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jueves, 3 de abril de 2014

EE.UU.: EL TRIBUNAL NO PONE LIMITES A LAS DONACIONES A PARTIDOS POLITICOS


Corte Suprema de EE.UU. anula límites a contribuciones a campañas políticas


Senadores demócratas Charles Schumer y Sheldon Whitehouse
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este miércoles los límites a las contribuciones de un individuo a candidatos, partidos y comités de acción política.
La medida deja abierta la aportación de los donantes más adinerados en las campañas para las elecciones legislativas de noviembre próximo, en las que se presume que los republicanos mantendrán el control de la Cámara de Representantes, mientras buscan ganar seis escaños en el Senado para lograr la mayoría.
Los políticos demócratas manifestaron su decepción por el fallo, mientras que los republicanos lo consideran un espaldarazo a la libertad de expresión.
El fallo no afecta el límite de US$2.600 que puede recibir un solo candidato a un cargo federal por parte de un donante ni las contribuciones que realizan empresas y sindicatos a las campañas políticas, pero sí elimina el límite de donaciones de US$48.600 para candidatos y US$74.600 a los comités.
La medida se decidió por cinco votos a favor y cuatro en contra.

martes, 18 de marzo de 2014

PUERTO RICO: POLITICOS APOYAN EL REFERENDUM DE CRIMEA INDICANDO EL DOBLE RASERO DE EE.UU.


Critican en Puerto Rico doble rasero de Washington con Crimea



San Juan, 17 mar (PL) El Partido Nacionalista de Puerto Rico-Movimiento Libertador (PNPR-ML) criticó hoy el doble rasero de Estados Unidos con relación a la decisión de Crimea de separarse de Ucrania para integrarse a la Federación de Rusia.

"Estamos de acuerdo en que un país invadido no puede tener elecciones libres, (por lo que) denunciamos que ese no es el caso de Crimea, ese es el caso de Puerto Rico", expresó el presidente del PNPR-ML, Antonio Cruz Colón.

La reacción del dirigente nacionalista puertorriqueño responde a las sanciones aprobadas por el presidente estadounidense Barack Obama en represalia al referendo que aprobó la integración de Crimea a Rusia, en medio de la ofensiva occidental que dio al traste con el gobierno constitucional de Ucrania.

"Expresamos respeto, apoyo y solidaridad a Crimea y sus acciones legítimas en requerir asistencia militar a quien ellos entiendan defienden mejor sus intereses y diseñar un proceso eleccionario que les libre de un golpe de Estado, ya sea militar o económico", afirmó Cruz Colón.

Destacó que el 82 por ciento de los electores crimeos concurrieron a las urnas este domingo y que avaló con el 95 por ciento de los sufragios integrarse a la Federación Rusa, ante la amenaza que representa el régimen impuesto en Kiev.

Según el PNPR-ML, Estados Unidos no reconoce el ejercicio soberano efectuado en Crimea y argumenta que este proceso es ilegítimo porque el derecho internacional no valida la expresión de un pueblo cuando el país está ocupado militarmente.

"Se ignora la solicitud del gobierno legítimo de Crimea al solicitar asistencia militar a Rusia y también ignora que no ha sido Rusia en este caso, sino Estados Unidos, en el caso nuestro, que ha incurrido en esa conducta ilegal", dijo Cruz Colón.

Reiteró que Washington "no solo ha desplegado esa conducta ilegal, sino que nos ha sometido a la más vil esclavitud colonial durante 114 años, que nos desangra (económicamente) hasta convertirnos en chatarra".

"En forma hipócrita activa su aparato económico con millones de dólares de asistencia para Kiev en la meta ilegal de convertirle en otra colonia económica, situación que rechaza Crimea", insistió el dirigente nacionalista puertorriqueño.

Puerto Rico se encuentra bajo el dominio colonial de Estados Unidos desde 1898 y con excepción del referéndum para crear el Estado Libre Asociado en 1952 para dejar de rendir informes a las Naciones Unidas, jamás ha cumplido con los reclamos del pueblo de esta isla del Caribe.

FUENTE

sábado, 8 de febrero de 2014

EE.UU.: EL BANCO CHASE CIERRA LA PUERTA A LOS POLITICOS EXTRANJEROS


Chase cierra la puerta a los políticos 

extranjeros en Estados Unidos

El banco más grande de Estados Unidos está cerrando cuentas de personas que tuvieron cargos públicos de Latinoamérica

