a los 0,503 euros ya desembolsados a cuenta el pasado 19 de diciembre, el dividendo total del ejercicio habrá ascendido a 1,266 euros brutos. La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) tiene una participación del 5% en Enagás, el mismo porcentaje que Oman Oil. Kutxabank ha declarado recientemente una participación del 4,9% en la compañía.
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ESPAÑA: EL FROB DESTITUYE AL CONSEJO DE NOVAGALICIA BANCO

El FROB sustituye al consejo de NCG Banco por administradores provisionales

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la sustitución del consejo de administración de Novagalicia Banco. A partir de ahora, será el propio organismo el que se encargue de administrar la entidad.

En su propia página web, el FROB ha emitido una nota en la que señala que la Comisión Ejecutiva del Banco de España decidió el pasado 17 de enero la sustitución del actual consejo de la entidad nacionalizada, que fue adquirida por Banesco recientemente por un importe de 1.003 millones de euros.

De este modo, el organismo pasa a asumir de forma directa la administración del banco para garantizar la adecuada efectividad de la compraventa y del plan de resolución.

Así, el FROB ha decidido que los administradores provisionales de NCG Banco sean José Antonio Portugal Alonso, José Ramón Rodrigo Zarza y Miguel Ángel Iglesias Hernández.
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ESPAÑA: EL CONSEJO EUROPEO SE CUESTIONA LA INDEPENDENCIA DE LA FISCALIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

El Consejo de Europa cuestiona la 

independencia de la Fiscalía en España 

y del CGPJ

El Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha emitido un informe en el que alerta sobre los crecientes casos de corrupción en España y la “politización de la Justicia”.  El informe, que analiza la prevención de la corrupción en parlamentarios, jueces y fiscales, pide ampliar la independencia efectiva del CGPJ, incluir criterios objetivos para nombrar a altos funcionarios judiciales y revisar el método de selección del fiscal general del Estado. En este sentido, afirma que, a pesar de todas las garantías, la “percepción de la independencia del fiscal general del Estado es preocupante” y pide esfuerzos para que la Fiscalía General del Estado “sea y parezca imparcial, objetiva y libre de toda influencia o injerencia externa”. Asimismo, pide a España que reconsidere su método de elección.

Los países que integran el Consejo de Europa, además, recomiendan al España adoptar un código deontológico, tanto para jueces como para fiscales, si bien reconoce el importante papel que ha desempeñado el poder judicial español en el perfeccionamiento de las reglas deontológicas judiciales de los países latinoamericanos.

Greco explica que ha preguntado al Ministerio de Justicia por los canales que le permiten que pedir explicaciones al Fiscal General del Estado sobre causas concretas. Tras las respuestas dadas, el Consejo de Europa considera que puede haber intervencionismo pese a que Ministerio asegura que sólo hablan de “cuestiones generales” y que el fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, “puede negarse” a facilitar información al Gobierno en los casos que estime.

El Consejo de Europa considera que la experiencia “profesional no política” debiera ser imprescindible para nombrar al Fiscal General; que sus mandatos debieran superar los cuatro años para no coincidir con los del Gobierno, con el fin de evitar connivencias de intereses entre quien lo nombra y quien desempeña el papel de acusador popular; y que el presupuesto de la Fiscalía General del Estado deje de depender del Ministerio de Justicia, para que que pueda aumentar su autonomía y decidir independientemente qué recursos destina a los casos que crea prioritarios, sin control político.

Además, Greco señala que el Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) es susceptible a la “politización” por el sistema de elección de sus miembros que permite a los partidos “repartirse asientos en el CPGJ”. En otras palabras, el Consejo de Europa echa por tierra la reciente reforma llevada a cabo por el ministro Alberto Ruiz Gallardón.

Por otro lado, el informe destaca la aprobación de la nueva ley de transparencia, que entró en vigor hace un mes, y añade que, “salvo casos aislados, no existe ningún indicio serio de corrupción en jueces y fiscales”. Pero constata que España “ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios”, lo que “atenta gravemente contra la credibilidad de las instituciones españolas”.

El texto recomienda adoptar un código de conducta parlamentaria, que aconseje sobre la prevención de conflictos de intereses, los regalos y los intereses financieros, así como la introducción de reglas en la relación entre parlamentarios y grupos de presión.

