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jueves, 27 de febrero de 2014

ESPAÑA: EL TRIBUNAL EUROPEO SENTENCIA QUE EL CENTIMO SANITARIO ES ILEGAL


La justicia europea dicta que el céntimo 

sanitario vulnera la legislación comunitaria




El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el 'céntimo sanitario' -el impuesto sobre los carburantes que aplican algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinan a financiar la sanidad- vulnera la legislación comunitaria.

Los jueces señalan que "no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años". Ello significa que España podría tener que devolver 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011.

El fallo responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña. La compañía solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciara.

El gravamen en cuestión es el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), que estaba destinado a financiar las nuevas competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia sanitaria, además de actuaciones medioambientales. Estuvo en vigor entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de enero de 2013, fecha en la que se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos.

En su sentencia de este jueves, el Tribunal declara que el 'céntimo sanitario' es contrario a la directiva de la UE sobre los impuestos especiales, ya que no cumple el principal requisito exigido a un gravamen de este tipo: perseguir una finalidad específica.  En este sentido, señala que lo recaudado por el céntimo sanitario se destina a las comunidades autónomas para que éstas financien el ejercicio de algunas de sus competencias. "Pues bien, el aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el reconocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo puramente presupuestario, que no puede, por sí solo, constituir una finalidad específica", afirma el Tribunal.

Según los jueces, para considerar que persigue una finalidad específica, el debería tener por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente. "Tal sería el caso, en particular, si los rendimientos de dicho impuesto debieran utilizarse obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos que grava dicho impuesto", apunta el fallo.


Sin embargo, las comunidades autónomas destinan la recaudación "a los gastos sanitarios en general, y no a los vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos gravados". Además, la norma española no establece ningún mecanismo de afectación predeterminada a fines medioambientales, denuncian los jueces.

Buena fe española
La Generalitat de Catalunya y el Gobierno español solicitaron al Tribunal de Justicia que limitara los efectos en el tiempo de esta sentencia en el supuesto de que fuera desfavorable. Alegaron en particular que el céntimo sanitario ha dado lugar a una gran cantidad de litigios y que la obligación de devolverlo "pone en peligro la financiación de la sanidad pública en las comunidades autónomas".

El Tribunal de Justicia ha desestimado esta petición  argumentando que "no puede admitirse que la Generalitat de Catalunya y el Gobierno español hayan actuado de buena fe al mantener el IVMDH en vigor durante un período de más de diez años".

El fallo recuerda que en el año 2000 la justicia europea ya se pronunció sobre un impuesto con características análogas. Además, en 2001, la Comisión había informado a las autoridades españolas de que la introducción de dicho impuesto sería contraria al Derecho de la Unión. Por otro lado, en 2003 (el año siguiente a la entrada en vigor del IVMDH), la Comisión inició un procedimiento de incumplimiento contra España en relación con dicho impuesto.

El Tribunal de Justicia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, las consecuencias financieras que podrían derivarse para un Estado miembro de una sentencia dictada con carácter prejudicial no justifican, por sí solas, la limitación en el tiempo de los efectos de esa sentencia.

"Si ello no fuera así, las violaciones más graves recibirían el trato más favorable, en la medida en que son éstas las que pueden entrañar las consecuencias económicas más cuantiosas para los Estados miembros. Además, limitar los efectos de una sentencia en el tiempo basándose únicamente en consideraciones de este tipo redundaría en un menoscabo sustancial de la protección jurisdiccional de los derechos que la normativa fiscal de la Unión confiere a los contribuyentes", concluye el fallo.

lunes, 24 de febrero de 2014

ESPAÑA: CHINA NO TENDRA RELACION CON EL PAIS HASTA QUE DESMONTE LA LEY DE JUSTICIA UNIVERSAL


Boicot chino a España: no vendrán ministros y otros cargos hasta que desmonte la jurisdicción universal

Pekín trata de proteger al expresidente Jiang Zemin y a otros antiguos gobernantes encausados por la Audiencia Nacional por el genocidio perpetrado por los comunistas en el Tíbet.

