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sábado, 12 de abril de 2014

ESPAÑA: EL NEGOCIO DE LAS EMPRESAS CON LOS DESPIDOS


Empresas españolas obtienen millones de euros a costa de despidos


Las empresas españolas que cotizan en Bolsa repartieron en 2013 un total de 8.553 millones de euros (11.775 millones de dólares), tras el despido de 120.000 trabajadores.
Según un reciente informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la mayor parte de ese dinero corresponde a las incluidas en el Índice Bursátil Español (Ibex), cuyos dividendos sumaron en 2013 una cifra de 7.830 millones de euros (10.779 millones de dólares), aunque se quedaron un 32,5 por ciento por debajo de los del ejercicio precedente.
Entre tanto, los despidos de personal se concentraron el pasado ejercicio en el sector de comercio y servicios, que paradójicamente es el que repartió un mayor volumen de dividendos: 3.045 millones de euros (4.192 millones de dólares), más de un tercio del total.
Después de dejar en la calle a 120.000 personas, ese sector perdió un 18,3 por ciento de su empleo, muy lejos del 1,4 por ciento del energético y del 0,4 por ciento registrado en el financiero.
Las entidades de crédito y seguros cerraron 2013 con 440.185 trabajadores, unos 2.000 menos que un año antes, y eso no les impidió ganar 13.198 millones de euros (18.170 millones de dólares) y repartir 2.472 millones (3.403 millones de dólares) entre sus accionistas.
En las empresas industriales que cotizan en la Bolsa no sólo no se destruyeron, sino que se crearon 2.117 puestos de trabajo netos, mientras que los beneficios crecían un 2.000 por ciento, al pasar de 31 millones de euros (42.678.900 dólares) en 2012 a 602 millones (828.797.000 dólares) en 2013.

viernes, 21 de marzo de 2014

BRASIL: EL GOBIERNO INVESTIGA A 18 EMPRESAS POR CORRUPCION


Brasil investiga acusaciones de corrupción contra dieciocho empresas
Leer más: http://spanish.ruvr.ru/news/2014_03_20/Brasil-investiga-acusaciones-de-corrupci-n-contra-dieciocho-empresas-7189/



Brasil investiga acusaciones de corrupción contra dieciocho empresas


El gobierno de Brasil dijo estar investigando acusaciones de corrupción y de fijación de precios contra dieciocho empresas, entre ellas la alemana Siemens y Alstom de Francia.

La agencia antimonopolio de Brasil acusa a las empresas de formar parte de un cartel para fijar precios de la construcción y del mantenimiento de las redes de metro y tren en la capital, Brasilia, y cuatro estados, entre ellos Río de Janeiro y São Paulo.
No ha habido ninguna respuesta por parte de las empresas hasta el momento. BBC

martes, 11 de febrero de 2014

JAPON: 29.000 EMPRESAS CERRARON EN 2013


Suspendieron operaciones en Japón unas 29 mil empresas


Tokio, 11 feb (PL) Cerca de 29 mil compañías suspendieron sus operaciones en Japón en 2013, lo que representa un cuatro por ciento por encima del año anterior, indicó un estudio de la firma Tokyo Shoko Research.

De acuerdo con la entidad investigadora, la situación resulta preocupante ya que esa cifra es la más elevada desde el año 2000, en que se inició la compilación de ese tipo de estadísticas.

Entre las unidades que cerraron sus puertas el año anterior, el sector constructivo tiene el mayor porcentaje con el 29, seguido de Servicios, con el 22 por ciento, apuntó.

Al enumerar las causas que provocaron el cese de actividades, Tokio Shoko Research señaló que figura el alto costo de materias primas debido al yen más débil, así como un incremento en el costo de la mano de obra, sobre todo en el ramo de la construcción.

Recientemente el Ejecutivo japonés aprobó un paquete de reformas tributarias con el objetivo de fortalecer la economía de este país asiático, que posee un sistema financiero considerado estable.

Ese proyecto contempla la abolición del impuesto adicional que abonan las entidades desde marzo de 2011, a raíz del desastre atómico ocurrido en este país asiático.

