ESPAÑA: EL PP VOTA EN CONTRA DE QUE SE DEVUELVA EL DINERO A LOS PREFERENTISTAS

El PSdeG ve "inadmisible" que el PP vote 

en el Congreso "en contra" de que 

afectados por preferentes recuperen su 

dinero

  El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha lamentado la postura del Partido Popular con los afectados por las preferentes y ha considerado "inadmisible" que votase en el Congreso "en contra" de una proposición no de ley para que recuperasen su dinero.

   Conforme ha recordado, el Parlamento de Galicia aprobó "por unanimidad" en marzo una iniciativa para modificar la Ley de Reestructuración del Sistema Financiero con el objetivo de evitar las quitas, pese a lo cual, "el pasado día 8, el PP votó en contra" en la Cámara baja.

   "Una vez más, estamos ante un ejemplo de lo que es el PP, que vota una vota una cosa en Galicia y la contraria en Madrid", ha asegurado Besteiro antes de criticar que "el presidente de la Xunta lo único que hace es obedecer las órdenes de Génova y no es quien de defender los intereses de los gallegos".

   Frente ello, el líder de los socialistas gallegos ha explicado que él mismo "garantizó a los "35.000 afectados gallegos por las preferentes y las subordinadas que los socialistas votarían en el Congreso a favor de impedir las quitas a los ahorradores, como así hicieron el pasado día 8".

   Por otra parte, ha lamentado que los nuevos propietarios de Novagalicia Banco, "que se comprometieron a resolver el tema en 90 días, acaben de anunciar que lo aplazan hasta mayo cuando menos", puesto que "en estos momentos aún es el FROB el propietario". "Nunca explican que solución darán, con lo cual solo queda la vía judicial en estos momentos para resolver" la cuestión, ha indicado.

   Ante estas cuestiones, ha avanzado que el PSdeG pedirá de nuevo en el Parlamento e Galicia una solución para los afectados. "Lo que tiene que hacer el señor Feijóo es atender a los afectados y exigir a los nuevos propietarios que cumplan sus promesas", ha sentenciado.

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ESPAÑA: ECONOMISTAS (PP) PROPONEN JUBILARSE A LOS 75 AÑOS

Economistas próximos al PP proponen jubilarse a los 75 años

Directivos del Colegio de Economistas de Madrid vinculados a FAES  sostienen que cobrar una pensión durante más de 11 años otorga "un carácter asistencial" a ese derecho. Creen que es un problema que los pensionistas cobren durante mucho tiempo la pensión.

A pesar de que desde el 1 de enero de este año los pensionistas españoles sufren en carne propia los efectos dela reforma puesta en marcha por el Gobierno del PP, que entre otras medidas restrictivas incluye una escuálida revalorización lineal del 0,25%; a pesar de que en 2013 entró en vigor el proceso de ampliación de la edad de jubilación a los 67 años; a pesar de que todas medidas implican que un futuro no muy lejano (15-20 años) la cuantía de la pensión baje entre un 15% y un 20%; a pesar de todo eso, nada parece saciar el apetito de los liberales más ortodoxos: desde el entorno económico del PP, economistas vinculados a Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) proponen trabajar hasta los 75 años.

"La jubilación debería ser a los 75 años, salvo en el caso de trabajos físicos", aseguró el miércoles en Madrid Jaime Requeijo, catedrático emérito de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), durante la presentación del número especial de la revista del Colegio de Economistas de Madrid. Requeijo es un economista y profesor que en los últimos años ha estado muy vinculado a FAES, la fábrica de ideas del PP que preside José María Aznar. Según este catedrático, ampliar aún más la edad de jubilación es prácticamente la única forma de hacer viable el sistema de pensiones, porque el problema, apuntó el catedrático aunque no lo dijo explícitamente, es que se cobra durante mucho tiempo la pensión: "Hace 30 años la edad de jubilación estaba en 70 años y nos moríamos con 73. Eso ha cambiado".

En esa idea le secundó Juan Iranzo, decano del Colegio de Economistas de Madrid y que fuera director del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Su vinculación a FAES también es conocida en el mundillo económico y empresarial, así como su ideología liberal. Sus relaciones con los ministros económicos del PP, Cristóbal Montoro (Hacienda) y Luis De Guindos (Economía) es privilegiada y defiende la llamada externalización de los servicios públicos. Iranzo también fue claro en su apuesta de prolongar la edad de jubilación, por lo menos hasta el horizonte de los 70 años: "Ahora vivimos 83 años y la edad efectiva de jubilación está en 62,5", dijo, para acto seguido recordar que a partir de los 11 años de estar cobrando la pensión ésta adquiere "un carácter asistencial".

"Hace 30 años la edad de jubilación estaba en 70 años y nos moríamos con 73. Eso ha cambiado" 

Quizá por ello, Iranzo, que ayer mismó presentó la revista del Colegio de Economistas de Madrid junto Fátima Báñez,defiende la rebaja de las cotizaciones sociales a los empresarios. Pero si las cotizaciones sociales bajan, las pensiones bajan también, ya que se aporta menos al sistema. Para Iranzo eso no supone un gran problema: cree que las pensiones actuales están garantizadas gracias a la reforma emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que todo se solventará con la creación de empleo y no con el incremento de la productividad o más cotizaciones sociales. De hecho, Iranzo recordó, en claro apoyo al Gobierno, que en 2013 las pensiones se revalorizaron más que el IPC, dada la baja inflación que tiene España en los últimos meses.

