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domingo, 2 de febrero de 2014

ESPAÑA: GANDIA EMBARGADA


Gandia está sufriendo las consecuencias de la controvertida gestión ecómica del PSPV durante las últimas legislaturas. La ciudad se enfrenta a un embargo de terrenos y solares por parte de una entidad bancaria, que reclama el pago de un crédito de cinco millones que no se ha saldado pese expirar el plazo de abono en varias ocasiones.
El banco donde se solicitó el dinero acudió a la justicia para exigir el pago y un tribunal ha autorizado el embargo de terrenos para saldar la deuda municipal.

lunes, 13 de enero de 2014

ESPAÑA: MAS DE 3.000 AYUNTAMIENTOS TIENEN FACTURAS OCULTAS POR VALOR DE 1.012 MILLONES DE EUROS


Más de 3.000 ayuntamientos afloran facturas ocultas por valor de 1.012 millones de euros

  • Los consistorios andaluces, los más activos en esta práctica ilegalUn total de 3.753 ayuntamientos han aflorado 1.012 millones de euros contratados de forma irregular, aprovechando el mecanismo de pago a proveedores impulsado en 2012 por el Gobierno. De ellos,119 son grandes municipios que contrataban obras y servicios sin imputarlos a presupuesto alguno ni como pendientes de pago.


Éste es el escalofriante dato que especifica el Tribunal de Cuentasen el informe que acaba de remitir al Congreso de los Diputados. Según el documento, se trata de facturas «ocultas» nunca contabilizadas oficialmente por las corporaciones locales hasta el año 2011, en grave incumplimiento de la ley y que supone que el déficit público español oficial había sido «infravalorado».
La práctica de los ayuntamientos de firmar contratos sin que consten en contabilidad oficial alguna puede encerrar no sólo táctica para disfrazar la realidad de las cuentas, sino también adjudicaciones a dedo a empresas afines. Todas ellas han sido sin embargo pagadas a través del fondo de proveedores, puesto que las facturas existían; otra cosa es que no figuraran en las cuentas oficiales.

Gastos al margen del presupuesto

El informe señala en sus conclusiones que «el mecanismo de pago a proveedores permitió financiar gastos realizados al margen del presupuesto, e incluso previamente ocultos, exigiendo como requisito la certificación de la intervención de la entidad local correspondiente, a la cual se eximió expresamente de la responsabilidad (...) Estas condiciones permitieron aflorar 1.012 millones de euros que no se encontraban siquiera registrados en la contabilidad de las entidades locales».
El afloramiento fue posible gracias a una especie de amnistía establecida por el Ministerio de Hacienda en el Real Decreto de 2012 que puso en marcha el fondo a proveedores. En su artículo 5, según destaca el Tribunal de Cuentas, eximió de responsabilidad a los interventores locales para que sacaran del cajón todas las facturas, aunque no estuvieran en la contabilidad oficial.
El informe reconoce que gracias a eso ha aflorado deuda oculta y ha permitido una «reducción» de gastos locales sin crédito presupuestario. Pero señala también que conviene depurar responsabilidades en los órganos competentes de los ayuntamientos que ejecutaron tal práctica. «La falta de exigencia de responsabilidades incentiva el incumplimiento del procedimiento de ejecución del gasto público, mediante la ejecución de gastos sin crédito presupuestario», reprocha el informe, de 90 páginas. Algunos de los alcaldes responsables sí han sido llevados a juicio, pero no por el pago a proveedores, sino por otras investigaciones sobre irregularidades a nivel local.
El Gobierno se ha limitado a pagar las facturas que estaban pendientes de pago a cierre de 2011 dando un plazo de 10 años a las entidades locales para que les devuelvan el dinero y a actualizar las cifras de déficit. La magnitud de lo oculto es tal que, según el Tribunal de Cuentas, un 11% del fondo a proveedores de 2012 -dotado con 9.000 millones- que han fiscalizado fue a parar a facturas nunca contabilizadas.