Foto de archivo del Rey Juan Carlos junto al primer ministro chino Wen Jiabao durante su visita a España.
Cuando la oposición dice que el Gobierno del PP modifica el principio de jurisdicción universal por presiones de los Estados afectados tiene mucha razón. Por un lado, porque el PSOE, que introdujo una primera reforma en 2009, mediante una enmienda en la Ley Orgánica de la Oficina Judicial, ya las sufrió; y por otro lado porque es cierto.
A principios de diciembre se celebró en Madrid la inauguración oficial de la Centro Cultural de China en España, con asistencia del viceministro de Cultura del Consejo de Estado de la República Popular China, Yang Zhijin. Si ese acto se celebrase hoy, no asistiría ninguna autoridad venida de Pekín. Desde hace varias semanas, según ha sabido VozPópuli, el Gobierno comunista chino ha recurrido a la suspensión de viajes por parte de los viceprimeros ministros, ministros, viceministros, consejeros de Estado y demás miembros de la cúpula dirigente, y que se le ha comunicado al Gobierno español.
De esta manera, Pekín trata de proteger al expresidente Jiang Zemin y a otros antiguos gobernantes encausados por la Audiencia Nacional por el genocidio perpetrado por los comunistas en el Tíbet.
La medida de presión está dando resultado, ya que la anulación de la jurisdicción universal, contenida en el art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que convirtió al ex juez Baltasar Garzón en una estrella mediática, se ha acelerado.
De acuerdo con los planes originales del Gobierno del PP, se habría modificado dentro de una reforma de la LOPJ que está preparando el Ministerio de Justicia. Pero este procedimiento era demasiado lento para los deseos chinos: habría que pedir y recibir informes al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial. En consecuencia, una espera de varios meses.
Por ello, y debido al avance del proceso contra Jiang Zemin y otros dirigentes chinos en el juzgado de Ismael Moreno, el PP optó por que su grupo parlamentario en el Congreso presentase una proposición de ley, que además se tramitará por la vía de urgencia y en lectura única. El texto y el mecanismo de tramitación se votaron en el pleno del día 20, con este único punto en el orden del día.
Además, la proposición se votará en la cámara baja en un pleno convocado para el jueves 27, después del Debate sobre el estado de la Nación. De allí pasará al Senado, donde ocurrirá lo mismo: hay plenos programados en seis días, con lo que la reforma podría estar en vigor antes de que concluya marzo. Así los jueces tendrían que sobreseer varios sumarios, incluyendo el abierto contra los chinos comunistas.
En los últimos años sólo habrá habido otra tramitación legal tan rápida: la reforma del artículo 135 de la Constitución para introducir la estabilidad presupuestaria. Se registró el 26 de agosto de 2011 en el Congreso y el 27 de septiembre se publicó en el BOE firmada por el Rey. También por presiones venidas del extranjero.

miércoles, 5 de febrero de 2014

ESPAÑA: EL GOBIERNO ABOLE EL DELITO DE ABLACION EN LA NUEVA REFORMA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL


La reforma de la justicia universal elimina la persecución de la ablación

El texto del Gobierno no hace referencia a la mutilación genital femenina, que introdujo Zapatero

  • CiU ayuda al PP a agilizar la limitación de la justicia universal

La reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial emprendida por el Gobierno para reducir al mínimo la llamada justicia universal también deja fuera de la protección de los tribunales españoles los delitos de mutilación genital femenina cometidos en el extranjero. La modificación legislativa que el Partido Popular acomete a marchas forzadas mediante una proposición de Ley Orgánica del Grupo Popular en el Congreso no menciona en su prolijo articulado la ablación del clítoris de las niñas entre las infracciones cometidas fuera del territorio español que podrán perseguir los jueces de la Audiencia Nacional. La norma vigente en la actualidad menciona expresamente como perseguibles los delitos “relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España”. En el texto modificado, de cinco páginas, esta mención simplemente desaparece.
La mutilación genital se practica cada año a tres millones de niñas en amplias zonas de África y Oriente Medio, según la Organización Mundial de la Salud. Esta práctica, reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos, acarrea en muchos casos problemas de salud, desde hemorragias, infecciones, quistes, esterilidad y aumento del riesgo de complicaciones del parto. La mayoría de las veces se realiza en malas condiciones de higiene y sin control médico.

La justicia española es competente para perseguir universalmente la mutilación genital femenina desde julio de 2005. Ese año, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero modificó el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incorporar este delito al catálogo de infracciones que se pueden investigar aunque se cometan fuera del territorio español. En la exposición de motivos de aquella ley, el anterior Ejecutivo sostenía que la ablación encaja en los supuestos del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reza así: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
Aquel texto se redactó con una intención principal. La mayor parte de los casos de ablación que sufren niñas con residencia en España se producen durante viajes a los países de origen de sus padres. Esta normativa ha permitido juzgar en España casos de mutilación genital detectados por médicos en menores.
En abril de 2013, la Audiencia Nacional condenó por primera vez a una mujer de nacionalidad senegalesa por la extirpación ritual del clítoris que sufrió su hija después de que la dejara con un año de edad en su aldea natal a cargo de sus abuelos. Esa sentencia condenaba por primera vez a progenitores que perpetraron o toleraron esta práctica antes de llegar a España con sus hijas. El Tribunal Supremo anuló este fallo el pasado diciembre porque no se probaba la “participación consciente o negligente” de la acusada en la mutilación que padeció la menor en su país de origen.
El Gobierno del PP ha iniciado la reforma de la jurisdicción universal después de que China haya mostrado su malestar —y amagado con represalias económicas— por la investigación de la Audiencia Nacional a la cúpula del Partido Comunista del gigante asiático por el genocidio del Tíbet. El nuevo texto legal hace mención a los “delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad”. Fuentes de la Audiencia Nacional descartan que este nuevo enunciado, que amplía los delitos de “prostitución y corrupción de menores o incapaces” perseguidos hasta ahora, incluya la ablación. En el Código Penal, la mutilación genital entra en la categoría de las lesiones y no de los delitos sexuales.
La reforma legal estrecha aún más los supuestos en los que los jueces españoles pueden investigar delitos cometidos en el extranjero, y no solo en los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o tortura. En el caso de los delitos contra la libertad sexual de menores de edad (pedofilia o pederastia) cometidos fuera de España, el texto establece que los jueces españoles solo podrán entrar a investigar si el acusado es ciudadano español o extranjero con residencia habitual en España. También se podrá abrir una instrucción si la víctima del delito tiene nacionalidad española, pero en este caso se pone una condición: que el supuesto agresor se halle en suelo español.
CiU ayudó este martes con su abstención en la Mesa del Congreso a agilizar la limitación de la justicia universal. La proposición del PP que reduce al mínimo la capacidad de actuar de los tribunales españoles se debatirá y aprobará el próximo martes en el Congreso, con el rechazo de PSOE, IU y UPyD. El Gobierno ha optado por esta vía de proposición de ley del PP, inédita en esta legislatura, para que se apruebe antes y para eludir la petición de informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. El PSOE había pedido que, apelando a un precedente, se pidiera informe al Poder Judicial. Pero el PP se opuso en la Mesa con la ayuda de CiU.

