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viernes, 21 de febrero de 2014

ESPAÑA: EL GOBIERNO HACE UNA REFORMA FISCAL A LA BENEFICIO DE RICOS Y PODEROSOS

UGT TILDA DE ESCANDALOSAS LAS ÚLTIMAS PROPUESTAS FILTRADAS

El Gobierno ´popular´ ultima su reforma fiscal a medida de ricos y poderosos


El Gobierno ha filtrado esta semana gran parte de la propuesta de reforma fiscal que presentará Mariano Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación de la próxima semana. Todas las medidas propuestas, sin excepción, suponen un fuerte ahorro fiscal a contribuyentes de alto nivel adquisitivo, condenando al país a una fuerte minoración de los ingresos que deben sostener el Estado del Bienestar.


El Gobierno ´popular´ ultima su reforma fiscal a medida de ricos y poderosos

 El PP ni es un partido social, ni es el partido de los trabajadores ni es el Partido que “ama a España”. Estas propuestas dejan claro que el Gobierno del PP responde a los intereses económicos de un pequeño grupo de contribuyentes y de unas pocas grandes empresas amigas, según constata en un comunicado la sección sindical de UGT en la Agencia Tributaria tras conocerse los detalles del proyecto de Reforma Fiscal que diseña el ministerio de Hacienda.


Las medidas que piensa imponer el Gobierno del Partido Popular son las siguientes:
 
Mínimos vitales
Cada familia reducirá de sus ingresos declarados una cantidad por cada hijo (3.000 euros aproximadamente). Esta medida no tiene ningún efecto en clases medias o bajas que no están obligadas a declarar o que tienen pocos ingresos. Sin embargo, las familias con rentas altas ahorrarán en impuestos por cada hijo en función del tipo impositivo que pagan. Es decir, el hijo de una familia de rentas altas genera un ahorro del 52% (1.560 euros por cada hijo), mientras que el hijo de familias con rentas medias solo ahorra un 30-20%(900-600 euros por cada hijo) según el nivel de renta total.

Esta situación supone una grave discriminación, provocando una fuerte minoración de los ingresos públicos, principalmente por el ahorro que se genera a las clases altas.

El hecho de que la media de hijos de las clases altas sea superior a la de las clases medias y bajas, provoca que la discriminación sea aún mayor.
 
Deducciones de gastos sanitarios y educativos privados

La reforma del PP propone que los gastos en sanidad y educación privados minoren el IRPF que pagan los contribuyentes.

Esta medida supone una fuerte minoración de los ingresos públicos cuyos únicos beneficiarios son aquellos contribuyentes que utilizan servicios sanitarios o educativos de pago.

De nuevo nos encontramos con que los contribuyentes que pueden beneficiarse de esta medida son los de clases altas, que son aquellos que pueden pagar por servicios sanitarios y educativos privados.

Una medida totalmente regresiva que supone un ahorro exclusivamente a contribuyentes con alto nivel de renta.

Por otro lado, esta medida beneficia especialmente a unas pocas empresas que se dedican a comercializar con servicios sanitarios y educativos. Esta reforma supone un incentivo al consumo de servicios sanitarios y educativos privados y, por ello, un mayor potencial de beneficio para estas empresas privadas. En definitiva, se trata de un traspaso de recursos económicos del sector público a un puñado de empresas privadas.

El argumento de la presunta descarga de usuarios de la sanidad y educación pública es mezquino. Esta presunta bajada de usuarios solo es un argumento más para continuar con los recortes y la privatización radical de los servicios públicos por parte de este Gobierno.
 
Más beneficios para planes de pensiones privados

El Gobierno pretende beneficiar aún más a los contribuyentes que destinan parte de sus ingresos a fondos de pensiones privados. Actualmente se permite una reducción de hasta 10.000 euros anuales (12.500 euros para mayores de 50 años).

El Gobierno pretende ampliar, mejorar aún más estas condiciones. De nuevo nos encontramos ante un beneficio completamente regresivo, ya que solo beneficia a contribuyentes que disfrutan de rentas muy altas. ¿Quién puede destinar 12.500 euros de su renta anual a un plan de pensión privado?

El Gobierno del PP vuelve a responder a los intereses de los ricos y poderosos que sustentan su partido. Puede ser lícito aunque claramente inmoral, que un partido pretenda defender los intereses de un pequeño colectivo, en este caso el de contribuyentes con rentas muy elevadas y el de empresas privadas ya sean del ramo de las aseguradoras, sanitario o educativo, lo que no es lícito es que mantengan la hipocresía de hacerse llamar “el partido de los trabajadores, el partido social o el partido que ama a España”.

Desde la UGT en la Agencia Tributaría se asegura que “no estamos dispuestos a permitir que este Gobierno desmantele el Estado del Bienestar”, y que, además, “lo haga vulnerando los principios constitucionales consagrados en el artículo 31 “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

lunes, 27 de enero de 2014

ESPAÑA: EL EUROGRUPO PIDE LA SEGUNDA FASE DE LA REFORMA LABORAL


El Eurogrupo pide a España que continúe 

con la "segunda fase" de la reforma laboral 

para reducir el paro


Celebra el "éxito" del rescate bancario, que expiró la semana pasada




El Eurogrupo ha celebrado este lunes el "éxito" del rescate bancario para España, que concluyó la semana pasada, pero ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que mantenga la "determinación" en las reformas, en particular la "segunda fase" de la reforma laboral, para reducir el "intolerable" nivel de paro.

   "Hemos celebrado que el programa haya terminado con éxito el 22 de enero", ha dicho el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, al término de la reunión, en la que los ministros han escuchado las conclusiones del informe final de la troika tras su última visita en diciembre.

   "Hemos animado a las autoridades españolas que mantengan con determinación el impulso de las reformas más allá del sector bancario con el fin de hacer frente de forma eficaz a los retos macroeconómicos pendientes", ha resaltado Dijsselbloem.