Pero la apuesta del decano del Colegio de Economistas de Madrid va más lejos: aboga por queel Estado garantice las pensiones aunque es partidario de que su gestión sea privada. ¿Una contradicción? No para alguien que cree que las pensiones públicas tendrán que complementarse con algún plan privado y que piensa que el sistema de reparto actual quizá no sea el mejor de los sistemas.

El discurso de Iranzo y Requeijo también incurrió en otra contradicción a la que no supieron dar buena respuesta: durante la crisis se ha despedido a numerosos trabajadores de entre 50 y 60 años, trabajadores que en muchos casos no podrán volver al mercado laboral, ¿cómo se puede prolongar entonces la edad de jubilación cuando hay muchos que no pueden ni trabajar? Iranzo y Requeijo aplican en este caso la receta del PP: la clave es el crecimiento. Si hay crecimiento se creará empleo. La receta, sin embargo, es generalista y vaga: ni da plazos de tiempo, ni asegura un puesto a los mayores de 50 años en un mercado laboral que apuesta por el empleo temporal, precario y barato.

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ESPAÑA: PACTO OCULTO DEL PP Y PSOE PARA NO DESCLASIFICAR LOS DOCUMENTOS DEL 23-F

Pacto soterrado de PP y PSOE para no desclasificar documentos secretos del 23-F hasta 2031

Los dos principales partidos mantienen un acuerdo tácito que supone respetar los tiempos marcados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cinco de los 13 cabecillas de la intentona golpista todavía están vivos. Ofensiva de IU en el Parlamento para desenmascar al 'elefante blanco'. Zarzuela ya negó en 2012 que el Rey simpatizara con los militares sublevados, según un telegrama del embajador alemán en España en 1981.

La alternancia en el poder de PSOE y PP incluye como acuerdo tácito no despertar viejos fantasmas sobre el episodio menos conocido de la historia reciente de España: la intentona golpista del 23-F. Entre los dos grandes partidos existe un pacto soterrado para evitar cualquier desclasificación de documentos secretos que puedan comprometer los hechos probados y juzgados en la sentencia que dictó en su día el Tribunal Supremo.

Según ha podido saber Vozpópuli, esta postura consensuada en la trastienda de Moncloa y respetada desde entonces por cada gobierno, de distinto signo, sigue vigente y cobra estos días más fuerza que nunca, justo cuando se vuelve a poner al Rey Juan Carlos en el punto de mira sobre la autoría intelectual de la sublevación militar de 1981.

Fuentes gubernamentales consultadas por este diario sostienen que "ya hubo una investigación política, que acreditó la figura del Rey como máximo garante de la democracia. En cuanto a la investigación judicial, añaden, "el Supremo dictó sentencia condenatoria contra treinta individuos y acordó el secreto de sumario hasta 25 años desde la muerte de los procesados o 50 desde la fecha del golpe". Ello, enfatizan las mismas fuentes, "no puede verse violentado con la publicación de informes confidenciales de la Administración".

De esta forma, dado que todavía permanecen vivos cinco de los treces cabecillas del golpe (fueron procesados 33), ladesclasificación de documentos secretos por parte del Alto Tribunal no llegará antes de 2031. De esa camarilla que gestó el asalto al Congreso, al menos dos integrantes, el exteniente coronelAntonio Tejero y el excapitán Jesús Muñecas, participaron el pasado 23 de febrero en la paella del 33 aniversario organizada en un cuartel de la Guardia Civil.

El secreto de sumario que dictó el Supremo "no puede verse violentado con la publicación de informes confidenciales de la Administración", afirman fuentes gubernamentales

Los escritos confidenciales bajo custodia del Supremo --también el CNI, antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), guarda informes secretos-- no tendrían un carácter accesorio, sino que recogerían relevantes cuestiones de fondo de aquel episodio. Las fuentes antes citadas recuerdan que en los últimos años sólo en el 30 aniversario de la intentona golpista el expresidente del Congreso José Bonohizo públicas las actas oficiales de la Cámara Baja del 23-F, redactadas por los cuatro parlamentarios que eran secretarios de la Mesa aquel día, entre ellos el propio exministro de Defensa. Sin embargo, esta revelación por iniciativa de Bono, explican las fuentes, no entrañaba ninguna cuestión espinosa. No se veía afectado, por tanto, ese pacto tácito.

Tanto PP como PSOE dejaron entrever ayer que no respaldarán a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en su ofensiva parlamentaria para esclarecer lo sucedido en la intentona golpista del 23-F y desenmascarar al elefante blanco. Desde IU reclamaron la apertura de una comisión de investigación y registraron, además de una batería de preguntas, una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a desclasificar todos los documentos y grabaciones telefónicas, incluidos los de los servicios de inteligencia, sobre lo ocurrido el día del fallido golpe de estado.

Además, este grupo pide también que se conozca la información que circuló a la mañana siguiente por el Congreso y por La Zarzuela, así como de las actas de las reuniones entre el Rey y el entonces presidente del Ejecutivo, Adolfo Suárez.

