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martes, 25 de febrero de 2014

ESPAÑA: LA FISCALIA ABRE DILIGENCIAS PARA INVESTIGAR A LOS MINISTROS DE FOMENTO DESDE EL AÑO 2003


Fiscalía de Asturias abre diligencias para investigar a los ministros de Fomento desde 2003 por la Variante de Pajares


La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia del Sindicato Manos Limpias contra los sucesivos Ministros del Gobierno de España titulares del actual Ministerio de Fomento, en sus distintas denominaciones, desde el año 2003 en que por el Consejo de Ministros se aprobaron las obras de la denominada 'Variante Ferroviaria de Pajares' entre Asturias y León, hasta el momento actual, y en su caso contra los responsables que se pudieran determinar en el transcurso del procedimiento.
Denuncian la "dejadez en sus responsabilidades públicas; falta de rigor en sus decisiones; y desprecio al interés público, en favor del propio interés electoral, partidista o incluso particular; que vienen ocasionando un importante sobrecoste en las obras, notables defectos en su ejecución y futura operatividad, continuos retrasos para su terminación y daños medioambientales de gran impacto en la zona", sostiene el sindiocato en su escrito.
Manos Limpias explica que los continuos retrasos, la indefinición de los proyectos, los cambios en función de intereses políticos y/o electorales, la ausencia del elemental rigor técnico y tal vez otros problemas de mayor gravedad aún, junto a las evidentes dificultades orográficas, "han ido lastrando económicamente las obras, de manera que en la actualidad hay ya un desfase de más de 1.342 millones de euros, lo que supone nada menos que un desvío del 72 por ciento".
Añaden que dicho desvío es prácticamente el doble que el existente en la línea Madrid-Barcelona que según un Informe del Tribunal de Cuentas estaba en un 31,4 por ciento más. "La gravedad del sobrecoste es aún mayor, por cuanto se estima que aún faltan dos años al menos para que la actuación quede terminada, con lo que además su duración habrá superado la década pues empezaron en febrero de 2004 y con la actual dinámica nuevos sobrecostes".
Por entonces, la inversión se presupuestó en 1.858 millones de euros y la última cantidad manejada supera los 3.200 millones, según las últimas consignaciones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
"Esta desviación económica supera con creces, de forma lamentable, a la existente en otra obra pública asturiana como es la de la ampliación de El Musel, que sumó 251 millones de sobrecoste y supuso un gasto superior en un 40 por ciento al presupuestado, siendo un ejemplo más del manejo irresponsable de los fondos públicos", señalan desde Manos Limpias.
FONDOS DE LA UE
Un problema adicional, --añaden- es que las obras de la Variante entre los años 2007 y 2013 se benefician de financiación comunitaria a través del fondo de cohesión Feder para la ejecución en concreto de la plataforma de los subtramos La Robla-Túneles de Pajares y Túneles de Pajares-Pola de Lena, así como para el suministro y montaje de vías e instalaciones, con una ayuda que se estima en 388,9 millones de euros. Además, Europa también va a cofinanciar las obras adicionales y de mejora en los túneles centrales bajo la cordillera Cantábrica.
Y apuntan que el desfase en Pajares se suma a los que se registran en otras grandes obras asturianas. "Dejando a un lado el puerto gijonés, el nuevo Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) presenta un desvío de 90,5 millones de euros; la 'Y' de Bimenes de 45 millones; el tramo Muros de Nalón-Las Dueñas de la Autovía del Cantábrico de 20,4; y el de Navia a Tapia, de 10,3 millones.

