ESPAÑA: COLECTIVO DE SECRETARIOS JUDICIALES MANIFIESTAN QUE EL MODELO DE GALLARDON ES "TRASNOCHADO"

Secretarios judiciales progresistas: El 

modelo de Gallardón es "trasnochado"

  La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha tildado de"trasnochada" y "decimonónica" la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial y ha criticado que resucita al "juez del siglo XIX", en contra de lo que defiende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. A su juicio, es un "brindis al sol" puesto que no se desarrollará hasta que entre en vigor la nueva Ley de Demarcación y Planta.

   El portavoz de la asociación, Carlos Artal, ha denunciado en declaraciones a Europa Press que el anteproyecto arrebata competencias propias de los fedatarios públicos, como la organización de la oficina judicial, para entregárselas al juez a través de acuerdos gubernativos.

   Ha mostrado su malestar porque los secretarios judiciales pasen a denominarse 'Letrados de la Administración de Justicia' ya que transmite la idea equivocada de que son "asesores jurídicos" con un carácter administrativo, frente al "resolutivo y directivo" que realmente tienen. Según dice, sería más favorable al nombre de "letrado judicial".

UNA REDACCIÓN "HORROROSA"

   "En un primer examen del anteproyecto, estamos enfadados y decepcionados. Nos sentimos engañados porque no han mantenido nada de lo que se nos dijo en todas las reuniones, como es la consolidación de la tercera categoría", ha explicado Artal, que ha calificado de "horrorosa" la redacción del texto y ha reprobado que los tribunales provinciales de instancia no se incardinen con el modelo de Oficina Judicial.

   En su opinión, se resucita la superior inspección de los juzgados y tribunales y se prosigue con la utilización de sistemas electrónicos "obsoletos" como Minerva. Por todo ello, ve necesario un diálogo entre las asociaciones y un pacto de Estado por la Justicia. "Se ha actuado de forma unilateral", ha concluido.

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ESPAÑA: EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, TORRES DULCE, REPROCHA A GALLARDON NO HABER CONSULTADO LA REFORMA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

Torres-Dulce reprocha a Gallardón no 

haber consultado con los fiscales la 

reforma de la Justicia Universal

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha sumado también hoy a las críticas a la reforma de la justicia universal y lo ha hecho en publico y en presencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Torres Dulce ha asegurado que la Fiscalía “no tendría inconveniente” en que el Tribunal Constitucional, “el máximo órgano de garantías constitucionales” analice la reforma de la Justicia Universal. “Si lo plantean los jueces seríamos sensibles a examinar el caso”, ha asegurado durante su intervención en un desayuno organizado por Europa Press.?No contento con estas afirmaciones, el fiscal general ha reprochado además al titular de Justicia la forma en que se aprobado la reforma. Pese a “entender y respetar” que la reforma se haya efectuado siguiendo la vía de presentación de una iniciativa de proposición legislativa, Torres-Dulce ha indicado que a los fiscales les habría “agradado” se les hubiera preguntado.

El fiscal general ha recordado que los fiscales de la Audiencia Nacional le hicieron llegar un escrito en el que se ponía de manifiesto que la reforma “podría dificultar la investigación de casos de narcotráfico y terrorismo” y ha  asegurado que Justicia “ha tomado nota de los aspectos de la ley que se puedan mejorar”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Galladón, encargado de presentar a Torres-Dulce en el acto ha asegurado que “nunca ha violentado la necesaria imparcialidad” del Fiscal General del Estado, a quien se ha referido como uno de “los mejores servidores del Estado”, y que precisamente por esta “imparcialidad absoluta” en todas sus actuaciones es por lo que el Gobierno promovió su designación para el cargo.

Gallardón ha señalado que es consciente de las “controversias y dificultades” que rodean la figura del Fiscal General y ha recordado que ésta se regula en el mismo título de la Constitución en el que se habla del Poder Judicial, aunque su designación sea a propuesta del Ejecutivo. “El del Fiscal General es el único nombramiento en el que participan los tres poderes del Estado, ya que su designación, a propuesta del Gobierno, se realiza oído el Consejo General del Poder Judicial y superado el trámite de comparecencia en el Parlamento”, ha relatado.