"Simpatía" hacia los golpistas

El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, señaló que estas iniciativas no llegan a raíz el avance del libro de Pilar Urbano (la periodista sostiene que "el Rey nos salvó in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha", sino que se enmarcan en la estrategia de su grupo para que la transparencia alcance todos los rincones de la instituciones.

De hecho, IU, a través del diputado Gaspar Llamazares, ya se interesó por contrastar una versión similar, la que publicó en 2012 el semanario alemán Der Spiegel. Esta cabecera reprodujo un cable desclasificado por las autoridades germanas en el que el embajador alemán en España en 1981, Lothar Lahn, decía que el monarca mostró "comprensión" y "simpatía" hacia los autoresdel intento de golpe de Estado.

Llamazares remitió una carta a Zarzuela sobre este telegrama, tras ser vetadas sus preguntas en el Congreso, y obtuvo respuesta de la Casa del Rey. El jefe de esta institución, Rafael Spottorno, le replicó con otra misiva en la que decía que "ni su Majestad ni la Casa Real acostumbran a valorar escritos u opiniones de terceros, que es una responsabilidad exclusiva de sus autores y que, en este caso, no se compadecen con la realidad de unos hechos, cuyo desarrollo y corolario final son de público conocimiento". De momento, respecto al último relato de Urbano, todavía no se conoce respuesta de Zarzuela.

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ESPAÑA: ZAPATERO ACUSADO DE PROMOVER UN GOBIERNO DE COALICION ENTRE PP Y PSOE

Lara: Zapatero aspira a un gobierno de 

coalición entre PP y PSOE

    El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha afirmado que existe una corriente en el seno del PSOE de la que forma parte activa el expresidente José Luis Rodriguez Zapatero y que cuenta con ciertos apoyos en los medios de comunicación, que ha comenzado una campaña en favor de un Gobierno de gran coalición entre PP y PSOE tras las próximas elecciones generales.

   Cayo Lara ha criticado además que el PSOE se puso "de perfil" ante las Marchas de la Dignidad, apoyándolas y "aprovechándose mediaticamente" de ellas aunque "no crean en la movilización de la gente", ya que "allí no se les vio".

   Durante la reunión de la presidencia federal de IU, su líder ha criticado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al desmentir un informe de Cáritas que concluía que España es el país de la Unión Europea con un mayor índice de pobreza infantil y desigualdad social, señalando que el ministro "miente al igual que hizo cuando dijo que los salarios no estaban bajando".

   Para Cayo Lara, desmentir a Cáritas significa "desmentir a tantas instituciones cuyos estudios determinan que España es el país donde más se ha incrementado la desigualdad desde el inicio de la crisis y es el país de la Unión Europea con mas desigualdad social".

   Por otra parte, el líder de IU ha afirmado que se ha iniciado un nuevo ciclo político basado en la agudización de la lucha social y política, y que traerá una reconfiguración del poder que será mayor dependiendo de la percepción del ciudadano sobre el "desgaste del bipartidismo".

   Cayo Lara no ve posibilidad ni voluntad de llevar a cabo cualquier tipo de pacto social porque la patronal "ya está cumpliendo sus objetivos a través de la reforma laboral" y ha denunciado que la disminución de costes no se ha trasladado al empleo, que ha crecido 2,5 veces la media europea ni a los precios de las exportaciones, que han aumentado.

   En el informe político presentado por Izquierda Unida, Cayo Lara ha destacado su intención de presentar tres medidas legislativas en relación al establecimiento de una renta mínima de urgencia, un plan urgente de creación de empleo y formación y la creación de un parque público de viviendas en alquiler moderado con los pisos de la Sareb. Pedirán, además, la supresión del recurso de inconstitucionalidad contra la ley andaluza que garantiza el derecho a la vivienda.

   Cayo Lara ha denunciado que el PP "amenaza con una nueva contrarreforma fiscal sin progresividad alguna en el gasto fiscal y por tanto en el gasto social". Contra esto, IU ha resumido sus iniciativas en 50 propuestas elaboradas en colaboración con CC.OO y UGT en lo que ha definido como "una gran campaña unitaria para defender una reforma fiscal justa".

   De cara a las próximas elecciones europeas, Cayo Lara ha recordado que lo que pasa en Europa afecta a cada hombre y mujer de España y que por eso les pedirán su apoyo a una campaña "sólida y coherente para construir una arquitectura europea diferente". El líder de IU ha expresado que llevarán a cabo su campaña a través de la militancia, denunciando que en TVE sólo les han dado tres minutos para mostrar sus propuestas.

IU, SATISFECHA CON LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD

   Sobre las Marchas de la dignidad, Cayo Lara se ha mostrado satisfecho con "una de las mayores manifestaciones realizadas en Madrid desde la transición democrática", en las que "se ha visualizado la importancia de tener una organización que cuanto más extensa sea, más visible será".

   Sin embargo, ha criticado duramente la "invisibilidad" y el "escandaloso apagón informativo" con la que algunos medios de comunicación trataron estas marchas en las que el comportamiento de los ciudadanos de Madrid y sus pueblos aledaños fue "ejemplar".