FUENTE

jueves, 6 de febrero de 2014

ESPAÑA: LA QUIEBRA DE EMPRESAS Y AUTONOMOS EN 2013 SUBE A UN 6,5%

La quiebra de empresas y personas aumenta un 6,5% en 2013

Las empresas y personas declaradas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) ascendieron en 2013 a 9.660 lo que supone un aumento del 6,5 % respecto al año anterior y que este indicador económico haya marcado un nuevo máximo desde la entrada en vigor de la Ley Concursal en 2004.
La economía española se estanca en el tercer trimestre
En el cuarto trimestre del año se registraron 2.285 concursos, el 15,4 % menos que en el mismo periodo de 2012 y el 19,8 % más que en el trimestre anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Del total de concursos registrados en 2013, 8.934 correspondieron a empresas, con unincremento interanual del 10,4 %; y 726 a personas físicas sin actividad empresarial o familias, el 25,6 % menos que en 2012. Por tipo de concurso, 9.294 fueron voluntarios, el 8,2 % más que en 2012; en tanto que los necesarios o forzosos bajaron el 18,7 % y se situaron en 456.
En cuanto a la clase de procedimientos, 2.266 fueron ordinarios y 7.394 abreviados, cifras superiores en el 13,6 y el 4,5 %, respectivamente, a las de 2012. Entre las empresas que entraron en quiebra el año pasado, 6.928 eran sociedades de responsabilidad limitada (el 11,7 % más); 1.559 sociedades anónimas (el 10,2 % más) y 243 autónomos (el 22,9 % menos).
Por sectores de actividad, las empresas de la construcción continuaron liderando la declaración de concursos a pesar de retroceder en un 4,4 % respecto a 2012, hasta los 2.378 procedimientos. En transporte y almacenamiento bajaron el 17,7 % (298). El resto de sectores registraron incrementos de concursos, liderad+os por actividades administrativas, con un repunte del 60,6 % (461), y actividades profesionales, con una subida del 51,5 % (538).
Las comunidades autónomas que registraron un mayor número de concursos en 2013 fueron Cataluña (1.969), Madrid (1.403) y Comunidad Valenciana (1.244). Por el contrario, las autonomías con menos insolvencias fueron La Rioja (94), Cantabria (105) y Navarra (143), según la misma fuente.

martes, 4 de febrero de 2014

ITALIA: EL GOBIERNO PRIVATIZARA: ALITALIA, CORREOS, FINCANTIERI, SACE, Y OTRAS MAS


Primer ministro italiano anuncia importante plan de privatizaciones


“El plan de privatizaciones que estoy presentando será una gran oportunidad para invertir en Italia”, subrayó, tras dar más detalles sobre el proyecto de venta de empresas estatales.
Entre los sectores bajo la mira se encuentran el transporte aéreo. Letta estaría tratando de cerrar un acuerdo entre Alitalia y Ethiad, una compañía de los Emiratos Árabes.
Otros sectores que se pretenden privatizar son los de la manufactura avanzada, la logística y las inversiones financieras, aseguró el premier.
Letta se mostró orgulloso de que “por primera vez en 15 años Italia cuenta con un plan de privatizaciones por un valor de unos 12.000 millones de euros”.
“Este es el momento justo” para la venta de las empresas estatales, dado que “los mercados están listos: lo que decimos por ejemplo a los países del Golfo es que se trata de buenas oportunidades”, indicó.
El premier recordó los conglomerados que el Estado quiere privatizar, entre los cuales los Correos, Fincantieri (entre los mayores grupos astilleros del mundo), además de Sace (sociedad aseguradora de créditos y que protege inversiones).

sábado, 1 de febrero de 2014

VENEZUELA: EL GOBIERNO DEBE A EMPRESAS 13.000 MILLONES DE DOLARES


Venezuela: el gobierno les debe 13.000 millones 

de dólares a empresas

La Administración de Nicolás Maduro mantiene una deuda cada vez más grande, y que no da señales de disminuir, con el sector privado por las importaciones no liquidadas

Nicolás Maduro y Rafael Ramírez, vicepresidente del Área Económica
La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) informó, el pasado miércoles, que las empresas del rubrodeben a los proveedores 2.400 millones de dólares.
La causa es que, por la crisis cambiaria, el Gobierno no les liquida los dólares que compraron para adquirir los insumos importados necesarios para la producción. De mantenerse la situación, los proveedores podrían dejar de vender a estas empresas, lo que profundizaría el desabastecimiento que ya atraviesa Venezuela.
"Esta deuda debe solventarse. Es la única manera de mantener y, en algunos casos, reactivar la relación comercial con los proveedores internacionales", sostuvo Cavidea en el comunicado emitido.
Según informa El Universal, si se suman los montos adeudados a las líneas aéreas, los fabricantes de autopartes, laboratorios farmacéuticos, equipos médicos, industriales del plástico y telecomunicaciones, el total asciende a 13.000 millones de dólares. La situación es preocupante, ya que esa cifra representa el 61,6% de las reservas del Banco Central de Venezuela.
El caso paradigmático es el de las aerolíneas, ya que, a causa de la no liquidación de divisas, muchas han decidido cesar sus operaciones en el país.
Lejos de dar señales de buena voluntad para resolver la situación, el Gobierno amenaza con no pagar lo que debe. "Vamos a discutir esa deuda. Por ejemplo, hay gente que tiene deuda hace dos años, está bien, pero ya vendió el producto. ¿A qué tasa lo vendiste? Se lo vendiste al pueblo a tasa del paralelo, entonces por qué te voy a dar más dólares preferenciales", afirmó recientemente Rafael Ramírez, vicepresidente del Área Económica.
FUENTE