Los bancos de Estados Unidos están ajustando cada vez más los filtros para aceptar clientes en sus arcas. Y todo indica que próximamente quienes tengan cuentas en la banca norteamericana serán realmente privilegiados.
Un caso específico es JPMorgan Chase, el más grande del país con 2,39 billones de dólares en activos, que reconoció estar cerrando cuentas y rechazando a personas que estén o hayan estado relacionadas con la política de países extranjeros.
Una de los clientes perjudicados, que solicitó guardar el anonimato, fue entrevistado por DIARIO LAS AMÉRICAS. “He recibido la noticia de que el Chase ha decidido cerrar las cuentas de aquellos ciudadanos extranjeros -en especial venezolanos- que hayan ejercido alguna vez una función pública, así haya sido temporal”, un acto que consideró “discriminatorio”.
“No se trata de decidir abrirle o no una cuenta a dichos individuos, lo que puede entenderse como un acuerdo de conveniencia o no para las partes -para el banco y un cliente- sino que se trata, esta vez, de clausurarlas sin más y sin derecho a protesta”, dijo y destacó que a pesar de que su caso es el de alguien que ha obrado de buena fe y bajo la ley, se lo ha metido en la misma bolsa de los corruptos y delincuentes.
Una asesora de cuentas del Chase, que también pidió no ser nombrada, fue consultada sobre estos casos por DIARIO LAS AMÉRICAS y afirmó: “El banco no está aceptando a personas que estén involucradas con la política de un país extranjero, hayan o no ocupado cargos públicos”.
La empleada aclaró que “no se trata solamente de personas de Latinoamérica, también funcionarios de cualquier país extranjero, ciudadanos americanos o residentes -que estén relacionados con la política”. También dijo que por este motivo “están cerrando muchas cuentas de clientes”.
¿La razón? Respondió que el Gobierno les exige estar más encima de los clientes para evitar el lavado de dinero. “El banco está siendo más estricto últimamente, aplicando reglas más severas que siguen los lineamientos del Bank Secresy Act -Ley de Secreto Bancario requiere que las entidades financieras del país ayuden a las agencias del Gobierno a detectar y prevenir el lavado de dinero”.
“Somos el banco más grande del país y para proteger nuestra imagen a nivel mundial debemos ser muy cuidadosos. Esta medida no es para todo el mundo, pero al cliente que genere algún tipo de sospecha, el banco prefiere no tenerlo y evitar un problema”, sintetizó.
Antes de abrir una cuenta en JPMorgan Chase se hace un interrogatorio específico para conocer para qué compañía trabaja esa persona, de dónde proviene su dinero, si tiene residencia o ciudadanía en este país, y mucho más, para prevenir el lavado de dinero.
Vendrán más restricciones
“Muchos bancos están tomando estas medidas”, afirmó por su parte David Schwartz, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA por sus siglas en inglés), entrevistado por DIARIO LAS AMÉRICAS. Agregó que algunas entidades incluso le están cerrando las puertas a las embajadas y consulados de otros países en EEUU, por su relación directa con los gobiernos de origen.
“Hay una regulación –dentro de la ley llamada Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)- que obliga a los bancos a tomar medidas mucho más estrictas con cierto tipo de personas. Los políticos están considerados de más alto nivel, y son denominados Politically Exposed Person (PEP). Como están involucrados con sus gobiernos, hay que ver si esos fondos que tienen son propios o son parte de una posible de trama fraudulenta”.
Schwartz añadió que hoy en día, con todos los costos involucrados con los temas de cumplimiento de la ley, hay bancos que directamente no quieren tratar con personas de alto riesgo, y prefieren rechazarlas antes de investigarlas.
Explicó que el precio de averiguar si esos individuos están o no relacionados con el lavado de dinero es alto y no se justifica cuando las consecuencias de tener cuentas de dinero robado son mucho más costosas. “La entidad podría perder prestigio, empeorar su imagen y también ser multada si la Justicia descubre que tenía clientes relacionados con actividades ilícitas o criminales”.
El director de FIBA adelantó que los bancos están pendientes de una nueva regulación que será más estricta y que el Tesoro aprobará posiblemente este año.
Con las nuevas medidas, “las entidades tendrán que investigar mucho más a fondo a los clientes, y conocer al beneficiario último de cada cuenta”. Amplió que, por ejemplo, las empresas offshore o aquellas que no dejan claro quién es su dueño y de dónde provienen sus fondos, tendrán que ser investigadas y podrían tener serias dificultades para entrar a un banco estadounidense.
Opinión de un afectado
"Es loable que la banca adopte medidas para evitar el tráfico o lavado de dineros ilícitos. Pero esta vez, mediante una decisión del CHASE, toda persona que alguna vez en su vida haya desempeñado alguna función pública o diplomática dentro de un país extranjero, incluso habiendo sido reconocida por su solvencia y trayectoria, no podrá mantener una cuenta en la banca norteamericana mencionada.
"Se trata, en efecto, de una grave decisión que habrán de ponderar las autoridades de EEUU, pues equivale a tanto como sostener, en pleno siglo XXI, que a determinados individuos, por su origen o procedencia, o actividad, pronto no se les permitirá ni siquiera pisar las puertas de una iglesia o acaso ingresar a un restaurante, sobre todo si ejercen la política.
"En el fondo, se trata, con la medida en cuestión, de enviarle un mensaje grave y subliminal a la opinión pública: todo político es un corrupto, por ende, quien desee transitar por el camino de la ley, lo conveniente es que no se acerque a los predios del Estado.
"Esto tiene los visos medievales del trato discriminatorio y de las penas infamantes, contra las cuales se levantó el sistema de libertades y el constitucionalismo moderno y democrático, sobre todo el norteamericano.
"En el caso de los Estados Unidos, desde 1864 rige la decimocuarta enmienda que obliga al trato y protección igualitaria, a la no discriminación, cuyos principios recogen tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Declaración Universal, ambas de 1948.
"El asunto del CHASE y su decisión discriminatoria, por ende, debe llamar a una severa reflexión".
lrivera@diariolasamericas.com

jueves, 6 de febrero de 2014

ESPAÑA: EL JUEZ RUZ INDIGNADO POR LA AMNESIA DE CIERTOS POLITICOS


La 'amnesia' de dos dirigentes del PP irrita al juez Ruz: "Tienen que decir la verdad"