   Por su parte, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha destacado que "España ha completado con éxito el programa (de asistencia al sector bancario), lo que está sentando las bases para tener un sector bancario resistente que apoye el fortalecimiento de la recuperación económica y el retorno a un crecimiento más fuerte y mejor empleo". "Esto es bueno para España", ha subrayado.

   No obstante, Rehn ha avisado que el paro, en particular el juvenil, se encuentra a niveles "intolerablemente altos" y sigue siendo un "gran reto".

   "Es importante que el Gobierno español continúe con la segunda fase de la reforma laboral y trate de reducir la dualidad en el mercado laboral, liberalice los servicios profesionales y así mejore el funcionamiento global del mercado laboral en España", ha subrayado el vicepresidente de la Comisión.

jueves, 9 de enero de 2014

GALLARDON SE NIEGA A REFORMAR LA LEY DEL INDULTO


Gallardón se niega a reformar la Ley del indulto

La sentencia del Supremo que revoca la medida de gracia concedida al kamikaze emplaza al ministro a explicar sus motivaciones, algo a lo que se opone Gallardón que ahora también tendrá que decidir si indulta a Jaume Matas
El Congreso volverá a debatir al inicio del periodo de sesiones dos proposiciones de ley de la Izquierda Plural y del PSOE
Los grupos de la oposición creen que ha llegado la hora de que estas medidas “arbitrarias” tengan que estar “motivadas” y se sometan al control parlamentario

Jueces para la Democracia pide la retirada del anteproyecto de ley del aborto
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, vuelve a estar en el punto de mira en este nuevo periodo de sesiones que el Congreso inicia formalmente a medidos del próximo mes de febrero. Y no únicamente por el enorme revuelo que ha organizado con su controvertida reforma del aborto, que también. El polémico indulto que el ministro otorgó en diciembre de 2012 a Ramón Jorge Ríos Salgado, el conductor kamikaze que en 2003 mató a un joven de 25 años en una autovía valenciana, sigue coleando tras la decisión del Supremo de anular la medida. Esa sentencia y el hecho de que el exministro Jaume Matas esté pendiente de que el Gobierno decida sobre su indulto para ingresar en prisión, ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar una vetusta ley que data de 1870 y que fue modificada por Felipe González en 1988 precisamente para evitar tener que justificar las medidas de gracia. Pese a las peticiones de la oposición, Gallardón se niega a reformar la Ley del indulto.
Las posibilidades de Matas de que su antiguo compañero de filas y ahora todopoderoso ministro le saque del apuro son casi nulas pero de momento así alarga los tiempos, por si acaso. Y con la temperatura política tan caliente, Gallardón tampoco quiere tocar más el caso del kamikaze y ha anunciado que no revisará su indulto porque, según ha reconocido, “introducir una nueva exigencia de motivación es algo que modificaría de facto la vigente Ley de Indulto" y eso es algo que no parece dispuesto a propiciar.
En el Congreso, al ser preguntado por la oposición sobre las causas que le llevaron a decretar tan polémica excarcelación, Gallardón aseguró que el kamikaze -al que se relacionó con uno de sus hijos y al despacho de abogados donde trabaja-, sufría procesos de “epilepsia” por lo que el atropello fue involuntario. Las asociaciones de afectados por esa enfermedad se le echaron encima.
El abogado de Ríos Salgado ha recurrido la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional que será el que diga la última palabra. Pero hasta que esto ocurra Ríos Salgado ingresará de nuevo en prisión. Lo hará el próximo 7 de febrero para seguir cumpliendo los 13 años a los que fue condenado y de los que solo ha agotado 10 meses.
Ante esta situación tan atípica ya que jamás un indulto había sido anteriormente anulado integramente por ningún tribunal -el del exbanquero Alfredo Sáenz que le otorgó Zapatero lo fue solo parcialmente-, los grupos de la oposición parlamentaria creen que ha llegado el momento de que se cambie la ley. Hasta ahora, todos los intentos que han hecho en ese sentido han sido inútiles. El PP y CiU se han negado sistemáticamente a ello. Pero en febrero o a más tardar en marzo, el pleno del Congreso tendrá que debatir dos nuevas proposiciones de ley, una del PSOE y otra de la Izquierda Plural, en la que ambos grupos coinciden en pedir que estas medidas de gracia tengan que ser “motivadas”, se sometan al control del Parlamento y queden excluidas de ellas los delitos relacionados con la corrupción.
El diputado valenciano del PSOE, Ximo Puig, en declaracionesa eldiario.es, defiende estos cambios que no hizo antes su partido “para adaptar la ley al siglo XXI” y alega que el indulto al kamikaze valenciano ha causado una “grave alarma social”. Puig afirma además que las peticiones de indultos del PP para varios de sus cargos públicos condenados por corrupción – como el del expresidente balear, que ha pedido el propio Matas, o el del exalcalde de Torrevieja, Hernández Mateo, para el que se están recogiendo firmas-, obligan a modificar una legislación “obsoleta” para que “incumplir la ley no le salga gratis a algunos”.
En su proposición de ley los socialistas exigen también que los indultos requieran la conformidad del magistrado o tribunal sentenciador, mientras la Izquierda Plural quiere que el Gobierno remita cada seis meses a la Comisión de Justicia copia de los expedientes de indultos concedidos y que éstos se hagan públicos para que los ciudadanos puedan conocer la utilización de esta medida, que siempre ha sido absolutamente discrecional.
Por su parte, UPyD también se ha encontrado en varias ocasiones con el ‘no’ del PP a sus pretensiones de reforma de la ley. La ultima, a finales del mes de diciembre cuando el Ejecutivo dejó claro en respuesta a varias preguntas escritas presentadas por su portavoz, Rosa Díez, que “el Gobierno no se plantea la reforma de la ley del Indulto…”.
La postura del PNV no se aleja mucho de las pretensiones de los demás grupos de la Cámara baja, aunque los nacionalistas vascos no hayan presentado ninguna iniciativa con tal fin. El portavoz de Justicia, Emilio Olabarría, ha adelantado a eldiario.es que están de acuerdo con la mayoría de los cambios propuestos y que los apoyarán cuando sean debatidos por el pleno. "Debemos consensuar elementos y criterios de objetivación", opina Olabarría.
Sin embargo, el propio ministro de Justicia ha echado un jarro de agua fría al debate. Ha vuelto a insistir en que él, desde luego, no está por la labor.

