ESPAÑA: LA UNION DE PSOE, IU Y UPyD PARA INVESTIGAR CAJA MADRID, TELEMADRID Y CANAL DE ISABEL II

Frente común de PSOE, IU y UPyD para investigar Caja Madrid, Telemadrid y Canal de Isabel II

• El 'tripartito' quiere que se abran tres comisiones de investigación, cuyo objeto ya ha sido rechazado anteriormente por el PP

En mayo de 2015 los madrileños pasan por las urnas. Queda menos de un año y medio para los comicios y los tres partidos de la oposición PSOE, IU y UPyD han unido sus fuerzas en la Cámara autonómica para pedir tres comisiones de investigación. La iniciativa ha partido de los magenta.

Se trata de, por una parte, una Comisión sobre Caja Madrid. El ejercicio de las competencias que con respecto a la entidad ha ejercido el Gobierno de la Comunidad de Madrid de 2005-2012. También otra sobre el Canal de Isabel II y las relaciones entre el Ejecutivo autonómico, la empresa pública y los responsables de la extinta Caja Madrid, para la realización de acciones encaminadas a la privatización del agua y, finalmente, una Comisión de Telemadrid sobre la gestión del ente público desde 2007 hasta la actualidad.

El Artículo 75.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid establece que "la Mesa, a propuesta de dos quintas partes de los miembros de la Asamblea, acordará la creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público dentro del ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid". Pero el PP se ha encargado de precisar que ha de ser, además, de "interés general", para que sea aprobada y si "son de Competencia de la Comunidad de Madrid".

Los socialistas reclamarán también que se celebren plenos por la mañana en la Asamblea de Madrid

La escenificación de la petición la han hecho los tres portavoces de los grupos: Luis de Velasco (UPyD); Tomás Gómez (PSOE) y Gregorio Gordo (IU). Los dirigentes han coincidido en que les ha unido el "hartazgo" de la situación en la que se encuentran los grupos políticos. Acusan al Ejecutivo autonómico de encorsetar y restringir y reducir la calidad democrática de la Asamblea de Madrid.

Básicamente, se refieren a número sin fin de iniciativas de la oposición que no llegan a ser debatidas al no ser calificadas en la Mesa -órgano de Gobierno del Parlamento regional- en donde el PP detenta la mayoría aboluta. De igual forma, se quejan del contenido de las contestaciones parlamentarias del Ejecutivo regional da sus peticiones de información, esencial para su labor fiscalizadora y de oposición. Básicamente, se traducen en invitaciones a desplazarse hasta las dependencias de la Administración autonómica en donde está el expediente que reclaman para poder consultarlo. Es decir, que la contestación tipo es que no les pueden mandar la documentación por el volumen de información.

La petición de comisión de investigación se registrará oficialmente mañana y será la Mesa de la Asamblea la que determine si se acepta o no. Asimismo, los socialistas registrarán iniciativas en la que se pide la modificación del Reglamento de la Cámara, aprobado en enero de 1997 por unanimidad de los grupos. Quiere que se debata en plenos diferentes la fiscalización al Gobierno y la parte propositiva, como sucede en el Congreso de los Diputados. Eso supondría, también la petición de que se celebren las sesiones por las mañanas y no que acaben de madrugada, como es habitual los jueves, para que pueda ser seguido por los madrileños.

Otro punto importante que reclaman es que el presidiente del Gobierno autonómico comparezca en la Cámara para dar explicaciones y no sólo que conteste preguntas de tres minutos a la oposición, en el apartado de control que se ejerce al comienzo del Pleno.

La ausencia de contestaciones ha llevado tanto a PSOE como a UPyD a pedir el amparo, en reiteradas ocasiones, de los tribunales para que defienda su derecho fundamental a recibir esa información.

Respuesta del Partido Popular

Después de la comparecencia de los portavoces de la oposición le llegó el turno al del PP quien, básicamente, se limitó a atacar a Tomás Gómez. "Es paradójico que quien nunca da explicaciones las pida ahora", precisó. Dijo que su partido no se opone a que se modifique el reglamento pero hay que ver en qué se ha de discutir.

Asimismo, negó que la Asamblea de Madrid sea una institución antidemocrática por efecto del rodillo de la mayoría del PP, para luego pasar a atacar a los grupos de lo oposición de la "poca claridad" de sus cuentas, de si con ellas financian o no a sus partidos. Asimismo, anunció iniciativas en este sentido para la próxima reunión de la Junta de Portavoces de la próxima semana.

