La ONU acusa a Rajoy de llevar a la pobreza al 21,8 % de los españoles
JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES
Naciones Unidas alerta de que uno de cada cuatro niños viven en familias sin recursos
Los recortes del
Gobierno y la envergadura de la crisis
en España han encendido todas las alarmas en Naciones Unidas. El último informe del Comité de Derechos Económicos y
Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU critica sin ambages los ajustes
aprobados que, denuncia, «perjudican de forma desproporcionada» a los más
desfavorecidos. El estudio es anterior al último paquete de recortes
aprobado por Rajoy.
El comité asegura estar
«preocupado» por la «reducción de los niveles de protección» provocada por «las
medidas de austeridad». Recortes que
están «perjudicando de forma desproporcionada» a «los grupos desfavorecidos y
marginados», entre los que cita a mujeres, niños, personas con discapacidad,
«los adultos y los jóvenes desempleados», las personas mayores, los gitanos, los
inmigrantes y los solicitantes de asilo.
Según el estudio, se está
produciendo un incremento «considerable» del índice de personas en riesgo de
pobreza, hasta el punto de que el 21,8 % de la población vive ya por debajo
de ese umbral. Y uno de cada cuatro menores de edad pertenecen a ese
grupo.
Alarmas
encendidas
La ONU muestra especial
inquietud por los altos niveles de paro, que se está cebando, señala, de nuevo,
en los sectores más débiles. El comité, ante esta perspectiva, hace un
llamamiento al Gobierno para que «evite cualquier retroceso» en la
«protección de los derechos laborales de los trabajadores».
Alarmas encendidas también por
el deterioro de las condiciones de los que sí tienen trabajo. Señala la ONU que
el salario mínimo interprofesional tiene «un valor que no permite un nivel de
vida digno». La institución, en ese punto, reclama con urgencia que se «ajuste
periódicamente al costo de la vida» ese sueldo, así como las
pensiones.
Los tijeretazos en educación, investigación y sanidad son criticados
con dureza. El informe constata que el recorte de derechos de acceso de los
inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud va contra
las convenciones internacionales firmadas por España.