miércoles, 29 de enero de 2014

ESPAÑA: ALIANZA CONTRA LA MOROSIDAD DENUNCIA QUE LAS EMPRESAS DEL IBEX-35 PAGAN A SUS PROVEEDORES 3 VECES MAS TARDE


La PMcM denuncia que empresas del 

IBEX 35 pagan a sus proveedores tres 

veces más tarde de lo permitido por ley


PMcM
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), tras analizar los balances del sector no financiero publicados por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), ha advertido que, en líneas generales, las empresas que cotizan en el selectivo grupo del IBEX 35 pagaban en el primer semestre de 2013 a sus proveedores en plazos “muy superiores” a los permitidos por la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad, con un periodo medio de 171 días, casi el triple del permitido (60 días).
En todo caso, se detecta una ligera mejora en el plazo medio de pago de las empresas no financieras del IBEX, que disminuyó en ocho días respecto al mismo periodo de 2012 (-4%).
Por sectores, también presentan un mejor comportamiento Energía (-7%) y Construcción e Inmobiliario (-7%), mientras que empeoran Industria (5%), y Comercio y Servicios (3%).
Según los datos analizados, el sector de la Construcción e Inmobiliario es el que registra una mayor demora en la liquidación de sus facturas, alcanzando los 291 días de plazo de pago en el primer semestre de 2013. Le siguen, el sector Servicios y Comercio (269), el Industrial (222), y el de Energía (101).
Estas cifras de pago a proveedores contrastan con las correspondientes a los cobros que estas empresas realizan a sus respectivos clientes. Se trata de periodos de pago notablemente menores, situándose en el sector de la Construcción e Inmobiliario, en 138 días; el Industrial, 112; Servicios y Comercio, 74 días; y el de Energía, 57. “Estos datos evidencian que algunas de estas grandes compañías se financian, en cierta manera, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”, denuncia el portavoz de la PMcM, Antoni Cañete.
PLAZO MEDIO DE PAGO de las empresas del IBEX 35. Primer semestre 2013
pmcm
Fuente: PMcM a partir de datos de la CNMV
Análisis de los flujos de efectivo
La PMcM ha realizado también un análisis de los flujos de efectivo de las empresas del IBEX 35 a partir de los mismos datos de la CNMV. En este estudio se pone de manifiesto la incapacidad de muchas de estas grandes compañías de generar liquidez. Por ello, “es sencillo deducir la situación por la que podrían estar atravesando sus proveedores, ya que es posible que las grandes empresas en esta situación traten de compensarlo ralentizando los pagos a sus proveedores al ser ésta una financiación más barata”, denuncia el presidente de la PMcM.
Concretamente, los pagos a proveedores, al igual que los cobros a clientes, se contabilizan en la partida de flujos de caja de explotación. Ésta muestra el efectivo generado y utilizado en la gestión del propio negocio, es decir, en la producción o comercialización de sus bienes o la prestación de sus servicios, su “core business”. Por ejemplo, en el caso de las empresas del sector Construcción e Inmobiliario del IBEX 35, se detectan unos limitados flujos de efectivo de explotación, que desvelan en general una delicada situación de liquidez.
El análisis del aumento o disminución de la posición global de efectivo con respecto al período anterior por todos los conceptos (explotación, inversión y financiación), solo muestra resultados positivos en el sector de la Energía, con un incremento de 3.229 millones de euros.
Por el contrario, Industria pierde 923 millones de liquidez; Comercio, 1.668; y Construcción e Inmobiliario, 2.451. Como resultado de todo lo anterior, el conjunto de las empresas no financieras del IBEX ha reducido en 1.225 millones de euros su posición neta de liquidez en el período, hecho que pone de manifiesto, con la excepción del sector Energía, los enormes problemas de liquidez a los que se enfrentan en su conjunto las empresas más grandes de España y, por ende, muchos de los proveedores de éstas.
Necesidad de un régimen sancionador
En el análisis del informe, la PMcM ha detectado que alguna empresa incluso alcanza los 629 días de plazo de pago. Ante situaciones como ésta, la PMcM insta a establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas desde 30.000 hasta 900.000 euros.
Durante la II Cumbre de Morosidad organizada por la PMcM, los grupos parlamentarios ya se comprometieron a realizar entre enero y febrero del presente año una propuesta de ley para iniciar el trámite parlamentario del régimen sancionador. El pasado 22 de enero CiU la presentó en el Congreso de los Diputados. La PMcM recuerda que es necesario que se cumpla este compromiso para poner fin a la lacra de la morosidad, que ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”.
Por otra parte, ante el hecho de que determinadas compañías están comunicando a sus proveedores que si se acogen al IVA de caja no les contratarán más, para así optar por aquellos proveedores con los que pueden deducirse el IVA sin haber pagado, la PMcM propone una medida que acabaría con este abuso. Se trata de que el Gobierno invierta el sujeto pasivo para que el proveedor (en su mayoría pymes) quede exonerado del anticipo del impuesto y se ponga de manifiesto qué clientes (muchos son grandes empresas) no pagan sus facturas a tiempo.
Asimismo, la PMcM, que mañana celebrará su Asamblea Anual, propone también otros caminos para reducir de forma efectiva la morosidad, por ejemplo, implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador que tanto éxito cosecha en Francia; que haya un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados; y crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país.

