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lunes, 3 de febrero de 2014

ESPAÑA: LA UE TACHA DE INSUFICIENTE LA LEY DE TRANSPARENCIA POR CARECER DE ORGANOS INDEPENDIENTES


La UE tacha de insuficiente la nueva ley española de transparencia porque carece de órganos independientes de control

  • La Comisión Europea ha reclamado a España medidas para una mayor vigilancia de la financiación de los partidos políticos
  • Bruselas considera insuficiente la futura Ley de Transparencia porque carece de mecanismos independientes control


El extesorero del PP Luis Bárcenas, a su salida de los juzgados el 4 de abril de 2013.  EFE

La Comisión Europea ha reclamado este lunes a España que tome medidas para una mayor vigilancia de la financiación de los partidos políticos para detectar irregularidades y que refuerce el régimen de sanciones, como parte de las medidas para combatir la corrupción en el país.

En un informe sobre la corrupción en España, Bruselas pide una auditoría externa anual para cada formación política y que publiquen 'on line' su cuenta de resultados, incluidos los préstamos, al tiempo que recomienda "prestar mayor atención a la supervisión de los riesgos asociados a las donaciones procedentes de empresas que tengan contratos con el Estado".

El documento, de 16 páginas, repasa las reformas emprendidas en los últimos años por el Gobierno, como, por ejemplo, la Ley de Transparencia que considera un "importante paso adelante", peroinsuficiente porque no cuenta con "garantías suficientes para la independencia" de su mecanismo de control.

También se hace eco, aunque sin nombrarlos explícitamente, de alguno de los casos más sonados en España, como la investigación que afecta "a un extesorero de un partido político y casi 90 destacados políticos, empresarios y banqueros acusados de prácticas corruptas", enreferencia al llamado caso Bárcenas.

Otro de los principales problemas que señala el Ejecutivo comunitario en la lucha contra la corrupción en España figura la eficacia "insuficiente" de los "controles y equilibrios" en el gasto público a nivel autonómico y local. "Las amplias competencias atribuidas (a las comunidades y municipios) no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas adecuada", indica el texto.

Además, apunta el "alto riesgo" de corruptelas en los sectores de la construcción y en la recogida de basuras de acuerdo al alto número de investigaciones iniciadas en estos sectores por irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

Según los datos de Eurobarómetros recientes, el 95% de los españoles cree que la corrupción es un problema "muy extendido" en su país, frente a la media del 76% en el conjunto de la UE, y el 63 % de los españoles (la media más alta de toda la UE) cree que la corrupción le ha afectado personalmente en su vida cotidiana.

En la presentación de su primer informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, con conclusiones para todos los Estados miembros, la comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, ha alertado de quelas prácticas corruptas tienen un coste de "120.000 millones de euros cada año" para la Unión europea y ha lamentado que, si bien muchos de los Estados miembros tienen leyes específicas para luchar contra estos delitos, no siempre las aplican.

"Las instituciones (de vigilancia) están ahí, pero no siempre funcionan", ha dicho la comisaria en una rueda de prensa en Bruselas, en la que también ha indicado que la crisis económica parece haber "impulsado" los casos de corrupción en la UE, sobre todo a escala regional y local, pero ha advertido de que no existen datos específicos por ser este el primer análisis que se realiza.

FUENTE

domingo, 10 de noviembre de 2013

145.000 EMPLEOS EN ESPAÑA DEPENDEN DE LOS PARTIDOS POLITICOS


Los partidos políticos tienen colocados a 145.000 españoles

  • Los partidos dan sueldos a 39.500 dirigentes, parlamentarios y alcaldes

  • Los mismos empleos que tienen Iberdrola, Endesa y Repsol

  • En total los partidos políticos gestionan más de 145.000 empleos




Gracias a los ingresos públicos y a las subvenciones, los partidos políticos, y también los sindicatos, se han convertido en las empresas del país que más empleo gestionan.
Según las informaciones recabadas por MERCADOS, los partidos controlan el empleo de más de 145.000 personas, la mayor parte nóminas de sus cargos en las distintas administraciones mientras que en sus sedes sólo sostienen una estructura ínfima. Se trata de casi un tercio de los trabajadores que acumulan las 35 empresas del IBEX en España. Esta cifra supera, por ejemplo, las plantillas de que disponen los seis bancos que figuran en este índice selectivo (Santander, BBVA, Caixabank, Popular, Sabadell y Bankinter).
Los partidos dan más sueldos que los seis bancos más importantes
De aquí la importancia de ganar unas elecciones o de mantener una base electoral que les permita tener el poder de asignar empleo de no mercado, no competitivo ni procedente de una actividad generadora de PIB a sus correligionarios. Los partidos disponen de una cartera de empleo que puede representar al menos medio millón de votos directos, sumando al trabajador su entorno familiar y social.