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DIMITE EN BLOQUE EL CONSEJO TERRITORIAL DE UPyD POR DISCREPANCIAS CON LA DIRECCION

Dimite el Consejo Territorial de UPyD en Galicia por discrepancias con la dirección

«Algunos afiliados de UPyD de Galicia que han dado a conocer todo esto consideran que Rosa Díez y su Consejo se están cargado el partido en Galicia», denuncian

Los miembros del Consejo Territorial de Galicia de Unión Progreso y Democracia (UPyD) --incluido el coordinador en la Comunidad, Gonzalo Fernández Piñeiro-- han presentado su dimisión en protesta«por el trato recibido por parte de dirigentes» del partido de Madrid. Según han explicado a Europa Press fuentes próximas a la organización en Galicia, aunque los hasta ahora miembros de la cúpula gallega de UPyD dimiten, «manifiestan que siguen siendo afiliados», y esperan que «su gesto sirva para que el Consejo de Dirección de UPyD tome medidas que rectifiquen la marcha del partido».

El Consejo Territorial (CT) que acaba de dimitir, había sido elegido en diciembre de 2012 por los afiliados gallegos de UPyD, pero desde el principio «contó con la oposición de la dirección de UPyD de Madrid, que intentó que siguiera dirigiendo el partido una Gestora elegida por ellos», han indicado las mismas fuentes. Y es que, según han remarcado, desde su elección hace un año, el Consejo Territorial ha denunciado «falta de colaboración y críticas de Madrid» así como «silencio y falta de respuesta» a la «múltiples solicitudes presentadas» al responsable de Organización de Madrid, Juan Luis Fabo. Según estas mismas fuentes, se acusa a la dirección del partido en Madrid de poner «trabas a sus trabajos para promocionar UPyD en Galicia y llevar a cabo iniciativas», todo ello debido a la «permanente actitud negativa y destructiva de los miembros del Consejo de Dirección de UPyD».

«Algunos afiliados de UPyD de Galicia que han dado a conocer todo esto consideran que Rosa Díez y su Consejo se están cargado el partido en Galicia, y que probablemente no han nombrado aún una Gestora porque no les queda ya ningún afiliado gallego en quien confiar», denuncian. Así, según ha podido saber Europa Press, dejan su cargo el coordinador territorial de UPyD en Galicia, Gonzalo Fernández Piñeiro; así como la responsable de Organización, Ana Alonso; el encargado de Comunicación, Pablo Alborés; el responsable de Acción institucional y de Redes Sociales, Carlos Casar; y la responsable de Expansión del Consejo Territorial, Elisa Pumar.

Tras la disolución del Consejo Territorial de Galicia, el Consejo de Dirección de UPyD debe nombrar una gestora --sería la tercera en cuatro años-- así como gestoras locales y provinciales, han indicado las mismas fuente. Estas dimisiones se producen a dos meses de que se celebren elecciones para elegir nuevos consejos locales en La Coruña y en Vigo, únicas ciudades gallegas que cuentan con más de 15 afiliados. Además, estas dimisiones llegan después de que en mayo de 2012 abandonase la formación el anterior coordinador territorial, Andrés Mosquera; a esto le siguieron denuncias de fraude por afiliados vigueses en la celebración de las elecciones internas de UPyD de septiembre de 2012, realizadas en Santiago. Tras ello, en mayo de 2013 abandonó el partido quien fue su candidato a la Xunta, el santiagués José Canedo.

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EXMINISTRO DE TRABAJO, JUAN CARLOS APARICIO, ENTRA EN EL CONSEJO DE INDRA

Juan Carlos Aparicio, ex ministro de Trabajo, entra en el consejo de Indra

El consejo de administración de Indra ha aprobado este jueves el nombramiento del exministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio Pérez y del exsubsecretario de Fomento Adolfo Menéndez Menéndez como miembros dominicales de su órgano rector en representación del interés accionarial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

Aparicio y Menéndez sustituyen a los consejeros de la matriz de Bankia, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Manuel Lagares, representante físico de Mediación y Diagnósticos, y Gonzalo Alcubilla Povedano, quién representaba a Participaciones y Cartera de Inversión, hasta ahora miembros del consejo de administración de Indra en la categoría dominical. 

Este cambio se produce tras la adquisición por parte de SEPI del 20,14% que la entidad financiera poseía en Indra el pasado mes de agosto por 337 millones de euros. En concreto, SEPI adquirió 33 millones de acciones de Indra pertenecientes a las sociedades BFA y a Bankia, que disponían de 32,8 millones y 186.870 acciones, respectivamente. Además, la entidad pública compró 28.093 acciones de Mediación y  Diagnósticos, y otras tantas de Participaciones y Cartera de Inversión.