martes, 28 de enero de 2014

ESPAÑA: EL PORTAVOZ DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA CRITICA LA FALTA DE RESPETO DE COSPEDAL A LA JUSTICIA


La "falta de respeto" de Cospedal a la Justicia

El portavoz de Jueces para la Democracia considera "especialmente grave" que la dirigente popular afirme que en España es el poder ejecutivo que "sale de las elecciones" con un programa electoral "quien tiene que ejecutar la política".



MARÍA DOLORES DE COSPEDAL, ESTE MARTES

Una "absoluta falta de respeto" a la independencia judicial. Así ha calificado la Asociación Jueces para la Democracia (JpD) las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien se ha mostrado "sorprendida" por la decisión judicial sobre la sanidad madrileña.

El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, -en declaraciones a Efe- tacha de "especialmente grave" que la dirigente popular afirme que en España es el poder ejecutivo que "sale de las elecciones" con un programa electoral "quien tiene que ejecutar la política".

"Ganar unas elecciones no sirve para impedir cualquier medida al margen de la legalidad", aseguraba Bosch, que añade que las decisiones de cualquier poder del Estado "nunca pueden vulnerar lo que marca la ley ni los derechos fundamentales de los ciudadanos" .

Y es que, según el portavoz de JpD, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la suspensión de la externalización de la gestión de seis hospitales de la Comunidad de Madrid "está fundamentada jurídicamente".

Bosch agrega que "no hay ninguna relación" con las protestas de la denominada marea blanca a las que ha hecho mención Cospedal, que ha señalado que "lo que no puede ser en democracia es que las presiones externas, ni de colectivos, medios de comunicación, algaradas en la calle ni partidos políticos incida en las decisiones de los jueces" y advierte de que si cualquier político está en desacuerdo, "se debe desvirtuar el fallo jurídicamente, pero no atacar al tribunal aludiendo a que sus razones no son jurídicas".

También hace referencia el portavoz a la queja de la presidenta de Castilla-La Mancha sobre el tiempo que ha tardado el tribunal en resolver el asunto, y la emplaza a aportar más medios humanos y materiales para conseguir una mayor rapidez en la resolución de los conflictos, "en lugar de recortar la inversión en materia de Justicia".

FUENTE

lunes, 27 de enero de 2014

ESPAÑA: LA JUSTICIA OBLIGA A COSPEDAL A READMITIR FUNCIONARIOS INTERINOS


La Justicia obliga a la Junta de Castilla La Mancha a readmitir interinos


El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado la decisión de la Junta de suprimir unas 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban cubiertas por interinos, y ha ordenado que vuelvan a su puesto de trabajo y que se les abone el dinero dejado de percibir.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal obliga a que los interinos despedidos vuelvan a sus plazas y, además, vean reconocidas las retribuciones que hubiesen cobrado de no haber sido despedidos.Toledo, 27 ene.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Manchaha anulado la decisión de la Junta de suprimir unas 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban cubiertas por interinos, y ha ordenado que vuelvan a su puesto de trabajo y que se les abone el dinero dejado de percibir.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se estiman los recursos deUGT y STAS contra dos órdenes de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha de agosto de 2012 por las que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta.
Esta medida podría tener un impacto de unos 13 ó 14 millones de euros en las arcas públicas, según ha indicado a EFE Gustavo Fabra, responsable de funcionariado del STAS.
Los sindicatos recurrieron alegando que se había vulnerado el principio de negociación colectiva, con lo que se había violado el derecho constitucional a la libertad sindical, al no existir una negociación real sobre la supresión de las plazas y convocarse la Mesa Sectorial como un "trámite".
El fiscal entendió vulnerado el derecho a la libertad sindical y apreció "conducta antisindical" en la acción de la Junta, por lo que solicitó que se estimaran los recursos.
El TSJ expone que, aunque en la Administración no está obligada a llegar a acuerdos durante la negociación, el derecho de los sindicatos a la negociación "no se satisface sin más con la apertura del proceso negociador y con la celebración de reuniones carentes de contenido real, ni se puede negar, obstaculizar o desvirtuar el ejercicio de dicha facultad negociadora, según palabras del Tribunal Constitucional".
Según los magistrados, a los sindicatos se les dio poco tiempo para preparar la reunión y no se les dio ocasión de alegar o exponer razones que pudieran ser atendidas, lo que pone de manifiesto "la ausencia de una real negociación con posibilidad de ser eficaz".
La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, impone el pago de las costas a la Junta de Comunidades.
La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, ha declarado a Efe que la Justicia da "un serio correctivo" al Gobierno regional "que no muestra ningún respeto por los representantes sindicales y por las mesas de negociación con la parte social".
Por su parte, Gustavo Fabra, de STAS, ha aplaudido que se haya hecho "justicia" ante la "vulneración continúa de la negociación colectiva por parte del director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, con la "supervisión" del consejero de Presidencias y Administraciones Públicas, Leandro Esteban.
Fabra ha pedido la dimisión de ambos dirigentes de la Junta y ha lamentado el "grave perjuicio" que supondrá para los bolsillos de los ciudadanos el pago de las cantidades adeudadas a los interinos.