Desde que comenzó la crisis hay 11.900 puestos más

Según datos de la EPA, en el tercer trimestre de 2013 existían 39.500 puestos de trabajo que desempeñaban las cúpulas del poder ejecutivo y los cuerpos legislativos. Esta plantilla equivale a la que disponen en su conjunto en España las compañías energéticasIberdrola, Endesa y Repsol.
Se trata de los miembros de los gobiernos del Estado, autonomías y ayuntamientos, así como del conjunto de parlamentarios de las 19 cámaras existentes en España (Congreso, Senado y las 17 autonómicas) y los 8.116 alcaldes. Aunque no se aclara, también parecen figurar en este apartado los cuadros directivos de los partidos, los sindicatos y organizaciones empresariales. Curiosamente el Gobierno no facilita la información completa y detallada porque se trata de un secreto estadístico. Cuando empezó la crisis, este colectivo sólo alcanzaba a 27.600 personas frente a las 39.500 actuales.
En realidad, todos viven del dinero público. Incluso lo hace la mayor parte de la mitad de alcaldes que dicen no cobrar un sueldo fijo al mes, ya que la mayoría se han asignado dietas por la asistencia a plenos o comisiones que, curiosamente, no tributan a Hacienda, como también sucede con las de los miembros del conjunto de parlamentos nacionales.
El PP tiene sólo 435 empleos directos pero controla 33.000 nóminas
Y algo similar ocurre con los concejales, más de 60.000, el doble por ejemplo de los trabajadores que paga Acciona. El PP controla una nómina de 26.499 ediles (y más de 3.790 alcaldes), equivalentes a la plantilla de Telefónica, y el PSOE de 21.677 (y más 2.300 alcaldes), una cifra similar al número de empleados de Indra en España.
Los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas han revelado queel partido controla 33.000 nóminas. Fuentes del PP aseguraron que no se trata de empleos directos, sino de que el partido gestiona los sueldos de cargos públicos, como diputados, alcaldes o concejales. A ellos se les pueden aplicar complementos por su labor en el PP y también se les pueden aplicar retenciones, según las citadas fuentes, que indicaron que la cifra es inferior a la recogida en la documentación judicial.

Más de 20.000 asesores contratados a dedo

Aunque se trata de cifras conservadoras, a estos datos hay que sumar los más de 20.000 asesores contratados a dedo como personal de confianza en el conjunto de las administraciones e instituciones. Se trata de un número superior a la plantilla de IAG (Iberia). La mayor parte suelen ser familiares de políticos o compromisos de partido.

También hay que añadir los casi 1.500 asistentes y personal vario de los grupos parlamentarios en las diferentes cámaras (incluido el Parlamento Europeo). Su número supera la nómina de empleo deEnagás. Sólo en el Congreso de los Diputados hay 262 asistentes. Su sueldo se abona con el presupuesto de la Cámara y no con las subvenciones y asignaciones a los grupos. El PP dispone de 91 (para 185 diputados) y el PSOE de 73 (para 110 parlamentarios).
Esta fábrica de empleo político se extiende también a los trabajadores de las fundaciones de los partidos, que también reciben asignación pública, y al entramado de cargos de las empresas públicas, entes, organismos autónomos, agencias estatales, fundaciones, consorcios, sociedades mercantiles o universidades de todas las administraciones. En este puzzle de más de 4.000 entes entre el Estado y las autonomías, más otros 7.000 correspondientes a los ayuntamientos, hay más de 22.000 personas que los partidos han designado como consejeros y diversos cargos. Es una cifra similar al número de empleados de las constructoras Sacyr, OHL y Técnicas Reunidas.

Picos de contratación cuando se acercan campañas

Los partidos apenas generan empleo directo, aunque tienen picos de contratación cuando se acercan las campañas electorales. De las pocas cifras que existen de sus pagos de personal se extrae que los partidos han vivido ajenos a la crisis en los primeros años. Según los datos facilitados el jueves por el Tribunal de Cuentas en 2011, último año disponible, los partidos destinaron en ese año 91,3 millones a pagar la masa salarial de sus empleados frente a los 81,2 millones de 2008.
En los primeros años de recesión se gastaron un 12,5% más en nóminas
Es decir, en estos primeros años de recesión los grupos políticos se gastaron un 12,5% más en pagar nóminas. Aunque 2011 fue un año electoral, el PP aumentó su gasto un 19% (de 29,4 a 34,8 millones), mientras que el PSOE, sin incluir el PSC, elevó la cifra un 13% (de 28,7 a 32,4 millones) .
A partir de 2012, la crisis y el cambio del mapa electoral nacional y autonómico, han empezado a pasar facturar a las formaciones. En concreto, el PSOE, que ha visto reducidas las asignaciones públicas al perder las elecciones así como las subvenciones directas, ha metido la tijera y, tras la aplicación de un ERE en su plantilla en 2012, ahora está inmerso en un ERTE (suspensión del contrato de trabajo o reducción de la jornada) que afecta al 20% de sus trabajadores.
¿Cuántos empleados tienen los partidos? Es el secreto mejor guardado. De los partidos sólo se conocen esos exiguos datos de sus balances, pero no hay datos públicos de sus plantillas. De todas formas, según fuentes de los principales partidos, en marzo de 2013 el PP tenía en nómina a 435 personas y el PSOE algo más, 540 incluyendo el 20% de las nóminas sometidas al ERTE. Las cifras corresponden a toda la organización nivel nacional de ambos partidos. Todos ellos figuran con el mismo NIF de empleador.
Aunque no ha habido despidos ni se ha aplicado un ERE, el número de empleados del PP es inferior al del PSOE, porque gran parte del equipo de asesores de que disponía cuando estaba en la oposición ha sido trasvasado a las administraciones. De los 435 empleados directos, 235 trabajan en la sede de la calle Génova.
Aunque no se ha facilitado el dato del presupuesto para este año, con el gasto de 2012 (de 28,9 millones) se puede concluir que cada empleado, con inclusión de los complementos de gasto de representación de los altos niveles, percibe una media de unos 66.500 euros al año.
El PSOE ha pasado de 680 empleados en 2011, a 560 en 2012 y esos 540 en 2013. La mitad trabaja en la sede de Ferraz en el comité Federal con gasto de personal de 7,4 millones. No se incluye al PSC, que dispone de una cifra superior a los 100. Para 2014 el ajuste se va a extender a los territorios en que aún no se han aplicado los ERE.
Con estos más de 1.000 trabajadores de los principales partidos, el empleo total de la estructura de los grupos es de unos 1.800 en su totalidad, una cifra similar a los trabajadores de Red Eléctrica Española (REE).