   Asimismo, ha pedido explicaciones a Cristina Cifuentes sobre porqué las fuerzas policiales "cargaron" contra los ciudadanos cuando la manifestación estaba aún en horario permitido y ha denunciado la presencia de encapuchados que "venían a hacer daño" y no se sabe muy bien "a qué bando representaban". También recuerda a Ignacio González que identificar a los manifestantes como nazis está penado en gran parte de los países europeos.

   Para Cayo Lara "la violencia siempre perjudica a la movilización, a sus objetivos y reivindicaciones, algo que está pasando con demasiada frecuencia y crea la coartada perfecta para que los medios de comunicación difuminen la protesta". Según él, el Gobierno ha conseguido su objetivo de que en los telediarios solo se vieran cargas policiales aisladas y no a los miles de ciudadanos que se manifestaban de forma "masiva" y "pacífica".

   Por último, Cayo Lara ha recalcado que su objetivo es ganar poder para "restárselo a aquellos incendiarios que, disfrazados de bomberos, afirman querer apagar el fuego del paro, el racismo y la desafección política que ellos mismos han provocado".

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ESPAÑA: INFORME DE HACIENDA AFIRMA QUE EL PP VALENCIANO FINANCIO EN DINERO B LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

Demoledor informe de Hacienda: el PP valenciano financió en B las campañas de 2007 y 2008

Adjudicatarias de la Genetalitat pagaron los actos de los ‘populares’ organizados por la Gürtel

Hacienda avala la investigación de la Udef y concluye que el PP valenciano financió de manera ilegal las campañas de 2007 y 2008 a través de empresas adjudicatarias de la Generalitat que elaboraban facturas falsas a la trama Gürtel.

Más de 3 millones en negro a la trama Gürtel

La Agencia Tributaria ha entregado un informe al Tribunal Superior de Justicia Valenciano en el que concluye que los pagos en B de empresas constructoras, adjudicatarias de la Generalitat, a la firma de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market, en 2007, año de elecciones autonómicas, ascendieron a 517.614 euros, y en 2008, cuando se celebraron elecciones generales, a 683.524 euros. A esto hay que sumar 2.168.500 euros que el PP valenciano abonó en B, presuntamente, a la trama, según El País.

Las empresas implicadas

Hacienda señala a las empresas Facsa, Piaf, Enrique Ortiz, Lubasa, Sedesa, Pavimentos del Sureste, Hormigones Martínez y Grupo Vallalba como las que financiaron aquellas campañas. Pagaron 1,2 millones de euros por “unos servicios que no les fueron prestados a dichas empresas sino al Partido Popular” en 2007 y 2008, según el informe de la Agencia Tributaria.

Dinero fresco del ladrillo

El escrito detalla que en la campaña de 2007 se usó dinero fresco de la construcción fruto del boom del ladrillo en la Comunidad Valenciana.

Hacienda acusa al PP valenciano de haber cometido delitos fiscales: “De los hechos comprobados en este informe se deduce que el Partido Popular colaboró con Orange Market para cometer el fraude tributario advertido, pagando parte de los servicios que recibía sin exigir la factura correspondiente ni pagar el IVA que los grava”.

Castedo, Carlos Fabra y un alcalde

El juez Ceres, que lleva la instrucción en el Tribunal de Justicia Valenciano mantiene imputada la cúpula del PP regional de aquellos años, con la excepción de Francisco Camps. Hacienda apunta a otros políticos como colaboradores necesarios, entre ellos la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de esa provincia Carlos Fabra, y al exvicepresidente de la diputación de Castellón y alcalde La Vall d’Alba, Francisco Martínez.

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ESPAÑA: LAS 11 COINCIDENCIAS DE LOS PAPELES DE BARCENAS QUE EL PP NO PUEDE NEGAR

Las once coincidencias de los papeles de Bárcenas que el PP no puede negar

Varios informes de instituciones del Estado y testimonios de dirigentes del PP avalan la veracidad de la contabilidad paralela anotada por el extesorero durante más de 20 años

Algunas de las coincidencias entre las anotaciones del extesorero y otros documentos de la investigación llevaron al juez Ruz a investigar los 'papeles de Bárcenas' como una pieza separada por su vinculación con Gürtel

La Policía, Hacienda, la Fiscalía y el juez Pablo Ruz han hallado durante un año de investigación de la presunta caja B del Partido Popular varias evidencias que apuntan a la correlación entre las anotaciones de Luis Bárcenas y la contabilidad oficial del partido de Mariano Rajoy. Además, varios testimonios avalan la veracidad de los papeles elaborados por el extesorero y la documentación incautada a los cabecillas de la trama Gürtel también constata relaciones entre las contabilidades paralelas de la organización política y de la red corrupta.

1. Hacienda ha emitido un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el que apunta a la posible relación entre algunas salidas de dinero de la caja B del PP con ingresos en una cuenta bancaria de la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz señala en una providencia "la indiciaria y potencial relación entre diversas partidas o anotaciones de salidas de efectivo reflejadas en los denominados papeles de Bárcenas, en los años 2004, 2005 y 2006 y algunos de los ingresos habidos en la cuenta de la entidad Caja Madrid que se señala es titularidad de Rosalía Iglesias Villar".