viernes, 17 de enero de 2014

ESPAÑA: EL GOBIERNO CEDE A LAS AUTONOMIAS LA FACULTAD DE JUBILAR A LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA


El Gobierno faculta a las CC.AA. para 

gestionar la jubilación de los funcionarios de 

Justicia


Ruiz-Gallardón
El Consejo de Ministros ha aprobado un Anteproyecto de Ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de delegar en las Comunidades Autónomas que han asumido las competencias de Justicia la gestión de la jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia de los cuerpos generales y especiales, así como las posibles prórrogas de permanencia en el servicio.
Con esta medida se persigue una agilización de los trámites de jubilación y una organización más eficiente, ya que se harán cargo de los mismos los órganos de las Comunidades Autónomas que ya gestionan todas las demás materias relativas al estatuto y régimen jurídico de este personal.
Por otra parte, se suprime la constitución obligatoria de los tribunales delegados para el acceso a los cuerpos de los funcionarios de la Administración de Justicia, que en ocasiones han resultado poco operativos e innecesariamente costosos, produciendo, además, un incremento de la litigiosidad. La supresión de esta obligatoriedad afecta a los tribunales delegados que intervienen en estas pruebas selectivas realizando funciones meramente administrativas que pueden llevar a cabo otros órganos de esta naturaleza de la Administración autonómica. Estos tribunales delegados territoriales podrán seguirse constituyendo cuando lo aconsejen circunstancias de carácter objetivo, como el tipo de pruebas a realizar, el contenido de las funciones a desarrollar o el número de plazas convocadas, atendiendo siempre a criterios de racionalidad.
El denominado Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria de racionalización del sector público y de medidas de reforma administrativa incorpora las medidas aprobadas en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), constituida dentro del programa de reformas económicas gubernamentales que tienen como finalidad corregir ineficiencias y redundancias competenciales que implican gastos innecesarios y suponen falta de agilidad y transparencia.
Dicha Comisión se ha encargado de la revisión de las distintas propuestas de simplificación, eliminación de duplicidades y mejoras de gestión presentadas por los distintos Ministerios, que han culminado en su informe de 21 de junio de 2013.

miércoles, 15 de enero de 2014

EE.UU. : LA JUSTICIA SE OPONE A LA REFORMA DEL SISTEMA DE ESPIONAJE (NSA)



La justicia de EE.UU. se opone a la reforma del sistema de espionaje





La justicia estadounidense presiona a la Administración de Barack Obama para que rechace la idea de reformar la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), según el diario 'Los Angeles Times'.



El juez federal del Distrito de Columbia y expresidente del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de EE.UU., John Deacon Bates, dirigió una carta a los comités Judiciales y de Inteligencia de ambas cámaras del Congreso para comunicar que los 11 jueces que componen este tribunal están en contra de las recomendaciones claves destinadas a aumentar la transparencia de los servicios de inteligencia del país y de las prácticas judiciales al respecto.

Los jueces se oponen a permitir la presencia de un abogado independiente durante las sesiones clasificadas de la corte. Creen que ello dificultaría considerablemente la labor de los tribunales sin aportar ningún beneficio compensatorio en términos de protección de la privacidad, argumenta Bates según recoge 'Los Angeles Times'. "La participación de un abogado no dará al proceso una forma realmente contenciosa ni ayudará a los tribunales constructivamente en la evaluación de los hechos, ya que el abogado no podría comunicarse con el afectado ni realizar una investigación independiente", insiste.

Otro punto clave de la carta es que los jueces rechazan definitivamente la idea de ampliar drásticamente su volumen de trabajo con la obligación de revisar y aprobar las llamadas 'cartas de seguridad nacional'. Actualmente, el FBI utiliza estas cartas y no necesita ninguna autorización judicial para tener acceso más de 20.000 veces al año a los registros de las compañías sobre las llamadas telefónicas de sus clientes u otros datos. Incluso si se les ofrecieran recursos adicionales, la necesidad de aprobar cada orden de comparecencia "transformaría fundamentalmente la naturaleza de la corte y supondría un detrimento de sus responsabilidades actuales", argumentó Bates.

La carta llega en vísperas del discurso de Obama, programado para el próximo 17 de enero, para revelar los detalles de la reforma que su Gobierno está preparando para reforzar la confianza pública en los métodos que la inteligencia estadounidense, sobre todo la NSA, emplea para recaudar la información, descreditados por las filtraciones de Edward Snowden. Los puntos clave de esta reforma están fuera del alcance del público general. Los medios de comunicación filtran solo propuestas separadas planteadas por diferentes expertos en la materia, pero por el momento se desconoce cuáles de estas propuestas se consideran aptas para incluir en la reforma. 