lunes, 30 de diciembre de 2013

CRISTOBAL MONTORO: " HAREMOS LA REFORMA FISCAL PARA RECAUDAR MAS "


“Haremos la reforma fiscal para recaudar más”


Cristóbal Montoro (Cambil, Jaén, 1950) es definitivamente el ministro más optimista del Gabinete Rajoy. Dos años justos después de tomar las riendas del país, es “el primer asombrado por el vuelco de España”, donde, en un contexto de recesión, una devaluación interna de costes ha recuperado el superávit por cuenta corriente y la capacidad de financiación frente al resto del mundo”, y donde la economía está al filo de crear empleo neto con una reforma laboral que es “el verdadero exponente de la voluntad reformista de este Gobierno”. Dos años después de la mayor subida de impuestos de la historia, advierte que la próxima reforma fiscal “es para recaudar más para poder superar la crisis; estamos en Europa y no pasa nada porque quienes tienen más, paguen más; estamos ante una crisis de desigualdad y los impuestos deben servir también para equilibrar”. Dos años después, el ministro de Hacienda hace balance y cuenta en CincoDías los próximos pasos a dar.
Pregunta. ¿Cómo será la reforma tributaria?
Respuesta. Tiene que ser una reforma para recaudar más, con la ayuda del crecimiento y la generación de nuevas bases imponibles; recaudar menos, no podemos. Si lo hiciéramos, perjudicaríamos al crecimiento en términos de déficit público. Recaudaremos más en el sentido sano de recaudar más. Si todos pagan sus impuestos, entre todos salimos antes de la crisis. Sin recaudación no es posible financiar los servicios públicos de nuestra sociedad moderna, democrática y cohesionada. Necesitamos un nivel de ingresos suficiente y elevado.
Tenemos que garantizar más recaudación, aunque con incentivos a la actividad económica. Estamos en Europa y nuestro sistema tributario comparativamente recauda poco. Los ingresos públicos han caído mucho como consecuencia de la crisis y una reacción a la crisis ha sido también el fraude, y eso es lo que estamos tratando de cambiar. Para los grandes contribuyentes estamos cambiando la regulación y ya estamos recaudando más de las empresas. Y curiosamente, está teniendo un buen resultados en materia de desapalancamiento.
Milton Friedman antes de ser el gran monetarista y liberal de nuestro tiempo, fue la persona que reformó el impuesto sobre la renta norteamericano para introducir un impuesto progresivo. Por tanto, hasta Friedman promovió un sistema más recaudatorio a través de la progresividad fiscal. Y a mi, que soy mucho más modesto, también me permitirán que trate de recaudar más, porque si no, este país nunca saldrá de la crisis.
P. ¿Pero no habíamos quedado en que iban ustedes a bajar impuestos?
R. Vamos a bajar los impuestos en la medida en que vamos a ensanchar bases imponibles a través del crecimiento. No vamos a bajar los impuestos igual para todo el mundo. Ya subimos los impuestos cuando llegamos de manera progresiva, y no los vamos a bajar de manera regresiva. Estamos en crisis y los ciudadanos y contribuyentes de más capacidad económica y las empresas con más capacidad económica van a contribuir comparativamente más. Eso, vaya por delante, que estamos en crisis. Que quede claro, porque si no, esto no encaja. Y a estos ciudadanos que tienen más capacidad económica les conviene mucho esta ecuación; la que no les conviene es la otra: no pagar impuestos y tener cada vez más crisis económica. Eso no conviene a nadie.
P. El recargo sobre el IRPF de 2012 y por tres años, es un recargo, y debe desaparecer...
R. Va a desaparecer. Pero en la reforma vamos a definir muchas cosas, en función de las condiciones del contribuyente; vamos a introducir incentivos al ahorro y otras muchas cosas, como la situación familiar. Tenemos que esperar el dictamen de los expertos para decidirlo. Pero ver el impuesto en los tramos del IRPF es una manera limitada de verlo: hay que tener en cuenta las condiciones particulares y leer la presión fiscal en función de todas las deducciones que aplican a la tarifa. La tarifa no lo dice todo; ni en el IRPF, ni en Sociedades.
P. La gente quiere saber si cuando se quite el recargo va a pagar un 45% de IRPF o un 52%...
R. La gente quiere saber muchas cosas. Cuando yo llegué aquí me encontré con que el tipo efectivo de los grandes contribuyentes no era ni el 30%, ni el 15% siquiera. Era el 3,8% en el año 2011 en grupos consolidados, lo que quiere decir que había bastantes contribuyentes en los que era cero por ciento. Eso es lo que me he encontrado. La norma puede decir que estamos en el 30%, pero luego aquí, ingresar, no se ingresa. Y eso hay que corregirlo. Y mira que bien les está yendo a los grandes contribuyentes, ‘con un gobierno de derechas’, como me recuerda la oposición. Y eso nos está sacando de la crisis, con cambios en las deducciones por gastos financieros, y además [a las empresas] les está yendo bien, porque se están desapalancando y subiendo la capitalización bursátil.
P. Pero los gastos financieros, que usted combate fiscalmente, van aparejados a inversión. Una concepción liberal de la fiscalidad aconseja incentivar la inversión...
R. El nivel de endeudamiento asfixia al país; lo que nos sobra es deuda. El endeudamiento no es malo hasta que es excesivo. Como país no lo podemos soportar. Una cosa es ser una empresa con una deuda soportable, y otra cosa es ser una inmensa bola financiera. Si es una empresa pequeña, usted tiene un problema, pero si es una empresa grande, su país tiene un problema. Tenemos que hacer políticas para el desapalancamiento, y eso es lo que valora el mercado. ¿O les va mal a las empresas que se están desapalancando?
P. ¿A qué tipo efectivo aspiran en Sociedades?
R. Es muy pronto para eso. Pero ya con los cambios hechos hemos multiplicado por cuatro en algunos grupos consolidados, y a medida que abonen dividendos y mejoren sus resultados, veremos su comportamiento. Lo que sí tenemos claro es que hay que promover el ahorro a medio y largo plazo, y a partir de ahí, a ver qué nos dicen los expertos. Tendremos el informe a finales de febrero.
P. Da la impresión de que estamos volviendo a conceptos fiscales de hace un par de décadas, con más énfasis en la imposición personal y menos en el consumo...