2. La "comparativa analítica" de los 'papeles de Bárcenas' y la información procedente de los bancos suizos en los que el exsenador poseía cuentas millonarias llevaron a Ruz a sugerir que las donaciones del PP acababan en Suiza. El magistrado señaló, en concreto, la "correlación" de dosingresos una cuenta de Bárcenas en el Dresdner Bank y dos registros de asientos de entrada en la supuesta caja B del PP. Así, el ingreso en Suiza de 30.050,61 euros el 31 de enero de 2001 podría coincidir con la entrada anotada ese mismo mes en los papeles de Bárcenas a nombre de "Ceciclio Sanch. (Aguas)", de FCC, por importe de cinco millones de pesetas. El otro indicio para el magistrado es la posible correlación entre el ingreso de 120.000 euros realizado el 30 de junio de 2003 en la misma cuenta y la anotación el 25 de junio en la contabilidad manuscrita de una entrada por esa misma cantidad a nombre de "M. Contreras".

Estos dos puntos alimentan la tesis que ha mantenido el PP de que Bárcenas se aprovechó de su puesto en la tesorería del partido para quedarse con el dinero que recibía de empresarios. Sin embargo, todos los demás indicios desbaratan esa teoría y apuntan a la existencia de una caja B con la que presuntamente funcionaba la organización y sus dirigentes.

3. El sucesor de Bárcenas en la gerencia de Génova 13 reconoció ante el juez que recibió los 12.000 euros en billetes de 500 que figuran a su nombre en los papeles de la supuesta contabilidad B del partido (uno de 6.000 euros en abril de 2007 y otro por el mismo importe en junio de 2008). "Yo veo que me pagan un dinero que no se declara. Entiendo que es dinero de los donativos que no declaran", dijo en la Audiencia Nacional.

4. Otro testimonio que dio validez a los pagos en B fue el del presidente del Senado, Pío García Escudero, que admitió que la anotación realizada a su nombre por el ingreso de un millón de pesetas en las arcas de la organización en 2001 era verídica. El dirigente popular explicó que formaba parte de la devolución de un préstamo de cuatro millones de pesetas que el PP le había dado para rehabilitar su vivienda tras un atentado. García Escudero aseguró que nunca pidió ni le dieron un recibí ni por el préstamo ni por las devoluciones porque "había una relación de confianza" y señaló que no lo declaró ante Hacienda porque no sabía que debía hacerlo.

5. El dirigentes del PP navarro Calixto Ayesa reconoció ser el perceptor de los 3,9 millones de pesetas que figuran en diversas anotaciones entre 1991 y 1992 a nombre de Jaime Ignacio del Burgo. Explicó que se trataba de una compensación por la obligatoriedad de abandonar su consulta mientras ocupaba un cargo público. Del Burgo implicó a José María Aznar en el régimen de sobresueldos en el PP al decir ante el juez que fue el expresidente el que autorizó el pago de 600.000 euros a Ayesa cuando entró en el Gobierno navarro.

6. El análisis de los documentos incautados durante el registro de la oficina del arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de la reforma de la sede del PP en la calle Génova, llevó a la Policía a afirmar que existía una "correlación directa" entre las facturas de Unifica y las anotaciones de pagos realizados a Urquijo. A partir de ese informe de la UDEF, Ruz señaló la presunta existencia en el partido que preside Mariano Rajoy de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos continuaen el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas".

7. La Policía también avaló la información publicada en eldiario.es que apuntaba la coincidencia de las donaciones anotadas por Bárcenas recibidas por empresarios y la adjudicación de obras millonarias por administraciones gobernadas por el PP. El informe defendió que las donaciones de algunas empresas apuntadas por el extesorero Luis Bárcenas coinciden con "una concentración (de adjudicaciones) en un momento determinado".

8. Las donaciones anotadas por Bárcenas aparecen troceadas en la contabilidad oficial que el PP presentó ante el Tribunal de Cuentas, según El País. Los ingresos presuntamente realizados por los empresarios infringen la ley de financiación de partidos políticos porque algunas superaban el límite legal y porque las empresas tenían contratos con la Administración.

9. Los papeles de Bárcenas coinciden, además, con la contabilidad incautada a la red Gürtel. Los primeros recogen un ingreso de 21 millones de pesetas realizado por Pablo Crespo en mayo de 1999 que figura -coincidiendo en fecha y cantidad- con la documentación incautada en 2009 al número dos de Francisco Correa, que refleja un pago a la "sede nacional" en concepto de "pago deudas pendientes". Esta correlación es uno de los indicios en los que se basó el juez Pablo Ruz para quedarse con la investigación de la presunta contabilidad irregular del PP como una pieza separada del caso Gürtel.

10. Otra coincidencia que utilizó Ruz para asumir la instrucción del 'caso Bárcenas' fue la documentación del PP gallego relativa a las campañas electorales que se encontró en la casa del contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo. Para la Policía, la entrada de nueve millones de pesetas (54.000 euros) en octubre de 1999 procedentes de Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) era "compatible" con las anotaciones que hizo Bárcenas en 2000 por un importe de 12 millones de pesetas (72.000 euros).

11. La última "conexión" -en la que también se basó Ruz para iniciar la instrucción que ha puesto en el punto de mira las cuentas del PP- fue la entrega de 600.000 euros por parte García Pozuelo a la trama Gürtel y que se repartieron entre los partícipes, según la documentación intervenida, como "pago por una comisión por adjudicación de contrato". De ese dinero, 60.000 se los quedó el entonces presidente de Hispánica. Los papeles de Bárcenas recogen un ingreso por ese importe de manos del constructor tan solo una semana más tarde. 