Sin embargo, lo que se discute en EE.UU. es solo el respeto de los derechos de los propios estadounidenses y no de los extranjeros, acentúa por su parte el especialista en cuestiones informáticas Daniel Riaño. "Lo que debe comenzarse es una nueva reflexión por parte de las organizaciones internacionales que se encargan del mantenimiento de la infraestructura de las telecomunicaciones actuales para cambiar completamente la forma en la que los ciudadanos puedan defenderse de los ataques a su intimidad", puntualizó.
FUENTE

sábado, 7 de diciembre de 2013

ESPAÑA: AFECTADOS POR LAS PREFERENTES SE QUEDAN SIN JUSTICIA GRATUITA


Afectados por preferentes se quedan sin justicia gratuita... porque tienen preferentes


Protesta de afectados por las preferentes de Bankia (EFE)
El escándalo social de las preferentes no parece conocer límites. Algunos de los afectados que invirtieron todos sus ahorros en estos productos y que apenas cuentan con recursos económicos solicitan el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Y, rizando el rizo, hay juzgados que se lo están negando por tener signos externos de riqueza. Unos signos que son... las propias preferentes, que como es sabido han sido canjeadas con fuertes pérdidas por acciones que, en muchos casos, no se pueden hacer líquidas.
Es lo que le ha ocurrido a un afectado que reclama 30.000 euros a Bankia en Palencia, a quien la Comisión de Justicia Gratuita de esa provincia -con el apoyo del abogado del Estado- denegó el derecho por presentar "otros signos externos (depósitos bancarios) que manifiestan capacidad económica". El afectado recurrió esta decisión ante el juzgado y, afortunadamente para él, el juez decano de Palencia ha desestimado esta resolución basándose en que poseer "participaciones preferentes por sí mismo no puede considerarse como un signo externo de capacidad económica" .
En su auto, el juez José Ramón Quintana argumenta que "es público y notorio que en nuestro país existe una pluralidad de personas que han contratado este producto y que por la particularidad de tal producto no pueden retirar voluntariamente las cantidades aportadas, o lo que es lo mismo, no es un bien del que puedan disponer libremente y que por lo tanto sea un signo efectivo de capacidad económica, siendo que es voluntad del solicitante (...) ejercer las acciones tendentes a la declaración de nulidad del contrato que tenía por objeto las mencionadas participaciones preferentes".
Es decir, la primera negativa cayó en el esperpento de considerar que las propias preferentes que han dejado sin ahorros al afectado son un signo de riqueza que le impide disfrutar de justicia gratuita para reclamar precisamente que le devuelvan ese dinero. Una situación que va todavía más allá de las condenas que se están conociendo por venta de estos productos a discapacitados, analfabetos o menores de edad.
Afectados por laSegún distintos juristas de otras partes de España, no se trata de un caso aislado, sino que se está dando en numerosas ocasiones. Pero muchos afectados no recurren estas resoluciones (para lo que no se necesita abogado, pero existe un plazo de sólo cinco días) por desconocimiento, sino que procuran obtener los recursos de donde sea o, directamente, tiran la toalla y desisten de su reclamación ante la imposibilidad de hacer frente a los costes. La justicia gratuita permite al ciudadano disfrutar sin coste alguno de abogado, procurador y demás profesionales que deban intervenir en el procedimiento, así como la ausencia de otros costes económicos como las tasas judiciales o los depósitos necesarios para la interposición de recursos.
El riesgo de reclamar a la Justicia
Lo ocurrido en Palencia pone de manifiesto los grandes riesgos que tiene acudir a la Justicia por este tema ante la disparidad de criterios entre los diferentes tribunales, la incomprensión del producto y la falta de pericia de muchos abogados (aparte del desconocimiento abismal de la realidad que trasluce la primera resolución). De hecho, aunque la mayoría de los afectados están recibiendo sentencias positivas, también hay un buen número de dictámentes favorables a las entidades sin que, en muchos casos, haya grandes diferencias entre la situación de unos afectados y otros.
Precisamente, para evitar estos costes, contratiempos y riesgos, se han puesto en marcha procedimientos de arbitraje en las entidades nacionalizadas, que son las que han tenido que aplicar canjes con quitas a los preferentistas por imposición de Bruselas en el MoU (Memorándum de Entendimiento con las condiciones del rescate). Este arbitraje es gratuito, mientras que hay abogados que cobran al cliente hasta el 50% de lo que recupere en los tribunales, y se rige por unos criterios que en teoría son homogéneos para todos los casos, aunque hay agravios comparativos como los que sufren los afectados de Ceiss (Caja España-Duero).

miércoles, 25 de septiembre de 2013

JUECES PARA LA DEMOCRACIA ACUSAN A IGNACIO LOPEZ DE TORPEDEAR LA INVESTIGACION GURTEL Y LLEVAR AL CAOS LA JUSTICIA


Los jueces progresistas acusan a Ignacio González de llevar al caos a la Justicia para torpedear la investigación del Gürtel


Ignacio González, presidente de la Comunidad de MAdrid

La asociación Jueces para la Democracia ha cargado duramente contra Ignacio González, al que acusa de desentenderse de la Justicia madrileña por el “recelo” que tiene a “una institución que no controla y que ha causado graves quebraderos de cabeza al partido al que pertenece” en causas como la trama Gürtel. El colectivo denuncia la desorganización, falta de medios y caos de los tribunales de la región en el inicio del nuevo año judicial.