El secretario general y la gerente del partido en La Rioja aseguran no recordar los detalles de la sospechosa compra de un local en Logroño destapada por los 'papeles de Bárcenas'. El magistrado, visiblemente enfadado, les ha dado 48 horas para que aporten nueva documentación de aquella operación.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
Nuevo enfado del juez Pablo Ruz con el PP a cuenta de los 'papeles de Bárcenas'. La actitud de los dos dirigentes de partido en La Rioja que han declarado como testigos este miércoles para aclarar la procedencia del dinero con el que la formación compró en 2008 un local en Logroño ha terminado por provocar la evidente irritación del magistrado después de que ambos se refugiasen reiteradamente en "no lo recuerdo" y "no lo sé" para evitar dar detalles sobre la misma. En una decisión poco habitual, el magistrado les ha dado un plazo de sólo 48 horas para que entreguen toda la documentación que tengan sobre aquella adquisición y las obras de reforma que hicieron posteriormente en el inmueble. Según fuentes jurídicas, Ruz ha llegado a reiterar a ambos dirigentes regionales que estaban allí como testigos y que, por tanto, tenían la obligación de responder con la verdad a las preguntas que les planteaban.
El juez ha dado dos días al PP riojano para que entregue toda la documentación sobre el crédito pedido, la compra del local y los gastos de las obras de remodelación
El primero en comparecer fue Carlos Cuevas, secretario general del PP en La Rioja y miembro del parlamento regional, quien durante su comparecencia no concretó demasiados detalles de cómo se gestó aquella compra pese a la lluvia de preguntas que tanto el juez como las acusaciones le plantearon sobre la misma y sobre el origen de los aproximadamente 1,5 millones de euros que la formación política invirtió en ello. Cuevas, visiblemente nervioso durante toda su comparecencian, llegó a afirmar que no sabía quiénes eran los propietarios de los dos locales contiguos que adquirieron (eran Iberdrola y una particular) ni quién negoció con ellos para llegar a un acuerdo. Sólo admitió haber participado en un encuentro con los responsables del Banco Santander para solicitar dos créditos (uno de 900.000 euros y otro de 120.000) para la compra. Y ello, sólo después de que el juez le preguntara con insistencia sobre la negociación de dichos préstamos.
"A fondo perdido"
También se escudó en el "no recuerdo" cuando le interrogaron sobre con quién de Génova 13 hablaron para adquirir el inmueble pese a que en la causa existe ya sendos poderes notariales firmados por Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas que les autorizaba a realizar dicha operación. Tampoco supo decir a quién le pidieron en Madrid los 200.000 euros como ayuda a los pagos. Sólo aseguró que dichos fondos se los remitieron "a fondo perdido"y que se enteraron de que habían llegado al mirar el extracto de la cuenta en la que fue ingresado el dinero. El secretario general del PP riojano se limitó a detallar de un modo vago que en una reunión de la ejecutiva del partido regional se trató de la necesidad de pedir dinero a los afiliados y a la organización, pero sin que se llegara a concretar cómo ni a quién. Sólo dijo que como era "público y notorio", aquel encuentro lo presidió el líder riojano, Pedro Sanz. "Esa notoriedad yo no la conozco", le espetó el magistrado ya en ese momento molesto por la actitud del testigo durante el interrogatorio.
El dirigente 'popular' negó la veracidad del apunte de los 'papeles de Bárcenas' que delataba una supuesta entrega en metálico a la caja B de Génova 13 de 200.000 euros en mayo de 2008, la cantidad que un mes después era transferida vía bancaria ya 'blanqueada' para poder ser utilizada en la compra del local, según apunta la investigación del juez. Cuevas insistió que nunca había llevado dinero en metálico a Génova y que las donaciones que el partido recibió en la región eran todas pequeñas y ninguna fue hecha por empresas. "Somo cumplidores con la ley, incluso escrupulosos", llegó a afirmar.
Compañero de Bárcenas en el Senado
Los 'fallos' de memoria de Cuevas llegaron a su punto culminante cuando se le preguntó si conocía a Luis Bárcenas. El 'número 2' de La Rioja aseguró entonces que sólo había coincidido con él una vez en un acto de partido en Génova al que asistieron cerca de cien personas. Sólo cuando una de las acusaciones le recordó que él había sido senador en la misma legislatura que el extesorero, admitió que durante aquellos años sí lo veía en la Cámara Alta. "Pero no somos amigos", recalcó. Sobre los otros dos antiguos miembros del equipo financiero del partido imputados en la causa, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Paéz, aseguró que nunca tuvo relación con ellos y que, incluso, al segundo no podría identificarle si lo viera.
Visiblemente nerviioso, el número 2 del partido en La Rioja llegó a asegurar que no conocía casi a Bárcenas pese a que ambos coincidieron durante una Legislatura en el Senado
La segunda dirigente del PP de La Rioja en declarar fue la gerente de la formación, Ana Elvira Martínez, quien sufrió la misma 'amnesia' que su compañero de partido sobre los detalles de la compra del local en Logroño. También muy nerviosa (el juez le pidió en varias ocasiones que elevará el tono de voz, prácticamente inaudible), su testimonio fue una sucesión de "no recuerdo" y "no lo sé" con los que evitó dar más detalles que su compañero. Al término de su declaración, el juez Ruz, visiblemente irritado,decidió convocarles en su despacho para requerirles formalmente nueva documentaciónsobre la compra con carácter de urgencia.
En concreto, los dos dirigentes 'populares' tienen dos días para hacer llegar a la Audiencia Nacional copia de las escrituras públicas de la compra de los locales y los documentos privados firmados con sus anteriores propietarios, así como la escrituras de las dos hipotecas suscritas, las actas de las reuniones del Comité regional del partido en los que se abordó la adquisición y los presupuestos completos de la formación de aquel año, el 2008. Además, les ha pedido toda las facturas y asientos contables de las obras de reforma de la nueva sede, y cualquier otra documentación referida a la adquisición de otros inmuebles en aquel año.