Tras esta adquisición, el 6 de septiembre el consejo de administración de SEPI acordó proponer a Indra el inicio de los trámites necesarios para nombrar como vocales de su órgano rector a Aparicio Pérez y a Menéndez Menéndez.  

Juan Carlos Aparicio es licenciado en Ciencias Químicas y técnico en Organizaciones Empresariales y vicesecretario de la Federación de Empresarios de Burgos. Actualmente, preside la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y es vocal de la Comisión Constitucional, de la Comisión de Reglamento y de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, además de vocal suplente de la Diputación Permanente. 

Aparicio fue además ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de 1999 a 2002; secretario de Estado de Seguridad Social entre 1996 y 1999; alcalde de Burgos desde 2003 a 2011, diputado por la provincia de Burgos de 1989 a 1996, 2000 a 2004 y desde 2008, y senador entre 2004 y 2008. 

Además, ha ocupado otros cargos de responsabilidad como miembro de los consejos de administración de Iberia y del Banco Exterior de España entre 1996 y 1997. También fue vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León en 1989, así como procurador en las Cortes de Castilla y León (1983-1989). Posee las Grandes Cruces de Carlos III, la del Mérito Civil y la de Isabel La Católica. 

Por su parte, Adolfo Menéndez Menéndez, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Abogado del Estado excedente. En la actualidad es socio emérito del despacho Uría Ménendez, profesor de Derecho público económico en el IE Law School y titular de la cátedra 'José María Cervelló' sobre deontología profesional, además de secretario general de la Asociación Española de Fundaciones y de la Fundación Príncipe de Asturias. 

En el ámbito laboral, inició su carrera profesional en la Abogacía del Estado de Toledo, pasando después a los Ministerios de Presidencia y Sanidad. Desde 1988 a 1996 desarrollo e integró el Tax and Legal Department de Ernst and Young del que fue socio. Sirvió como subsecretario de los Ministerios de Defensa (1996-2000) y de Fomento (2000-2004). 

Menéndez ha sido consejero de varias compañías españolas como Tabacalera, Telefónica, Renfe, Construcciones Aeronáuticas y Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.

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EL PP REFORMA EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, A SU MEDIDA

El PP reforma el Consejo General del Poder Judicial a su medida 

Solo una asociación, la conservadora, participa en la renovación del Consejo General

El PSOE debe decidir si pactará o no los nuevos vocales con el PP

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. / Uly Martín

 

Nadie (o casi nadie) pone en duda que el gobierno de los jueces tenía defectos, que estaba politizado en exceso, que su funcionamiento no siempre era operativo y que un lavado de cara era conveniente. El problema es la dirección que debía tomar ese giro para no empeorar sus males en vez de mejorarlos. Y, salvo el PP, nadie (o casi nadie) apoya la reforma aprobada definitivamente el 27 de junio con el único sustento del grupo parlamentario del partido de Gobierno.

Los populares han reformado la composición, el nombramiento y las funciones del Consejo del Poder Judicial en solitario, con un PSOE que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, con las asociaciones judiciales en contra, los presidentes de las Audiencias Provinciales en contra, el actual Consejo en contra... Esta será la primera vez que se modifique manu militari, sin un mínimo consenso, la regulación de un órgano constitucional esencial en el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, el judicial, cuya labor es aplicar las leyes y controlar a los otros dos.

La reforma, en todo caso, y a pesar de las innumerables críticas que ha recibido, ya está en el BOE. Y el proceso de renovación del actual Consejo, cuyo mandato acaba en septiembre, está en marcha según la nueva regulación. A principios de julio se abrió el plazo de un mes para la presentación de candidatos —del que se han autoexcluido tres asociaciones judiciales en protesta por lo que consideran un asalto a la independencia judicial— y el PSOE tendrá que decidir en breve si, pese a su oposición total a la reforma, acepta pactar los nuevos vocales con el PP.

Si no lo hiciera, el Gobierno podría a pesar de todo, y gracias a la reforma, renovar en solitario a 10 vocales. En este caso se daría la extrañísima situación de tener un Consejo formado por una mitad nueva elegida por el PP y por otra mitad cuyo mandato habría terminado. Así será, en todo caso, el nuevo Poder Judicial diseñado por el Gobierno:

Sistema de elección

El número de vocales seguirá siendo 20, tal y como señala la Constitución. Y todos serán elegidos, igual que ahora, por el Parlamento, a pesar de que el último programa electoral del PP aseguraba que 12 serían directamente elegidos por los jueces. Tampoco cambia el número de plazas dedicadas a magistrados y a otros juristas: 12 serán jueces de carrera y los otros 8 se elegirán entre juristas con más de 15 años de ejercicio profesional.