Repecto a las comisiones de investigación, dijo que ese no es un asunto que competa al su grupo, al PP, que es una cuestión que tiene que dirimirlo la Mesa de la Asamblea, pero que si cumple los requisitos reglamentarios, entiende que no tiene por qué llegar a buen puerto. Eso sí, tiró de informe de la Cámara para decir que los servicios jurídicos de la Cámara ya, anteriormente, han rechazado que se pudiese celebrar ninguna investigación sobre Caja Madrid por ser una cuestión que "excede de las competencias" de la Asamblea. Hay que recordar que dos de las tres peticiones de de investigación están relacionadas con Caja Madrid.

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DIMITE EN BLOQUE EL CONSEJO TERRITORIAL DE UPyD POR DISCREPANCIAS CON LA DIRECCION

Dimite el Consejo Territorial de UPyD en Galicia por discrepancias con la dirección

«Algunos afiliados de UPyD de Galicia que han dado a conocer todo esto consideran que Rosa Díez y su Consejo se están cargado el partido en Galicia», denuncian

Los miembros del Consejo Territorial de Galicia de Unión Progreso y Democracia (UPyD) --incluido el coordinador en la Comunidad, Gonzalo Fernández Piñeiro-- han presentado su dimisión en protesta«por el trato recibido por parte de dirigentes» del partido de Madrid. Según han explicado a Europa Press fuentes próximas a la organización en Galicia, aunque los hasta ahora miembros de la cúpula gallega de UPyD dimiten, «manifiestan que siguen siendo afiliados», y esperan que «su gesto sirva para que el Consejo de Dirección de UPyD tome medidas que rectifiquen la marcha del partido».

El Consejo Territorial (CT) que acaba de dimitir, había sido elegido en diciembre de 2012 por los afiliados gallegos de UPyD, pero desde el principio «contó con la oposición de la dirección de UPyD de Madrid, que intentó que siguiera dirigiendo el partido una Gestora elegida por ellos», han indicado las mismas fuentes. Y es que, según han remarcado, desde su elección hace un año, el Consejo Territorial ha denunciado «falta de colaboración y críticas de Madrid» así como «silencio y falta de respuesta» a la «múltiples solicitudes presentadas» al responsable de Organización de Madrid, Juan Luis Fabo. Según estas mismas fuentes, se acusa a la dirección del partido en Madrid de poner «trabas a sus trabajos para promocionar UPyD en Galicia y llevar a cabo iniciativas», todo ello debido a la «permanente actitud negativa y destructiva de los miembros del Consejo de Dirección de UPyD».

«Algunos afiliados de UPyD de Galicia que han dado a conocer todo esto consideran que Rosa Díez y su Consejo se están cargado el partido en Galicia, y que probablemente no han nombrado aún una Gestora porque no les queda ya ningún afiliado gallego en quien confiar», denuncian. Así, según ha podido saber Europa Press, dejan su cargo el coordinador territorial de UPyD en Galicia, Gonzalo Fernández Piñeiro; así como la responsable de Organización, Ana Alonso; el encargado de Comunicación, Pablo Alborés; el responsable de Acción institucional y de Redes Sociales, Carlos Casar; y la responsable de Expansión del Consejo Territorial, Elisa Pumar.

Tras la disolución del Consejo Territorial de Galicia, el Consejo de Dirección de UPyD debe nombrar una gestora --sería la tercera en cuatro años-- así como gestoras locales y provinciales, han indicado las mismas fuente. Estas dimisiones se producen a dos meses de que se celebren elecciones para elegir nuevos consejos locales en La Coruña y en Vigo, únicas ciudades gallegas que cuentan con más de 15 afiliados. Además, estas dimisiones llegan después de que en mayo de 2012 abandonase la formación el anterior coordinador territorial, Andrés Mosquera; a esto le siguieron denuncias de fraude por afiliados vigueses en la celebración de las elecciones internas de UPyD de septiembre de 2012, realizadas en Santiago. Tras ello, en mayo de 2013 abandonó el partido quien fue su candidato a la Xunta, el santiagués José Canedo.