Los sindicatos, otra gran fábrica de empleo

La otra gran fábrica de empleo, ligado en muchos casos al presupuesto público y a las subvenciones directa o indirectas (cursos de formación, por ejemplo), son los sindicatos.
CCOO ha anunciado que en diciembre publicará sus primeras cuentas. De UGT, no hay noticia alguna ni tampoco del resto de formaciones. En cualquier caso, las dos organizaciones más representativas se encuentran inmersas en un proceso de ajuste a través de jubilaciones anticipadas y ERE aprovechando las ventajas de la reforma laboral del PP, que ha afectado a más 1.500 trabajadores.
Ninguna organización ha querido facilitar dato alguno de su empleo directa o indirecto alegando la dificultad de obtener una cifra consolidada ya que cada federación nacional o uniones regionales o territoriales tienen un NIF distinto de empleador. En cualquier caso, fuentes del sector fijan las nóminas totales por encima de las 20.000 (no se trata de personal liberado) sin incluir los trabajadores de las empresas creadas para realizar cursos de formación. Por su parte, CEOE, sin incluir todo su aparato de organizaciones empresariales territoriales, dispone de 108 empleados en su sede corporativa.

miércoles, 4 de septiembre de 2013

LA FINANCIACION ILEGAL DE LOS PARTIDOS, NO SERA DELITO EN EL NUEVO CODIGO PENAL


La financiación ilegal de los partidos no será delito
La financiación ilegal de los partidos no será delito
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, arrancará el curso político ultimando la ley que reforma un Código Penal que pone el acento en la lucha contra la corrupción y que se presentará en las “próximas semanas” ante el Consejo de Ministros.
El Ministerio de Justicia estudia ahora las modificaciones planteadas desde el Consejo de Estado antes de llevar el texto “definitivo” al Consejo de Ministros, el cual ya tuvo oportunidad de analizar un primer anteproyecto el pasado mes de octubre. Este será uno de los primeros articulados que presente Gallardón en la vuelta de las vacaciones después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy diera prioridad a la reforma del Código Penal frente a la anunciada revisión de la Ley del Aborto, que, en todo caso, se aprobará antes de que finalice el año.
Según fuentes del departamento, el texto no tipifica como delito la financiación ilegal de los partidos, pero sí acomete una revisión técnica de la regulación del comiso y delimita de forma más clara los tipos relacionados con delitos de corrupción, como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación.
Por ejemplo, el texto propuesto simplifica el delito de cohecho para “incrementar su eficacia como instrumento de lucha contra la corrupción”. Así, se sanciona la aceptación, recepción o solicitud de la dádiva o el soborno sin vincularlo al acto que realiza después el funcionario. Hasta ahora, se debía acreditar la conexión entre el soborno y la actuación del empleado público.
Un nuevo capítulo, denominado Frustración de la ejecución, castigará con penas de uno a cuatro años de cárcel a quien oculte bienes durante un procedimiento judicial, disponga de su patrimonio o contraiga obligaciones con el fin de dificultar o impedir el embargo o las medidas cautelares adoptadas por el juez, eludiendo así el pago de la responsabilidad civil derivada del delito imputado.
En este sentido, se impone cárcel o multa a quien presente una relación de bienes o de patrimonio “incompleta o mendaz” para evitar satisfacer a sus acreedores, según contempla el anteproyecto enviado al Consejo de Estado recogido por Europa Press.
Malversación de fondos
La reforma del Código Penal introduce una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de administración desleal de fondos públicos que cause un perjuicio para el patrimonio público. Además castiga como administración desleal a quien “quebrante su deber de lealtad” como administrador o abusa de sus funciones realizando actuaciones para las que no había sido autorizado.
Además, se amplía el comiso para extenderlo a los bienes de terceras personas a las que hayan podido ser transferidos los bienes y regulando el comiso sin sentencia de condena en los casos donde no sea posible el enjuiciamiento del acusado durante un período de tiempo “muy prolongado” y existe un peligro evidente de que puedan prescribir los hechos de los que esos bienes o efectos proceden. 

lunes, 5 de agosto de 2013

"NI PP NI PSOE, QUIEREN SABER LA VERDAD DE LA FINANCIACION ILEGAL: ES UN PARIPE", ALBERTO FLORES


"Ni PP ni PSOE quieren saber la verdad de la financiación ilegal: es un paripé"

.Reunión entre Rajoy y Rubalcaba en Moncloa, el pasado junio. (Efe)