Ante estas afirmaciones, Torres-Dulce, al tomar la palabra, ha reconocido que el ministro de Justicia siempre ha concebido el ministerio fiscal como un “órgano dotado de total autonomía” y que ha defendido de forma “completa” esta autonomía en el ámbito de actuación de la Fiscalía General del Estado.

Abuso de la acción popular

Preguntado por la introducción en un borrador de la reforma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de medidas que limiten la acción popular, Torres Dulce ha contestado.

A lo largo de su intervención, el fiscal general ha eludido responder a las preguntas referidas al problema migratorio y se ha limitado señalar que se trata de un fenómeno que “humanamente es una tragedia” pero que debe ser tratado siempre “con los instrumentos del Estado de Derecho”. Ha recordado que se dispone de una Fiscalía, la de Inimigración “muy especializada” que se ocupa de estas cuestiones y tampoco ha querido opinar sobre las denominadas “devoluciones en caliente”, ya que su regulación corresponde a criterios “políticos y legislativos”·

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ESPAÑA: LOS INDULTOS DE GALLARDON A LOS CORRUPTOS

Los indultos que ha concedido Gallardón a corruptos

El ministro Gallardón dijo que "no se indulta a políticos que se hayan llevado dinero al bolsillo". Pero sí hay casos.

La Fundación Ciudadana Civio ha replicado este jueves al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que durante su mandato se han concedido hasta 8 indultos relacionados con delitos de corrupción como malversación y prevaricación.

De esta forma la asociación ha respondido a las afirmaciones hechas en Barcelona por el titular de Justicia, que aseguró que "no ha concedido ni un solo indulto" a condenados por corrupción, aunque hoy en el Congreso ha dicho que el Ejecutivo no ha indultado ni lo hará "jamás" a ningún político que se haya llevado el dinero público a "su bolsillo".

En el centro, el ex alto cargo de CiU indultado

Foto: Efe

En un comunicado, la Fundación Ciudadana Civio ha recordado que el Gobierno ha indultado a José María Servitje Roca, un alto cargo de Jordi Pujol que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por desviar dinero público a empresas afines en el marco del caso Treball.

Servitje era secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat y fue condenado a cuatro años y medio de prisión. Por el mismo caso, el empresario Manuel Lorenzo Acuña fue condenado a dos años de prisión. Gallardón, firmó el 17 de febrero de 2012 un Real Decreto por el que se les indultaba. 

Al ex alto cargo se le condenó por desviar 46.157,73 euros entre 1994 y 1995, cuando gobernaba CiU, mediante la adjudicación de estudios falsos.

El alcalde malagueño del PP que fue indultado por Gallardón

Foto: Efe

También han subrayado, entre otros casos, que Justicia ha firmado el indulto al alcalde malagueño Tomas Gómez Arrabal y varios de sus concejales, todos del PP de la localidad de Valle de Abdalajís, porprevaricación urbanística, que ejercieron de manera continuada a lo largo de cuatro años por concesiones ilegales de licencias de obra. 

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ESPAÑA: GALLARDON IGNORA AL SUPREMO Y SIGUE COBRANDO TASAS PARA RECURRIR LOS DESPIDOS

Gallardón ignora al Supremo y recupera las tasas judiciales para recurrir los despidos

El Gobierno no incluye los recursos laborales en segunda instancia en el proyecto de ley de la Justicia Gratuita.

El Gobierno aprobó el pasado viernes un proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita para que, en palabras del ministro de Justicia, “nadie se quede fuera de los tribunales". Lo que no dijo Alberto Ruiz-Gallardón es que con esta ley los trabajadores volverán a pagar en segunda instancia las tasas judiciales en los recursos que presenten contra despidos, salarios pendientes o indemnizaciones laborales, entre otros, con el agravante de que el Supremo se pronunció en contra de esta medida en junio de 2013. 

El Sindicato de Secretarios Judiciales ha sido el que ha dado la voz de alarma al subir a su página web una información en la que critica este proyecto de ley y advierte que con él “asistiremos a nuevos retrocesos, como es el caso del pago de tasas judiciales por los trabajadores en el orden jurisdiccional social”. 

Concretamente, el Artículo 4.2 del proyecto de ley establece que “En el orden jurisdiccional social, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para la primera instancia sin necesidad de acreditar previamente carecer de recursos a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social”, obviando la segunda instancia.