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IZQUIERDA UNIDA Y UPyD SE ALIAN PARA CONDICIONAR EL PODER

Izquierda Unida y UPyD se preparan para condicionar al poder

Ambas formaciones trabajan para convertirse en fuerzas decisivas tras la crisis del bipartidismo

• El ejemplo andaluz y la advertencia asturiana

Tienen ADN y programas radicalmente distintos, pero otean el mismo horizonte: ser decisivos en la formación de los próximos Gobiernos o, si los equilibrios parlamentarios no lo permiten debido a una excesiva fragmentación, condicionar su proyecto político. Izquierda Unida y UPyDse preparan para dar el salto desde una premisa común: la crisis del bipartidismo y la sed de regeneración democrática reflejadas en todas las encuestas. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) arroja unos resultados en intención de voto que permitirían a ambas formaciones duplicar sus escaños —actualmente, la Izquierda Plural cuenta con 11 diputados y UPyD tiene cinco parlamentarios—. Además, Rosa Díez y Cayo Lara se confirman como los líderes mejor valorados por los ciudadanos, aunque con notas por debajo del 5.

Las direcciones de los dos partidos se enfrentan a este escenario con euforia y cierto vértigo, aunque aseguran que pretenden desvincular la mejora en las encuestas de su acción política. Esto es, se trata de no perder la perspectiva y ahondar en sus respectivos proyectos con vistas al primer examen: las elecciones europeas de mayo de 2014.

Una cita que, al igual que las autonómicas y municipales y las generales de 2015, IU afrontará con “mejores perspectivas”. “Aunque no nos conformamos con ello”, precisa Ricardo Sixto, diputado y responsable de comunicación de la formación. “Tenemos que coordinar esfuerzos para plantarle cara a ese mastodonte que es el sistema”.

No obstante, el panorama obliga al partido de Cayo Lara, que atraviesa —con algunas salvedades— una etapa de paz interna, a replantearse el futuro. En primer lugar, si se confirman las previsiones de los sondeos, tendrá que gestionar y organizar el crecimiento. En este contexto, Sixto recuerda que se están entablando conversaciones en tres direcciones. Por la vía interna, a través del diálogo con las federaciones; por la vía política, en referencia a la relación con otras formaciones como Iniciativa per Catalunya; y también con colectivos sociales, plataformas, grupos de la órbita del 15-M. El objetivo final consiste en condicionar al Gobierno tanto en Madrid como en los Ayuntamientos, y en todos los Parlamentos autonómicos, como ya ha ocurrido en Andalucía, donde IU gobierna con el PSOE.

Un estudio interno de proyección de escaños basado en los últimos cinco sondeos del CIS atribuye a la formación 35 diputados con un 12% de los sufragios. En cualquier caso, incluso con los 25 diputados que le otorga Metroscopia, la formación deberá pensar en nombres y en su estrategia. “Nosotros con 110 diputados como el PSOE habríamos puesto España patas arriba, pero los socialistas han optado por hacer oposición blanda. IU ha hecho oposición, no solo en el Parlamento. Hemos sido la voz de la calle en el Parlamento”, señala un dirigente.

Las encuestas profetizan que duplicarán sus escaños

Los nombres no constituyen el problema, aseguran en la formación, donde de momento apenas se discute el liderazgo de Cayo Lara. El vicepresidente andaluz, Diego Valderas, la consejera Elena Cortés y el coordinador regional Antonio Maíllo forman “un plantel capaz de encabezar candidaturas”. En Valencia, destacan Marga Sanz y Esther López Barceló. Yolanda Díaz, en Galicia. En Madrid, el coordinador, Eddy Sánchez, y la diputada autonómica Tania Sánchez. Mientras, el joven diputado Alberto Garzón se confirma como valor en alza y un enlace clave con los colectivos, el llamado “bloque social”. “Vamos a tener buenos resultados en las europeas. Eso nos va a dar presencia y visibilidad”, enfatiza Ramón Luque, secretario de Acción Política. A partir de ahí, la meta consiste en perfilarse como la fuerza imprescindible para construir un proyecto alternativo al PP.

También UPyD aspira a dar el salto, como quedó demostrado en el segundo congreso de la formación, celebrado a principios de noviembre. “Hemos hecho una tarea muy importante para preparar el partido para gobernar, para ser un instrumento de gobierno, no dentro de mucho, sino dentro de muy poco tiempo”, proclamó entonces Rosa Díez.