miércoles, 29 de enero de 2014

ESPAÑA: JUECES ORDENAN A LA GUARDIA CIVIL Y POLICIA QUE NO PROTEJAN A LOS POLITICOS EN SUS DECLARACIONES


Los jueces ordenan a la Guardia Civil y la Policía que no protejan a los políticos en sus declaraciones

  • El decano remite por escrito la orden para que los testigos de Nóos no tengan privilegios

  • El Consell no desobedecerá al TSJ y acatará las normas de los juzgados sobre el 'paseíllo'




El conseller de Justicia, Serafín Castellano, junto a la presidenta...
Los jueces han activado un protocolo ante las nuevas testificales que practicará en la Comunidad el juez José Castro en los próximos días. Según confirmaron fuentes judiciales a EL MUNDO, el decano de los juzgados de Valencia, Pedro Viguer, ha remitido una orden por escrito a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que ningún político o ex alto cargo goce de privilegios en sus comparecencias en el juzgado.
Castro volverá a Valencia el próximo 31 de enero para interrogar en calidad de testigo a once personas entre funcionarios y ex altos cargos y directivos de sociedades públicas valencianas. Un día después, el sábado 1 de febrero, declarará Francisco Camps, aunque desde su despacho del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y por escrito por su condición de ex presidente. El juez investiga contratos que reportaron 3,1 millones de euros públicos a la entidad dirigida porIñaki Urdangarín y Diego Torres por organizar tres eventos deportivos en Valencia entre 2004 y 2006.
Rita Barberá entró por el garaje con la ayuda de la Policía Autonómica y Local
Castro estuvo en la Comunidad en noviembre, pero sólo pudo interrogar al ex conseller Gerardo Camps y a la alcaldesa Rita Barberá porque la Policía no localizó en su domicilio al ex jefe del Consell. Tanto Gerardo Camps como Barberá desobedecieron las instrucciones del Decanato con el apoyo de la Policía Autonómica y la Guardia Civil (así consta en dos informes entregados en el TSJ), y aprovecharon sus influencias para utilizar puertas secundarias y evitar el paseíllo. Un trato preferente que no tuvo ni tan siquiera María Dolores Cospedal en su comparecencia como testigo por los papeles de Bárcenas.
Ahora el Decanato no quiere más sorpresas y ha pedido expresamente por escrito que los testigos utilicen la puerta principal para acceder a los juzgados, al igual que el resto de ciudadanos.
José Castro vuelve el viernes y en los juzgados no quieren escenas bochornosas
Según estas fuentes, los jueces trasladaron ayer su enfado a la Conselleria de Justicia (que también dirige a la Policía Autonómica) aprovechando la comisión mixta que se celebró en la sede del TSJ. El consellerSerafín Castellano se comprometió a ceñirse al protocolo que fija el Consejo General del Poder Judicial en estos casos para evitar situaciones como la que se dio con la alcaldesa y el diputado nacional del PP.
Los hechos ocurridos en Valencia no son una excepción y son varios los dirigentes que apoyan la protección de personalidades públicas a su paso por los juzgados. Sobre todo tras conocerse la declaración como imputada de la Infanta Cristina el próximo 8 de febrero.
Tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el reglamento del CGPJ sobre órganos de Gobierno de tribunales recogen cuáles son las competencias de los decanos en materia de control sobre las sedes judiciales. Estas normas atribuyen al decano la organización dentro del edificio, de ahí que Viguer encargara dos informes a la Policía Nacional y la Guardia Civil para saber quién autorizó el acceso de los testigos por el garaje y el juzgado de guardia. Ambos cuerpos señalaron a la Autonómica.

domingo, 29 de diciembre de 2013

ESPAÑA: POLITICOS PILLADOS CONDUCIENDO CON ALTA TASA DE ALCOHOL



Políticos pillados conduciendo ebrios


Pilar Araque, la hasta ahora concejal de Alcorcón (centro) (EFE).

Deberían predicar con el ejemplo, pero no lo hacen. Pilar Araque, la concejala de Alcorcón detenida la tarde de Nochebuena tras atropellar a una mujer cuando conducía ebria, no es el único cargo público detenido al combinar alcohol y conducción. Unos días antes, también fue cazado ebrio al volante el alcalde de San Juan de la Rambla (Tenerife), Tomás Mesa. Estos dos casos se unen al menos a otros diez cargos públicos que han sido detenidos superando la tasa máxima permitida al verse involucrados en siniestros y comprobar que viajaban con más copas de la cuenta. Algunos han asumido responsabilidades políticas como Araque, que dimitió dos días después del incidente. Otros, como Mesa, continúan en su cargo.

El caso más sonado lo protagonizó hace unos meses Miguel Ángel Rodríguez, el que fuera portavoz del Gobierno de José María Aznar, que fue detenido tras cuadruplicar la tasa de alcohol permitida al provocar un choque contra tres vehículos que estaban estacionados en la zona madrileña de Retiro.

