La Fiscalía se opone al indulto del ex juez Garzón porque sería injusto
La Fiscalía se pronunciará en contra de la concesión del indulto al ex juez Baltasar Garzón al considerar que no concurren razones de justicia, ni de equidad, ni de utilidad pública para condonarle la pena a 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo. El informe, que va a ser presentado en breve, llevará la firma del teniente fiscal del Supremo, Antonio Narváez, y ha sido autorizado por el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce.
El Ministerio Público considera «muy bien fundamentada» la sentencia redactada por el magistrado de la Sala Penal Miguel Colmenero que en febrero de 2012 condenó a Garzón por delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por intervenir, al margen de la legalidad y vulnerando el derecho de defensa, las conversaciones que los imputados del caso Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados defensores. Esta maniobra permitió conocer cómo iban a defenderse de los cargos que el propio Baltasar Garzón les imputaba.
«La investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación», subrayó el Tribunal Supremo.El Alto Tribunal equiparó la actuación del famoso instructor a las «prácticas que sólo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido».
Valora que, tras la condena,descalificó al TS y también al Constitucional
Fuentes del Ministerio Público indicaron que la posición que sostuvo la Fiscalía a favor de Garzón durante el juicio no se puede mantener de cara al indulto dada la «contundencia» y «solidez» de la sentencia, cuyo fallo quedaría desactivado por la concesión de la medida de gracia. Para la Fiscalía, las penas se imponen para ser cumplidas salvo que existan razones excepcionales, que no aprecia en este caso.
De otro lado, el indulto no ha sido solicitado por el ex juez, que nunca ha pedido disculpas a las víctimas de sus delitos y cuyo comportamiento tras la condena ha consistido en descalificar tanto al Tribunal Supremo como luego al Tribunal Constitucional. Cuando en noviembre de 2012 el TC inadmitió a trámite el recurso de amparo, Garzón hizo público un comunicado en el que señalaba que «sigue sosteniendo que el Tribunal Supremo le ha condenado por ir en contra de los criterios particulares de los magistrados» que le juzgaron y que el Constitucional había rechazado su demanda porque «se encuentra colapsado de trabajo y es absolutamente incapaz de atender como un auténtico tribunal a los recursos de amparo de los ciudadanos, por muy fundamentados y sólidos que estén, y ello sin tener que dar ninguna explicación».
El indulto fue solicitado por Medel (Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades) al Ministerio de Justicia en mayo de 2012 y ha estado traspapelado durante más de un año. De la organización Medel forma parte la asociación española Jueces para la democracia, que, sin embargo, se desmarcó de la solicitud de la medida de gracia y dijo desconocer quiénes ni cuándo habían decidido en Medel solicitar el indulto a favor de Garzón.
La petición de indulto fue presentada por el presidente de Medel,Antonio Cluny, y el ex fiscal del Tribunal de Cataluña José María Mena y en ella se reclama la «remisión total y con todas sus consecuencias [de la condena], lo que habrá de comportar el reintegro de Garzón en la carrera judicial».
El escrito sostiene que la condena impuesta a Baltasar Garzón es «desproporcionada y de una indiscriminada severidad», por lo que la vía «para alcanzar una proporcionalidad punitiva razonable y deseable tan solo es el indulto». En realidad, el Tribunal Supremo impuso a Garzón una única pena por los dos delitos cometidos y, además, fijó la condena en el umbral mínimo, ya que el Código Penal establece una duración de la sanción de inhabilitación de 10 a 20 años.
La solicitud también destaca los «ingentes servicios prestados por Garzón al restablecimiento de la paz y seguridad perturbadas por gravísimos delitos y al prestigio internacional de la Justicia» española.
Intransigencia
- > «Me sorprendió la intransigencia del Tribunal Supremo», asegura Baltasar Garzón en una entrevista concedida ayer al dominical de 'El País'. «Se inventaron un delito para mí».
- > «Respeto el sistema judicial, no acudí con ánimo de ruptura, pero laminaron mi derecho de defensa, no me dejaron utilizar múltiples pruebas, la sentencia estaba ya preestablecida, ¿cómo puede hablarse de imparcialidad?, afirma el ex juez.
- > Además señala: «A mi lo que me preocupa son las interferencias que determinados políticos del PP hicieron en un momento concreto, y además alardeando de que hablaban con jueces, magistrados, que tenían reuniones, que llevaban, que traían, eso para mi es escandaloso»
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