Hasta el momento, la elección se llevaba a cabo de la siguiente forma: cada Cámara legislativa elegía a 10 vocales (6 jueces y 4 juristas) por mayoría de tres quintos. Pero se nombraban los 20 vocales de una vez, cuando los principales partidos se habían puesto de acuerdo sobre los nombres. Previamente, para las plazas de los jueces, las asociaciones judiciales habían presentado candidatos en función de su representatividad y los magistrados no asociados también habían podido ofrecerse si contaban con avales de al menos el 2% de sus compañeros (unos 100). El límite de candidatos para estas plazas era de 36.

¿Qué va a suceder ahora? No hay límite de candidatos para las 12 plazas de jueces, de forma que cualquiera puede presentarse si cuenta con 25 avales. Además, cada Cámara puede renovar a 10 vocales aunque la otra no haya decidido nada. Y, teniendo en cuenta que el PP tiene en estos momentos una mayoría superior a los tres quintos en el Senado, podría nombrar a la mitad del Consejo sin pactar con nadie y garantizarse unos vocales amables y controlables.

Desde el Gobierno se señala que el hecho de que pueda no significa que vaya a hacerlo, y que lo razonable es pactar, como siempre. Los críticos de la reforma señalan, sin embargo, que el Estado de derecho no puede basarse en la confianza de que el Ejecutivo se portará bien, sino que exige límites legales que garanticen de forma nítida la independencia judicial.

Asociaciones de jueces

“Se dice que estamos en contra porque recorta el poder de las asociaciones, pero lo que hace realmente es abrir la puerta a mayores injerencias políticas en el Poder Judicial”, opina Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia. “Ellos defienden que es más justo que se pueda presentar cualquiera sin apenas avales ni respaldo detrás, pero realmente facilita un Consejo a la medida del Ejecutivo y de los partidos sin ningún control. Por otro lado, ha habido vocales con centenares de avales que se han presentado en el pasado como independientes y que, sin embargo, luego no han sido elegidos por los partidos”.

Esta organización, junto a las moderadas Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han anunciado que no participarán en la elección de los nuevos vocales. Por primera vez en la historia, solo una asociación propondrá candidatos: la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura que, a pesar de ello, también ha sido crítica con la reforma. Manuel Almenar, actual vocal del Consejo —nombrado por el PP a propuesta de la APM— defiende también que el sistema nuevo no despolitiza el órgano de gobierno de los jueces, sino todo lo contrario: “Antes había un filtro, 36 personas elegidas por la carrera. Ahora, con la puerta abierta a los grupos parlamentarios para que elijan a quien quieran, ¿realmente alguien cree que se va a despolitizar?”. “¿Cómo nos va a conocer a mí o a otro el Parlamento de la nación?”, se pregunta Carlos Gómez, presidente de la Audiencia de Palma. “Será por los contactos políticos que tenga cada uno, ¿no? Los partidos podrán ahora elegir sin selección previa”. Esto no significa que no vaya a haber ningún juez progresista en el nuevo Consejo, pero solo lo habrá si alguno se presenta de modo individual con los 25 avales y si después es elegido —algunos, de hecho, ya se están moviendo—.

Rechazo de los partidos

La gran pregunta es si habrá un pacto con el PSOE en la próxima elección de los vocales. Para los socialistas se trata de una decisión complicada. Si quedan fuera de cualquier acuerdo, solo habrá algún vocal progresista si el PP decide ser magnánimo. Pero también les va a resultar difícil pactar tomando como base una ley que han calificado como intento de ocupación política del Poder Judicial y que van a llevar al Constitucional. “Los contactos en estos momentos son complicados porque esta ley ha supuesto un intento de ocupación política del poder Judicial”, señala Julio Villarrubia, portavoz socialista de Justicia en el Congreso. Pero, asegura, la decisión final aún no está tomada. La fijarán la Ejecutiva federal y el propio Alfredo Pérez Rubalcaba. El PP, por su parte, necesita pactar para que el resultado final resulte mínimamente presentable.