Su condición de aforado obligó al Tribunal Supremo a juzgar al diputado del PP y presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, por haber provocado en la madrugada del 19 de febrero de 2010 un accidente de tráfico en el centro de Madrid cuando conducía con una tasa de alcohol muy superior a la permitida. El secretario del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada, Alfonso Carlos Ruiz Trigueros, se vio obligado a renunciar a su cargo en la dirección provincial de su partido cuando en octubre de 2012 fue multado y condenado por conducir sin haber tenido nunca el carné.

Nacho UriarteNacho UriarteEn Valencia, el Juzgado de lo Penal número 8 condenó a la alcaldesa del municipio de Alfarp por conducir bebida, un desliz que le costó una multa de 1.440 euros. En otra sentencia quedó probado que el 24 de mayo de 2012 Carmen Añó conducía su vehículo por Valencia después de haber ingerido bebidas alcohólicas, lo que provocó que circulara “en forma de zig-zag e, incluso, se subiera un par de ocasiones a la acera”. Un hecho que fue ratificado por el conductor del camión que iba detrás de ella.

El concejal del PP en el ayuntamiento canario de Puerto de la Cruz, Luis Miguel Rodríguez, optó por saltarse un control de alcoholemia en junio de 2012. Fue detenido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía “tras hacer caso omiso de las señales que le realizaban los agentes para que detuviera el coche”. Tras la maniobra evasiva realizada por el edil popular, los agentes procedieron a la persecución y detención del concejal, que fue trasladado al vecino municipio de La Orotava, donde se le sometió a la prueba de alcoholemia “que resultó negativa por muy poco margen, ya que presentaba en un primer momento 0,23 miligramos en alcohol frente a los 0,25 que estipula la ley”.

En mayo de 2009, el segundo teniente de alcalde y portavoz del PP en Arganda del Rey, Manuel Cercadillo, fue detenido por conducir ebrio por el centro de la localidad. Pese a que en el momento intentó darse a la fuga, acabó dimitiendo de sus cargos.

Diputados nacionales, concejales, portavoces...
A los pocos meses, en mayo de ese mismo año, fue el diputado nacional Vicente Ferrer el que fue sorprendido con unas copas de más al volante. El representante del PP por Valencia, que poco antes de ser sorprendido había llamado “timonel borracho” a Zapatero, fue condenado a ocho meses de retirada de carné y al pago de 2.400 euros.

Al año siguiente, en marzo, el sorprendido fue el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Ángel Espadas. El que fuera el azote del botellón en la zona fue detenido conduciendo borracho. Renunció a sus cargos.

Apenas un mes antes, en febrero de 2012, el cazado había sido Adolfo Martín Rodríguez, concejal del PP en Huércal de Almería, encargado de Tráfico y Hacienda. Sólo renunció a sus responsabilidades al frente de Tráfico. A finales de año César González, concejal de UPyD, fue sorprendido ebrio por la policía cuando conducía de vuelta a su casa en Petrer, Alicante, ya de madrugada. Aunque el PP pidió su dimisión, González se mostró reacio a dejar sus cargos.
FUENTE

CHINA: FUERTE REPRESION CONTRA POLITICOS CORRUPTOS Y FUNCIONARIOS


Fuerte batida contra la corrupción en China


Beijing, 29 dic (PL) Las autoridades chinas dan una fuerte batida a la corrupción en este país, donde numerosos funcionarios de alto nivel han sido separados de sus cargos y se encuentran en manos de los tribunales o en el proceso previo de investigación.

El más reciente de esos casos, revelado hoy domingo, es el de Li Chongxi, presidente del comité provincial en Sichuan de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPP), a quien se separó de ese organismo asesor por serias violaciones de la disciplina y de la ley.

Esa formulación, usada oficialmente en China para los casos de alegada corrupción, acaba de ser utilizada con otro funcionario de la CCPP, el vicedirector del Comité para Asuntos Económicos de ese organismo a nivel nacional, Yang Gang.

Yang, quien también fue viceministro de la Administración General de Supervisión de la Calidad desde 2010 hasta julio último, había trabajado durante 41 años en la región autónoma de Xinjiang Uygur y ocupó allí la secretaría general del Partido Comunista de China (PCCh) de 1999 a 2006.

Otro alto funcionario en proceso de investigación acusado de malversación y abusar de su poder para beneficiar a familiares es Qi Pingjing, quien era vicejefe de la Administración china de Publicaciones en Lenguas Extranjeras.

Todas las ganancias obtenidas de esas transacciones ilegales serán confiscadas y su caso será trasladado a los tribunales, de acuerdo con la información ofrecida por la Comisión para la Inspección Disciplinaria del PCCh.

Ese organismo dio a conocer que hasta el 30 de noviembre, 25 mil 855 funcionarios habían sido castigados por violar las reglas de la gobernanza desde que el PCCh puso en vigor hace un año las medidas contenidas en un documento de ocho puntos.

Conocidas como las reglas de ocho puntos, el documento establece que los funcionarios tienen que llevar una vida sobria y poner fin a estilos de trabajo indeseados como formalismo, burocratismo, hedonismo y extravagancias. Las acciones contra funcionarios de alto o bajo nivel, identificados por los chinos como tigres y moscas, recibieron el respaldo popular de acuerdo con una encuesta realizada por la Academia de Ciencias Sociales de este país.

Según ese muestreo, el 73,7 por ciento de los consultados confía en que el Gobierno será capaz de arrancar de raíz la corrupción en los próximos cinco años.