R. No, no. Esto es Europa, y la imposición indirecta tiene que tener su peso. Pero esta crisis es una crisis de desigualdad, y aunque no lo puedas corregir todo con impuestos, hay que admitir que tienen una cierta importancia, así como el destino del gasto público. Es una crisis de desigualdad, y no se puede asistir con pasividad. Aquí hay gente con 420 euros al mes y carga familiar, y ejecutivos de empresas que ganan más de diez millones de euros. Hay que ser liberal, pero no le pasa nada al de los diez millones de euros si paga más impuestos: no le pasa absolutamente nada.
Es en esta crisis la primera vez que se producen estas diferencias de renta, y hay que tratarlas como en los países europeos. Hay que hacer política fiscal con incentivos al esfuerzo, claro, pero en una crisis como esta los impuestos deben responder al concepto de equidad, y hay que salir con más esfuerzo de los que tienen más capacidad económica. Eso es lo que pasa en todos los lugares del mundo.
P. ¿Cuál es el calendario para la reformas fiscal, tras recibir el informe de los expertos en febrero?
R. Nada más recibir el informe, crearemos un comité de enlace para determinar el sistema de financiación autonómica y local, y hacer toda la reforma de financiación del sector público en 2014, ya, espero, con crecimiento de la economía. Entrará en vigor en 2015, pero como un programa. No entrará para agotarse en 2015: entrará en vigor en fases, aprovechando la evolución de la economía y usándola para estimularla. Es un programa a tres años. Pueden aplicarse en 2014 algunas medidas tributarias; el grueso en 2015, y algunas cosas en 2016 y 2017. Los cambios en las escalas entrarán en vigor en una evolución progresiva, a medida que se va afianzando el crecimiento económico y ensanchando las bases imponibles.
P. ¿Le preocupa la evolución del sistema de pensiones, con gasto creciente e ingresos menguantes, con un modelo laboral que recorta las aportaciones porque recorta sueldos?
R. Tiene que bajar la fiscalidad sobre el trabajo. Pero en pensiones hemos hecho cosas muy serias como el factor de sostenibilidad, que controla el gasto, sin dejar de subir las pensiones. El gasto evolucionará como lo hagan las variables económicas del país, desindiciando las pensiones. Claro que me preocupa la Seguridad Social, porque de eso depende también el déficit; por eso es tan importante comenzar a crear empleo, y buscar más apoyos en fiscalidad indirecta y medioambiental y menos en la fislcalidad sobre el factor trabajo. Somos conscientes de la dificultad, pero hemos tenido muy en cuenta la evolución del futuro.
P. ¿Han pagado ya la paga extra a los funcionarios?
R. Ya la hemos pagado, pero ahora no parece que vayan a hacer grandes demostraciones ante la opinión pública, como hicieron cuando se la quitamos.
P. Hay muchas críticas acerca del recorte del sector público y muchas coinciden en que se queda corto.
R. Eso es que no se han leído las cifras, es que no han visto que se han destruido 390.000 empleos públicos, y que el nivel de las plantillas es el de 2004. Hay bastantes administraciones públicas que están completamente saneadas, sin deuda bancaria en los ayuntamientos, y pagando a menos de 30 días a proveedores. Hemos hecho la reducción de plantillas públicas más intensa de la historia.
P. ¿Y puede considerarse concluido?
R. Sí: el ajuste de la plantilla pública ha concluido. Estamos ya como en 2004, en situación de preendeudamiento, no ya de precrisis. Las plantillas están como cuando el sector público no tenía déficit. Estas son las cifras, y parece que la gente no se las lee... Menos mal que se las leen los mercados.
P. Mucha gente está revisando al alza la previsión de crecimiento de España. Da la impresión de que así es pan comido bajar el déficit al 5,8%...
R. Será difícil: pregúnteselo a los responsables de las comunidades y los ayuntamientos. Pero es verdad que no es lo mismo hacer ajustes en un escenario de crecimiento económico que en uno de recesión. Por tanto, 2014 volverá a ser un año problemático desde el punto de vista de las finanzas públicas, como este.
P. ¿Cómo cerrarán las cuentas en 2013?
R. ¿Este año? Estaremos en línea con los objetivos. En 2012 cerramos con una reducción espectacular del gasto público (30.000 millones, pese a absorber 5.000 más de desempleo y 5.000 más de factura de intereses), con 17.000 millones de reducción de las comunidades autónomas, que es inédito. Cerraremos en el 6,5% de déficit nominal, en línea con lo previsto, y hecho sin provocar más recesión.
Y en 2014 nos colocaremos en una posición de superávit estructural primario, que nos permitirá fenar el crecimiento de la deuda pública. Pero la deuda pública hay que ponerla en contexto: es consecuencia del déficit y de los impagos comerciales arrastrados. La deuda comercial no liquidada es mortal para las empresas, sobre todo las pequeñas.
P. Este año parece que los ingresos no se han comportado como estaba previsto y ha sido imposible financiar algunas partidas, como los 3.600 millones recogidos en la ley eléctrica.
R. Esto no es de ahora; esto viene de atrás: ya estaba decidido por el Gobierno desde finales de verano. Estaba ya incluido en la política presupuestaria, y trasladado al sector desde hace bastante tiempo; lo sabía el sector eléctrico desde hace meses, y ya estábamos hablando hace tiempo del aval del Estado a la titulización de ese déficit como deuda. No lo hemos inventado en la última reunión; lo hemos hablado en esta misma mesa, y no pueden decir que no sabían cómo iba a ser. Sabían que el déficit era el primer objetivo del Gobierno.
P. ¿Ha concluido ya la reforma legislativa en materia laboral?
R. Las reformas son como andar en bicicleta: no puedes dejar de pedalear y tienes que hacer ajustes continuamente, aunque estén dando resultados. No se puede dar nunca ninguna reforma por agotada, en mi opinión. La reforma laboral ha sido formidable, el verdadero exponente de la voluntad reformista de este Gobierno, y nadie dirá que la improvisamos, porque era conocida por todos desde las enmiendas a la reforma de Zapatero. La reforma es un punto y aparte en la concepción del mercado de trabajo, y no era la reforma del despido, sino de la negociación colectiva la que importaba, para adapotarse al mercado real.