sábado, 25 de enero de 2014

ESPAÑA: EL GOBIERNO MULTARA A LAS EMPRESAS QUE NO PAGEN A SUS PROVEEDORES


Empiezan los trámites parlamentarios para 

multar a las empresas que no paguen a sus 

proveedores a tiempo


facturas
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha celebrado que comience el trámite parlamentario del régimen sancionador, con el que está previsto que se multe a las empresas que no paguen a sus proveedores en los plazos que estipula la ley. Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, este hecho “es de gran trascendencia, porque cambiará la dinámica de pagos de nuestro país, acabando con esta práctica abusiva, que ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis.
Asimismo, Cañete ha querido destacar la importancia de que con su futura puesta en marcha “las empresas de todos los sectores, ya sin excepción, tendrán las mismas consecuencias ante el incumplimiento de la Ley de Morosidad, puesto que hasta el momento tan solo las compañías pertenecientes al sector del Comercio Minorista contaban con un régimen sancionador”.
La propuesta de ley fue presentada este miércoles por Convergència i Unió (CiU), tal y como había anunciado su portavoz económico en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, durante la II Cumbre de Morosidad que organizó la PMcM. En este acto, el resto de grupos parlamentarios presentes se comprometieron públicamente a apoyar esta iniciativa, en cuyo contenido se ven recogidos tanto el espíritu como las reivindicaciones que ha solicitado reiteradamente la PMcM para que la ley fuera efectiva.
En este sentido, el presidente de la PMcM ha recordado que “el régimen sancionador, que modifica la Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad y tiene como objetivo fundamental normalizar los pagos entre compañías regulando un sistema de infracciones y multas, era la condición indispensable para hacer cumplir la ley pero, para ello, es necesario que los grupos parlamentarios cumplan su palabra para que la propuesta de ley de CiU prospere y, de este modo, se ponga en marcha lo antes posible el régimen sancionador”.
El régimen sancionador debe ser “realmente disuasorio”
Tras el análisis de la propuesta de CiU, Antoni Cañete se congratula de que esté en la misma línea que las históricas reivindicaciones de la PMcM. No obstante, ha detectado algún apartado que considera recomendable modificar para que este sistema sea “realmente disuasorio en los casos más extremos”. En su opinión, debe ser a través de multas ejemplarizantes, por lo que debería incrementarse el importe mínimo para las infracciones muy graves.
Otras propuestas antimorosidad de la PMcM
Ante el hecho de que determinadas compañías están comunicando a sus proveedores que si se acogen al IVA de caja no les contratarán más, para así optar por aquellos proveedores con los que pueden deducirse el IVA sin haber pagado, la PMcM propone una medida que acabaría con este abuso. Se trata de que el Gobierno invierta el sujeto pasivo para que el proveedor (en su mayoría pymes) quede exonerado del anticipo del impuesto y se ponga de manifiesto qué clientes (muchos son grandes empresas) no pagan sus facturas a tiempo.
Asimismo, la PMcM propone también otros caminos para reducir de forma efectiva la morosidad, por ejemplo, implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador que tanto éxito cosecha en Francia; que haya un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados; y crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país.
Estudios anteriores de la PMcM
Según el último estudio de la PMcM, tras la puesta en marcha del plan de pago a proveedores (que logró saldar deudas por 27.000 millones hasta 31 de enero de 2011), los impagos de las Administraciones Públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso solo un punto y seguido en la lucha contra la morosidad.
Aunque el plazo medio de pago a proveedores disminuyó en 2012 en España un 13% por parte de las Administraciones Públicas y un 5,1% por el sector privado, esta mejora se perfiló “todavía insuficiente ya que estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para ese año por la Ley”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Concretamente, las AA.PP. tardaron en 2012 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la Ley, a una media de 141, un registro inferior en 21 días al que se estimó para el año anterior (162 días). Por su parte, en 2012 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 93 días (frente a los 75 que establecía la Ley para ese año), lo que supuso una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011 (98 días).
Datos del estudio de la PMcM han desvelado que el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo durante 2012 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 75 días que establecía la Ley 15/2010 para ese año. En esta línea, Cañete recuerda que tanto la Ley española como la Directiva Europea obligan ya a las Administraciones Públicas y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente.
El informe también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 7%, lo que significó un estancamiento respecto a 2011 (7,1%). En caso de sufrir impagos, solo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2012. Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 80,8% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 15/2010, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 19,2% de las empresas aún la desconozca”.