El número dos de la formación, Carlos Martínez-Gorriarán, explica que ese camino pasa necesariamente por los valores fundacionales de UPyD, que giran en torno a un modelo territorial inequívoco y ahora inciden en la urgencia de una reforma de la Constitución y de la ley electoral: “Desde luego tendremos que hablar de la reforma constitucional y del cambio de la ley electoral para ir hacia un nuevo modelo político”. El cónclave de la formación magenta incorporó a dos nombres nuevos en la ejecutiva: Ramón Marcos, diputado en la Asamblea de Madrid, y Andrés Herzog, el abogado autor de la querella contra Bankia. Y, el pasado lunes, la hermana del jefe de policía asesinado por ETA Maite Pagazaurtundua dejó la puerta abierta, durante un acto con Díez, a la posibilidad de ocupar puesto en la lista de las elecciones europeas. Próxima parada: Bruselas.

El ejemplo andaluz y la advertencia asturiana

En el mapa autonómico hay dos precedentes que reflejan las ambiciones, el ideario y la hoja de ruta de Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia. Cayo Lara mantuvo hace unos meses, en una entrevista en EL PAÍS, que “la protesta es importante, pero las leyes se cambian por elBoletín Oficial del Estado”.Es decir, su formación aspira en última instancia a construir un proyecto político desde la acción de Gobierno y no solo desde la oposición al sistema.

Lo está haciendo en la Junta de Andalucía, donde IU gobierna con la socialista Susana Díaz y ocupa la vicepresidencia con Diego Valderas. El decreto antidesahucios andaluz —impulsado por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y después suspendido por el Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno central— fue para todos los dirigentes de IU la muestra de que se puede intentar cambiar el sistema desde las instituciones.

Ese es el planteamiento de la formación para al futuro y una forma de explorar alianzas con el principal partido de la oposición, con el objetivo de hacer frente a las políticas del Partido Popular.

La formación de Rosa Díez también aspira a gobernar y a influir en las decisiones de los dos principales partidos. Y está dispuesta a respaldar un proyecto no con el mero objetivo de entrar en un Gobierno, aseguran en UPyD, sino para lograr las reformas imprescindibles para su hoja de ruta de regeneración de la política.

Ocurrió en Asturias, donde el diputado autonómico Ignacio Prendes apoyó al Ejecutivo de Javier Fernández hasta la ruptura del acuerdo por “incumplir el pacto sobre la reforma de la ley electoral”, una de las banderas de UPyD. “A partir de hoy, el Gobierno socialista de Asturias se queda en minoría porque el PSOE ha preferido mantener un pacto electoral con el PP que respetar el pacto institucional y por la regeneración democrática que firmó con UPyD”, proclamó Rosa Díez coincidiendo con la inauguración del segundo congreso de la formación. Un anuncio medido, que pretendía dar una imagen de independencia y dejar claro que la formación magenta no se casa con nadie.

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MILITANTES DE UPyD ACUSAN A LA DIRECCION NACIONAL DE AMAÑAR LA ELECCION DE DELAGADOS EN MADRID

Militantes de UPyD acusan a la dirección nacional de intentar amañar la elección de delegados en Madrid

La dirección distribuyó una lista con 146 candidatos con el objetivo de que estos la distribuyeran entre sus allegados como "sugerencia de voto" para la representación en el II Congreso Nacional que se celebrará los días 1, 2 y 3 de noviembre en Madrid.

Las acusaciones de falta de transparencia acechan cada vez más a los partidos políticos. El último en ser señalado ha sido Unión Progreso y Democracia (UPyD) en la Comunidad de Madrid, formación sobre la que recaen acusaciones de haber intentado amañar la elección de delegados para el Congreso Nacional que el partido magenta celebrará los días 1, 2 y 3 de noviembre.

Según ha podido saber Vozpópuli, antes de la elección comenzó a circular entre los afiliados madrileños una lista 'oficiosa', supuestamente elaborada por la dirección nacional, con los nombres de los 146 delegados que deberían ser elegidos en representación de la Comunidad. Finalmente, en torno a 120 de estos 146 militantes fueron escogidos.

En principio, la lista sólo debía circular entre los propios candidatos que fueron incluidos en la misma para que, a su vez, la enviaran a los afiliados que consideraran de confianza como“sugerencia de voto”. El listado salió de este entorno y comenzó a extenderse a otros afiliados, desencadenando todo tipo de reacciones tanto entre quienes se mostraban contrarios a esta práctica y como entre los que esperaban ser incluidos.