“La tarifa de la luz se cambia y no pasa nada”

P. Las eléctricas les acusan de cambiar las reglas y de cercenar la seguridad jurídica.
R. La energía es un input de la economía absolutamente básico para ganar competitividad, y lo que no puede ser es que en una situación como la que está viviendo España la tarifa eléctrica suba un 11%. Si ese es el sistema y la subasta, pues hay que cambiarlo: tranquilamente. Lo importante es el conjunto del país y la competitividad del país. Y el sector eléctrico, que es un sector vital, debe estar al servicio de la competitividad y de la recuperación del país; y nunca al revés. Los procedimientos están para cambiarlos. Y eso da seguridad a todos. Todos los países del mundo cambian sus regulaciones cuando entienden que deben cambiarlas. Las compañias españolas son multinacionales y me cuentan que fuera les cambian la regulación cuando cambian las circunstancias. Se cambia y no pasa nada. No tienen nada más que ver la Bolsa: el mercado entiende que esto es un simple ajuste. No hay que ver tanto dramatismo.
P. Lo más lógico en una situación de devaluación interna es bajar las tarifas...
R. Por lo menos, si no es bajarlas, deben recoger una evolución acorde con lo que está ocurriendo con la inflación del país. No hay apenas inflación. Estamos asistiendo a una devaluación interna que nos está llevando a que no tenemos inflación, y por tanto no tiene sentido que en esa circunstancia haya un elemento de costes internos de nuestra economía que lleve a que un input tan importante como la electricidad suba desproporcionadamente. Pero no debería ser imposible una bajada. A esas empresas se le comprometió una rentabilidad que hoy no se puede seguir manteniendo. No fue este Gobierno el que aseguró esta rentabilidad.
P. ¿En 2014 qué coste sufragará el Presupuesto?
R. Una parte del extrapeninsular exclusivamente. Y en 2014 no debe generarse ni un solo euro adicional de déficit de tarifa.

“Los mercados no son tontos: España ya se financia frente al resto del mundo”

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en su celebrada frase de que “España va a volver a asombrar al mundo”, pero con un argumentario anclado en unos datos que, aunque de forma incipiente, comienzan a aliarse con él. “Yo voy a pasar por el miembro más optimista del Gobierno y el más optimista de España: pero no me estoy equivocando mucho. Les aseguro que yo soy el primer asombrado”. Argumenta que el cambio acontecido este año en la balanza por cuenta corriente “no estaba previsto en ninguno de los pronósticos ni dentro ni fuera. Logramos ya en 2012 una capacidad de financiación con el resto del mundo ligerísimamente negativa, del (0,2%), cuando la Comisión Europea nos pronosticaba al menos un déficit del 2%. Cuando eso pasa, es equivalente a una devaluación, que está en marcha como consecuencia de las reformas estructurales”.
A su juicio, la transformación ha pasado por un sector público que reduce su demanda de financiación y que ha permitido, en paralelo, que el privado no demande tantos recursos del resto del mundo. “Cuando la situación ha dado la vuelta, hemos generado los efectos de una devaluación”, asegura Montoro. “Los mercados –recuerda– lo que leen son datos. Las declaraciones de los políticos están muy bien, pero los mercados lo que preguntan es qué datos tenemos y eso es lo que interpretan. Los mercados son ciegos, pero no tontos. Y para un país cuyo problema es la deuda externa, y con un tamaño de los mayores del mundo desarrollado, lo ideal es estar en posición excedentaria en tu financiación frente al resto del mundo. Y eso nos ha hecho diferentes en 2013, y eso es lo que va entrando en la mente de los mercados. Estamos mejor asentados que hace dos años y hemos evitado el rescate ese que reclamaban los próceres económicos del país”.
El ministro de Hacienda saborea la ‘machada’ de España con estabilidad y reformas, ya lograda otras veces en el pasado: “Estamos con una devaluación interna sin inflación, con acceso al mercado y donde se ha frenado el deterioro del mercado de trabajo”.
Para los próximos trimestres vaticina un vuelco en el empleo que ya se atisba en la la afiliación a la Seguridad Social: “Arrancamos el año con pérdida de afiliación del 4,5%, y nos estamos acercando ya a cero. Y eso es lo que es asombroso, y cada vez más gente se suma a esta tesis. Octubre y noviembre han sido excepcionalmente buenos, y es porque algo está cambiando en la economía, y se nota también en la recaudación tributaria. Dentro de poco estaremos creando empleo en términos de afiliación, porque estamos en esa tendencia. Llevo muchos años en esto, desde aquí y desde fuera, y he visto a España de muchas formas, y en esta no la había visto nunca: yo soy el primer asombrado”.
Respecto al crecimiento de la economía, “en el cuarto trimestre vamos a tener algo más que en el tercero. Pero lo importante es que con esos crecimientos tan modestos, se esté normalizando el mercado de trabajo y se está frenando ya la caída de crédito al sector privado y está flexionando. Ahora hay que seguir con las reformas y la estabilidad. Estamos saliendo de una recesión de cinco años, y es la primera vez que se hace en recesión; antes esto se había hecho, pero con crecimiento y devaluaciones de la divisa”.
En cuanto al proceso soberanista catalán, está convencido de que el crecimiento de la economía atemperará los ánimos: “Una mejora en la economía ayudaría a la distensión política. Estoy convencido. Mucha gente identifica la independencia de Cataluña con una fórmula para acabar con la crisis económica. Y es exactamente lo contrario: traería más crisis para Cataluña, para España y para la Unión Europea. No se puede permitir que en un proceso de integración como el que estamos viviendo, ahora a alguien se le ocurra que quiere ser independiente. Es un divorcio imposible de materializar en términos económicos. La economía está trenzada. Cómo se reparte la deuda externa y la pública. Hay que ser realistas y prácticos: dedicarse a salir de la crisis y a pagar las deudas. Lo demás, es un fracaso y un retroceso extraordinario. Los mercados no están reaccionando a esta posibilidad [de la independencia]; lo están interpretando como una disputa política, que tiene su importancia, pero no es determinante”. Cristóbal Montoro advierte que “el objetivo del Gobierno es la recuperación económica. Hablar de otros proyectos políticos es entorpecer la recuperación. Debemos hablar de financiación autonómica, pero no pensando que va a haber a final de 2014 lo que no va a haber, porque no va a haber consulta soberanista”.