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ESPAÑA: BILDU, PPN, Y UPN GOBERNARAN EN COALICION

UPN y PPN solicitan gobernar junto con Bildu en Egüés 



UPN y PPN, partidos políticos del Valle de Egüés, cuarto municipio más grande de Navarra, han solicitado integrarse en la Junta de Gobierno Local. Esta Junta es el órgano ejecutivo del municipio compuesto por el equipo de gobierno (Nabai e I-E), PSN y Bildu

Egüés, 7 de marzo

El pasado febrero, en concreto el 24, Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular de Navarra solicitaron a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del Valle de Egüés su integración en la misma. Esta Junta está compuesta por 6 miembros; el alcalde, dos miembros de Nafarroa Bai, uno de Izquierda-Ezkerra, uno del Partido Socialista de Navarra y otro de Bildu. De facto, es el órgano de gobierno del Ayuntamiento ya que la gran mayoría de las decisiones surgen y se deciden en esta instancia. UPN y PPN están invitados a este órgano pero sin voto.

La solicitud de los dos partidos se ha incluido hoy lunes en la reunión de la Junta. Para que se produzca tal inclusión tendrían que aceptar el resto y darse cambios en su composición, con un máximo de 6 miembros.

Esta solicitud sorprendió a los seis miembros de la Junta de Gobierno, que no esperaban tal iniciativa. Las decisiones que surgen de este órgano son las decisiones que dicta el Ayuntamiento a todos los niveles municipales. Ello, de hecho, y si se acepta y se cambia la organización de la Junta, representaría la activación de los dos partidos, junto a los existentes, en la toma de decisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés. Se daría la situación de  que Bildu, PPN y UPN podrían adoptar muchas decisiones con su voto en el mismo sentido.

Resulta paradójico observar que cuando en el entorno de Navarra o a nivel nacional se evita a toda costa que estos partidos realicen acciones conjuntas con la formación abertzale, en Egüés no parece que tenga suficiente relevancia para los integrantes de UPN y PPN al solicitar su integración en la Junta compartiéndola con Bildu. Con ello, muchas de las decisiones del Ayuntamiento podrían ser conjuntas de los partidos UPN, PPN y Bildu.
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ESPAÑA: 7 CONCEJALES DEL PP EN JUICIO POR PREVARICACION

TORMENTA POLÍTICA EN COMPOSTELA

Abren juicio oral contra los siete concejales de Santiago imputados por prevaricación

La Fiscalía ha pedido nueve años de inhabilitación para ellos. El procesamiento de más de la mitad de su grupo municipal pone contra las cuerdas al gobierno de Ángel Currás en la capital de Galicia. Los ediles solo evitarán el banquillo si prospera su recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña

Sin apenas tiempo para asimilar la acusación formal de la fiscal que se produjo el pasado viernes, los siete concejales del PP de Santiago acusados de prevaricación por acordar en junta de gobierno que el Concello pagase el abogado a su compañero Adrián Varela, imputado en la Pokémon, ya han visto hoy como la jueza ha decretado la apertura de juicio oral contra ellos.

El proceso, por tanto, ya se ha completado y lo único que puede ahora librar a los siete ediles de sentarse en el banquillo de los acusados es el recurso que han presentado en la Audiencia Provincial contra el auto de imputación de la magistrada Ana López Suevos.

El recurso no suspende el proceso, de ahí que fiscal y jueza hayan continuado con él pese a que los concejales compostelanos habían recurrido.

Los siete afectados son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello. Para todos la fiscal solicita nueve años de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

Una vez decretada la apertura de juicio oral, el caso recaerá en uno de los dos juzgados de lo Penal que hay en Santiago. Será en una de estas dos salas en las que se juzgará a los concejales del PP de Santiago en el caso de que no se admita su recurso en la Audiencia. En ese supuesto, la dirección regional del partido tendrá que decidir si les pide la dimisión o si decide intervenir el Ayuntamiento y nombrar una comisión gestora.

Hay que recordar que diez de los trece miembros del gobierno local del PP en la ciudad están imputados en alguna causa. Alguno de ellos en más de una, como es el caso del propio alcalde, Ángel Currás, involucrado en la operación Pokémon y en la denuncia por prevaricación y acoso del exsubjefe de la Policía Local, que fue relevado de su cargo de un modo presuntamente ilegal.

Un gobierno contra las cuerdas

Según informa M. Cheda, el alcalde de Santiago eludió valorar esta mañana el grave problema al que se enfrenta su multiimputado ejecutivo. A la conclusión de un acto al que ha asistido hoy en el Hostal dos Reis Católicos (previo a que se conociera la apertura de juicio oral), la prensa ha intentado obtener del regidor unas palabras en relación con ese asunto, si bien él se ha negado a atender a los medios de comunicación. De hecho, ha salido del recinto prácticamente a la carrera.