Lo llamaron un día para que se hiciera cargo de una sociedad nueva, Filesa, y aceptó el encargo como buen militante del Partido Socialista y hermano de una de las referentes del partido en aquel momento. Procesado, condenado e indultado por el primer caso de financiación ilegal de un partido político en España, estos días se revuelve en el sillón cuando oye el cruce de acusaciones entre los dirigentes del PSOE y del Partido Popular sobre los papeles del caso Barcenas: "¡Todo esto es un paripé!".
Si algún motivo de satisfacción le queda de aquella etapa -explica en su conversación con El Confidencial- es este: "Yo, que fui el chivo expiatorio de todo aquello, quizá soy el único que ha trabajado para la financiación de un partido político que no se ha enriquecido, sino todo lo contrario". Se llamaAlberto Flores Valencia. Y tiene claro que en España no existe ningún interés por acabar con la financiación ilegal de los partidos políticos. "Cuando iba camino de la cárcel -cuenta- se me acercó uno de los guardias civiles y me dijo: 'Tranquilo, que esto es por poco tiempo'. Me quedé perplejo, porque yo tenía una condena de diez años de cárcel, ¿cómo podía saber nada aquel guardia civil?".
Pero el guardia civil tenía razón. Alberto Flores, como el resto de procesados de Filesa, sólo estuvo en la cárcel nueve meses porque, a pesar de la enorme dimensión que alcanzó aquel escándalo, acabó recibiendo un indulto que zanjó definitivamente su condena. Y no fue el PSOE quien se lo concedió, sino un Gobierno del Partido Popular. El PSOE fue quien cargó, a través de la fianza depositada, con la multa millonaria que le impusieron (259 millones de pesetas), y el Partido Popular le evitó los diez años de prisión. Como diría Rajoy, fin de la cita.
El camino marcado por Filesa
Aquel indulto fue el final de un proceso judicial que, analizado ahora, con la distancia que imponen los años, no deja de arrojar preguntas sin respuestas que tejen un manto de sospechas sobre la verdadera naturaleza de los continuos pronunciamientos políticos para acabar con la financiación ilegal de los partidos políticos en España, sostén de todos los casos de corrupción que se conocen. ¿De verdad existe ese interés para acabar con la financiación ilegal? Alberto Flores cree que no. Al contrario: "Filesa marcó la hoja de ruta para todo lo que vino después".
Muchos maletines se quedaban por el camino y no llegaban al partido. Se decidió acabar con todo eso y organizarlo mejor. Así es como se creó Filesa
Su convicción la sustenta en la peculiar experiencia vivida en las mismas tripas de un partido político: "Filesa se crea para acabar con el descontrol que existía con los maletines durante el Gobierno del PSOE. Ya existía otra estructura de financiación, con otras empresas, pero aquello no iba bien. Tecnológica Informática 2020, Bleker, Atacir, Viajes Ceres o Telemundi ya funcionaban antes que Filesa, junto a otras regionales, como Deuno o Sofodepsa en Andalucía, que recibían las comisiones por los contratos con la administración. Pero como muchos maletines se quedaban por el camino, y no llegaban al partido, se decidió acabar con todo eso y organizarlo mejor. Así es como se crea Filesa y me proponen ser fiduciario de la nueva sociedad".
Lo que se constató en la investigación judicial, ceñida a sólo un par de años, es que la recaudación de Filesa, junto a Malesa y a Time-Export, alcanzó 1.200 millones de pesetas de 1989. Aunque con posterioridad nunca se ha detectado en España ninguna trama de financiación ilegal parecida a aquella (una organización empresarial delictiva creada desde el partido en el Gobierno), la similitud de Filesa con los procesos de corrupción conocidos después, incluyendo la extensa trama de Gürtel, es muy elocuente. Cuentas en Suiza, testaferros de empresas ficticias, grandes empresas que adquieren por millonadas informes inexistentes o irrelevantes... Y alguien que termina contando todo lo ocurrido.
En el caso de Filesa, el delator fue un personaje peculiar, un chileno llamadoCarlos Alberto Van Schouwen, sobre el que Alberto Flores no guarda buenos recuerdos. "A mí me piden ser fiduciario de Filesa y nadie me advirtió de que iba a estar rodeado de gilipollas, con perdón. Porque lo que no se le ocurre a nadie es darle la contabilidad a alguien que no tenía ni idea de contabilidad y que, por no tener, no tenía ni permiso de residencia en España". La cuestión es que, un buen día de mayo de 1991, el citado Carlos Alberto Van Schouwen, desairado por una serie de millones que esperaba recibir y no recibió, denunció públicamente la trama de Filesa.
El proceso judicial que se inició entonces, que culminaría seis años después,se fue desinflando a medida que pasaban los años, una nueva circunstancia que se repite continuamente en otros muchos casos de corrupción política. De las 50 personas que llegaron a estar imputadas inicialmente, la causa se redujo luego a 39 procesados y, finalmente, se sentaron en el banquillo de los acusados 12, de los que sólo fueron condenados ocho. Entre ellos, Alberto Flores. Por supuesto, que entre los procesados no se encontraba nadie de la primera línea política del PSOE ni tampoco nadie relevante ente los donantes. "Aquel juicio fue una auténtica farsa. A ver quién entiende que el Tribunal Supremo condenase a los testaferros a diez años de prisión y que a los empresarios y banqueros que habían participado del cohecho los exculpara porque, según el tribunal, si le daban dinero al PSOE era por generosidad. Es una vergüenza, pero esto funciona así".
Perseguir el cohecho
Por la experiencia de aquel juicio de Filesa, Alberto Flores tiene claro que si existiese en España un verdadero interés por acabar con la corrupción que emana de la financiación ilegal de los partidos políticos, lo primero sería perseguir con contundencia el cohecho. "Pero eso no ocurre. Es más, en el juicio de Filesa, si el PP estaba personado en la causa no era para conocer la verdad, porque sabía perfectamente en qué consistía aquello, sino paraproteger a empresarios y banqueros, además, claro está, de desgastar políticamente al PSOE. De hecho, el PP nunca llegó a acusar a nadie de cohecho".
Yo no sé si Bárcenas será también otro chivo expiatorio, pero desde luego yo no me llevé ni una sola peseta
Con el protagonismo que, de nuevo, ha adquirido la corrupción asociada a la financiación ilegal de los partidos políticos, Alberto Flores ha recopilado todos los recuerdos de la etapa de Filesa en un libro que verá la luz en breve, De la era de Franco a Filesa. Entre tanto, elude cualquier comparación con Luis Bárcenas. "Hombre, yo no sé si Bárcenas será también otro chivo expiatorio, pero desde luego yo no me llevé ni una sola peseta. Al contrario, tuve que vender parte de mi patrimonio para hacer frente a todo aquello. Otro caso es el de Luis Oliveró, que es el administrador único de Filesa, aunque era una figura decorativaporque, en realidad, todo el cotarro lo manejaba Carlos Navarro [entonces diputado del PSOE]. Era él quien recibía instrucciones desde arriba de lo que había que facturar. A Luis Oliveró, estando yo presente, le entregaron en Suiza 2.500 millones de pesetas a cambio de su silencio, porque amenazaba con dejar caer el Gobierno".
¿Una similitud más? Alberto Flores, despacha las dudas con rapidez: "A míque no me cuenten historias. Como Rubalcaba, que decía que Filesa era una cosa mía y de Oliveró... Que no, que son todos una pandilla de impresentables". 