lunes, 13 de enero de 2014

ESPAÑA: EL GOBIERNO CONCEDE AVALES PUBLICOS A EMPRESAS PRIVADAS POR VALOR DE 1.450 MILLONES DE EUROS



El Estado tiene otros 1.450 millones de euros comprometidos en avales como el de Sacyr


Dos chicos observan a un carguero transitando por el Canal de Panamá. (Reuters)

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), participada por el Estado en un 50,25%, ha concedido avales públicos a empresas españolas como el otorgado a Sacyr para el proyecto de construcción del Canal de Panamá por un valor total de 1.450 millones de euros. Así consta en la memoria anual de Cesce correspondiente al ejercicio 2012, la última disponible. Entre las firmas beneficiarias de estos avales hay astilleros, fabricantes de material ferroviario y de otros bienes de equipo, pero, sobre todo, constructoras.

El riesgo que afronta el Estado en la operación del Canal, donde podría perder los 150 millones con los que avaló en 2009 a Sacyr, ha puesto a Cesce en el punto de mira. La firma de capital mixto comenzó a conceder avales a empresas españolas en 2007. Hasta ese momento, no ofrecía ese tipo de producto. Pero la necesidad de las marcas nacionales de salir al exterior para contrarrestar los efectos de la crisis en España llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a autorizar la concesión de este tipo de productos financieros, imprescindibles para que las firmas pudieran optar a grandes contratos.

El propio presidente de Cesce durante la etapa del Gobierno de Zapatero, Juan Badosa, reveló en una entrevista concedida en febrero de 2011 que los avales a empresas españolas se habían convertido en uno de los productos de más éxito de la corporación. “Una de las peculiaridades de los últimos dos años”, afirmaba Badosa entonces, “es que se han emitido casi 900 millones para operaciones en el exterior de las constructoras españolas (…) La cobertura del riesgo para obras públicas se ha convertido en un producto estrella que no se había utilizado hasta 2007”.

Crecimiento exponencial de las fianzas
Los 900 millones de euros de 2011 se transformaron sólo un año más tarde en 1.600 millones de euros, de los que 150 corresponden a una sola operación: el aval que Cesce concedió a Sacyr para que pudiera optar al contrato de ampliación del Canal de Panamá. El propio Badosa subrayaba en esa misma entrevista la especial importancia que tenía esa fianza para el grupo que presidía.
Manuel Manrique, presidente de Sacyr.Manuel Manrique, presidente de Sacyr.

La memoria de Cesce de 2012 también subraya el peso creciente de este tipo de producto. “Un rasgo novedoso de la cartera de riesgos de Cesce es el crecimiento del ‘riesgo España’. Efectivamente, los riesgos asumidos sobre empresas españolas, insignificantes hace pocos años, actualmente representan alrededor de 1.600 millones de euros. El grueso de esta cifra corresponde a operaciones de Fianzas a Fiadores en las que el riesgo que se cubre es el de impago por parte del exportador español del crédito en caso de ejecución de una fianza o aval que garantiza sus obligaciones contractuales en una operación en el extranjero”.