La Coordinación de Madrid de Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado en el que asegura que el nuevo año judicial “se inicia en el marco de un creciente deterioro de la Justicia” en la región. Según estos magistrados, Ignacio González, siguiendo la senda marcada por Esperanza Aguirre, “no se cansa de manifestar su falta de interés por el funcionamiento de la Justicia y su deseo de devolver las competencias en esta materia a la Administración central”. 

En opinión de Jueces para la Democracia, esta postura supone “una deslealtad a los ciudadanos madrileños que les eligieron para el pleno ejercicio de las competencias que la Comunidad tiene atribuidas”, pero sobre todo refleja “el más profundo desinterés por el funcionamiento de una institución vital para la sociedad”. 

“En una Comunidad corroída por el caso Gürtel y otros casos de corrupción económica y política es esencial que los tribunales realicen su trabajo para que los ciudadanos recuperen su confianza en las instituciones y en el estado democrático”, dicen los jueces, que señalan que precisamente esto es lo contrario a lo que hace Ignacio González.

Y como resultado de este desinterés, la Justicia madrileña muestra una carencia en materia de organización, gestión y medios que ya han puesto de manifiesto “las distintas memorias de los Presidentes de los Tribunales de la región”: la dispersión e inadecuación de las sedes judiciales; la necesidad de mejorar la plantilla judicial, incapaz de hacer frente al elevadísimo número de asuntos que se tramitan en la región; la puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y su modernización para conseguir una gestión eficaz de los recursos; o la injustificada falta de nombramiento de funcionarios interinos para suplir las bajas en la oficinas judiciales, son sólo alguno de estos problemas.

La “desidia y abandono” de Ignacio González “no pueden justificarse en la crisis económica”, dicen los jueces progresistas, que señalan que la Justicia “es un problema de todos los ciudadanos y son estos a través de sus organizaciones sociales y políticas los que deben de exigir al Gobierno su adecuado funcionamiento”. 

Asimismo, el colectivo insta a jueces, fiscales, funcionarios, abogados y procuradores y demás profesionales que trabajan en los tribunales, “quienes mejor conocemos sus problemas”, a no convertirse “en simples espectadores ante el creciente deterioro”. “Debemos exigir al Gobierno de la Comunidad y a su Presidente que se comprometan de inmediato en un proyecto que responda a las necesidades de la Justicia en la Comunidad de Madrid, y exigir y vigilar su cumplimiento”, concluyen estos magistrados

FUENTE

martes, 3 de septiembre de 2013

LA JUSTICIA VUELVE A PARAR LA PRIVATIZACION DE LOS HOSPITALES


La Justicia vuelve a paralizar la privatización de los seis hospitales


Un auto del Juzgado Contencioso Administrativo nº4 de Madrid vuelve a paralizar el proceso de privatización de seis hospitales en la región a instancias de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).
Según esta resolución, a la que ha tenido acceso ELMUNDO.es, la adjudicación a empresas de servicios públicos "lleva implícita una considerable dosis de irreversibilidad" que "se incrementa notablemente en supuestos como éste, en los que, por la propia magnitud del servicio, se precisa introducir por los agentes privados, en sus legítimas aspiraciones empresariales, importantes modificaciones y cambios estructurales durante la vigencia de la concesión (10 años en este caso), que hace muy difícil, cuando no imposible, la reversión al sistema público anterior".
El auto destaca también que "existen datos sobre países en los que la gestión privada de su sistema sanitario no ha supuesto un ahorro" y entiende que las estimaciones que ha hecho la Consejería de Sanidad para justificarlo están "basadas en cálculos hipotéticos que pueden no responder luego a la realidad".
Además, "no se entiende bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión de este servicio esencial,asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia", tal y como se argumenta literalmente.
Por ésta y otras razones, el magistrado ponente, Carlos Gómez, ha decidido admitir "la suspensión de los actos administrativos impugnados" y, por tanto, paralizar el proceso de privatización sanitaria.
La Comunidad de Madrid planteará un recurso de apelación en el plazo de 15 días previsto por la ley, tal y como ha confirmado una portavoz.
No es la primera vez que la Justicia da un revés a los planes de ahorro diseñados por el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya suspendió provisionalmente el proceso de externalización de la gestión de seis hospitales públicos en julio, tras admitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Partido Socialista de Madridcontra los pliegos de condiciones de la convocatoria.
Dos semanas más tarde el TSJM levantó esa suspensión cautelarmientras estudia el fondo de la privatización sanitaria en la región.
Tal como se deduce ahora del auto del Contencioso Administrativo, la nueva suspensión es resultado del trabajo conjunto realizado durante meses por Afem y del despacho de López-Rodó.

lunes, 2 de septiembre de 2013

COSPEDAL PRESUME DE COLABORACION DEL PP CON LA JUSTICIA


Cospedal presume de la colaboración del PP con la Justicia en el ‘caso Bárcenas’



María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla La Mancha



“El PP es el partido más colaborador con la Justicia”. Así ha respondido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, preguntada en rueda de prensa en Génova sobre la destrucción de los discos duros de los portátiles de Luis Bárcenas que el partido entregó al juez Pablo Ruz. 