Andalucía, en primera posición

Los consistorios andaluces, los más activos en esta práctica ilegal
El informe no detalla todos los ayuntamientos con deuda oculta, pero sí resalta que los de Andalucía se llevan la palma con 326,4 millones que no estaban contabilizados en 2011, seguidos por los de la Comunidad de Madrid, con 110,9, y los de Canarias, con 108,9. En cuarto lugar figuran los de la Comunidad Valenciana, con más de 69 millones.
Sí precisa los casos más llamativos con facturas ocultas en los cajones por encima de 10 millones de euros e incluye a ayuntamientos de todos los colores políticos. El más destacado es elcanario de Telde (PP), con 30,4 millones de facturas ocultas, seguido de cerca por el de la ciudad de Sevilla en la etapa del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, con 29,9 millones. Sigue El Ejido, con 20,1 millones en la época de Juan Antonio Enciso por el Partido de Almería; el feudo del PP de Alcalá de Henares (19,9); Puerto Real en la etapa de José Antonio Barroso (IU), con más de 18, y el de Estepona en la etapa socialista, con 16,4 millones.

Falta de credibilidad

El hallazgo implica una revisión al alza del déficit público del Estado en 2011
Además del incumplimiento legal y sombrío retrato de las haciendas locales en España, existe una derivada en la credibilidad del déficit españolque, según el Tribunal, deberá ser revisado al alza con carácter retroactivo en 2011 y años precedentes. Lo aflorado «supone un 0,1% de la cifra del PIB del ejercicio», pero, de acuerdo con Eurostat, en vez de agregarse al déficit del pasado año se ha ajustado al de 2011 y ejercicios «en función de la fecha de vencimiento de estas facturas».
Aunque lo más grave son las facturas nunca contabilizadas, también es irregular que hubiera muchas de ellas «pendientes de contabilizar». En total, en el fondo de proveedores se han pagado 1.234 millones de facturas que los ayuntamientos decían que tenían previsto imputar a presupuesto, pero que aún no lo habían hecho. Si se suman a las ocultas, el resultado es que el 24% del mecanismo impulsado por Montoro ha pagado facturas que no estaban contabilizadas en el momento en que se pasaron a cobro a Hacienda. El Tribunal de Cuentas destaca en este caso el Ayuntamiento madrileño de Parla, que pasó 114 millones «pendientes de contabilizar».

jueves, 21 de noviembre de 2013

UN AYUNTAMIENTO ORDENA LA PRESCRIPCION DE MAS DE 1 MILLON DE EUROS EN DEUDAS


El Ayuntamiento ordena la prescripción de más de un millón de euros de deudas

El concejal de Hacienda afirma que la acumulación de impagos "fue una práctica habitual durante las anteriores corporaciones"




Más de un millón de euros de facturas reclamadas al Ayuntamiento de Estepona entre 1989 y 2003 pasarán a mejor vida. El Consistorio ha ordenado su prescripción y por lo tanto sociedades, particulares y colectivos sociales tendrán que olvidarse de cobrar las cantidades que la administración local les debe. 

Según explicaron desde el equipo de gobierno, la ley vigente establece que no pueden abonarse estas cantidades porque las facturas prescriben a los cuatro años. El edil de Hacienda, Manuel Aguilar, señaló que la acumulación de impagos "fue una práctica habitual durante las anteriores corporaciones, lo que dio lugar a que el Ayuntamiento heredase en junio de 2011 unos números rojos de más de 300 millones de euros". Así, unos 204 acreedores comprobarán como 24 años después, en algunos casos, sus facturas salen a la luz aunque no para ser cobradas. 

Entre las cantidades que se eliminarán de la contabilidad municipal hay de todo. Desde un céntimo reclamado por un vecino a 242.000 requeridos por una promotora. En medio de ambas cifras se pierden los 12.000 euros que corresponden a Aprona, los 25.000 de la banda municipal de música y los 48.400 de la empresa pública de aguas dependiente de la Mancomunidad, Acosol. También desaparecerán los 11.100 euros reclamados por tres comunidades de propietarios en las que el Ayuntamiento tiene o ha tenido oficinas, así como los 10.800 euros exigidos por la Sociedad General de Autores y 132.289 euros correspondientes a facturas de bancos y cajas de ahorros. 

La cantidad que el Ayuntamiento pretende anular de la contabilidad municipal asciende a 1.039.409 euros y afecta a 204 acreedores, entre ellos el alcalde, José María García Urbano, a quien el Consistorio que él preside le dejará a deber 294,87 euros.