Ese es el supuesto en el que se encontrará Sacyr si finalmente desiste del compromiso para terminar el Canal de Panamá. La empresa contratista (Autoridad del Canal de Panamá) podría reclamar en ese caso la ejecución de la fianza de 300 millones de euros que presentó en el momento del concurso el consorcio del que forma parte la constructora española. De esos 300 millones, 150 tendrían que ponerlos Cesce, es decir, el Estado. El importe restante está avalado por Italia y Bélgica, países a los que pertenecen las otras empresas.

Un negocio que puede salir mal
En teoría, los 1.600 millones de euros prestados por Cesce en avales sólo deberían generarle ganancias. Únicamente en el caso de incidentes como el protagonizado por Sacyr la compañía de capital mixto tendría que afrontar los desembolsos correspondientes en concepto de avales. Las probabilidades de que todas sus apuestas en el exterior se vengan abajo son remotas pero la constructora presidida por Manuel Manrique está cerca de provocarle un enorme contratiempo.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio recuerdan que los 1.600 millones en avales facilitados por Cesce han permitido, entre otros factores, “que empresas españolas hayan conseguido licitaciones en el extranjero por valor de 300.000 millones de euros”. “Las fianzas a la internacionalización y exportación son una práctica extendida en todos los países que es clave para ganar contratos y ser capaces de competir”, afirman desde el departamento dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.
FUENTE