“Todo lo que nos ha pedido el juez se le ha dado y le hemos explicado lo que se le ha dado y lo que no y por qué”, ha insistido la presidenta manchega que ha remarcado que “todo el partido ha pasado por el Juzgado”, en referencia a su comparecencia y la del vicesecretario general del PP Javier Arenas a mediados de agosto. 

Y es que, frente a las cuestiones que le han hecho los periodistas sobre los portátiles del extesorero o la lista de visitas a la dirección nacional del partido, Cospedal se ha limitado a presumir de la colaboración del partido con los órganos judiciales. 

“El PP actúa de acuerdo con la ley de protección de datos, aunque a algunos les moleste”, ha destacado la dirigente popular que ha defendido que se “ha obrado en todo momento de acuerdo a la ley” hasta el punto de dar material al juez del que no estaba obligado a facilitar.

FUENTE

viernes, 30 de agosto de 2013

VIA LIBRE PARA LA MARIHUANA EN EEUU


Vía libre en EE UU para los Estados que regulan la marihuana recreativa

El Departamento de Justicia asegura que no se opondrá a las legislaciones estatales que han legislado sobre el uso recreativo o medicinal del cannabis


El Gobierno federal de Estados Unidos no se opondrá a la legislación de aquellos Estados que regulan el uso medicinal y recreativo de la marihuana, siempre y cuando no contravengan las nuevas prioridades en la persecución de la posesión, tenencia y tráfico de esta droga que este jueves ha hecho públicas el Departamento de Justicia. La decisión confirma el cambio de estrategia en la lucha contra las drogas por la que ha optado la Administración Obama, más centrada en las políticas de prevención y salud que en la persecución de los consumidores.
La nueva política en relación con la persecución de la marihuana, que este jueves se ha distribuido a todos los fiscales federales del país, hace hincapié en impedir su venta a menores o la adquisición por parte de cárteles y bandas pertenecientes al crimen organizado y en prevenir que la marihuana cuya venta está regulada para usos medicinales o recreativos se distribuya en Estados en las que esa actividad está prohibida.
La decisión confirma el cambio de estrategia en la lucha contra las drogas por la que ha optado la Administración Obama, más centrada en las políticas de prevención y salud que en la persecución de los consumidores
El fiscal general, Eric Holder, ha transmitido directamente la nueva postura de su departamento a los gobernadores de Washington y Colorado, los dos únicos Estados del país que han legalizado el consumo, la distribución, la venta y la tributación de la marihuana para uso recreativo. La indefinición de la Administración había inquietado a los responsables de estos dos Estados que dudaban de que el Gobierno permitiera la puesta en práctica de una regulación opuesta frontalmente a la normativa federal para la que la marihuana es una sustancia prohibida equiparada al LSD o la heroína.
En el caso de los Estados en los que es legal el uso y la venta de cannabis para fines medicinales -18 más el Distrito de Columbia-, la Administración también había dado instrucciones a los fiscales federales de no perseguir el consumo, pero, en muchos lugares las redadas contra establecimientos autorizados, ante la sospecha de que eran tapaderas para el contrabando ilícito de hachís, o las amenazas a los agentes estatales y locales que cumplían con las leyes de sus Estados, no habían disminuido.
“La Administración central no puede obligar a los Estados a castigar una conducta solo por el hecho de que sea considerada ilegal por la legislación federal si de acuerdo con la estatal es legítima”, comentaRobert Mikos, profesor de Derecho de la universidad de Vandelbilt y experto en la legislación sobre marihuana. Pese a ello, el propio presidente de EE UU, Barack Obama, y varios legisladores han demandado la necesidad de conciliar la legislación federal y la estatal. “Necesitamos tener un debate sobre cómo armonizar una ley central que dice que la marihuana es un delito federal y otra estatal que la considera legal”, señaló el presidente a la periodista Barbara Walters en diciembre del año pasado.
La nueva política en relación con la persecución de la marihuana hace hincapié en impedir su venta a menores o la adquisición por parte de cárteles
Esa entrevista fue la primera vez en la que Obama se pronunciaba sobre la legalización de la marihuana para fines recreativos aprobada por los ciudadanos de Washington y Colorado el 6 de noviembre de 2012. Entonces, también sostuvo que para su Administración “no era prioritario perseguir a los consumidores de marihuana para fines recreativos de aquellos Estados que han decidido que su posesión es legal”.
El presidente fue claro entonces, pero el Fiscal General ha guardado silencio a lo largo de estos 10 meses. El memorándum con las nuevas ocho prioridades supone una declaración de intenciones por parte del Departamento de Justicia que hace varios años que aboga por terminar con la “guerra” contra las drogas y abordar el asunto no desde el punto de vista de la seguridad sino desde el sanitario. Esas ocho prioridades serán las que constituyan su base argumental cuando el próximo 6 de septiembre declare, junto a su número dos, James Cole, ante el comité de Asuntos Jurídicos del Senado, para explicar, en palabras de su presidente, el demócrata Patrick Leahy, “la mejor forma de usar los recursos federales para perseguir el uso recreativo y medicinal de la marihuana en aquellos Estados donde éste es legal”.
Colorado ya ha aprobado la regulación del mercado de la marihuana recreativa y Washington espera hacerlo antes de que finalice este año. Ambos han legislado sobre su consumo. El país mira con lupa los problemas normativos, las trabas y las consecuencias sociales y sanitarias de una normativa pionera. Rhode Island y Maine esperan aprobar leyes similares en 2013 y Vermont, Masachusetts, California y Oregón podrían incluir referéndums al respecto en las próximas elecciones legislativas de 2014.