FUENTE

martes, 24 de septiembre de 2013

UNA CONCEJALA DEL PP SE VA A MADRID A VER EL MUSICAL DEL REY LEON A GASTOS PAGADOS POR EL AYTO


Una concejala del PP de Fortuna se va a Madrid a ver el musical El Rey León a gastos pagados por el ayuntamiento


El PSOE ya ‘advirtió’ en el Pleno Ordinario de Julio a la Concejal de Bienestar Social, Antonia Soler, que si no devolvía el dinero cobrado del Ayuntamiento para pagar el viaje y la entrada al musical “El Rey León”, además de 250 euros en dietas, pediría su dimisión.

La historia comienza cuando la Concejalía de Juventud organiza una escapada a Madrid, incluyendo, “si había posibilidad de entradas”, la asistencia al musical “El Rey León”, con un coste total de 110,50 euros por persona. Al mismo, y aprovechando la “subvención” municipal (el autobús lo pagaba el Ayuntamiento) se ‘apuntaron’ la propia Alcaldesa y la Concejal de Bienestar Social, Antonia Soler. Según denunciaron en el Pleno Ordinario de Julio, y lo que motivó la “advertencia” de petición de dimisión de los Socialistas, al citado viaje ya iban a ‘trabajar’ dos funcionarios municipales, pero “se apuntó al ‘todo pagado’ la edil Antonia Soler, a la que, además de pagarle del presupuesto municipal una ‘media dedicación’ de 1.200 euros al mes, incluyendo dos extraordinarias (16.800 euros anuales) por 20 horas semanales, el pueblo de Fortuna le tiene que pagar, también, sus‘viajes turistico-musicales de placer’, ha denunciado indignado el Concejal socialista Juan Ángel Gomariz.
Para el edil del PSOE, “es una auténtica vergüenza que, mientras que los jóvenes que viajaron se tuvieron que pagar su viaje, la Sra. Antonia Soler viajó “a la gorra” de los impuestos de los fortuneros”.
En una situación de auténtica emergencia social, “es vergonzoso e inmoral que una Concejal se vaya de ‘turismo musical’ a costa de los impuestos de todos los ciudadanos, más todavía cuando ella cobra por una‘media jornada’ 14 pagas de 1.200 euros al mes”.
El Concejal socialista pidió a la edil del PP que devolviera el dinero en un plazo de dos meses (hasta el siguiente Pleno Ordinario de Septiembre), porque de lo contrario le pedirían su dimisión, cosa que han manifestado que harán el próximo Martes 24.
La Concejal de Bienestar Social cobró del Ayuntamiento 110,50 euros del viaje más la entrada al musical y, además, 250 euros de dietas para ese fin de semana, dinero que el PSOE le ha exigido que, “antes de irse devuelva”.

viernes, 23 de agosto de 2013

BUFETES DE ABOGADOS DEL PP, SE REPARTEN CONCURSOS EN AYUNTAMIENTOS DEL PP


LA ESPOSA DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE CONTRATADA EN CASTRO URDIALES POR 80.000 EUROS
Bufetes de abogados del PP se reparten los concursos en los Ayuntamientos 'populares'
El alcalde de Castro, Iván González (centro) con el consejero Fernández (derecha)


Blanco y en botella, leche. A la vista de como armó el Equipo de Gobierno municipal de Castro Urdiales, liderado por el PP, el proceso de licitación para adjudicar la defensa jurídica del Ayuntamiento ante el contencioso presentado por la empresa Ascan, que reclama casi 16 millones de euros por un supuesto desequilibrio económico en la concesión del contrato del Agua, el PSOE castreño ya avanzó que el concurso estaba dado. Y no se equivocó. El adjudicatario ha sido el bufete Hermosilla, al que recientemente se unió la esposa del consejero de Medio Ambiente y letrada a sueldo del PP, en dura competencia con el de Chema Real. Este ha sido socio del consejero y su esposa y también ha trabajado para el PP.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales, al frente del cual se encuentra Iván González, del PP, que gobierna en coalición con el PRC y Anexión a Vizcaya, tiene un grave problema por el contencioso que le ha puesto la empresa que gestiona el contrato de gestión del Agua en Castro, Ascan. Esta reclama 15.681.143 millones de euros por un supuesto desequilibrio económico en la gestión del Servicio. El contrato se adjudicó en el año 2007, siendo alcalde el tránsfuga Fernando Muguruza, que gobernó cuatro años con el apoyo del PP.