20 PARIENTES DE LA CASA BORBON SE REPARTEN 71 CARGOS EN 44 EMPRESAS


Los negocios de los 'otros' veinte Borbones


En su libro El Rey (Plaza y Janés, 1993), José Luis Villalonga contaba que Don Juan Carlos considera como familia sólo a los más cercanos, “pero no a los hijos de mis hermanas ni sus maridos”. Quienes quedan fuera son 'Borbones' que, aunque no formen parte de la Familia Real, siguen representando a la dinastía. Y, ya que no todos se sientan en un trono, muchos de ellos prefieren hacer negocios.
Entre España y Reino Unido hay, desde 2009, al menos 20 parientes de la Casa de Borbón que se reparten 71 cargos en 44 empresas. Desde la caza hasta la administración de fincas, desde sillones en grandes consejos de administración pasando por pequeñas sociedades de inversión personales, los registros mercantiles recogen los nombres y apellidos de eco medieval que identifican a los representantes de la descendencia borbónica. El Confidencial ha podido rastrear su huella en los datos de los registros inglés y español, ambos públicos, gracias a la recopilación de esta información que realiza Dato Capital
Pedro Juan de Borbón de Dos Sicilias y de Orleans, descendiente de la rama francesa de los Borbones, es hijo del infante Carlos de Borbón Dos Sicilias, algo que le hace primo segundo del Rey. Entre los familiares de la Casa presentes en el registro mercantil, es el que cuenta con más cargos: 12, repartidos en ocho empresas. Se desempeña como administrador y apoderado en cuatro de ellas (Agrocinegética San Huberto, Forestal de Boniches, Turolense Forestal y Hato 13), que se dedican a la gestión de fincas de caza. Además de consejero en Gerystec, empresa de ingeniería, es apoderado también en Gubel, S.A. Esta empresa ostenta una participación del 50% en el coloso de la seguridad Prosegur.
Entre España y Reino Unido hay al menos 20 parientes de la Casa de Borbón que se reparten 71 cargos en 44 empresas. Su actividades van desde la caza hasta la administración de fincas, pasando por los sillones en grandes consejos de administración y pequeñas SICAV personales.Más cercana al actual Rey de España, su hermana Pilar de Borbón y Borbón tiene cargos en siete empresas. Entre ellas, la Sociedad de Inversión a Capital Variable (sicav) Gaviojsa Finanzas (antes Labiernag), que cuenta con un capital social de dos millones y medio de euros. En la 'alta gama' se mueve también Richemont Iberia (con un capital de seis millones de euros), que se dedica a la importación de artículos de joyería de lujo, y donde la hermana del Monarca hace de apoderada. Material de decoración interior, a cambio, es lo que importa Interiorismo Importación Directa, pequeña sociedad limitada de la que Pilar de Borbón es consejera.
Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú, sobrino de Don Juan Carlos y pretendiente al hipotético trono de Francia, aparece relacionado con cuatro empresas españolas. Ninguna de ellas supera los 5.000 euros de capital, ni siquiera la sociedad de la que es socio único, dedicada a transacciones financieras. Destaca, eso sí, Servicio Integral de Taxi: esta sociedad anónima con capital de 3.000 euros se dedica a actividades diferentes de las que su nombre sugiere: “Intermediación en el campo del marketing y de la promoción empresarial”, recoge el registro mercantil.
Luis Alfonso de Borbon y Margarita Vargas, en una foto de 2010 (EFE)Luis Alfonso de Borbon y Margarita Vargas, en una foto de 2010 (EFE)
Primo segundo del Rey, Francisco Enrique de Borbón Escasany es otro campeón de cargos. El registro mercantil recoge diez de ellos. Gestión inmobiliaria y equipos sanitarios son las actividades claves de las dos empresas que mayor capital social declaran: los 13.500.000 euros de Ahorro Familiar y los cuatro millones de Internacional de Equipos Científicos, de la que es consejero. Mismo cargo que ocupa en Walltech Spain, actividad inmobiliaria donde se encuentra en buena compañía. Como consejeros figuran tambiénFrancisco y Cristina Elena de Borbón Von Hardenberg, hijos de Francisco de Paula de Borbón y Escafany, VI duque de Sevilla y de Beatriz von Hardenberg.
No es la única empresa que aglutina a familiares de la nobleza. Belvento Solare cuenta con María de Borbón y de Rojas, hija de Alfonso de Borbón y Caralt y descendiente directa de Alfonso XIII, como administradora única. Con un capital de tres millones de euros, da trabajo también a su hijo Iván de la Cierva y de Borbón.  
El caso es parecido en La Ballena, sociedad anónima dedicada a la promoción inmobiliaria. Los hermanos Álvaro Javier, Gerarda y Beatriz de Orleans Borbón y Parodi Delfino comparten su consejo.
El primo de Rey, negocios pese a la enfermedad
Más conocidas son las aventuras de otro primo del Rey en el mundo empresarial. Entre 2009 y los registros recogen nueve cargos de Carlos de Borbón Dos Sicilias y Borbón Parma, aunque ya no cuenta su plaza como consejero en viaje Marsans. Cuando declaró como testigo en el juicio del concurso de acreedores de la quebrada empresa de Gerardo Díaz Ferrán, don Carlos alegó sufrir una “enfermedad degenerativa” que le impedía atender a sus responsabilidades como consejero de la empresa, una dolencia que le sirvió para evitar el embargo de bienes pedido desde la Justicia.
Su participación en empresas no siempre ha acabado tan mal. Es consejero vocal en la petroleraCEPSA, en el poderoso grupo alemánThyssenkrup y en la constructora Reyal Urbis, sociedad lastrada tras sus excesos antes de que explotara la burbuja inmobiliaria.
Este Borbón, además, es el único en poder decir que trabaja para el Estado. Es consejero de Iberpistas, concesionaria del Estado en la gestión de autopistas.

Actividad personal en el Reino Unido
 En el rastreo de los registros mercantiles que ha llevado a cabo este periódico, destacan también dos sociedades de sangre azul en el Reino Unido. La princesa Annunziata de Borbón Dos Sicilias, hija de Antoine de Borbón-Dos Sicilias (1929) es directora de una sociedad limitada que lleva su nombre. A cambio, como alto cargo de una empresa británica figura Andrés de Orleans Borbón, hijo de un primo de Don Juan Carlos, Álvaro de Orleans.

lunes, 6 de enero de 2014

300 EMPRESAS ESPAÑOLAS Y 4.000 MILLONES DE EUROS PENDIENTES DE SACYR EN PANAMA


Contratos por 4.000 millones de euros en el país 

dependen de sus inversiones

300 empresas españolas, pendientes del conflicto de Sacyr en Panamá

  • El Canal de Panamá advierte que será "agresivo" para que las obras se terminen
  • El expresidente de Sacyr vende acciones