FUENTE

jueves, 26 de diciembre de 2013

LOS POLITICOS CONSEJEROS DE EMPRESAS AMASAN FORTUNAS EN BOLSA


Los políticos consejeros de las empresas amasan un millón de euros en Bolsa


El que más acciones tiene es José Borrell. El ex candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, hoy peso pesado de Abengoa cuenta con 341.695 títulos con un valor de mercado de unos 740.000 euros.
Para Felipe González, el año bursátil ha sido estupendo. Casi ha multiplicado por dos el valor de sus 1.902 acciones en el grupo gasista, que ahora suman unos 35.000 euros.

Arrecia la tormenta en el sector eléctrico, pero no truena para todos igual. Para algunos, como los once consejeros del sector energético procedentes de la alta política y la Administración, incluso ha salido el sol. Después de un extraordinario año bursátil, el valor conjunto de las acciones del club de kilowatio en manos de las viejas glorias de la política española ha roto el listón del millón de euros.

A sus jugosas retribuciones como miembros del máximo órgano de administración de las compañías, lo ex altos cargos públicos suman paquetes de títulos más o menos suculentos. Nadie tiene más que José Borrell. El ex candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, ex presidente del Parlamento Europeo y hoy peso pesado de Abengoa cuenta con 341.695 acciones de la compañía con un valor de mercado de unos 740.000 euros.
Las últimas compras las realizó en pasado mes de noviembre, con muy buen ojo por cierto. Adquirió títulos alrededor de 1,5 euros por acción que hoy valen cerca de 2,2. No obstante, Abengoa es uno de los grupos con intereses energéticos con una evolución bursátil más discreta en 2013, tocado por la reforma eléctrica aprobada el pasado verano que ha hecho especial mella en la compañía por el recorte a las primas de las energías renovables.
El que fuera Secretario de Estado con Rodrigo Rato al frente del Ministerio de Economía, Ricardo Martinez Rico, también es consejero de Abengoa. Cuenta con un paquete de 2.567 acciones mucho más modesto que el de Borrell, el hombre que hizo carrera en la política de la mano de Felipe González. El político catalán se embolsa 300.000 euros al año como consejero de Abengoa -es el presidente del consejo asesor internacional y de la comisión de nombramientos y retribuciones-, más del doble que el sevillano como consejero de Gas Natural.
Para González el año bursátil ha sido estupendo. Casi ha multiplicado por dos el valor de sus 1.902 acciones en el grupo gasista, que ahora suman unos 35.000 euros. Ningún otro grupo energético sube tanto este año en bolsa. Luis Carlos Croissier y Mario Fernández en RepsolJosé Folgado en Red Eléctrica, Marcelino Oreja en Enagás y Ángel Acebes en Iberdrola también han disfrutado de la subida entre el 18% y el 25% de las cotizaciones de las empresas de cuyo consejo forman parte.
Además, Miquel Roca tiene pequeñas participaciones en Endesa y ACS que conjuntamente no superan los 10.000 euros de valor efectivo. Y sólo uno de los consejeros públicos del sector no tiene una sola acción. Se trata de Miguel Boyer en Red Eléctrica, que este año acumula una gran subida del 36% en bolsa. La peor parte es para Carlos Espinosa de los Monteros, alto comisionado del Gobierno para la Marca España y con rango de secretario de Estado. Cuenta el segundo paquete de acciones más elevado después del de Borrell en Abengoa. Sus 3.000 acciones de Acciona valen alrededor de 120.000 euros, una cifra que era sensiblemente más elevada cuando empezó el año. El grupo controlado por la familia Entrecanales ha perdido una cuarta parte de su valor en bolsa este año por el impacto de la reforma. Es la excepción a la regla de un año en el que las eléctricas han recuperado las buenas sensaciones en el parqué. Los discutidos ex cargos públicos que pueblan sus consejos de administración han hecho un pingüe negocio.

sábado, 21 de diciembre de 2013

ESPAÑA: EX-PRESIDENTES, EX-MINISTROS Y EX-POLITICOS CON EMPLEOS EN LAS CUPULAS DE LAS ELECTRICAS


Presidentes, exministros y padres de la Constitución, en la cúpula de las eléctricas

Varios son los políticos españoles que, tras abandonar su cargo público, son elegidos para formar parte de los Consejos de Administración o asesorías de empresas privadas 


El expresidente del Gobierno, José María Aznar.
El Gobierno de Mariano Rajoy y las compañías eléctricas se encuentran enfrentadas desde esta semana debido a la subasta que presiona un 10,5% al alza el recibo de la luz. Dicha subasta ha concluido con la mayor subida del precio en 16 años. El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, calificaba de "inaceptable" el resultado y anunciaba una invalidación si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apreciaba "manipulación" en la misma. La Comisión decidió finalmente no darla por válida por "circunstancias atípicas". 
Pese a este incipiente enfrentamiento entre Gobierno y eléctricas, no siempre han sido malas las relaciones que los políticos establecen con los líderes de las empresas privadas. Dichas uniones, conocidas con el nombre de "puertas giratorias", ha estado presente desde hace años en las acciones de los que gobiernan y tienen el poder en España ya que, son muchos los quedurante su mandato tomaron decisiones sobre empresas a las que llegarían años más tarde. 
Varios son los políticos españoles que, tras abandonar su cargo público, son elegidos para formar parte de los Consejos de Administración o asesorías de empresas privadas. Desde los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Felipe González, hasta exministros de ambos Ejecutivos como Pedro Solbes o Ángel Acebes son o han sido consejeros, asesores o presidentes de grandes compañías eléctricas. 