sábado, 21 de diciembre de 2013

EL GOBIERNO APRUEBA LA 2ª REFORMA LABORAL DANDO MAS PODER A LAS ETT Y LAS MUTUAS


El Gobierno exprime la reforma laboral limando más derechos a los trabajadores

Flexibiliza el contrato a tiempo parcial, para que el empresario tenga casi total disponibilidad sobre el horario del trabajador
Las ETT podrán formalizar contratos de prácticas
Se refuerza el control de las empresas en la gestión de las bajas médicas

Las mutuas pedirán el alta del trabajador aunque el médico será quien decida
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, no se ha cansado de asegurar que la reforma laboral ya estaba hecha. Sin embargo, lo que el Gobierno ha aprobado este viernes se parece mucho a una vuelta de tuerca a la legislación laboral. El Ejecutivo flexibiliza por completo el contrato a tiempo parcial, permite que las ETT formalicen contratos de prácticas, prorroga la posibilidad de que los contratos formativos no estén ligados a ninguna formación reglada, y fortalece la posición de las empresas en la gestión de las bajas por incapacidad temporal.
Con la nueva regulación del contrato a tiempo parcial, las empresas podrán disponer de los trabajadores con plena libertad. No podrán hacer horas extraordinarias -al menos no bajo esa acepción-, pero estas se sustituyen por las llamadas horas complementarias, que podrán hacer los trabajadores que estén contratados para realizar al menos diez horas semanales de promedio anual, de forma temporal o indefinida.
Habrá dos tipos de horas complementarias. Por un lado, las pactadas, es decir, las consensuadas entre empresa y empleados. En este caso, podrán suponer un máximo del 30% de la jornada pactada con el trabajador, un porcentaje que podrá ampliarse hasta el 60% si así lo contemplan los convenios. Los empresarios tendrán que dar un preaviso a los trabajadores para que realicen estas horas, sin embargo, este plazo previo se reduce de 7 a 3 días. Empleo asegura que es una forma de "agilizar" la organización de las empresas.
Pero habrá también horas complementarias "voluntarias", sin preaviso mínimo, lo que quiere decir que un empresario puede requerir a un trabajador el mismo día para que se quede en su puesto de trabajo durante más horas. El Ministerio señala que el trabajador siempre podrá negarse y que la empresa no podrá penalizarle por ello, con lo que no está claro el efecto final de esta medida. Este tipo de horas voluntarias solo podrán realizarse si se trata de contratos indefinidos a tiempo parcial. No podrán superar el 15% de la jornada laboral, ampliable hasta el 30% en los convenios colectivos.
Con estas modificaciones, un trabajador a tiempo parcial podría hacer una jornada de hasta el 90% de una jornada laboral ordinaria a tiempo completo en algunas ocasiones (pese a estar contratado oficialmente para un número de horas parciales). Fuentes del Ministerio señalan que se reforzará la inspección de trabajo para evitar el fraude, de forma que las empresas tengan que dejar constancia diariamente y por escrito de la jornada que lleva a cabo cada trabajador.
Otro empujón para este tipo de contratación: el contrato de emprendedores que introdujo la reforma laboral (con un año de prueba y despido libre) y fuertemente bonificado podrá registrarse ahora también a tiempo parcial (hasta ahora eran solo a tiempo completo).
En definitiva, un nuevo contrato a tiempo parcial de carácter supuestamente indefinido tendrá un despido libre de un año y abre la puerta a la disponibilidad total del trabajador para la empresa. Hasta ahora, la característica principal de este tipo de contratos es que beneficiaban a las personas que por determinadas circunstancias no querían o podían ejercer una jornada completa. Para fomentar su uso, el Ejecutivo le quita precisamente este atractivo, al menos para el trabajador, que pasa a tener un horario indefinido y en muchas ocasiones más extenso. La ventaja clara es para la empresa, cuyo gasto fijo es moderado (al pagar de forma recurrente la cotización del tiempo parcial) pero que se asegura de que puede echar mano del empleado cuando le haga falta.

