El PP tumba la propuesta del Parlament para regular la dación en pago
La iniciativa cosechó el sí del PP catalán en el Parlament pero hoy los populares se han negado porque las medidas serían "pan para hoy y hambre para mañana"
Madrid. (EUROPA PRESS).- El Pleno del Congreso ha rechazado este martes, con los únicos votos de 180 diputados populares, admitir a trámite la proposición de ley que el Parlament aprobó por unanimidad en julio de 2012 y que planteaba una idea de regulación del concurso de acreedores para familias insolventes y medidas para prevenir el sobreendeudamiento.
La iniciativa cosechó el sí del PP en la Cámara de Catalunya, pero hoy el partido que da apoyo al Gobierno se ha negado a tramitarla argumentando que, aunque sus medidas están "bien trazadas", aprobarlas sería pan para hoy y hambre para mañana, ya que la solución a los desahuciados presentes se haría a costa del mercado hipotecario y del acceso a la financiación en el futuro.
Sin embargo, todos los portavoces de la oposición, y también los representantes del Parlament que han defendido el texto en el Congreso, han emplazado al Ejecutivo a adoptar más medidas para prevenir los desahucios o para evitar que los afectados arrastren sus deudas hipotecarias de por vida, alertando de que los casos se siguen sucediendo aunque ya no ocupen las portadas de los medios y criticando que se rescate a los bancos pero no a las familias.
Por ello, el Parlament proponía un mecanismo extrajudicial para reordenar o liquidar las deudas en caso de insolvencia, lo que incluye quitas, condonaciones, dación en pago o incluso la liberación de la deuda tras cinco años. Además, se planteaban límites a las condiciones de la hipotecas (30 años y un 90% del precio de tasación de la vivienda) y se incluía la existencia de cláusulas abusivas como motivo para suspender una ejecución, entre otras medidas.
Rescatar a las personas
En representación del Parlament catalán, Meritxell Roigé (CiU) ha pedido el apoyo a una propuesta "necesaria" para ayudar a las familias que "sufren una situación dramática" y a las que el "muy restrictivo" Código de Buenas Prácticas bancarias no da respuesta. "Hace falta no sólo rescatar bancos sino también familias que hoy, por una normativa muy restrictiva y obsoleta, se encuentran en una situación desesperada", ha añadido.
Pere Aragonès (ERC) también ha defendido buscar una "solución justa, viable y razonada" y superar una laguna legal en materia de normativa de segunda oportunidad. Además, ha subrayado la unanimidad que este texto cosechó en Catalunya, reclamando así el voto favorable a los grupos del Congreso. Por Iniciativa-Esquerra Unida, Salvador Milà ha destacado la amplia colaboración en la redacción de esta propuesta, incluyendo la Eurocámara, y ha defendido que "busca de una vez por todas instrumentos legales simples, claros, eficaces, rápidos y económicos para acabar" con los desahucios y para "rescatar" a quienes ya no tienen vivienda pero "arrastran" su deuda. "Por desgracia, los hechos demuestran que las buenas prácticas de bancos y cajas con sus deudores hipotecarios familiares son como las de los lebreles con las liebres: las marean para cazarlas mejor, pero no las salvan", ha añadido.
Por su parte, el diputado socialista Joan Ruiz i Carbonell ha apelado a la "abrumadora" reclamación general de medidas para "no dejar a ciudadanos en la calle" y ha recordado que no solucionar los problemas de la gente es una de las causas del "problema de credibilidad" de las instituciones. "Esta propuesta no deja de ser el desarrollo de un mandato que figura en la Constitución y que la crisis hoy nos exige de manera perentoria que atendamos", ha añadido. Pero, además, ha criticado al PP por "ni comer ni dejar comer" con decisiones como recurrir ante el Constitucional el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, pero también ha cargado contra CiU, por no haber presupuestado en 2014 ninguna cantidad para poner en marcha las medidas de la proposición.
Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela ha valorado esta "nueva oportunidad para abordar un drama de proporciones gigantescas" que el PP ha tratado de soslayar con "triquiñuelas". "El PP está más preocupado por garantizar la estabilidad del mercado de cédulas hipotecarias que por las familias", ha acusado, criticando el "desastroso" balance de las medidas aprobadas por el Ejecutivo para atajar este problema.
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, cree que la ley del Gobierno es "claramente insuficiente y un fracaso" y ha aplaudido la posibilidad de corregir errores, porque el problema no está superado aunque haya dejado de protagonizar portadas de periódicos. Asimismo, ha pedido al PP que sea consecuente y vote lo mismo que en Catalunya.
Además, ha asegurado estar "encantando de que el Parlament haya descubierto que hay un montón de cosas que interesan a la gente más allá de su identidad" y ha avisado de que muchos de los contenidos de la iniciativa deberán incorporarse a la legislación por una directiva comunitaria. "No hagamos el indio, hagamos lo que la gente quiere que hagamos", ha instado.
Lourdes Ciuró (CiU) cree que el Gobierno "no está siendo útil", como muestran los "datos alarmantes" de desahucios. "Deberíamos solucionar al menos lo que no funciona. Tenemos que abordar una ley de segunda oportunidad. Si no les gusta esta propuesta, al menos hablemos. Si no rescatamos a las familias y las hacemos hábiles para que puedan volver a comprar en el mercado interior no saldremos de la crisis", ha advertido.
Pedro Azpiazu (PNV) ha recordado que el pasado año ya se aprobó una legislación antidesahucios que "descafeinaba y devaluaba" la iniciativa popular por la dación en pago que se tramitó paralelamente, por lo que ha valorado la oportunidad de volver a profundizar sobre este problema.
Por ERC, Alfred Bosch ha destacado las "soluciones prácticas y de sentido común" a unas situaciones "tremendamente injustas" que plantea el texto. "Si Catalunya fuera independiente la dación en pago sería ley.
No digan que no procede esta legislación porque viene de una comunidad autónoma y que ustedes han hecho no sé cuántas cosas. ¿Y qué que venga del Parlament? ¿O es que el Parlament según ustedes ya no forma parte de las instituciones de España? Porque si es así no nos hemos enterado", ha ironizado, pidiendo el voto al PP.
Joan Baldoví (Compromís-Equo) cree que este debate llega "con mucho retraso y demasiado tarde para mucha gente" y ha defendido que "urge una legislación para permitir al ciudadano sanear una situación transitoria e impedir que más familias acaben en la calle y arruinadas", tal y como ya existe en otros países europeos.
Por Amaiur, Rafael Larreina ha lamentado que "nos hayamos acostumbrado a que las tragedias del desahucio sigan" e incluso aumenten, por culpa de una legislación que "no ha sido suficiente". "Por eso es importante esta iniciativa", ha añadido.
Proteger otros bienes
Finalmente, el portavoz económico del PP, Vicente Martínez-Pujalte, ha reconocido que hay que "reflexionar" sobre el problema de los desahuciados y la segunda oportunidad y que la propuesta catalana está "bien trazada". Sin embargo, citando 'El Político' de José Martínez Ruiz 'Azorín', ha recordado que "no deben acogerse sin estudio y una detenida reflexión previa las leyes de otros países porque pueden llevar a gobernar con leyes sabias, justas y discretas pero que no se acoplan con la realidad". "No es porque ustedes sean de otro país --ha bromeado, mirando a los representantes del Parlament--, pero nosotros creemos que esta ley no será eficaz para solucionar los problemas de los ciudadanos".
Además, ha recordado que más allá de mencionar lo que "sabemos todos" como que hay muchas familias pasándolo mal es necesario "saber qué queremos". Y, en este sentido, más allá de regular la dación en pago o la segunda oportunidad, hace falta "pensar si queremos que los jóvenes tengan acceso a la vivienda en el futuro o si queremos cargarnos el mercado hipotecario para siempre por solucionar un problema ahora".
Igualmente, hay que proteger tanto la "cultura de pago" de las deudas como el mantenimiento de la vivienda como "garantía real" para los créditos, ya que es lo que permite el acceso a la financiación de muchas familias.
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