A mediados del año pasado, el Tribunal Supremo acordó que los trabajadores, los funcionarios o personal estatutario, los beneficiarios de Seguridad Social y los sindicatos cuando representan los intereses de los trabajadores están exentos de pagar las tasas cuando interpongan recursos de suplicación o de casación en la jurisdicción social. El Alto Tribunal se basó en el Artículo 119 de la Constitución que establece que “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar".

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ESPAÑA: LA FISCALIA SE NIEGA A QUE GALLARDON DECLARE COMO TESTIGO

La Fiscalía se opone a que Gallardón declare como testigo en el caso Nóos

• Anticorrupción presenta un escrito en el que solicita la denegación de las pruebas

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante el juez José Castro en el que solicita la denegación de las pruebas solicitadas por la defensa de Diego Torres en relación a la actividad del Instituto Nóos en Madrid. En dicho escrito, el fiscal muestra su rechazo a que el magistrado llame al ministro Alberto Ruiz-Gallardón a declarar como testigo del caso para que explique cómo se negoció el convenio por el que una entidad sucesora de Nóos percibió 144.000 euros públicos para preparar la candidatura olímpica de Madrid 2016, sin que en la actualidad haya constancia de los trabajos realizados.

El ex socio de Iñaki Urdangarin presentó el pasado 21 de enero un escrito plagado de correos, cartas y fotografías, en el que solicitaba al juez Castro que citara como testigo a Ruiz-Gallardón para que explicase su relación con el duque y las actividades que realizó para el Instituto Nóos, según adelantó Germán González en EL MUNDO.

Dicho escrito detallaba todo el proceso para la elaboración del libro de Urdangarin y Torres El patrocinio visto por sus protagonistas, que contó con un prólogo del actual ministro y su participación, como principal invitado, en la presentación que se hizo en Madrid en marzo de 2006.

En su escrito, Torres solicitaba también la citación del ex ministro de Industria José Montilla y del ex secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, entre otros, para que aclaren su intervención en las negociaciones sobre este pago, efectuado por la sociedad pública Madrid 16 en favor de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), informa Europa Press.

La defensa de Torres aseveraba que Gallardón debería haberse ofrecido a declarar voluntariamente en lugar de "afanarse en desvelos ajenos al proceso", en referencia a sus afirmaciones en torno a la forma como la Infanta Cristina, citada por su parte el próximo 8 de febrero, debe descender la cuesta de los Juzgados de la capital balear.

El juez Castro, el pasado mes de septiembre, ya desestimó abrir una pieza separada dirigida a investigar el papel que jugó Gallardón, en el convenio por el que la Fundación pública Madrid 16 abonó unos 140.000 euros de forma presuntamente irregular a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), entidad considerada sucesora del Instituto Nóos.

En su auto, el magistrado justificaba que hasta entonces no había aparecido en la causa dato alguno "revelador" de que el entonces alcalde de Madrid mantuviera reuniones, directa o mediante alguna persona interpuesta, con Urdangarin o cualquier otro responsable de la FDCIS, u otras actuaciones "tendentes a apartar de los cauces obligados o habituales la concertación del convenio que entre ambas fundaciones acabó suscribiéndose".

Sin embargo, el abogado de Torres apunta en su escrito que "es evidente que existía una relación entre Urdangarin y el actual ministro de Justicia, que venía de tiempo atrás". Una relación que, afirma, se centraba en aspectos "meramente deportivos ajenos a Nóos", como el vinculado a la colaboración del Duque de Palma en la candidatura olímpica de Madrid, mientras que en otras "los contactos sí tenían que ver de modo más directo con Nóos y los proyectos que malintencionadamente se ponen en tela de juicio".

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ESPAÑA: EL SUEGRO DE GALLARDON PROMETE SEGUIR EL EJEMPLO DE LA ULTRADERECHA DE BLAS PIÑAR

El suegro de Gallardón promete seguir "el 

ejemplo" 

del líder ultraderechista Blas Piñar

José Utrera Molina, ministro de la Vivienda y secretario general del Movimiento con Francisco Franco, es el autor de la necrológica con la que ABC traza el retrato de Blas Piñar, el líder de la ultraderecha española fallecido ayer. Utrera Molina, padre de Mar Utrera, esposa del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, despide a su colega prometiendo "seguir tu ejemplo".