Las mutuas controlarán las altas de trabajadores enfermos

El Ejecutivo ha respondido además a una demanda clásica de la patronal que es la de controlar el llamado absentismo, es decir, de las bajas por incapacidad temporal. El Ejecutivo introduce cambios que fortalecen el poder de las mutuas, las organizaciones creadas con las contribuciones de los empresarios y que de hecho forman parte de la patronal. Como hasta ahora, las mutuas podrán proponer el alta del trabajador al sistema público de salud. Pero, con el modelo actual el médico tenía quince días para responder y, si no lo hacía, se entendía que la propuesta de alta se rechazaba. Eso cambia: tendrá que contestar en cinco días y, en caso de silencio, se le dará el alta al trabajador.
La brevedad de este proceso es más que obvia. Por un lado, fuerzan al especialista a que en el plazo de cinco días decida si la incapacidad que aqueja al paciente ya le capacita o no para volver el trabajo (una gripe no cursa igual que una hepatitis o que un pronóstico de cáncer). Por otro, la probabilidad de que el propio médico no pueda contestar, si quiera por estar ausentado a su vez del trabajo, en un plazo tan corto de tiempo es alta.
Tanto el médico como el trabajador podrán recurrir el alta ante el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que tendrá otros cinco días para decidir. Si constata que el alta era injustificada, el trabajador será dado de baja otra vez pero no será resarcido por el tiempo que ha tenido que volver a su puesto de trabajo, al que habrá tenido que acudir enfermo. También la mutua podrá recurrir la decisión del médico si no está de acuerdo, y el INSS tendrá la última palabra en función de las pruebas presentadas por unos y otros.

Más poder para las ETT

Por otro lado, las empresas de trabajo temporal estarán autorizadas a formalizar contratos de prácticas para ponerlos a disposición de otras empresas, algo que hasta ahora tenían prohibido. El Gobierno ya levantó otro veto con anterioridad: el que impedía a las ETT registrar contratos formativos. Las empresas podrán ahora formalizar unos y otros. Empleo justifica la medida en la necesidad de aumentar las posibilidades de que los jóvenes encuentren su primera oportunidad laboral.
Precisamente, los contrato formativos podrán seguir realizándose en materias en las que no exista un título reglado o en las que no haya centros disponibles para impartirla. El Ejecutivo ya introdujo esta posibilidad, pero ahora la prorroga durante todo 2014. Es decir, el contrato de formación no está ligado a una formación reglada.
Además, el Gobierno ha reducido los trámites administrativos de los contratos hasta quedar solo cuatro opciones: indefinido, temporal, de prácticas y de formación. No se trata de que el resto de contratos desaparezcan, sino de una simplificación a efectos administrativos y de burocracia para intentar que formalizar un contrato resulte más sencillo. De estan forma, quien quiera contratar partirá de cuatro modelos básicos a los que se irán añadiendo el resto de posibilidades.

viernes, 6 de diciembre de 2013

FELIPE GONZALEZ: " SI NO SE REFORMA LA CONSTITUCION SE PIUEDE DERRUMBAR TODO LO CONSEGUIDO "


“Si no se reforma la Constitución se puede derrumbar todo lo conseguido”

  • “Me planteé revisar el Concordato”


Es de los pocos que ve alcanzable un acuerdo político en España parareformar la Constitución. Dice que esa es la única forma de que la Ley Fundamental tenga futuro, y aboga por iniciar ya un “diálogo” para sondear las posibilidades de esa iniciativa. El expresidente Felipe González (Sevilla, 1942), que negoció en 1978 la Constitución como jefe de la oposición y gobernó en España entre 1982 y 1996, contesta desde México a un cuestionario enviado por EL PAÍS. Este es el resultado.
Los que no la querían en 1978 son los que ahora no quieren reformarla
Pregunta. ¿Esta Constitución tiene futuro o es urgente una reforma?
Respuesta. La paradoja que vivimos es que la Constitución de 1978 tiene futuro... si tenemos la voluntad política de reformar lo que sea necesario. Y esa paradoja se complica cuando algunos personajes que se oponían duramente a aquella Constitución hoy se oponen con la misma dureza a cualquier intento de reforma. Parece como si aquello que no querían entonces hoy les perteneciera como la piedra de las tablas de la ley. Así que creo que es necesario iniciar un diálogo serio para explorar los cambios que necesitamos. Solo después veremos si el resultado es de más o menos entidad.
P. ¿La única salida al conflicto creado en Cataluña por el Gobierno de Artur Mas y sus amenazas de promover un proceso independentista pasan por una reforma de la Constitución que incluya las singularidades de esa comunidad y le dé más competencias que al resto?
Los poderes autonómicos están obligados a cumplir la Constitución
R. Como estoy proponiendo el comienzo de un diálogo en profundidad, no quiero atribuir la responsabilidad del conflicto al Gobierno de Artur Mas, porque me dirían que ellos han reaccionado a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Se reformó el estatuto, se sometió a referéndum en Cataluña después de un largo proceso parlamentario y el tribunal anuló algunos artículos de ese Estatuto. Fue la consecuencia de un recurso del PP, que incluyó esos mismos artículos en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana y hoy resulta que no están vigentes en Cataluña y sí lo están en Valencia. Es fácil pensar desde el sentimiento catalán que la sentencia es contra Cataluña. Pero, como ya dije en su día, lo más inadecuado de la sentencia no eran los escasos artículos suprimidos, sino un desafortunado juicio político sobre la percepción mayoritaria que Cataluña tiene sobre su propia identidad. La aceptación de la singularidad de Cataluña, con sus hechos diferenciales y las correspondientes competencias derivadas de ellos, no hubiera exigido necesariamente una reforma de la Constitución. Sin embargo, como ocurrió lo que ocurrió con el Constitucional, es probable que la salida de una reforma constitucional que recoja la singularidad sea ahora necesaria.