domingo, 28 de julio de 2013

LOS TESOREROS QUE HUYEN DE LA SOMBRA DE BARCENAS, ESTAN TODOS IMPLICADOS



Así son los tesoreros que huyen de la sombra de Luis Bárcenas


Carmen Navarro, actual tesorera del PP.

Los papeles de Bárcenas, como en su día ocurrió con el caso Filesa que golpeó la yugular del PSOE, han puesto el foco de la atención ciudadana sobre los tesoreros de los partidos. Esos personajes en su mayoría anónimos que gestionan el día a día, con mando en plaza, de organizaciones convertidas, a veces, en verdaderas maquinarias de poder y por las que pasan no pocos empresarios en busca de favores de todo tipo y dispuestos a hacer jugosas donaciones. Estos son los hombres y las mujeres que manejan las cajas de los cuatro principales partidos de España.

Una interventora “insobornable” en el PP
Los líos del caso Bárcenas y las consecuencias de la trama Gürtel que han puesto contra las cuerdas al principal partido del centroderecha obligaron a Mariano Rajoy a hacer una buena limpia al frente de la caja de su partido. Primero, con José Manuel Romay Beccaría, ahora en el Consejo de Estado y también implicado por Bárcenas ante el juez Ruz por una supuesta donación de 300.000 euros por parte de Juan Miguel Villar Mir (OHL) y, después, con Carmen Navarro, que relevó a Romay en mayo del año pasado.

En Génova definen a Carmen Navarro como una mujer “insobornable” y recomendada a Rajoy por el propio Romay y por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Ella ha sido quien, en los últimos meses, ha tomado declaración jurada a toda la cúpula del PP para que explicara sus ingresos durante la última década y sus relaciones con la oveja negra de Bárcenas.


Navarro ha sido quien, en los últimos meses, ha tomado declaración jurada a toda la cúpula del PP para que explicara sus ingresos

Quienes la conocen bien aseguran que la nueva gerente del partido, una interventora con fama de dura es tan discreta como "insobornable". Con ella, las cuentas del partido están en manos de una antigua interventora de la Seguridad Social, acostumbrada a cuadrar presupuestos de muchos ceros y de probada fidelidad a las siglas. De hecho, el peso real de la contabilidad recaía en ella ya en la época en la que el veterano Romay estaba al frente. Llevaba el día a día, controlaba los gastos y supervisaba con lupa todos los contratos.

 


Tras ocupar el cargo de directora general de Presupuestos e Inversiones del ya desaparecido Insalud -a las órdenes de su entonces máximo responsable, Núñez Feijóo- y dirigir los Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad, bajo la batuta de Celia Villalobos, Navarro se incorporó al Gobierno regional de Esperanza Aguirre como directora general de Gestión Económica del Servicio Madrileño de Salud.

Xoan Cornide, en el PSOE
La gerencia del principal partido de la oposición corre a cargo de Xoan Cornide Pérez, un hombre que ha pasado del anonimato a la excesiva notoriedad que nunca es buena para quien maneja las cuentas de un partido. Todo, a raíz de la su vinculación con el contrato de la falsa Amy Martín en la Fundación Ideas o también por las polémicas adjudicaciones de contratos por valor de un millón de euros con diferentes empresas de un socio de su hijo, también a través de Ideas.

Cornide ha salido tocado de estos casos y algunos, en el PSOE, creen que ha llegado la hora de relevarle.
Xoan Cornide, tesorero del PSOE. (Fundación Ideas)Xoan Cornide, tesorero del PSOE. (Fundación Ideas)Rubalcaba, de momento, le mantiene al frente de la caja de Ferraz,  donde llegó al cargo de director gerente de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco en 2002 para sustituir a Ramón Moreda, excandidato socialista al Ayuntamiento de Las Rozas, a quien Blanco colocó como presidente de una filial de Renfe llamada Comfersa cuando era titular de Fomento.  El perfil público de Cornide en Linkedin señala también que con anterioridad, entre 1986 y 2002, fue director de un fondo de formación.