Bajo el título Prototipo de una España ya desconocida, Utrera Molina asegura que el fallecido político -al que conoció en la década de los 40 del siglo pasado- tuvo que hacer frente a "ataques injustos y a críticas demoledoras" y que se va el "mejor" de los "españoles de nuestro tiempo".

El ex ministro también sostiene, frente a la opinión general, que "Blas no fue nunca fascista, se comportó siempre como un soldado enamorado y ajeno a galas innecesarias".

Alaba que "jamás dobló su espada ante nadie, ni ante el mismo Franco, Caudillo de España, al que sirvió con lealtad crítica e incomprendida y quien le alabó ante mí en más de una ocasión".

"Blas era el prototipo de una España ya desconocida que pasó a la Historia, pero que un día volverá con resplandores, con canciones y con himnos a alegrar un poco nuestro corazón entumecido", advierte.

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ESPAÑA: EL JUEZ CASTRO LLAMARA A DECLARAR A GALLARDON EN EL CASO NOOS

El juez Castro, dispuesto a citar a declarar a Ruiz Gallardón en el 'caso Nóos'

Castro está dispuesto a citar a declarar como testigo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Ha pedido su opinión al Fiscal y las partes. El Ministerio de Justicia asegura que "no ha dado instrucciones a la Fiscalía para que se oponga". 

José Castro está dispuesto a citar a declarar como testigo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Así lo revelan fuentes cercanas al magistrado que aseguran que el juez contempla tomar declaración al ministro con el mismo sistema con el que declaró Francisco Camps, es decir, por escrito y en su despacho. El magistrado tomará una decisión definitiva pasados los diez días que ha dado de plazo a las partes para que se pronuncien sobre las pruebas aportadas por Diego Torres: trece e-mails, mensajes y fotografías que probarían la relación entre Urdangarin y el exalcalde que --según el socio del duque de Palma-- derivaron en el pago de 144.000 euros del Ayuntamiento de Madrid al Instituto Nóos.

Fuentes de su entorno subrayan que la predisposición actual del magistrado es la de dar al exresponsable del Ayuntamiento de Madrid "el mismo trato" que se dispensó al expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y al expresident de Baleares Jaume Matas, a los que el juez instructor del 'caso Nóos' ha citado como testigos. 

Justicia asegura que "no ha dado instrucciones a la Fiscalía para que se oponga"

La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, se pronunciará a favor de esa declaración según su abogada, Virginia López Negrete, que ya reclamó en septiembre la imputación de Gallardón.La Fiscalía y la Abogacía del Estado no se han pronunciado sobre la declaración de quien es jerárquicamente su superior. El Ministerio de Justicia asegura que "no ha dado instrucciones a la Fiscalía para que se oponga a la declaración". Castro anunciará su decisión después del 8 de febrero, la fecha en que debe declarar la infanta Cristina. 

Un mensaje del juez

El pasado mes de septiembre, el juez desestimó citar a declarar como imputado al exalcalde de Madrid, tal y como pedía la acusación popular. Castro pudo entonces haber dictado su toma de declaración en calidad de testigo pero renunció a hacerlo. Cuatro meses después el socio de Urdangarin ha aportado nuevas pruebas que pueden variar la decisión del magistrado. Fuentes de su entorno aseguran que será la única clave de su decisión aunque reconocen que en estos cuatro meses la campaña de desprestigio contra el magistrado y las presiones políticas que ha recibido la causa pueden también jugar contra Gallardón al que el mensaje de "todos iguales ante la ley" obligaría a citar como se citó a Camps o a Matas. 

El Ministerio asegura oficialmente que "confía en que el pronunciamiento del juez será el mismo al que ya tuvo el pasado mes de septiembre" y que, por tanto, se "descartará la prueba testifical".