Vocales a tiempo parcial

De los 20 vocales, solo los seis de la comisión permanente (cinco más el presidente) lo serán a tiempo completo: tres jueces y dos del turno de juristas. Serán elegidos cada año. 

El resto compaginarán su trabajo en la judicatura u otras ramas del derecho con sus labores de vocal. “Esto plantea múltiples problemas de posibles incompatibilidades”, opina el presidente de la Audiencia de Palma. “¿Qué pasa si un abogado-vocal lleva asuntos que después deben ser tratados en el Consejo? O, si un juez-vocal tiene problemas disciplinarios, ¿realmente van a sancionarlo sus compañeros de al lado?”. “¿Es razonable que el abogado de la Infanta o la juez Alaya pudieran ser vocales en estos momentos?”, señala otra vocal del actual Consejo, la progresista Margarita Robles, una de las más críticas con la reforma de Gallardón. “Por otro lado, si se considera que 20 vocales son demasiados para ser operativos, lo más lógico sería modificar la Constitución para reducirlos. Esta reforma, de profundo calado, debió hacerse con consenso y desde un análisis profundo”.

La revolución disciplinaria

El pleno elegirá a siete vocales de la comisión disciplinaria (los encargados de sancionar a los jueces) por un plazo de cinco años. El presidente será el vocal de procedencia judicial con mayor categoría y antigüedad. Se crea una figura, el “promotor de la acción disciplinaria”, que se encargará de recibir las quejas, iniciar e instruir los expedientes disciplinarios, una potestad hasta ahora de la comisión, que nombraba al instructor del expediente en cada caso. Su mandato coincidirá con el del Consejo que lo nombró. Solo podrán ejercer esta labor magistrados del Tribunal Supremo o magistrados con más de 25 años de antigüedad en la carrera.

La instrucción de los expedientes disciplinarios es algo difícil de regular. Sancionar al compañero siempre da problemas en una carrera muy tendente al corporativismo. Pero la reforma ha generado críticas por la concentración de funciones en una sola persona. “Se trata de una figura que acumulará un poder increíble”, critica Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. “Una especie de Gran Inquisidor”.

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3 MINISTROS NO HAN IDO HOY AL CONSEJO DE DELIBERACIONES, ¿TIENEN MIEDO?

Tres ministros se han ausentado del Consejo en deliberaciones que les afectan

Santamaría, Guindos y Cañete alegaron intereses para abandonar las reuniones del Gobierno

Tres miembros del actual Gobierno se han abstenido en la deliberación en el Consejo de Ministros de asuntos sobre los que han tenido intereses personales o familiares. Según consta en una respuesta a la diputada socialista Meritxell Batet, se han ausentado en distintas ocasiones la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría; el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el titular de Economía, Luis de Guindos.

La número dos del Gobierno se ha levantado dos veces del Consejo de Ministros —el 24 de enero y el 26 de febrero de este año— por asuntos relacionados con Telefónica. Su marido, Iván Rosa Vallejo, fue contratado poco antes por la compañía como miembro de su asesoría jurídica. En esos consejos, el Gobierno deliberó sobre el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, la venta de acciones de Telefónica en Hispasat y la aprobación de la llamada Agenda Digital.

Arias Cañete se ha abstenido en dos deliberaciones. Una el 20 de enero de 2012, cuando se discutió sobre la central nuclear de Garoña, porque su único hermano, Alfonso Arias Cañete, durante años ha sido director de Energía Nuclear de Endesa y vicepresidente de Tecnatom, compañía cuyo capital se reparten Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa, que explotan la nuclear.

El titular de Economía se ha abstenido en cuatro ocasiones

La segunda fue en diciembre, cuando se discutió el proyecto de real decreto por el que se declaró Zona Especial de Conservación el Estrecho de Gibraltar. Cañete tiene intereses en las gasolineras flotantes de la Bahía de Algeciras, que practican el llamado bunkering, que consiste en suministrar combustible libre de impuestos desde buques nodriza anclados en la bahía a los barcos que cruzan el estrecho de Gibraltar. La empresa es Ducar y el ahora ministro declaró en el registro de intereses del Congreso que no contrataba con la Administración, pero, en realidad esa compañía vive de concesiones públicas. El Congreso no puede investigar la veracidad de los datos declarados. Guindos se abstuvo en cuatro ocasiones: el 13 de febrero de 2012, el 24 de enero, el 1 de marzo y el 15 de marzo de 2013. La primera era la deliberación del acuerdo de prolongación de la vida de la central de Garoña, por su condición de consejero de Endesa entre junio de 2009 y diciembre de 2011. Por ese motivo se abstuvo también de participar en dos debates sobre el anteproyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos.