Cornide ha sido también quien, en los últimos meses, ha tenido que controlar las cuentas del PSM, una federación díscola a la que tuvo que retener parte de las cuotas de sus afiliados para hacer frente a los pagos de la seguridad social de varios trabajadores adeudados por el equipo de Tomás Gómez.

Sinforoso Alcalá (UPyD)
En Unión, Progreso y Democracia no existe la figura del tesorero.  Las cuentas de la formación están en las manos de Sinforoso Alcalá, que ejerce como gerente a las órdenes de Rosa Díez y de Juan Luis Fabo, el miembro de la dirección del partido que supervisa su trabajo y en compañía de quien acude a los bancos cada vez que hay que negociar nuevos préstamos. Al cierre de 2011, UPyD tenía créditos pendientes de pago con el Banco Popular, La Caixa, BBVA, Banco de Santander y Caja Madrid.

Sinforoso se afilió al partido en octubre de 2007 y, desde un principio, colaboró de forma voluntaria en los grupos de trabajo que se dedicaban a la gestión económica de la organización hasta que UPyD le contrató en 2009 para llevar la contabilidad, los recursos humanos y las labores administrativas del partido, las tres responsabilidades que recaen sobre su cargo. Antes de dedicarse por completo al partido, fue secretario del Consejo de Administración de la multinacional Kimberly-Clark y responsable de la administración de diversas PYMES.


En UPyD no existe la figura del tesorero. Las cuentas de la formación están en las manos de Sinforoso Alcalá, que ejerce como gerente

Alcalá no pertenece a la dirección del partido y su gestión está supervisada por la Comisión de Finanzas, el órgano de control interno previsto por los estatutos. Junto a él, el equipo de gerencia está integrado por otras seis personas. “En el área económico-financiera es responsabilidad del gerente gestionar la ejecución del presupuesto anual, que es elaborado por el Consejo de Dirección y aprobado por el Consejo Político”, explicaba, recientemente, en un cuestionario remitido a la web Sueldos Públicos.

 


En UPyD explican que su financiación no llega ni de lejos a ser ni una décima parte de lo que en su día manejó Bárcenas al frente de la Caja B de Génova. En los papeles de Sinforoso solo se registraron, en 2011, un total de 210 donantes, todos ellos personas físicas. Ninguna de esas donaciones superó los 6.000 euros. Las donaciones no debidamente identificadas, aquellas que ingresan en la cuenta de donaciones declarada sin que aparezca la identificación completa del donante, “las ponemos a disposición del Tribunal de Cuentas y, por tanto, no hacemos uso de ellas”, explican desde la formación.

Lola Sánchez, en Izquierda Unida
En Izquierda Unida no existe ni tesorero ni gerente. Lo más parecido a todo ello es la figura del responsable de política financiera, un cargo que elige la dirección de IU y que, desde el pasado mes de enero, detenta la murciana Lola Sánchez Tudela.

Sin embargo, el cargo es más político que otra cosa. Así, gestiona, por ejemplo, las relaciones institucionales con el Tribunal de Cuentas y su firma es necesaria cuando hay que abrir una nueva cuenta para una campaña electoral. Pero entre sus funciones no está llevar las cuentas del día a día de la formación. Esas labores recaen en el personal administrativo de la coalición, que son quienes negocian con los bancos y autorizan los diferentes pagos. Sobre todo, se encarga de supervisar las cuentas e informar de las mismas a Cayo Lara y al resto de la dirección de IU.

Cerca del 74% del presupuesto de IU proviene de las asignaciones del Ministerio del Interior y el resto son las aportaciones y cuotas de los dirigentes y militantes. Las donaciones apenas alcanzan el 0,29% del total de los ingresos.
FUENTE

LA DEMOCRACIA LIQUIDA, ¿YA NO CONFIAS EN NINGUN PARTIDO POLITICO?


¿Ya no confías en ningún partido político? Bienvenido a la democracia líquida (I)



Confieso que estoy hecho un lío. Lo estoy a rebufo del affaire Bárcenas, de los ERE´s de Andalucía, de los sinvergüenzas de Valencia que construyen aeropuertos sin aviones, y del jeto de Rajoy en un plasma soltando lugares comunes, en plan Gran Hermano celtíbero. A estas alturas de la película (de terror), pues, ya no sé a quién debo dirigir mi voto en las próximas elecciones, si a los hippies “tol mundo er güeno” pseudocientíficos, antitransgénicos y antivacunas de las izquierdas o a la caverna retrógrada, religiosa y meapilas que se encomienda a la Virgen para que ella subsane el fregado en el que andan metidos.

Vote a quien vote, me siento estafado. Sé que ambos me robarán la cartera. Sospecho que si deposito mi confianza en un partido pequeño, en cuanto se haga mayor, en cuanto abandone la posición “no tengo nada que perder”, acabará haciendo exactamente lo mismo. Y encima, como se ha demostrado, una formación política puede incumplir punto por punto todo su programa y yo no podré arrepentirme hasta transcurridos los cuatro años de rigor. Ni siquiera me dejarán quemar Barcelona o Madrid por la rabia, porque encima me iré a casa con un ojo menos de resultas de un bola de goma.


Dada esta situación, uno se pregunta, quizá de un modo un tanto apocalíptico, si no estamos viviendo, de facto, en una dictadura que finge no serlo. O directamente, si a político solo se meten pícaros y estultos con una gran facilidad para hacer teatro y mentir sin que se le caiga la cara de vergüenza (o tal vez es el propio sistema el que te invita a convertirte en eso, tal y como denuncian algunos técnicos).

