Orden tajante de Interior: evitar la
acampada antisistema en Madrid en
plenas europeas
El Ministerio del Interior maneja informaciones que advierten de que los grupos antisistema que han protagonizado las últimas manifestaciones contra el Gobierno y la Monarquía se han fijado como prioridad establecer un campamento en el centro de Madrid para tratar de aumentar su respaldo y notoriedad. La Policía Nacional ya ha avisado de que la movilización de estos colectivos, que experimentó su punto álgido el pasado sábado 22 de marzo, se prolongará al menos hasta las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo, a pesar de que el Ejecutivo esperaba que el inicio de la recuperación económica produjera un efecto narcotizante en los principales movimientos de protesta.
Fuentes policiales consultadas por este diario aseguran que las manifestaciones promovidas durante la última semana por colectivos cercanos a la extrema izquierda responden a una estrategia perfectamente planificada para irrumpir en la campaña de las elecciones europeas. Según estos expertos, los grupos radicales están tratando de replicar en España las recientes protestas que han convulsionado a Turquía y Ucrania. En ambos países, el descontento social se canalizó a través de acampadas que sirvieron para aglutinar los intereses de los diferentes grupos involucrados y amplificar la resonancia de sus causas. El Gobierno turco reprimió las movilizaciones pero, en el caso ucraniano, los manifestantes lograron doblegar al Ejecutivo de Viktor Yanukóvich, la misma meta que persiguen los grupos de extrema izquierda españoles con Mariano Rajoy como blanco.
Asamblea posterior a las Marchas de la Dignidad.
El 'efecto Gamonal'
Según los servicios de información de la Policía, los ejemplos de esos dos países y la reciente victoria de las movilizaciones en el barrio burgalés de Gamonal han llevado a los grupos antisistema a incluir entre sus objetivos la creación de un campamento. No sería la primera vez que lo consiguen. El antecedente directo en España de este tipo de protesta es la acampada del 15-M, que consiguió mantenerse en la Puerta del Sol 25 días. Hay otros precedentes más longevos, como el campamento de los trabajadores de Sintel, que ocupó durante 187 días un tramo del Paseo de la Castellana.
Interior ha dado órdenes de que se intensifique la vigilancia para evitar que una iniciativa de este tipo altere el desarrollo de la campaña y permita a los grupos de izquierda atribuirse una nueva victoria. Las fuentes consultadas aseguran que el éxito que consiguieron estos grupos en Gamonal provocando la rectificación del alcalde de Burgos tras sus movilizaciones les ha sumido en un estado de euforia que hacía tiempo que no se detectaba.
Una grúa retira una caseta de obra incendiada en Gamonal (EFE)
Los movimientos más contestatarios ya intentaron establecerse la semana pasada en Madrid. Parte de los manifestantes que concurrió a las Marchas de la Dignidad 22-M decidió luego dormir al raso en la Puerta del Sol con la esperanza de atraer a continuación a una masa crítica de personas. La acción recibió el nombre de Acampada Dignidad. Sus primeras noches en el kilómetro cero apenas congregaron a dos decenas de manifestantes pero a última hora del lunes la cifra creció hasta los tres centenares.
Reacción instantánea de las UIP
La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid reaccionó rápidamente enviando un amplio operativo de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional. Los agentes cortaron todos los accesos a la Puerta del Sol e identificaron a las personas que ya habían conseguido establecerse en la plaza. A primera hora del martes, los agentes disolvieron al grupo que quedaba y anularon definitivamente ese primer intento. La propia delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ya había avisado la mañana del 22-M en su perfil de Twitter que "acampar en Madrid está prohibido fuera de las zonas habilitadas específicamente para ello, y las Fuerzas de Seguridad harán cumplir la ley".
Cifuentes volvió a mostrar esa determinación el pasado miércoles cuando envió a las UIP para desalojar a los estudiantes que habían ocupado el Vicerrectorado de la Universidad Complutense de Madrid para protestar por la subida de las tasas de matrícula y el recorte de las becas. La Policía detuvo a 54 manifestantes y les imputó el delito de usurpación de bienes inmuebles. Este segundo intento también neutralizado.
Cientos de personas piden la libertad de los detenidos el 22-M (EFE)
Las movilizaciones continuarán
Con todo, los servicios de información de la Policía han advertido al Gobierno de que volverán a intentarlo en los próximas semanas. Los servicios de información mantienen que los altercados de los últimos días forman parte de una estrategia premeditada para tratar de desestabilizar al Gobierno, y que la tensión crecerá a medida que se acerque la fecha de las elecciones europeas.
Según estas fuentes, la cifra de activistas detenidos en el marco de estas movilizaciones prueba la determinación con la que estos colectivos han decidido dar un paso al frente. En sólo siete días se ha producido la detención de 83 personas por las protestas (29 en los altercados del 22-M, 54 en la huelga de la Complutense y una en la concentración del sábado contra la Monarquía). Los policías preguntados sostienen que incluso las detenciones benefician a su estrategia, porque generan oleadas de solidaridad yretroalimentan nuevas marchas.
El Gobierno, ante un nuevo escenario
Estas informaciones implican un cambio sustancial en los planes del Ministerio del Interior, que hasta la semana pasada había sostenido que el inicio de la recuperación económica iba a provocar el apaciguamiento progresivo de las calles. El propio responsable de la cartera, Jorge Fernández Díaz, consideró públicamente que "sería poco razonable" un aumento de la conflictividad social con el un nuevo horizonte económico. Hasta el 22-M, todos los datos avalaban esa tesis. Tras un inicio de la legislatura convulso, las manifestaciones en contra de los recortes y las políticas del Gobierno habían ido perdiendo fuerza. Pero los sucesos de los últimos días prueban que ese previsión era errónea.
Jorge Fernández Díaz (dcha.) e Ignacio Cosidó en un acto de la Policía.
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, inauguró la entrada en el nuevo escenario al afirmar que se está produciendo “una escalada de violencia” que tiene como objetivo “desestabilizar al Estado de Derecho”. Las fuentes consultadas sostienen que la tensión continuará creciendo incluso después de las elecciones europeas.