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GALLARDON SE NIEGA A REFORMAR LA LEY DEL INDULTO

Gallardón se niega a reformar la Ley del indulto

La sentencia del Supremo que revoca la medida de gracia concedida al kamikaze emplaza al ministro a explicar sus motivaciones, algo a lo que se opone Gallardón que ahora también tendrá que decidir si indulta a Jaume Matas

El Congreso volverá a debatir al inicio del periodo de sesiones dos proposiciones de ley de la Izquierda Plural y del PSOE

Los grupos de la oposición creen que ha llegado la hora de que estas medidas “arbitrarias” tengan que estar “motivadas” y se sometan al control parlamentario

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, vuelve a estar en el punto de mira en este nuevo periodo de sesiones que el Congreso inicia formalmente a medidos del próximo mes de febrero. Y no únicamente por el enorme revuelo que ha organizado con su controvertida reforma del aborto, que también. El polémico indulto que el ministro otorgó en diciembre de 2012 a Ramón Jorge Ríos Salgado, el conductor kamikaze que en 2003 mató a un joven de 25 años en una autovía valenciana, sigue coleando tras la decisión del Supremo de anular la medida. Esa sentencia y el hecho de que el exministro Jaume Matas esté pendiente de que el Gobierno decida sobre su indulto para ingresar en prisión, ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar una vetusta ley que data de 1870 y que fue modificada por Felipe González en 1988 precisamente para evitar tener que justificar las medidas de gracia. Pese a las peticiones de la oposición, Gallardón se niega a reformar la Ley del indulto.

Las posibilidades de Matas de que su antiguo compañero de filas y ahora todopoderoso ministro le saque del apuro son casi nulas pero de momento así alarga los tiempos, por si acaso. Y con la temperatura política tan caliente, Gallardón tampoco quiere tocar más el caso del kamikaze y ha anunciado que no revisará su indulto porque, según ha reconocido, “introducir una nueva exigencia de motivación es algo que modificaría de facto la vigente Ley de Indulto" y eso es algo que no parece dispuesto a propiciar.

En el Congreso, al ser preguntado por la oposición sobre las causas que le llevaron a decretar tan polémica excarcelación, Gallardón aseguró que el kamikaze -al que se relacionó con uno de sus hijos y al despacho de abogados donde trabaja-, sufría procesos de “epilepsia” por lo que el atropello fue involuntario. Las asociaciones de afectados por esa enfermedad se le echaron encima.

El abogado de Ríos Salgado ha recurrido la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional que será el que diga la última palabra. Pero hasta que esto ocurra Ríos Salgado ingresará de nuevo en prisión. Lo hará el próximo 7 de febrero para seguir cumpliendo los 13 años a los que fue condenado y de los que solo ha agotado 10 meses.

Ante esta situación tan atípica ya que jamás un indulto había sido anteriormente anulado integramente por ningún tribunal -el del exbanquero Alfredo Sáenz que le otorgó Zapatero lo fue solo parcialmente-, los grupos de la oposición parlamentaria creen que ha llegado el momento de que se cambie la ley. Hasta ahora, todos los intentos que han hecho en ese sentido han sido inútiles. El PP y CiU se han negado sistemáticamente a ello. Pero en febrero o a más tardar en marzo, el pleno del Congreso tendrá que debatir dos nuevas proposiciones de ley, una del PSOE y otra de la Izquierda Plural, en la que ambos grupos coinciden en pedir que estas medidas de gracia tengan que ser “motivadas”, se sometan al control del Parlamento y queden excluidas de ellas los delitos relacionados con la corrupción.

El diputado valenciano del PSOE, Ximo Puig, en declaracionesa eldiario.es, defiende estos cambios que no hizo antes su partido “para adaptar la ley al siglo XXI” y alega que el indulto al kamikaze valenciano ha causado una “grave alarma social”. Puig afirma además que las peticiones de indultos del PP para varios de sus cargos públicos condenados por corrupción – como el del expresidente balear, que ha pedido el propio Matas, o el del exalcalde de Torrevieja, Hernández Mateo, para el que se están recogiendo firmas-, obligan a modificar una legislación “obsoleta” para que “incumplir la ley no le salga gratis a algunos”.

En su proposición de ley los socialistas exigen también que los indultos requieran la conformidad del magistrado o tribunal sentenciador, mientras la Izquierda Plural quiere que el Gobierno remita cada seis meses a la Comisión de Justicia copia de los expedientes de indultos concedidos y que éstos se hagan públicos para que los ciudadanos puedan conocer la utilización de esta medida, que siempre ha sido absolutamente discrecional.