Endesa

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, fichó en enero de 2011 por Endesa, empresa que vio completa su privatización durante su mandato, concretamente en mayo de 2011. Aznar se convirtió en asesor externo de la compañía principalmente en proyectos en Iberoamérica y, según fuentes empresariales, cifraban su retribución alrededor de los 200.000 euros anuales.  
La sociedad a través de la que Endesa articula buena parte de su actividad en Sudamérica, Enersis, incluía en marzo de 2003 a Elena Salgado, exministra de Economía, como consejera de su filial en Chile (Chilectra). Según fuentes de la eléctrica, la exvicepresidenta económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cobraría entre 35.000 y 70.000 euros anuales.
El actual ministro de Economía, Luis de Guindosdejó su cargo en diciembre de 2011 como vocal del Consejo de Administración de Endesa y miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, como consecuencia de su incorporación al Gobierno de Mariano Rajoy.  
El que fuera portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso del año 1997 al 1995 y uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca Junyent, ha ostentado varios cargos dentro de la compañía eléctrica. Además de poseer 363 participaciones directas, Roca ha sido Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento, Vocal externo-independiente del Consejo de Administración y también del Comité de Nombramientos y Retribuciones. 

Enel

El grupo multinacional con sede en Italia, es un operador integrado activo en los mercados de electricidad y gas de Europa y Latinoamérica. Enel posee el 92,06% del capital social de Endesa y entre sus filas se encuentra el exministro de Economía del Gobierno de Felipe González, Pedro Solbes. Forma parte de la Junta Directiva con el cargo de consejero independiente no ejecutivo desde mayo de 2011. Solbes recibiría una retribución básica de 85.000 euros anuales según recogen los estatutos del grupo italiano. 

Gas Natural Fenosa

El expresidente del Gobierno, Felipe González, fichó por Gas Natural en el año 2010 comoconsejero independiente con una participación directa de 1.902 acciones. Por dicho cargo, González recibe 126.000 euros brutos anuales más dietas y comisiones. 
Por otro lado, el que fuera ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno de Felipe González,Narcís Serra, fue consejero de la compañía durante aproximadamente 3 años. Llegó a Gas Natural en abril de 2008 como vocal dominicial propuesto por Catalunya Caixa, entidad de la que era presidente en ese momento y dimitió en diciembre 2011.  

Red Eléctrica

Dentro de los miembros del Consejo de Administración de Red Eléctrica se encuentran varios políticos españoles desde Miguel Boyer hasta José Folgado que desempeña la función de presidente desde mayo de 2012.  Folgado fue nombrado secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda en el año 1996. En abril de 2000 fue nombradosecretario de Estado de Economía, de Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa y desde julio de 2002 hasta marzo de 2004 fue secretario de Estado de la Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, en el entonces Ministerio de Economía.
Miguel Boyer, exministro de Economía del Gobierno de Felipe González, fue nombradoconsejero independiente de Red Eléctrica en abril de 2010. También forman parte del Consejo María de los Ángeles Amador, exministra de Sanidad del Gobierno socialista de González.
Arantxa Mendizábal, diputada del PSE por Bizkaia y portavoz de Industria del PSOE abandonó su escaño en 2008 para formar parte de REE. En marzo de 2012, salió del consejo como vocal debido a la renuncia de dos consejeros independientes: Ignacio López del Hierro -marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal- y Alberto Nadal. Por otro lado, el que fuera ministro con Felipe González, Luis María Atienza, fue presidente de REE cargo que abandonó en marzo de 2012.

Iberdrola

Dentro del Consejo de Iberdrola se encuentra el exministro del Partido Popular Ángel Acebes,nombrado consejero externo en abril de 2012.También el que fuera expresidente del Congreso de los Diputados durante la primera legislatura de Zapatero, Manuel Marín, es el actual presidente de la Fundación Iberdrola desde julio de 2008 a propuesta del presidente de la compañía. 
José Luis Olivas, expresident de la Generalitat valenciana, fue nombrado Consejero Dominical, designado a instancia del accionista significativo Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, y miembro de la Comisión Ejecutiva Delegada en julio de 2007. En mayo de 2012 dimitió de su cargo tras abandonar también la presidencia de Bancaja. 

Hidroeléctrica del cantábrico

La titular de Exteriores del último Gobierno de Aznar, Ana Palacio, fichó por HC en junio de 2012como consejera.

jueves, 5 de diciembre de 2013

CONTINUAN LOS DESPIDOS FULMINANTES EN HACIENDA, INCLUSO POR TELEFONO

Cadena de destituciones por teléfono en la Agencia Tributaria

  • El organismo ha destituido a cinco altos cargos en un sólo día

  • Tres delegados regionales, de Castilla y León, Galicia y Cantabria, han sido cesados

  • También los jefes de planificación y de control aduanero de grandes contribuyentes




Santiago Menéndez señalando.
Cinco altos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT) han sido destituidos este jueves. Al menos tres delegados regionales, los de Galicia, Cantabria y Castilla y León, han recibido esta mañana una llamada telefónica del director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, para comunicarles su cese.
Asimismo, han sido cesados la directora de servicio de planificación y relaciones institucionales de la propia Agencia y el jefe de dependencia de Control Tributario y Aduanero de la delegación central de Grandes Contribuyentes.
Los delegados especiales, que son los máximos jefes regionales de la Agencia, fueron nombrados por la anterior directora de la AEAT,Beatriz Viana, que salió de su cargo por el escándalo del DNI de la Infanta Cristina.
Según fuentes fiscales, la dirección de la Agencia, que tenía previsto este ajuste en la estructura orgánica para enero, ha decidido adelantar "el cambio organizativo" tras la dimisión del Jefe de la Inspección, Luis Jones, mientras que en fuentes del Gobierno se insiste en que se trata "de un proceso habitual de reasignación de puestos de confianza".
La Agencia Tributaria ha nombrado a Luis María Sánchez González nuevo director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria en sustitución de Luis Jones. Sánchez González ocupaba el cargo de subdirector general de Planificación y Control del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y es inspector de Hacienda del Estado desde 2000.