Sí se ha referido al caso uno de los siete concejales que podrían ser procesados, la portavoz del ejecutivo municipal, María Pardo, quien, preguntada acerca de si el Concello maneja un plan B para el caso de que ella y sus seis compañeros resulten declarados culpables, ha espetado: «No, para nada». De hecho, se ha declarado «muy sorprendida» no solo por el castigo tan importante que la fiscala solicita para el grupo, sino «incluso» también por el mero hecho de que esta haya ejercido su función acusadora. ¿Se trata entonces, a su juicio, de una persecución contra el gabinete de Currás? «En este momento, me permitiréis que, en el ejercicio del derecho de defensa que tengo, me calle mis valoraciones», ha despachado la cuestión.

En defensa de la jueza

Ante la tormenta política desatada en Santiago, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha salido en defensa de la jueza Ana López Suevos por las críticas que ha recibido por su decisión de imputar a toda la junta de gobierno compostelana.

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ESPAÑA: DOCUMENTO: EL SENADOR GRANADOS DEL PP TIENE 4 CASAS, 4 GARAJES, UNA FINCA Y 510.000 EUROS EN EFECTIVO

Granados declara al Senado ser dueño de 4 casas, 4 garajes, una finca y 510.000 euros en efectivo

El senador del PP registra en su declaración de bienes tener más de 510.000 euros en cuentas bancaria y ser dueño de cuatro casas, cuatro garajes y una finca. Es además dueño de dos vehículos y tiene una hipoteca con 275.000 euros pendientes de pago.

El senador del Partido Popular, Francisco Granados, es dueño de cuatro casas, cuatro garajes y una finca. Es lo que declaró al comienzo de la nueva legislatura a la Cámara Alta quien fue número dos de Esperanza Aguirre. Granados declara, además, ser dueño de dos vehículos (un Volskwagen Touran y una Suzuki Burgman de 125 CC) y disponer, además, de 510.000 euros en efectivo por los que obtiene unos intereses que rondan los 15.000 euros anuales. 

La declaración de bienes que remitió al Senado recoge que es titular de dos depósitos de cuentas corrientes y dos depósitos a plazo fijo, además de un plan de pensiones por una cuantía no especificada. En ningún momento reconoce la existencia de ninguna cuenta en Suiza donde, según el diario El Mundo, llegó a disponer de más de un millón y medio de euros hasta el año 2009. 

Entre sus pasivos, Granados sólo reconoce un crédito hipotecario de 330.000 euros firmado en el año 2007 y del que todavía tiene 275.000 euros pendientes de pago. 

La oposición sospecha de una "amnistía fiscal"

El senador popular ingresó en dietas por asistir a la Asamblea General de Caja Madrid un total de 108.840,67 euros y declaró que sus depósitos bancarios le permitieron devengar 14.902,75 euros en intereses. En total, su declaración ante Hacienda le salió a pagar 34.688,34 euros, según Granados que afirmó en un comunicado que "todos mis ingresos y patrimonio están declarados ante la Hacienda Pública española". En su comunicado, Granados reconoce que tuvo una cuenta en Suiza como consecuencia de su "actividad profesional" como broker de Société Generale hasta un año después de ser elegido alcalde de Valdemoro en 1999. Granados asegura que cerró esa cuenta un año después, en el año 2000, aunque afirma que "durante mis años de actividad política no he mantenido ninguna cuenta abierta en el extranjero". 

"Todos mis ingresos y patrimonio están declarados ante la Hacienda Pública española", afirma Granados

El Partido Socialista ha pedido explicaciones ya no sólo al senador sino también al Ejecutivo al que pregunta si Francisco Granados o alguna sociedad participada por él mismo se han acogido a la amnistía fiscal. El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, registró anoche esa pregunta ante la sospecha de que el millón y medio de euros que esa cuenta suiza registró en su fundación pudiera haber sido regularizado con la llamada declaración tributaria especial de Cristóbal Montoro. 

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ESPAÑA: SENADOR DEL PP FRANCISCO GRANADOS, CON UNA CUENTA EN SUIZA DE 1,5 MILLONES DE EUROS

El senador del PP Francisco Granados tenía una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros

Según El Mundo, el ex secretario general del PP de Madrid abrió la cuenta poco después de ser elegido alcalde de Valdemoro

La Policía investiga las adjudicaciones de obras y recalificaciones aprobadas por Granados durante su etapa como primer edil

El senador y diputado en la Asamblea de Madrid del Partido Popular Francisco Granados contaba al menos hasta finales del año pasado con una cuenta en Suiza en la que llegó a acumular 1,5 millones de euros. Según el diario El Mundo, la cuenta fue descubierta en un rastreo rutinario de la justicia suiza para prevenir la entrada en el país de dinero procedente de actividades ilícitas. Las autoridades del país helvético informaron a España de su existencia tras un intento de cancelar la cuenta sacando de golpe todos sus fondos. 

La cuenta del hasta hace dos años secretario general del PP de Madrid fue abierta en 1999, poco después de que Granados accediera a la alcaldía de localidad madrileña de Valdemoro. A diferencia de lo habitual, el depósito estaba a nombre del político madrileño y no de testaferros en una sucursal suiza del banco BNP Paribas. 

Tras el aviso de las autoridades suizas, la Policía y la Fiscalía han iniciado una investigación para intentar determinar el origen del millón y medio de euros. En concreto, se investigan las adjudicaciones de obras y servicios, así como las recalificaciones aprobadas por Granados durante su único mandato al frente de la alcaldía de Valdemoro entre 1999 y 2003.

