UGT TILDA DE ESCANDALOSAS LAS ÚLTIMAS PROPUESTAS FILTRADAS
El PP ni es un partido social, ni es el partido de los trabajadores ni es el Partido que “ama a España”. Estas propuestas dejan claro que el Gobierno del PP responde a los intereses económicos de un pequeño grupo de contribuyentes y de unas pocas grandes empresas amigas, según constata en un comunicado la sección sindical de UGT en la Agencia Tributaria tras conocerse los detalles del proyecto de Reforma Fiscal que diseña el ministerio de Hacienda.
Las medidas que piensa imponer el Gobierno del Partido Popular son las siguientes:
Esta situación supone una grave discriminación, provocando una fuerte minoración de los ingresos públicos, principalmente por el ahorro que se genera a las clases altas.
El hecho de que la media de hijos de las clases altas sea superior a la de las clases medias y bajas, provoca que la discriminación sea aún mayor.
La reforma del PP propone que los gastos en sanidad y educación privados minoren el IRPF que pagan los contribuyentes.
Esta medida supone una fuerte minoración de los ingresos públicos cuyos únicos beneficiarios son aquellos contribuyentes que utilizan servicios sanitarios o educativos de pago.
De nuevo nos encontramos con que los contribuyentes que pueden beneficiarse de esta medida son los de clases altas, que son aquellos que pueden pagar por servicios sanitarios y educativos privados.
Una medida totalmente regresiva que supone un ahorro exclusivamente a contribuyentes con alto nivel de renta.
Por otro lado, esta medida beneficia especialmente a unas pocas empresas que se dedican a comercializar con servicios sanitarios y educativos. Esta reforma supone un incentivo al consumo de servicios sanitarios y educativos privados y, por ello, un mayor potencial de beneficio para estas empresas privadas. En definitiva, se trata de un traspaso de recursos económicos del sector público a un puñado de empresas privadas.
El argumento de la presunta descarga de usuarios de la sanidad y educación pública es mezquino. Esta presunta bajada de usuarios solo es un argumento más para continuar con los recortes y la privatización radical de los servicios públicos por parte de este Gobierno.
El Gobierno pretende beneficiar aún más a los contribuyentes que destinan parte de sus ingresos a fondos de pensiones privados. Actualmente se permite una reducción de hasta 10.000 euros anuales (12.500 euros para mayores de 50 años).
El Gobierno pretende ampliar, mejorar aún más estas condiciones. De nuevo nos encontramos ante un beneficio completamente regresivo, ya que solo beneficia a contribuyentes que disfrutan de rentas muy altas. ¿Quién puede destinar 12.500 euros de su renta anual a un plan de pensión privado?
El Gobierno del PP vuelve a responder a los intereses de los ricos y poderosos que sustentan su partido. Puede ser lícito aunque claramente inmoral, que un partido pretenda defender los intereses de un pequeño colectivo, en este caso el de contribuyentes con rentas muy elevadas y el de empresas privadas ya sean del ramo de las aseguradoras, sanitario o educativo, lo que no es lícito es que mantengan la hipocresía de hacerse llamar “el partido de los trabajadores, el partido social o el partido que ama a España”.
Desde la UGT en la Agencia Tributaría se asegura que “no estamos dispuestos a permitir que este Gobierno desmantele el Estado del Bienestar”, y que, además, “lo haga vulnerando los principios constitucionales consagrados en el artículo 31 “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”
El Gobierno ´popular´ ultima su reforma fiscal a medida de ricos y poderosos
| El Gobierno ha filtrado esta semana gran parte de la propuesta de reforma fiscal que presentará Mariano Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación de la próxima semana. Todas las medidas propuestas, sin excepción, suponen un fuerte ahorro fiscal a contribuyentes de alto nivel adquisitivo, condenando al país a una fuerte minoración de los ingresos que deben sostener el Estado del Bienestar. |
El PP ni es un partido social, ni es el partido de los trabajadores ni es el Partido que “ama a España”. Estas propuestas dejan claro que el Gobierno del PP responde a los intereses económicos de un pequeño grupo de contribuyentes y de unas pocas grandes empresas amigas, según constata en un comunicado la sección sindical de UGT en la Agencia Tributaria tras conocerse los detalles del proyecto de Reforma Fiscal que diseña el ministerio de Hacienda.