El concurso para elegir la defensa jurídica para ese contencioso puesto en marcha por el equipo de Gobierno castreño se publicó en la página web del Ayuntamiento, dando solamente 10 días para presentar las ofertas. Las condiciones eran tan encorsetadas que todo apuntaba a que el adjudicatario ya tenia nombre, apellido y razón social. En total se presentaron siete empresas, dos de la cuales -Fernando Cal Montes y González y Cia Asesores- quedaron automáticamente excluidas por no poder acreditar 5 años de experiencia en asesoramiento jurídico en contratación local. A otras dos empresas -Carmen López Rendo y Pardo Castillo Abogados- se les dio un plazo para subsanar errores, lo que sólo hizo la primera de la citadas.

Pasado este trámite se invitó a las cuatro empresas 'supervivientes' a presentar la "Oferta Técnica", es decir la estrategia procesal que pensaban poner en marcha, así como la oferta económica. Pero vistas las propuestas y las calificaciones otorgadas en realidad concursaban dos y no cuatro empresas. De un lado, el gabinete Ramon Hermosilla Gutiérrez de la Roza, que el pasado mes de junio firmó un acuerdo de colaboración en Cantabria con el despacho de Emiliia Díaz Méndez, esposa del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Javier Fernández, y letrada en nómina del PP. Del otro Chema Mercantil, S. L. P, de las que es ositosocio único Del Real, ex socio de Javier Fernández y que también ha llevado numerosos asuntos de instituciones gobernadas por el PP.

LAS OFERTAS

La oferta técnica de Chema Mercantil obtuvo un punto más que la de Ramón Hermosilla, pero la oferta económica de ésta era mejor (80.000 euros más IVA, frente a 85.000 más IVA del primero). Por lo tanto sumando las puntuaciones de la oferta técnica y de la económica la más ventajosa era la de Ramón Hermosilla Gutiérrez de la Roza con un total de 96 puntos, frente a los 93 que sumó la de Chema del Real. A gran distancia quedaron Gestisa y Carmen Lopez Rendo.

No es la primera vez que Díaz Méndez y Del Real se 'encuentran' presentando ofertas en ayuntamientos del PP y en las quedan 'finalistas' con distintas alternativas en cuanto a la adjudicación final. Por ahora la ventaja es para la esposa de Javier Fernández. Tras ser nombrado consejero Fernández dejó el bufete que compartía con su esposa y que había compatibilizado cuando fue asesor jurídico del Ayuntamiento de Santander en la pasada legislatura.


DENUNCIA SOCIALISTA

El Psoe de Castro calificó en su momento de paripé el proceso de licitación abierto por el Equipo de Gobierno municipal para adjudicar la defensa jurídica del Ayuntamiento ante el contencioso presentado por la empresa Ascan.

"Tildamos de paripé este procedimiento porque el Equipo de Gobierno ya ha mantenido varias reuniones con una determinada empresa y concretamente con uno de sus miembros que ha formado parte de un equipo jurídico vinculado al Partido Popular". Eso decía el PSOE en un comunicado hace un mes. El tiempo les ha venido a dar la razón.

miércoles, 14 de agosto de 2013

EL AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA (GALICIA), CEDE DE FORMA GRATUITA, UN ALBERGE A UNA ORGANIZACION FRANQUISTA


El ayuntamiento de Cedeira cede un albergue a una organización franquista de forma gratuita

Leopoldo Rubido (PP) aprueba la concesión del albergue "Los Pinos" a la Organización Juvenil Española, fundada en tiempos de Franco y vinculada al movimiento
La concesión se efectúa a coste cero para la organización con el requisito de que promueva "actividades culturales, deportivas y educación ambiental"