¿Qué tipo de democracia quieres?

A grandes rasgos, el problema de la democracia actual se puede resumir en dos posturas. Apostar por una democracia pura, en la que los ciudadanos voten y decidan directamente, sin intermediarios, a propósito de todas las decisiones importantes. ¿La seguridad social debe financiar la homeopatía? Preguntemos al pueblo. ¿Debemos construir más kilómetros de AVE? Preguntemos al pueblo. ¿Eliminamos el Senado? Preguntemos al pueblo.

Este tipo de democracia resultaría, a la larga, perniciosa para todos, porque la mayoría de nosotros no tenemos el tiempo (y a veces ni las ganas) de profundizar en absolutamente todos los temas. Uno puede haber leído mucho sobre los beneficios de tener un medio de transporte como el AVE. O puede que haya pasado meses buceando en ensayos clínicos sobre homeopatía. Pero nadie puede dominar todos los temas. De hecho, en la mayoría de los temas, todos nosotros somos unos completos ignorantes. Imaginaos el resultado, pues: la mayor parte de las decisiones complejas se dirimirían por parte de una mayoría de personas ignorantes en dicho tema.

Así que al final acabaríamos tomando decisiones erróneas. Sería profundamente democráticas, eso sí, pero también profundamente erróneas. Como si a la hora de decidir el grosor de los pilares maestros de un rascacielos de 50 plantas le preguntáramos a todo el que pase por allí, y no a los ingenieros. La democracia directa, en consecuencia, resulta tan nociva como sus opuestos, como las tiranías, las monarquías, o las teocracias.

El otro tipo de democracia, en la que actualmente estamos inmersos, evita preguntar sobre toda clase de temas al pueblo, derivando esa responsabilidad a un comité de expertos. Es decir, las formaciones políticas. Cedemos nuestra confianza a un grupo de personas que se dedica, supuestamente, a profundizar en todos los temas que a nosotros se nos escapan. Delegamos. En esta clase de democracia representativa, al final, lo que más importa son los resultados (o explicar de la forma más pedagógica posible la razón de que se decida, por ejemplo, subir determinado impuesto o cualquier otra medida impopular que, a largo plazo, tendrá beneficios para todos).

Esta clase de democracia parece tener mejor pinta que la democracia pura. Al fin y al cabo, sólo los médicos operan a corazón abierto. Sólo los jueces te condenan al trullo. Sólo los pilotos manejan aviones comerciales. Así pues, sólo los políticos y los expertos que ellos designen deberán tomar las mejores decisiones para el pueblo. Pasada la legislatura, el pueblo echará cuentas y decidirá o no volver a confiar en esa formación política.

El problema, dadas las circunstancias, es que los políticos parecen tontos, en el mejor de los casos, o directamente son unos mangantes, en el peor. Si no podemos confiar en el vecino tonto, pero tampoco en la integridad intelectual y moral del experto, ¿qué nos queda?


jueves, 25 de julio de 2013

PAPA ESTADO Y MAMA BANCA, LA FINANCIACION DE LOS PARTIDOS, UNAS CUENTAS QUE NO CUADRAN


Financiación de los partidos: unas cuentas que no cuadran

Los partidos gastaron más de 65 millones de euros en las últimas elecciones generales, según datos del Tribunal de Cuentas. Los expertos critican un desmesurado coste que, a su juicio, sobrepasa lo declarado ante el tribunal.
Las consecuencias del actual modelo se traducen en un excesivo endeudamiento y la dependencia de las subvenciones públicas.
"El Tribunal de Cuentas está pensado para que no funcione".


Manifestantes exhiben sobres

Más de 312 millones de euros fueron lo que ingresaron los partidos políticos en 2008. Así lo indica el último informe de un Tribunal de Cuentas, que ya acumula un retraso de cinco años en lo que respecta a la fiscalización de las cuentas. "El tribunal está pensado para que no funcione", se queja José Antonio Gómez Yáñez, sociólogo del Instituto de Política y Gobernanza. Lo cierto es que no es extraño ver cómo sus cargos son ocupados por exaltos cargos del PP o del PSOE e incluso algún otro "amigo".
Los "Bárcenas" y los "ERE" que día tras día protagonizan telediarios y cabeceras evidencian el fracaso de un sistema que hace aguas por todas partes. La opacidad en las cuentas y la connivencia de intereses políticos y privados han sido la tónica general durante más de treinta años de democracia. A ello no ha ayudado una regulación poco estricta, así como el elevado endeudamiento acumulado con las entidades bancarias. Ya en 2008 populares y socialistas debían unos 127 millones de euros a bancos y cajas de ahorro.