Baile de nombres

La hasta ahora directora del servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, Elena Guerrero, será sustituida por Ángel Rodríguez Rodríguez, que ocupaba el puesto de jefe de equipo en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
Eduardo Córdoba Ocaña, hasta ahora jefe de equipo en la delegación central de Grandes Contribuyentes será el nuevo jefe deDependencia de Control Tributario y Aduanero de dicha delegación, en sustitución de Ignacio Ucelay Sanz.
Por otra parte, Georgina de la Lastra y Leralta, será la delegada especial de la AEAT en Castilla y León, mientras que María Imelda Capote Martín, ocupará el mismo cargo en Galicia.
El reemplazo de Adrián F. Montejo Jiménez como delegado especial de la AEAT en Cantabria está pendiente de decisión.

jueves, 28 de noviembre de 2013

" CONTROL POLITICO DE LOS PERITOS JUDICIALES EN CASOS DE CORRUPCION" HACIENDA NO INTERVENDRA EN LOS NOMBRAMIENTOS


Se estrecha el control político de los peritos en casos de corrupción

  • El director de la Agencia Tributaria intervendrá directamente en sus nombramientos



El director general de Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en la...
El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, un cargo político nombrado por el Gobierno, será quien realice la designación última de los peritos judiciales en los casos en que los jueces soliciten estas labores en causas por delitos fiscales, blanqueo de capitales u otros.
En concreto, según una instrucción enviada a los directores y delegados de la Agencia, esta dirección intervendrá en los nombramientos de estos funcionarios en los casos que lleven los juzgados, tribunales y órganos del ministerio fiscal con competencia en todo el territorio nacional.
Se trata de las causas en que interviene la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Estos organismos son los que suelen encargarse de los casos judiciales más llamativos, muchos de ellos relacionados con la corrupción o de, por ejemplo, personas aforadas, desde políticos a representantes institucionales.
El gabinete de Menéndez tramitará todas las solicitudes de los jueces
El responsable de la Agencia Tributaria envió el 4 de octubre la Instrucción 2/2013 a los directores de los departamentos y servicios del gabinete, delegados central de grandes contribuyentes y especiales «sobre la designación de funcionarios como peritos o en otras funciones de auxilio social».
Según el escrito, «no existen disposiciones o convenios que fijen un procedimiento de actuación de la Agencia en estos supuestos». Por ello, «se considera conveniente dictar algunas reglas en esta materia otorgando carta de naturaleza a lo que ya en buena medida se está haciendo en la práctica».

'Delimitar las actuaciones'

Por si había dudas del objetivo de la Instrucción, se aclara que tiene por objeto «delimitar las actuaciones» que corresponden a los distintos órganos de la Agencia para que todas las demandas sean remitidas al gabinete de la dirección general para el posterior nombramiento. Es decir, se establece una especie de tubo hacia arriba para centralizar las solicitudes. Es más, se exige a todos los órganos de la Agencia que trasladen a ese gabinete cualquier petición judicial «cuya tramitación no sea de su competencia».
La propuesta de designación se «elevará» al director para que la firme
En el punto 2 de la Instrucción tercera se determina el protocolo de actuación sobre las peticiones de juzgados con competencia nacional, es decir el Supremo y la Audiencia Nacional. Así, se establece que será «el gabinete de la dirección general quien llevará a cabo la tramitación» de todas las solicitudes que lleguen.
Éste recabará una propuesta de designación. Después, elaborará el acuerdo de nombramiento de los funcionarios, que «elevará a la dirección general». Y «una vez firmado», se entiende que por el responsable de la Agencia Tributaria, el mismo departamento remitirá el acuerdo con el nombramiento al juzgado peticionario.
Sin embargo, fuentes del ámbito tributario señalan que «hasta ahorael responsable de la Agencia no intervenía directamente en los nombramientos de los peritos».

Informar a los órganos políticos

Lo habitual, cuando llega el oficio del juzgado, «es que decidan los jefes de los órganos de la Agencia», añaden fuentes próximas al organismo. Incluso, a veces los jueces piden inspectores que conocen profesionalmente. Pero, ahora deben ser informados los órganos políticos de la Agencia, que decidirán quién presta esa ayuda. «Lo que puede inducir a sospechas, ya que puede nombrarse a alguien de confianza para determinados casos», añaden las mismas fuentes.
En medios políticos se reconoce que «en casos muy puntuales se solía informar al responsable de la Agencia sobre los designados, pero nunca los elegía».
Curiosamente, en el preámbulo se señala que los peritos no han de dar cuenta a la Agencia de su labor en el proceso. Pero, tampoco pueden acceder a la información tributaria a efectos de su labor, «salvo habilitación expresa». Es decir, a un perito se le podría negar este acceso en cualquier momento si resulta incómoda su actuación, apuntan fuentes tributarias. En los casos de auxilio social, sí pueden acceder a las bases de datos tributarias.