Pantallazo de la web de la Organización Juvenil Española: http://www.oje.es/
El pleno municipal de Cedeira (A Coruña) aprobó el pasado 1 de agosto la concesión del albergue "Los Pinos" a la Organización Juvenil Española (OJE), fundada en tiempos de Franco y vinculada a Falange. El acuerdo es por diez años y a coste cero. La propuesta salió adelante con los siete votos del Partido Popular, pese al rechazo de los concejales de la oposición (dos del PSdG y dos de BNG), según recoge el acuerdo plenario publicado en la web de la Xunta de Galicia. 
La decisión adoptada por el consistorio de Leopoldo Rubido (PP) ha levantado la polémica entre la oposición y algunos vecinos, según recoge Galicia Confidencial. La OJE, beneficiaria del acuerdo, fue fundada en la década de los sesenta bajo la dependencia de la Secretaría General del Movimiento.
Tras la muerte de Franco, y una vez iniciado el periodo democrático, la Organización Juvenil Española se ha centrado en la organización de actos lúdicos para niños "transmitiendo valores de esperitualidad, solidaridad, justicia, libertad, servicio...", según recoge su web. En su portal de internet, esta organización ofrece multitud de imágenes acerca de las actividades desarrolladas en diversas comunidades autónomas. En esas fotografías se observa multitud de niños uniformados con camisa azul, y adornados con la bandera de España en el pecho. La identidad visual, en la que predominan los colores rojo, amarillo y azul, también evoca tiempos pasados. El símbolo de la OJE está formado por una cruz y un león, acompañado por el eslogan "que la libertad, tuya y mía, sea bandera y búsqueda incansable".
Con el fin de realizar "actividades culturales-deportivas y educación medio ambiental", dicha organización disfrutará de las instalaciones de forma gratuita, asumiendo únicamente los "gastos derivados de los suministros de agua, luz, basura e IBI" según indica el acuerdo municipal. Previamente deberá aportar una fianza de 6.656,91 euros, que le será reintegrada al finalizar el acuerdo. 
No es la primera ocasión en la que Leopoldo Rubido, alcalde de Cedeira desde 1973, se ve envuelto en polémicas similares. Rubido decidió en 1977 construir un monolito en honor al dictador, cuando la democracia aún se estaba construyendo en nuestro país.
El alcalde de Cedeira es el segundo dirigente del PP gallego envuelto este verano en una polémica relacionada con sus filias con el franquismo. El pasado 26 de julio el alcalde de Baralla (Lugo) aseguró que los asesinados por el franquismo lo habían sido "porque lo merecían". 

domingo, 28 de julio de 2013

EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA, APRUEBA QUE LA IGLESIA PAGE EL IBI


El Ayuntamiento de Donostia aprueba que la iglesia católica pague el impuesto de Bienes Inmuebles e insta al Parlamento que se anulen los Acuerdos con la Santa Sede


Ayuntamiento Donosti

En Donostia, los colectivos Plazandreok, Euskal Herriko Bilgune Feminista, Medeak, Garaipen, EHGAM, STEE-EILAS, SOS Racismo y Laikotasuna- Colectivo por la Laicidad (que mantiene un convenio de colaboración con Europa Laica) presentaron, en el mes de junio, una propuesta de moción a los Grupos políticos en el Ayuntamiento.

LA MOCIÓN TRANSACCIONADA POR BILDU Y PSE-PSOE. TAL Y COMO FIGURA MÁS ABAJO FUE APROBADA POR UNA AMPLIA MAYORÍA CON LOS VOTOS DE BILDU Y PSE-PSOE, EL PNV SE ABSTUVO Y EL PP VOTÓ EN CONTRA.
ES UNA BUENA NOTICIA POLÍTICA, AUNQUE NO TENGA EFECTOS INMEDIATOS REALES, PERO SIGNIFICA QUE UNA AMPLIA MAYORÍA DE LOS REPRESANTES EN LA CORPRACIÓN DESEA QUE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS ABONEN LOS IMPUESTOS. DEJANDO DE TENER PRIVILEGIOS TRIBUTARIOS. ADEMÁS SE APRUEBA QUE SE HAGA UN CENSO DE LOS INMUEBLES DE LAS CONFESIONS RELIGIOSAS, QUE NO TRIBUTAN ESTE IMPUESTO.  Y, AUNQUE DE FORMA ALGO TIMORATA POR LA TRANSACIÓN, SE INSTA AL PARLAMENTO DE MADRID A QUE SE ANULEN LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE. 

TEXTO DE LA MOCIÓN APROBADA

1.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN se compromete a realizar un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están registrados a nombre de las confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN insta a las Juntas Generales de Gipuzkoa a que modifique la normativa foral que sea necesaria para que los ayuntamientos de este territorio puedan cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pertenecientes a las confesiones religiosas.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN muestra su voluntad de, una vez modificada la norma foral que lo posibilita, aprobar el cobro del IBI de todos aquellos bienes pertenecientes a las confesiones religiosas.
4.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN insta al Gobierno Español y al Congreso de los Diputados a anular los acuerdos con la Santa Sede y, en su defecto o consecuencia, intenten alcanzar un nuevo acuerdo.