"Papá Estado" y "Mamá Banca"

Solamente en el último cuatrimestre de 2012, PSOE y PP ingresaron más de 12 millones de eurosde subvención estatal, un 73% del presupuestado para todas las formaciones. "Los partidos siguen teniendo una financiación pública ilimitada, ya que se dotan a sí mismos las subvenciones", señala Gaspar Ariño, abogado y exvicepresidente del Foro de Sociedad Civil. A su juicio, los partidos se han convertido en grandes estructuras a disposición del Estado, hecho que incrementa la brecha con la ciudadanía: "Aquí los partidos viven en su mundo sin atender a los deseos de la gente. Al no depender económicamente de ellos, tampoco les rinden cuentas".
Según los datos del último informe del Tribunal de Cuentas, en 2008 los partidos ingresaron un total de 312.188.067,45 euros De esta cantidad, un 76% correspondió a las aportaciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico y local.
Llama la atención el escaso peso que en la contabilidad tienen las aportaciones de los afiliados. Concretamente, dichas cuotas suponen un 17% para los socialistas y un 11% en los populares. Para Ariño, esta situación tiene que ver con que "los partidos no tengan la obligación de recaudar dinero de la sociedad. Viven de las cuentas del Estado, no de las aportaciones ciudadanas". Algo que además les evita "la necesidad de ahorrar y ser austeros".

miércoles, 24 de julio de 2013

20 MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCION, HABLA EL PRESIDENTE DE LA TRANSPARENCIA INTERNACIONAL


Veinte medidas contra la corrupción

Es imprescindible tipificar el delito de financiación ilegal en los partidos




El amplio y variado número de casos de presunta corrupción que están saliendo a la luz pública hace necesaria y urgente la adopción de medidas para atajar el problema.
De cara a aportar posibles soluciones, se han celebrado recientemente tres seminarios-debates contra la corrupción, organizados por Transparencia Internacional España, y en los que han participado un total de 18 ponentes pertenecientes al ámbito de la magistratura, fiscalía, cuerpos de seguridad, universidades, instituciones anticorrupción, etcétera. De las casi 50 conclusiones que han surgido, nos hemos permitido seleccionar y sintetizar las 20 medidas que se recogen a continuación (agrupadas en tres áreas):
Transparencia económica y financiera de los partidos políticos.Los partidos políticos deberían situarse a la vanguardia y ser ejemplares en cuanto a transparencia económica, financiera y contable, entre otras cosas porque los recursos de los que disponen son aportados por los ciudadanos. Para ello se deberían adoptar las siguientes medidas:
1) Publicación en Internet de las cuentas anuales detalladas de los partidos políticos y entidades a ellos vinculadas, con el debido desglose orgánico y geográfico de sus gastos e ingresos, así como de sus bienes patrimoniales.
2) Publicación en Internet por el Tribunal de Cuentas de su informe de auditoría anual de los partidos políticos (en el plazo máximo de un año desde el cierre de cada ejercicio contable).
3) Publicidad obligatoria de los préstamos otorgados a los partidos, así como la prohibición de su condonación por las entidades financieras.
4) Prohibición de las donaciones a los partidos, o sus fundaciones, procedentes de las empresas sometidas a licencias, regulación o subvenciones públicas.
5) Prohibir a las fundaciones de los partidos recibir ayudas o donaciones de aquellas personas jurídicas que no pueden donar a los partidos políticos.
6) Tipificar jurídicamente el delito de financiación ilegal de los partidos.
7) Establecer un procedimiento normalizado de auditoría interna en los partidos.
8) Obligatoriedad de hacer pública la situación de quiebra económica que en su caso puedan tener algunos partidos.
Transparencia y democracia electoral. Es necesario que los procesos electorales sean más transparentes y participativos; en este sentido se proponen los siguientes cambios legales e institucionales:
9) Modificar la legislación y el sistema electoral, estableciendo listas desbloqueadas o abiertas, en las que se pueda tachar o excluir a algunos de los candidatos.
10) No admitir la inclusión de procesados o investigados por corrupción en las listas electorales, o en todo caso establecer la obligación de hacer pública esta circunstancia al publicar las listas.
11) Publicar obligatoriamente el currículum o datos biográficos de todos los candidatos.
12) Controlar estrictamente el cumplimiento de los límites en los gastos electorales y sancionar (no se ha hecho hasta ahora) el incumplimiento de dichos límites por parte de los partidos.
13) Pasar el control de los gastos electorales del Tribunal de Cuentas a la Junta Electoral Central.
Marco jurídico e institucional para prevenir la corrupción. Hay otros cambios necesarios en el marco legal e institucional para prevenir y/o combatir de forma efectiva la corrupción. A tal efecto se proponen las siguientes medidas:
14) Cualquier condena por delitos asociados a la corrupción debe llevar aparejada la inhabilitación efectiva para el ejercicio de cargos públicos.
15) Establecer un tope o límite máximo de mandatos en los cargos políticos (evitando que la política sea un modus vivendi).
16) Necesidad de una ley de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos denunciantes de posibles casos de corrupción.
17) Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, para: a)Despolitizar en lo posible el tribunal, designando sus consejeros en lugar de por acuerdo de los partidos políticos, por criterios técnicos, y de mérito y capacidad. b) Reducir el número de consejeros del tribunal (a tres o máximo, a cinco).
18) Reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial y del nombramiento de jueces de los puestos superiores, estableciendo límites a su designación por los partidos políticos.
19) Cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados, para los que puede llegar a haber un cierto espacio de impunidad, existiendo normalmente grandes trabas para las actuaciones de los jueces en estos supuestos.
20) Limitar la concesión de indultos por los Gobiernos, excluyendo en todo caso los delitos por corrupción.
Entendemos que si se fuesen adoptando las anteriores medidas (que serán contrastadas públicamente), se podría avanzar de forma sustantiva en la lucha contra la corrupción, la clase política podría llegar a ser a medio plazo más apreciada y confiable para los ciudadanos y estos podrían llegar a estar más informados y ejercer sus derechos de una forma clara y acorde con las necesidades de una sociedad moderna y un país democrático y avanzado como el nuestro.
Jesús Lizcano Álvarez es presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.