El titular de Economía no participó en la deliberación del acuerdo para sancionar a la exdirectora del ICO, Olga García Frey, porque entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009 Guindos prestó servicios a PricewaterhouseCoopers, una de las entidades a las que se adjudicaron los contratos que dan lugar a la sanción.

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El expresidente de Caja Burgos se autoconcedió créditos por valor de 34 millones en seis años

El expresidente de Caja de Burgos, José María Arribas Moral, aprovechó su posición de privilegio en la caja de ahorros para conseguir que los diferentes consejos de administración de los que formó parte hasta junio de 2011 concedieran préstamos, pólizas, líneas de descuento y avales a empresas de las que él mismo era propietario por un importe total que asciende a 34.209.000 euros. Así consta en los informes oficiales de Gobierno Corporativo de esta caja de ahorros, a los que ha tenido acceso este diario.
Según estos documentos, de 2005 a 2010 los consejos de administración de la entidad encabezados por Arribas validaron 45 operaciones de crédito a favor de sociedades de su propio presidente. Además, con los 34,2 millones de euros que suman estos movimientos, entre los que también se incluyen renovaciones de créditos y préstamos anteriores, Arribas acaparó el 93% de todas las operaciones realizadas por Caja de Burgos en dicho periodo que tuvieron como beneficiaros a miembros del Consejo o a sus familiares o allegados.
Fondos sin plazo y a tipos bajos
El expresidente de la entidad -encuadrada actualmente en Banca Cívica, que pertenece a su vez a CaixaBank- también logró que gran parte de estas operaciones se cerraran con condiciones muy ventajosas para él. Como reflejan los informes de Gobierno Corporativo, algunos de estos créditos autoconcedidos tenían “un plazo indefinido” de devolución y tipos de interés ridículos, como “Euribor +0,25 puntos”, muy inferiores a los que ofrecían en esos momentos las entidades financieras a la gran mayoría de ciudadanos. De hecho, las operaciones coinciden en el tiempo con uno de los periodos de mayor restricción del crédito bancario.
Según la documentación consultada por este diario, las sociedades beneficiarias de estos créditos, pólizas, líneas de descuento y avales fueron Industrias Basati SA, Tramitación de Residuos SL e Industrias del Arlanzón, SA (Indasa), propiedad todas ellas de Arribas, que desde la llegada del Partido Popular a la Moncloa ocupa el cargo de subdelegado del Gobierno en la provincia de Burgos.

Falta de garantías
La diligencia de los miembros de los consejos de administración que autorizaron estas operaciones está en el aire. Al menos de forma preliminar, no parece que las sociedades que recibieron los fondos de Caja de Burgos ofrecieran suficientes garantías a la entidad para conseguir los créditos. Una de las tres mercantiles beneficiarias, Indasa, dedicada al curtido de pieles, consiguió préstamos entre 2008 y 2010 a pesar de que durante todo ese periodo la empresa registró pérdidas millonarias y que no constaban a su nombre inmuebles ni otros activos que garantizaran la devolución del dinero. Como se adivinaba, en 2011 la empresa acabó entrando en preconcurso de acreedores y en 2012 anunció el concurso.
En estos momentos, sólo la deuda de Indasa con Banca Cívica asciende a 12 millones de euros. Y será difícil que esta sociedad pueda saldar este importe. El pasado mes de diciembre, los administradores concursales decidieron poner fin a su actividad y despidieron a sus últimos 94 trabajadores. Además, a lo largo del proceso concursal se ha detectado una grave irregularidad contable. La sociedad tenía contabilizadas en su balance existencias en pieles por importe de 7 millones de euros que los responsables judiciales no han encontrado por ningún sitio.
Arribas ocupó la presidencia de Caja de Burgos entre 1983 y 1987 y volvió a desempeñar la misma función desde 2003 hasta que presentó su renuncia en 2011. Su trayectoria está estrechamente vinculada con el Partido Popular. De hecho, fue miembro del grupo de Alianza Popular en las Cortes de Castilla y León que encabezó el expresidente del Gobierno José María Aznar al principio de la década de los 80. Su reciente nombramiento como subdelegado del Gobierno en Burgos constata que también disfruta de una excelente relación con la cúpula del Partido Popular actual.

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