PRISAS DE GRIÑAN POR CONVERTIRSE EN SENADOR AFORADO, PARA QUE LA JUEZ AYALA NO LE IMPUTE


Las prisas de José Antonio Griñán por convertirse en senador y en aforado nacional: el consejero de Justicia le ha advertido que la juez Alaya está a punto de imputarle

José Antonio Griñán quiere llegar al Senado por la vía más rápida posible, para convertirse en aforado nacional y evitar así la posible imputación de la juez Alaya. El consejero de Justicia de la Junta le ha advertido que la magistrada está a punto de incluir su nombre en la lista de imputados.


Tal y como se contó en estas páginas, el ya ex presidente de la Junta optó por mantenerse como diputado en el Parlamento andaluz, para no tener que someterse al 'examen' del PP en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, y ser designado sólo con los votos a favor del PSOE.
Sin embargo, esa estrategia supondría que su llegada al Senado se retrasara, ya que Griñán debería esperar a que se votara en pleno su marcha a la Cámara Alta en Madrid.
A Griñán se le acaba el tiempo
Ese tiempo es ahora vital, ya que la amenaza de la imputación de la juez Alaya es cada día más viable.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, ha sido el que ha advertido al propio José Antonio Griñán que la magistrada piensa incluirle en la próxima lista de imputados, que puede hacerse pública antes de finales de septiembre.
La información de Llera, con importantes contactos con en los tribunales andaluces, ya ha movilizado al propio Gobierno autonómico, y al PSOE, que van a tomar cartas en el asunto.
Presentarán la propuesta en la Mesa del Parlamento
La dirección del grupo socialista en el Parlamento regional presentará la propuesta de nombramiento en la Mesa de la propia cámara.
Dirigentes socialistas a los que ha tenido acceso este confidencial explican que el objetivo es que la denominación no se debata en pleno, sino que se decida entre los miembros de la Mesa, para agilizar el proceso. El nombramiento de Griñán se obtendría con los votos favorables de los representantes del PSOE e IU en la propia Mesa.
Las fuentes consultadas añaden que la propuesta llegará con en una de las dos primeras sesiones plenarias: “Quizá para la primera no llegue porque es la de investidura de Susana Díaz, pero en la reunión de portavoces para la segunda se realizará”.
De esta forma, José Antonio Griñán pasará a ser aforado nacional en apenas un mes. Si la juez Alaya decide imputarle, tendrá que hacerlo antes de que el ex presidente llegue al Senado para conservar el caso y que no derive al Tribunal Supremo.

jueves, 29 de agosto de 2013

EL FISCAL PEDIRA PENAS DE CARCEL PARA URDANGARIN


El fiscal pedirá penas de cárcel para 


Urdangarin aunque colabore con la 


Justicia


IÑAKI URDANGARÍN ABANDONA LA CIUDAD DE LA JUSTICIA ENTRE GRITOS DE "CHORIZO"
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ya tiene perfilado el escrito de acusación que presentará ante el juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, y lo cerrará de manera definitiva cuando la Agencia Tributaria presente un informe sobre la infanta Cristina y terminen de realizarse varias diligencias pendientes, entre ellas, más declaraciones de testigos e imputados.
En ese escrito, el fiscal solicitará penas de cárcel de Iñaki Urdangarin, colabore éste o no, en el tramo final de la investigación, según han confirmado las fuentes judiciales consultadas por este diario.
La horquilla de años de cárcel que se cierne sobre el yerno del Rey en estos momentos se sitúa en torno a un mínimo de 4 y un máximo de 17, según la ponderación que realice el fiscal de los delitos que le atribuye y la posibilidad de que el principal imputado, junto a Diego Torres, se avenga a colaborar.
Pero, en todo caso, Urdangarin, que sigue sin admitir ninguno de los ilícitos, ni tampoco ha devuelto el dinero público, 5,8 millones de euros, captados en los foros de Nóos en Balears y Valencia, no evitaría su encarcelamiento.
Delitos
Anticorrupción imputa al marido de la infanta Cristina tres delitos fiscales y también, malversación, prevaricación, y fraude a la administración. El que comporta más penas de cárcel, entre 4 y 8 años, es la malversación. También, el exjugador de balonmano puede ser acusado de blanqueo de capitales y evasión fiscal, aunque por ahora, no hay indicios sólidos para incluirlos en el escrito definitivo.
Urdangarin ha proclamado su inocencia en las dos comparecencias realizadas ante el juez Castro en Palma.
Asesorado por su abogado Mario Pascual Vives, no reconoce ninguno de los delitos que le atribuyen, con la excepción de algunas «irregularidades administrativas», y, por ende, no ha realizado ninguna maniobra para buscar un acercamiento con el ministerio público.