La marca España está en entredicho por la crisis abierta en Panamá tras la decisión de Sacyr de suspender las obras de ampliación del Canal si no se empiezan a negociar sobrecostes por 1.625 millones de dólares y se inyectan nuevos fondos al proyecto, sobre los previstos inicialmente en el contrato. Pero más que la reputación, empresas de este país se juegan importantes negocios en campos como el de la construcción, ingeniería, energía, banca o telecomunicaciones. Según datos de la Embajada española en el país centroamericano, la inversión española acumulada alcanza los 3.000 millones de dólares y firmas españolas participan en contratos por 5.500 millones de dólares, dando trabajo a unas 15.000 personas.
La adjudicación del Canal de Panamá al consorcio liderado por Sacyr, contrato valorado en 3.200 millones de dólares, el posterior encargo del metro de ciudad de Panamá a FCC, por 1.400 millones de dólares, y el convenio para evitar la doble imposición entre los gobiernos de España y Panamá marcaron un antes y después en las relaciones comerciales entre ambos países. Panamá es destino prioritario para las más de 300 compañías asentadas allí.
El Gobierno de Mariano Rajoy no ha dudado en ofrecerse para mediar entre la ACP y Sacyr, máxime cundo el presidente panameño, Ricardo Martinelli, elevó el jueves la batalla en el Canal a niveles de conflicto diplomático. El presidente anunció un viaje a España para exigir el cumplimiento del contrato firmado por el consorcio que lidera Sacyr para construir el tercer juego de esclusas en el Canal. Y Martinelli cargó la responsabilidad moral de un hipotético incumplimiento al Estado español a la vista de que el Gobierno que en 2009 presidía José Luis Rodríguez Zapatero se ofreció como garante de que uno de los mayores proyectos de infraestructuras en curso saldría adelante.
El embajador español, Jesús Silva, reaccionó y anunció la visita de representantes del Gobierno español, con la ministra de Fomento al frente. Los ex ministros José Blanco y Miguel Sebastián, la propia Ana Pastor y el príncipe Felipe son algunos de los representantes del Estado que han visitado las obras para la apertura de un tercer paso en el Canal.

SACYR3,195 -6,850%
Dos de las empresas más expuestas a Panamá son la propia Sacyr y FCC. La primera debe el 25% de sus ventas a ese mercado y la segunda ha convertido a Panamá en su segundo mayor granero en el negocio de la construcción. El grupo que preside Esther Alcocer entró en Panamá a finales de los noventa, tiene allí 2.400 empleados y una cartera de proyectos de más de 2.500 millones de dólares. FCC construye la primera línea de metro de Ciudad de Panamá, proyecto que está supervisando Sener.
ACS ha asentado allí su área de construcción industrial, a través de la que se ha adjudicado importantes centrales eléctricas y con la que viene facturando unos 150 millones anuales. OHL, Acciona o San José también buscan oportunidades y han participado en importantes concursos en Panamá. Cepsa está a ambos lados del canal como suministrador de combustibles marinos. Indra tiene un laboratorio de software y ha accedido a importantes contratos como el de la modernización de los sistemas de gestión de la información de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Inditex ha vuelto a apostar en 2013 por ese mercado con tiendas de Bershka, Stradivarius y Pull & Bear. Son algunas de las grandes empresas con intereses en un país que también ha atraído a medianas compañías que hoy miran con atención la escalada de la tensión entre Panamá y España.

La batalla abierta en el canal

Sobrecostes
Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y CUSA ganaron la construcción del tercer juego de esclusas del Canal en julio de 2009. El contrato ascendió a 3.118 millones de dólares y a día de hoy las obras se han ejecutado al 70%. Los sobrecostes reclamados por el consorcio son de 1.625 millones de dólares.
Imprevistos
Los problemas de las constructoras comenzaron recién iniciado el proyecto. El cemento previsto no era el idóneo y durante meses se buscó una nueva fórmula. También se complicaron las excavaciones por los materiales que se fueron encontrando, hubo hasta tres huelgas del personal y se complicó la búsqueda de basalto para el hormigón, entre otros problemas.
El conflicto
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha rechazado decenas de reclamaciones de sobrecostes de Sacyr y sus socios. El consorcio se ha quedado sin liquidez para seguir adelante con las obras y ha notificado que suspenderá los trabajos el próximo 20 de enero (con un preaviso de 21 días) si la ACP no inyecta fondos extra al proyecto.
En guardia
La ACP ha manifestado que tiene capacidad para tomar las riendas de las obras si Sacyr las abandona. También asegura que ejecutaría las garantías por 600 millones de dólares depositadas por el consorcio.
Negociación
La ministra de Fomento, Ana Pastor, encabeza una delegación del Gobierno español para mediar en Panamá. El propio presidente Ricardo Martinelli ha elevado el problema a conflicto diplomático al llamar a consultas a los embajadores de España e Italia y calificar de responsables morales de la situación a sus Gobiernos