El que fuera consejero de Transportes, Justicia, Interior y Presidencia de Esperanza Aguirre ha asegurado a El Mundo que "ni tiene ni ha tenido jamás una cuenta en Suiza". Sin embargo, fuentes de su entorno reconocen la existencia de ese depósito y atribuyen sus fondos a operaciones en bolsa realizadas por Granados antes de entrar en política, cuando era broker de Société Générale.

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ESPAÑA: LA EMPRESA ENAGAS, FICHA A EX-DIRIGENTES DEL PP COMO, ISABEL TOCINO, HERNANADEZ MANCHA, Y ANA PALACIO

Enagás ficha a 'viejas glorias' del PP: Isabel Tocino, Hernández Mancha y Ana Palacio

Antonio Hernández Mancha e Isabel Tocino, los dos máximos representantes de la antigua Alianza Popular en el largo interregno transcurrido desde la presidencia de Manuel Fraga hasta la llegada de José María Aznar, fueron designados ayer nuevos consejeros de Enagás. Junto a ellos entrarán también en el consejo de la empresa gasista la exministra de Asuntos Exteriores con el PP, Ana Palacio, el antiguo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), Gonzalo Solana, y el hasta hace dos semanas secretario general de Industria, Luis Valero.

La remodelación del máximo órgano de gobierno de la empresa se produce después de la reestructuración del organigrama directivo llevada a cabo a mediados del pasado año y alcanza prácticamente a  un tercio de sus administradores, todos aquellos cuyo cargo vence antes de que termine el mes de junio. La compañía que preside Antonio Llardén podía haber prolongado estos relevos un año más ya que la junta general se va a celebrar con antelación a la fecha de caducidad de los mandatos. Los ceses afectan a los hasta ahora consejeros Dionisio Martínez, José Riva Francos, María Teresa García-Mila, Miguel Ángel Lasheras y Ana Isabel Sánchez.

Algunos de los ‘damnificados’ no han entendido de muy buen grado la decisión de la empresa, si bien otros han reconocido que su ‘inmolación’ por la causa de Enagás supondrá un importante beneficio para la imagen y la reputación del valor en bolsa, principalmente entre los inversores internacionales. La operadora de la red gasista española ha seguido al dedillo el criterio estricto de los llamados proxy advisors que condicionan y asesoran el voto de los grandes accionistas institucionales y que mantienen unaverdadera cruzada en contra de la perpetuación de cargos dentro del consejo de administración.

Los proxy advisors han dado más de un disgusto a las grandes sociedades cotizadas en bolsa demostrando un activismo cada vez más beligerante en contra de algunas prácticas habituales del llamado gobierno corporativo en España. Habrá que ver ahora si el mercado respalda la decisión de Enagás y admite que el consejo de la compañía se llene de antiguos políticos vinculados al partido que actualmente gobierna en España.

Renovados el presidente y el consejero delegado

Todos los administradores entrantes, al igual que ocurría con los salientes, lo hacen en calidad de independientes. Las nominaciones se han efectuado después de un intenso debate con la SEPI, titular de un 5% del capital de Enagás, y tras un proceso de selección llevado a cabo por una de las principales empresas de cazatalentos especializada en la búsqueda de consejeros. Uno de los factores que más se ha tenido en cuenta a la hora de abordar la designación de los nuevos cargos ha sido la capacidad de relación internacional de los beneficiarios, así como su conocimiento del mundo empresarial.

El presidente de Enagás, Antonio Llardén. (EFE)Al cambio, como no podía ser de otra forma, el resultado ha favorecido la posición de las ‘viejas glorias’ del Partido Popular, sobre todo en lo que concierne a Antonio Hernández Mancha como primer delfín de Fraga. Isabel Tocino, doctora en Derecho Nuclear además de exministra de Medio Ambiente, al igual que Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores yvicepresidenta del grupo francés de tecnología nuclear Areva, disponen de un historial profesional más acorde con las labores que se presumen a cualquier responsable de una empresa energética como Enagás.

Los nombramientos de Gonzalo Solana y Luis Valero ofrecen un perfil menos descarado, si bien se trata de dos altos cargos que han hecho carrera en la Administración del Estado bajo gobiernos del mismo color. El primero en la etapa de Aznar como titular del antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), al que fue promovido por obra y gracia de Rodrigo Rato. El segundo, ya con Mariano Rajoy en la Moncloa, como impulsor de los planes PIVE en calidad de secretario general de Industria, puesto al que accedió después de haber sido precisamente director general de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Quizá ahora se entienda mejor su salida repentina del equipo que encabeza el ministro José Manuel Soria.

El consejo de Enagás decidió ayer también renovar por otros cuatro años los mandatos de Antonio Llardén y Marcelino Oreja Arburúa en sus respectivos puestos de presidente y consejero delegado de la compañía. Todos los nombramientos tendrán que ser ratificados por la junta de accionistas que se celebrará esta primavera. Fuentes de la empresa, que hoy presenta resultados, declinaron hacer ayer cualquier comentario al respecto y se negaron a confirmar la reestructuración del consejo, que no será oficialmente difundida hasta que no se convoque la fecha concreta de la citada asamblea general.

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