Las medidas que piensa imponer el Gobierno del Partido Popular son las siguientes:
Mínimos vitales
Cada familia reducirá de sus ingresos declarados una cantidad por cada hijo (3.000 euros aproximadamente). Esta medida no tiene ningún efecto en clases medias o bajas que no están obligadas a declarar o que tienen pocos ingresos. Sin embargo, las familias con rentas altas ahorrarán en impuestos por cada hijo en función del tipo impositivo que pagan. Es decir, el hijo de una familia de rentas altas genera un ahorro del 52% (1.560 euros por cada hijo), mientras que el hijo de familias con rentas medias solo ahorra un 30-20%(900-600 euros por cada hijo) según el nivel de renta total.
Esta situación supone una grave discriminación, provocando una fuerte minoración de los ingresos públicos, principalmente por el ahorro que se genera a las clases altas.
El hecho de que la media de hijos de las clases altas sea superior a la de las clases medias y bajas, provoca que la discriminación sea aún mayor.
Deducciones de gastos sanitarios y educativos privados
La reforma del PP propone que los gastos en sanidad y educación privados minoren el IRPF que pagan los contribuyentes.
Esta medida supone una fuerte minoración de los ingresos públicos cuyos únicos beneficiarios son aquellos contribuyentes que utilizan servicios sanitarios o educativos de pago.
De nuevo nos encontramos con que los contribuyentes que pueden beneficiarse de esta medida son los de clases altas, que son aquellos que pueden pagar por servicios sanitarios y educativos privados.
Una medida totalmente regresiva que supone un ahorro exclusivamente a contribuyentes con alto nivel de renta.
Por otro lado, esta medida beneficia especialmente a unas pocas empresas que se dedican a comercializar con servicios sanitarios y educativos. Esta reforma supone un incentivo al consumo de servicios sanitarios y educativos privados y, por ello, un mayor potencial de beneficio para estas empresas privadas. En definitiva, se trata de un traspaso de recursos económicos del sector público a un puñado de empresas privadas.
El argumento de la presunta descarga de usuarios de la sanidad y educación pública es mezquino. Esta presunta bajada de usuarios solo es un argumento más para continuar con los recortes y la privatización radical de los servicios públicos por parte de este Gobierno.
Más beneficios para planes de pensiones privados
El Gobierno pretende beneficiar aún más a los contribuyentes que destinan parte de sus ingresos a fondos de pensiones privados. Actualmente se permite una reducción de hasta 10.000 euros anuales (12.500 euros para mayores de 50 años).
El Gobierno pretende ampliar, mejorar aún más estas condiciones. De nuevo nos encontramos ante un beneficio completamente regresivo, ya que solo beneficia a contribuyentes que disfrutan de rentas muy altas. ¿Quién puede destinar 12.500 euros de su renta anual a un plan de pensión privado?
El Gobierno del PP vuelve a responder a los intereses de los ricos y poderosos que sustentan su partido. Puede ser lícito aunque claramente inmoral, que un partido pretenda defender los intereses de un pequeño colectivo, en este caso el de contribuyentes con rentas muy elevadas y el de empresas privadas ya sean del ramo de las aseguradoras, sanitario o educativo, lo que no es lícito es que mantengan la hipocresía de hacerse llamar “el partido de los trabajadores, el partido social o el partido que ama a España”.
Desde la UGT en la Agencia Tributaría se asegura que “no estamos dispuestos a permitir que este Gobierno desmantele el Estado del Bienestar”, y que, además, “lo haga vulnerando los principios constitucionales consagrados en el artículo 31 “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”
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