El pasado jueves, 26 de septiembre, tuvo lugar la presentación de candidaturas en la sede territorial, situada en la madrileña calle O’Donnell. En esta reunión, en la que los candidatos debían presentarse e informar de sus propuestas, muchos de los asistentes –algunos con cargos en ayuntamientos y en la Asamblea de Madrid– lanzaron acusaciones de todo tipo, orientadas principalmente hacia la falta de democracia interna del partido.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con alguno de los cargos municipales de UPyD que mostraron su desacuerdo en la presentación de candidaturas. Sin embargo, se han negado a hacer declaraciones y han señalado que se trata de “asuntos internos del partido”. Otro cargo público de la formación magenta ha reconocido que se pusieron en contacto con él para incluirle en la lista, pero se opuso. Dos concejales del Ayuntamiento de Madrid y un diputado autonómico también se negaron “por principios” a aparecer en la lista.

Según ha señalado, ya participó en una lista similar en el anterior Congreso Nacional, actuación de la que se arrepiente. “Durante el I Congreso Nacional de UPyD, pasó algo similar y hubo un manifiesto firmado por muchos afiliados acusando a la dirección nacional de falta de democracia”, recuerda.

Esta misma persona, que al ser también un cargo público ha precisado que no entraría en valoraciones sobre la lista, cuenta que los candidatos incluidos han alegado que “les llamaron y les preguntaron si querían estar en esa lista”, en muchos casos antes de que se presentaran las candidaturas, y “dijeron que sí porque no consideraban que hubiera nada malo en ello”.

Entre los que se mostraron a favor de la lista se encuentra el vocal vecino del distrito de Usera, Fernando Lozano, que justificó públicamente este procedimiento explicando que, para hacer las cosas bien, “no todo puede ser democrático”. También Carlos Martínez Gorriarán, responsable de Programa y Acción Política, defendió la lista, y añadió que “a quien no le gustara, que se marchara”.

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UPyD PROPONE QUE LAS MENTIRAS EN EL PARLAMENTO SEAN DELITO

UPyD quiere que las mentiras en sede parlamentaria sean delito

Rosa Díez se muestra a favor de crear un delito de perjurio, al igual que pasa con los falsos testimonios ante un juez

La portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha adelantado este jueves que su partido va a presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que las mentiras realizadas en sede parlamentaria sean consideradas un delito, al igual que lo son cuando se dicen ante un juez.

En una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, Díez ha destacado la necesidad de que esta iniciativa salga "adelante" en las cortes ya que está enfocada a condenar a aquellos cargos políticos que mientan sobre temas de seguridad, asuntos que tengan que ver con la contabilidad del Estado o que "encubran o nieguen" hechos delictivos.

"Creo que esta medida tiene mucho sentido porque en la actualidad el delito de falso testimonio, definido en el código penal, sólo es válido en sede judicial pero no en sede política. La idea sería crear un nuevo delito de perjurio para quien mienta en sede parlamentaria. Obviamente no podría ser cualquier tipo de mentira, sino aquellas que tengan que ver con la finalidad de encubrir o negar un hecho delictivo conocido, o que tenga la obligación de conocer, en razón de su cargo público o de su responsabilidad orgánica", ha recalcado.

De esta forma, la dirigente de UPyD se ha referido al caso Bárcenas y a las declaraciones realizadas por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ante el juez Pablo Ruz, donde, según ha censurado, la dirigente 'popular' utilizó la coletilla "no me consta" cada vez que el magistrado le preguntaba por su supuesta contabilidad B del partido.

"Hay que exigir responsabilidad política a quienes dirigen o dirigían un partido y son incapaces de dar cuenta de lo que hicieron con el dinero, de cómo entró el dinero, de por qué entró, de cómo se cobró y de cómo se gastó. Esto es una responsabilidad política y no puede ser desatendida", ha apostillado Díez, aludiendo también a la actitud mantenida por el presidente del Gobierno y dirigente del PP, Mariano Rajoy, ante el caso.

Y es que, a su juicio, a pesar de que los responsables de un partido deleguen la contabilidad en personas de su confianza deben saber "lo que pasa" y ser los responsables cuando "algo sale mal".