Por su parte, UPyD también se ha encontrado en varias ocasiones con el ‘no’ del PP a sus pretensiones de reforma de la ley. La ultima, a finales del mes de diciembre cuando el Ejecutivo dejó claro en respuesta a varias preguntas escritas presentadas por su portavoz, Rosa Díez, que “el Gobierno no se plantea la reforma de la ley del Indulto…”.

La postura del PNV no se aleja mucho de las pretensiones de los demás grupos de la Cámara baja, aunque los nacionalistas vascos no hayan presentado ninguna iniciativa con tal fin. El portavoz de Justicia, Emilio Olabarría, ha adelantado a eldiario.es que están de acuerdo con la mayoría de los cambios propuestos y que los apoyarán cuando sean debatidos por el pleno. "Debemos consensuar elementos y criterios de objetivación", opina Olabarría.

Sin embargo, el propio ministro de Justicia ha echado un jarro de agua fría al debate. Ha vuelto a insistir en que él, desde luego, no está por la labor.

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CRISIS INTERNA DEL PP: CIFUENTES EMPLAZA A GALLARDON A EXPLICAR EL REPARTO DE PILDORAS DEL DIA DESPUES

Cifuentes defiende la ley del 85 y emplaza a Gallardón a explicar el reparto de píldoras del día después

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha insistido este sábado en su defensa de la ley del aborto aprobada en 1985, que entiende como más idónea que las impulsadas por José Luis Rodríguez Zapatero y por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a quien ha emplazado a que explique por qué autorizó que el Ayuntamiento de Madrid, con él de alcalde, dispensara gratuitamente la píldora del día después a todas las adolescentes, incluidas las menores.

En una entrevista en el programa 'La Sexta Noche', Cifuentes ha comenzado planteando que no cree que haya "nadie partidario" del aborto, "algo traumático y que afecta a las convicciones personales" y que "no deja de ser un fracaso".

Dicho esto, la delegada del Gobierno ha pedido que cualquier reforma del aborto tenga el "máximo consenso" en su tramitación parlamentaria. Según Cifuentes, fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que planteó una ley de plazos que "removió el avispero de manera unilateral", a pesar de que el aborto "había dejado de ser un problema" para los españoles gracias a la ley aprobada en 1985 por Felipe González, luego asumida por José María Aznar.

"Estoy de acuerdo con una ley de plazos más que de supuestos, pero con la de Zapatero no", ha continuado, y ha argumento que esto se debe a que dicha norma permitía a las menores de 16 años abortar sin el conocimiento de sus padres, además de dispensar la píldora del día después sin prescripción médica, "utilizándose como método anticonceptivo a pesar de tener riesgo para la salud".

En este punto, ha sido preguntada por qué entonces el actual ministro de Justicia, en su etapa de alcalde de Madrid, fue el primer dirigente del PP en dispensar desde centros públicos la píldora del día después para todas las adolescentes, sin requerir para ello conocimiento de sus padres. "Eso es algo que tendrá que explicar el señor Gallardón porque fue él el que aplicó la medida", ha respondido, antes de insistir en que no se trata de un medicamento "inocuo".

Cifuentes ha señalado que la reforma de la ley del aborto era "necesaria" porque una parte del electorado del PP la reclamaba y porque era un compromiso electoral. Además, ha reconocido que tendría un "dilema" en caso de ser diputada y tener que votar la actual reforma, impulsada por Gallardón.

"Creo en la disciplina de voto", ha expuesto, "pero en determinados temas se tendría que plantear el voto en conciencia". En este sentido, ha pedido "no hacer dramas". "Dentro del PSOE no todo el mundo piensa igual respecto al aborto y a la ley de Zapatero. La sociedad es plural y así tenemos que ser los partidos", ha apuntado.

La delegada del Gobierno ha defendido otras políticas de su partido como la externalización de la sanidad en Madrid, la respuesta de Génova ante la "grandísima desgracia" de haber tenido un tesorero, Luis Bárcenas, encarcelado por supuestos delitos cometidos mientras desempeñaba su cargo, o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana apadrinada por el ministro Jorge Fernández Díaz.

También se ha referido a la posibilidad de que sea candidata a la Alcaldía de Madrid, algo que ve "absolutamente absurdo".Según ella, Ana Botella está gestionando la ciudad en el momento más complicado de los últimos 30 años. "No quiero ser candidata de nada ni me estoy postulando para nada, no estoy en ninguna guerra", ha terciado.

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