*Texto de la propuesta de moción  de los colectivos ciudadanos
El principio de igualdad ante la ley es básico en la democracia. Todo país y toda institución democrática están obligados a respetar escrupulosamente el principio de igualdad, evitando cualquier actuación o situación que suponga un trato de favor sobre cualquiera de las religiones existentes, o un trato discriminatorio sobre los no creyentes, las mujeres y otros sectores de la ciudadanía. No podemos olvidar que las mujeres en general y también determinadas opciones de género y sexo, han sido a lo largo de la historia sectores especialmente castigados por las religiones.

La actual situación económica de nuestra sociedad es el resultadodel expolio desarrollado por la banca, los mercados y los especuladores, de una inadecuada gestión de las instituciones públicas, de la permisividad para la circulación de dinero negro y del enorme fraude fiscal existente. Todo ello está recayendo sobre las espaldas de la ciudadanía vasca, que sufre un paro enorme, un aumento de la pobreza, un peligroso recorte de derechos sociales, el aumento del IVA y de otros impuestos, así como la bajada general y unilateral de los salarios.

Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia Católica, aunque esta institución privada sea la que más patrimonio inmobiliario acumula. La exención fiscal de la que goza la Iglesia supone privar a los ayuntamientos de enormes cantidades de dinero que todo el resto de la ciudadanía tenemos que pagar. Es una burla que en la actual situación decrisis económica y social se pretenda aumentar a la ciudadanía el impuesto de contribución urbana y que el mayor propietario no pague.

El fraude fiscal y la exención de impuestos como el del IBI y otros, gravan enormemente a nuestras arcas municipales vulnerando el principio de igualdad, hecho que consideramos enormemente injusto.
De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN realizará un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están censados y registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines.
2.- Exigir a las Juntas Generales de Gipuzkoa que modifiquen la normativa foral que sea necesaria paraque los ayuntamientos de este territorio puedan cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pertenecientes a la iglesia católica y otras confesiones religiosas.
3.- Proceder, en consecuencia, al cobro del IBI de todos aquellos bienes pertenecientes a la iglesia católica y otras confesiones religiosas.
4.-.Instar al Parlamento español a que se deroguen los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, especialmente el de Asuntos Económicos, que esta entidad religiosa incumple.

*Texto definitivo de la moción aprobada por los grupos en el ayuntamiento el pasado 24 de julio. *(En rojo el texto de la transacción que hacen BILDU y PSE-PSOE)

El principio de igualdad ante la ley es básico en la democracia. Todo país y toda institución democrática están obligados a respetar escrupulosamente el principio de igualdad, evitando cualquier actuación o situación que suponga un trato de favor sobre cualquier persona, colectivo, religión o un trato discriminatorio sobre sectores de la ciudadanía más desprotegidos, como las mujeres, las personas que profesan credos, pensamientos y conductas diferentes a las mayoritariamente aceptadas o la ciudadanía no creyente. No podemos olvidar que las mujeres en general y también determinadas opciones de género y sexo, han sido a lo largo de la historia sectores especialmente castigados por las religiones.

En materia de impuestos, hay un hecho que resulta claramente discriminatorioante la ciudadanía. Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia Católica, aunque esta institución privada sea la que más patrimonio inmobiliario acumula. La exención fiscal de la que goza la Iglesia supone privar a los ayuntamientos de enormes cantidades de dinero que todo el resto de la ciudadanía tenemos que pagar. Es denunciable que en la actual situación de crisis económica y social, el mayor propietario esté exento de ese impuesto y no pague lo que le corresponde.

El fraude fiscal y la exención de impuestos como el del IBI y otros, gravan enormemente a nuestras arcas municipales vulnerando el principio de igualdad, hecho que consideramos enormemente injusto.

De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN se compromete a realizar un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están registrados a nombre de las confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN insta a las Juntas Generales de Gipuzkoa a que modifique la normativa foral que sea necesaria para que los ayuntamientos de este territorio puedan cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pertenecientes a las confesiones religiosas.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN muestra su voluntad de, una vez modificada la norma foral que lo posibilita, aprobar el cobro del IBI de todos aquellos bienes pertenecientes a las confesiones religiosas.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN insta al Gobierno Español y al Congreso de los Diputados a anular los acuerdos con la Santa Sede y, en su defecto o consencuencia, intenten alcanzar un nuevo acuerdo.

Ayuntamiento Donosti


FUENTE