"¿Se puede dirigir una formación pensando que uno no tiene responsabilidad ni siquiera en las cuentas de su propio partido?, ¿se le puede pedir a los ciudadanos que confíen en unos dirigentes políticos que gobiernan España y que, a la vez, dicen que no son responsables de lo que ocurría en su partido, del dinero que entraba y salía y de si eran o no legales las donaciones que recibían?", ha cuestionado Díez.

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PP Y UPYD, RECHAZAN RETIRAR LOS PERMISOS A LAS PETROLERAS, ¿POLITICA O NEGOCIO?

PP y UPyD rechazan en el Congreso retirar los permisos para las prospecciones petrolíferas y de gas en el Mediterráneo

  

 La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha rechazado con los votos de PP y UPyD la propuesta de Compromís de instar al Gobierno a retirar los permisos para realizar prospecciones petrolíferas y de gas en toda la costa mediterránea. El debate de la iniciativa tuvo lugar la pasada semana, pero su votación se ha postergado a este jueves.

   El encargado de defender la propuesta, el parlamentario de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha asegurado que su grupo pretende de forma "clara sencilla e inequívoca" que se retiren los permisos para realizar prospecciones en toda la costa, y se ha referido a las palabras que utilizó el diputado del PP Esteban González Pons durante el Gobierno del PSOE, para solicitar que se denegaran estos permisos.

   Así, ha destacado que "por primera vez" ha estado de acuerdo con González Pons, sobre todo con las afirmaciones que defienden el interés del paisaje de la Albufera, al explicar, utilizando sus declaraciones, que "el día que se explote el petróleo delante de la Albufera se acabó un parque natural, se acabó la circulación de cetáceos, se acabó la pesca, se acabó la pradera de posidonia y se acabó el turismo".

   Además, el diputado de Compromís ha criticado el hecho de que en la comisión estuvieran presentes exconsellers autonómicos valencianos --Belén Juste y Mario Flores-- que habían manifestado su oposición a las prospecciones petrolíferas.

   Por su parte, la parlamentaria del PP Belén Juste ha recordado que cuando González Pons hizo esas declaraciones era "el momento" para hacerlas, cuando todavía no estaba aprobado el Real Decreto del Gobierno socialista, y por ello, "había que hacer lo que hicimos: presentar una proposición no de ley, que fue aprobada en las Corts Valencianes por unanimidad de todos los grupos".

   Mientras, el diputado del PP, Enrique Fajarnés, según ha indicado el partido en un comunicado, ha indicado que revocar estos permisos supondría tener que pagar "indemnizaciones millonarias, además de los problemas legales que esto supondría".

"LA RESPONSABILIDAD, DEL ANTERIOR GOBIERNO"

   Juste ha indicado que la responsabilidad sobre este asunto corresponde a "los dos reales decretos aprobados en la época del Gobierno socialista". Por ello, la diputada ha destacado que la comparecencia a la que se ha referido Baldoví tuvo lugar antes de que se llevara a las Cortes Generales la proposición no de ley, y antes de que el Ayuntamiento de Valencia, al igual que el Ayuntamiento de Gandia, presentaran ante el Tribunal Supremo (TS) una instancia para que no se validaran los reales decretos.

   A su juicio, con el diputado de Compromís "hablan de lo mismo", pero con la diferencia de que se busca "la culpabilidad donde no corresponde".

   Por parte del grupo socialista, José Luis Ábalos ha indicado que han apoyado la propuesta, y ha recordado que, recientemente, el TS desestimó un recurso de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien "cogió la bandera de la protección del litoral como una cuestión alarmante, demagógica y populista". Por lo que ha subrayado que "han engañado a la ciudadanía".

   En este sentido, Juste ha tildado de "patético y vergonzoso" este discurso y ha reiterado que es "increíble" que quieran revocar algo que aprobó el anterior Gobierno.

   Por su lado, la parlamentaria de CiU, Inmaculada Riera, ha indicado que la iniciativa pide explícitamente la retirada de los permisos de prospección y es necesario aclarar que la retirada de los permisos de investigación corresponde al promotor y no al Gobierno; y que convendría "respetar y recoger" la opinión de las comunidades afectadas.