“Me planteé revisar el Concordato”

P. La Constitución estableció la cooperación del Estado con la Iglesia católica. ¿Se planteó usted alguna vez durante su mandato revisar el Concordato, como ahora defiende su partido?
R. Sí me lo planteé. Y alguna conversación tuve con el Secretario de la Santa Sede en un momento tenso, pero se superaron aquellas tensiones y mejoraron las relaciones con el Vaticano. Creo que en la situación actual se está produciendo una regresión que haría aconsejable una revisión del Concordato. Al mismo tiempo pienso que el reconocimiento de la Iglesia en un Estado no confesional no debería exigir un cambio en la Constitución, pero sí ser claros y firmes en la igualdad de trato con otras convicciones religiosas o no religiosas. En eso estamos fallando.
P. ¿Qué cosas no hubiera aprobado de la Constitución vigente y que cosas introduciría?
R. Si la Constitución hubiera coincidido plenamente con mis convicciones políticas y mi visión de España hace 35 años, no hubiera habido consenso constitucional, porque otros, como es natural, lo veían de otra manera. Me preocupa que no se comprenda hoy que todos cedimos en algunas cuestiones que queríamos, para llegar a un pacto de convivencia que nos ha permitido vivir en paz y libertad como nunca antes en la Historia de España, sin renunciar por ello a nuestra identidad como parte del todo, y abriendo la posibilidad, buena para todos, de representar con nuestras ideas la voluntad de los ciudadanos. Sobre lo que haría ahora, indudablemente introduciría algunos cambios, no solo por reconocimiento y respeto a la realidad presente, sino por el valor que le doy a que las generaciones actuales se sientan representadas en esta nueva etapa de la historia de España.
P. La Constitución de 1978 es la que logró más apoyo en la historia de España. ¿Cree usted que ahora es posible otro consenso similar para abordar su reforma? ¿O considera roto el espíritu de la Transición?
R. No me importa nadar a contracorriente de las opiniones, que respeto, que afirman que hoy es mucho más difícil o imposible alcanzar un consenso amplio para la reforma. Lo que es imposible es que hoy haya más distancias o diferencias políticas de fondo que las que hubo en los primeros momentos de la Transición entre personas que venían de la lucha contra la dictadura y personas que venían del propio régimen dictatorial. Los que no querían aquel consenso constitucional, o sus herederos, son el mayor obstáculo para la reforma de aquello que no querían. Pero no es un obstáculo insalvable. Lo más grave de lo que ocurre es cómo se están retroalimentando las posiciones de aquellos que ni querían la Constitución ni quieren la reforma y de los que temen que esa reforma pudiera ser contrarreforma o regresión a un modelo de centralismo trasnochado. En realidad España ha sido y es plural en las ideas y diversa en las identidades, en los sentimientos de pertenencia. Quienes no sean capaces de aceptar esa realidad se deslizan hacia un centralismo autoritario y unificador o hacia una ruptura imposible del territorio. Hoy más que nunca, tenemos necesidad de comprender nuestra propia realidad y asumirla mediante el diálogo y el pacto. Las Constituciones que duran en el tiempo más allá de los cambios generacionales tienen que respetar, adaptándose, las nuevas percepciones de la realidad. Diría que es un respeto generacional. Afirmaré algo que será sin duda interpretado conflictivamente: no es posible que repitamos la parte más ciega de nuestra historia que no nos ha permitido cambiar a tiempo hasta llegar al punto en que el cambio viene obligado por el derrumbe total de lo conseguido.
P. ¿Fue un error de las Cortes Constituyentes aprobar el artículo 150.2, que dejaba abierta de manera indefinida la posibilidad del traspaso de nuevas competencias a las autonomías?
La financiación autonómica tendría mejor encaje en un Estado federal
R. No, no fue un error, fue una necesidad en aquella coyuntura histórica. La Constitución preveía un proceso de descentralización política a lo largo del tiempo, de manera gradual. Hubiera sido insensato por entonces liquidar, por ejemplo, la estructura territorial del Estado heredada de la época napoleónica, con las provincias y lo que llevaba aparejado, sin que se fuera consolidando una nueva estructura de poder regional. Tampoco era previsible quién podía aspirar a organizarse territorialmente en comunidades autónomas, salvo en los casos en que la reclamación de las libertades democráticas estaban ligadas a la reclamación de un poder autonómico. Estos casos eran muy limitados porque se trataba más de una recuperación que de una implantación de nuevo cuño. Hoy,35 años después, puede y debe hacerse el ejercicio reformador que permita cerrar en gran medida el proceso. Es evidente que ya tenemos otra estructura de redistribución del poder, que convive de forma poco eficiente con viejas estructuras del pasado. Para hacer este ejercicio, que poco tiene que ver con la petición inmediata del Gobierno catalán sobre el derecho a decidir, habría que tener claro que en la redistribución del poder en un país complejo por su diversidad, como España, hay que aplicar dos principios: el principio de subsidiariedad —definir cómo se reparten las competencias entre los diversos poderes, central, autonómico y local— y el principio del respeto a la diversidad de identidades. En España tenemos que tener en cuenta lo que llamamos hechos diferenciales, que rompen la igualdad básica entre todos los ciudadanos pero integran percepciones distintas de la identidad. Por seguir con el caso de Cataluña, es indiscutible, aunque algunos obtusos no lo vean, que su lengua propia, su identificación con una policía propia o sus diferencias históricas en el derecho civil son singularidades que tienen que ser reconocidas en su autogobierno, y no en el autogobierno, por seguir el ejemplo, de Castilla-La Mancha.
No creo que Cataluña rompa las reglas de juego que nos obligan a todos
P. La Constitución reguló las condiciones para su reforma, que son especialmente rígidas y que obligan a reunir mayorías muy cualificadas de dos tercios o tres quintos de los diputados. ¿Esa rigidez es un error o un acierto del constituyente?
R. No, no fue un error. Los revisionistas de la Transición se equivocan porque se olvidan arbitrariamente del contexto en el que se produjo. Si hubiera sido fácil cambiar ese marco constitucional, las garantías para unos y para otros de que no se cambiarían las reglas del juego por mayorías y minorías siempre coyunturales no hubieran permitido aquel gran acuerdo. En la deseable reforma, 35 años después, eso puede ser motivo para un acuerdo que aumente el margen de flexibilidad.
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