   Por parte de La Izquierda Plural, Chesús Yuste, ha indicado que su grupo está "en contra" de la política del Gobierno, al que le gusta dar "barra libre en materia energética, sin importarle el impacto ambiental", ha subrayado al explicar su postura "en contra" de la proliferación de la fracturación hidráulica, de la minería de magnesitas, y de las prospecciones petrolíferas.

UN MUNDO DE "PETER PAN"

   Por último, por parte de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán se ha mostrado "sorprendido" con el hecho de que no se pida la prohibición de unas extracciones de hidrocarburos porque pueden representar un peligro medioambiental, sino "defendiendo un mundo de Peter Pan" sin petróleo, y desde un punto de vista "de política interna" de la Comunitat Valenciana.

   "Como el petróleo y el gas son sustancias contaminantes que pueden provocar daños medioambientales si hay accidentes en la extracción, decidimos que no los necesitamos y vivimos en un mundo sin petróleo ni gas", ha destacado en tono irónico el parlamentario, quien además ha destacado que en la región, además de turismo, "hay muchas otras cosas", como las industrias relacionadas con la cerámica.

   Por ello, ha indicado que votan en contra de esta proposición porque es "irresponsable" el planteamiento mantenido y ha recalcado que "siempre" apoyarán que se respete "la preservación de áreas medioambientales sensibles".

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UN DIRIGENTE DE UPyD FACTURA UN MILLON € A SU AYUNTAMIENTO SIN CONCURSO

UN DIRIGENTE DE UPyD FACTURO UN MILLON EN OBRAS SIN CONCURSO A SU AYUNTAMIENTO

Sus hijos figuran al frente de varias empresas con la sede social en su domicilio y una denunció al Ayuntamiento del PP al negarse a pagar

ABC

Relación de algunos encargos realizados por Urbacasas 2005 SL para el Ayuntamiento de Elda durante el mandato del PSOE

Un vocal del Consejo Local de UPyD en Elda, Francisco Martínez Martínez, facturó más de un millón de euros en obras menores para el Ayuntamiento sin contrato –por cuantías inferiores a 6.000 euros– a través de la empresa Urbacasas, en la que figuran dos hijos suyos como administradores. Estos trabajos se realizaron con el PSOE en el gobierno local, y el PP se negó posteriormente a abonar una tercera parte de lo facturado al llegar al poder, en 2008, si bien la mercantil ganó un contencioso y ha cobrado –con el más reciente plan de pago a proveedores– las últimas facturas en 2012.

Urbacasas tiene participación también en la firma Los Carteros, de mayor volumen y con contratas en otros municipios, como Monóvar o Redován, donde la ex alcaldesa socialista Leticia Bas tuvo que declarar el año pasado como imputada en la investigación por un supuesto sobrecoste de una escuela infantil, proyecto ejecutado por esta sociedad.

Y no se trata de la única empresa que tiene su sede social en un domicilio de Francisco Martínez, dos locales de 37 metros cuadrados cada uno con sendas viviendas encima: también figura radicada allí Jesumat, una constructora con una facturación de unos 300.000 euros anuales (llegó al medio millón, en 2009), que después ha visto declinar su actividad. En este caso, son cuatro hijos suyos los administradores de la sociedad. Y Vertidos del Vinalopó SL, gestora del vertedero de escombros y residuos de Monòver.

Jefe de Obras municipal

Al no aparecer en ninguna de estas empresas, el directivo de UPyDevita incurrir en incompatibilidad, ya que ejerce desde hace más de una década como funcionario municipal, concretamente como jefe de Obras. El PP situó a un responsable para supervisarlo al acceder al poder.

Los trabajos para los que había facturado al Ayuntamiento eldense durante la última etapa del socialista Juan Pascual Azorín fueron de lo más variado: albañilería, fontanería, jardinería, arreglos en caminos, alumbrado, limpieza... y en algunos casos, en la documentación oficial figuran únicamente con el epígrafe de «trabajos» y el nombre de la calle. Eso sí, el denominador común es que el importe nunca superaba los 6.000 euros, límite que establecía la anterior norma para exigir un concurso público. De esta manera, las obras se adjudicaban sin más. 

Urbacasas 2005 SL tuvo un volumen de negocio de 767.000 euros en 2011, únicamente con tres empleados, y sus balances de ejercicios anteriores oscilaron entre los 368.000 euros de 2007 y los 869.000 de 2010, con una plantilla que nunca superó la media docena de trabajadores.

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