lunes, 3 de febrero de 2014

ESPAÑA: LA FISCALIA SE OPONE AL INDULTO DEL EX-JUEZ GARZON


La Fiscalía se opone al indulto del ex juez Garzón porque sería injusto
Baltasar Garzón.
La Fiscalía se pronunciará en contra de la concesión del indulto al ex juez Baltasar Garzón al considerar que no concurren razones de justicia, ni de equidad, ni de utilidad pública para condonarle la pena a 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo. El informe, que va a ser presentado en breve, llevará la firma del teniente fiscal del Supremo, Antonio Narváez, y ha sido autorizado por el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce.
El Ministerio Público considera «muy bien fundamentada» la sentencia redactada por el magistrado de la Sala Penal Miguel Colmenero que en febrero de 2012 condenó a Garzón por delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por intervenir, al margen de la legalidad y vulnerando el derecho de defensa, las conversaciones que los imputados del caso Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados defensores. Esta maniobra permitió conocer cómo iban a defenderse de los cargos que el propio Baltasar Garzón les imputaba.
«La investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación», subrayó el Tribunal Supremo.El Alto Tribunal equiparó la actuación del famoso instructor a las «prácticas que sólo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido».
Valora que, tras la condena,descalificó al TS y también al Constitucional
Fuentes del Ministerio Público indicaron que la posición que sostuvo la Fiscalía a favor de Garzón durante el juicio no se puede mantener de cara al indulto dada la «contundencia» y «solidez» de la sentencia, cuyo fallo quedaría desactivado por la concesión de la medida de gracia. Para la Fiscalía, las penas se imponen para ser cumplidas salvo que existan razones excepcionales, que no aprecia en este caso.
De otro lado, el indulto no ha sido solicitado por el ex juez, que nunca ha pedido disculpas a las víctimas de sus delitos y cuyo comportamiento tras la condena ha consistido en descalificar tanto al Tribunal Supremo como luego al Tribunal Constitucional. Cuando en noviembre de 2012 el TC inadmitió a trámite el recurso de amparo, Garzón hizo público un comunicado en el que señalaba que «sigue sosteniendo que el Tribunal Supremo le ha condenado por ir en contra de los criterios particulares de los magistrados» que le juzgaron y que el Constitucional había rechazado su demanda porque «se encuentra colapsado de trabajo y es absolutamente incapaz de atender como un auténtico tribunal a los recursos de amparo de los ciudadanos, por muy fundamentados y sólidos que estén, y ello sin tener que dar ninguna explicación».
El indulto fue solicitado por Medel (Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades) al Ministerio de Justicia en mayo de 2012 y ha estado traspapelado durante más de un año. De la organización Medel forma parte la asociación española Jueces para la democracia, que, sin embargo, se desmarcó de la solicitud de la medida de gracia y dijo desconocer quiénes ni cuándo habían decidido en Medel solicitar el indulto a favor de Garzón.
La petición de indulto fue presentada por el presidente de Medel,Antonio Cluny, y el ex fiscal del Tribunal de Cataluña José María Mena y en ella se reclama la «remisión total y con todas sus consecuencias [de la condena], lo que habrá de comportar el reintegro de Garzón en la carrera judicial».
El escrito sostiene que la condena impuesta a Baltasar Garzón es «desproporcionada y de una indiscriminada severidad», por lo que la vía «para alcanzar una proporcionalidad punitiva razonable y deseable tan solo es el indulto». En realidad, el Tribunal Supremo impuso a Garzón una única pena por los dos delitos cometidos y, además, fijó la condena en el umbral mínimo, ya que el Código Penal establece una duración de la sanción de inhabilitación de 10 a 20 años.
La solicitud también destaca los «ingentes servicios prestados por Garzón al restablecimiento de la paz y seguridad perturbadas por gravísimos delitos y al prestigio internacional de la Justicia» española.

Intransigencia

  • > «Me sorprendió la intransigencia del Tribunal Supremo», asegura Baltasar Garzón en una entrevista concedida ayer al dominical de 'El País'. «Se inventaron un delito para mí».
  • > «Respeto el sistema judicial, no acudí con ánimo de ruptura, pero laminaron mi derecho de defensa, no me dejaron utilizar múltiples pruebas, la sentencia estaba ya preestablecida, ¿cómo puede hablarse de imparcialidad?, afirma el ex juez.
  • > Además señala: «A mi lo que me preocupa son las interferencias que determinados políticos del PP hicieron en un momento concreto, y además alardeando de que hablaban con jueces, magistrados, que tenían reuniones, que llevaban, que traían, eso para mi es escandaloso»
  • FUENTE

miércoles, 29 de enero de 2014

ESPAÑA: LA FISCALIA INVESTIGA AL MARIDO DE COSPEDAL POR SU CONTRATO CON LIBERBANK


La Fiscalía investiga si Liberbank contrató 'en diferido' al marido de Cospedal

Aunque Ignacio López del Hierro cobra del banco desde 2011, Liberbank registró su contrato en su base de datos interna en 2013, pocas semanas antes del estallido mediático del caso


Así figura en la nueva documentación aportada por los denunciantes (CCOO) a la Fiscalía de Cantabria que trata de esclarecer si el marido de Cospedal cometió delitos de apropiación indebida y falsedad documental por cobrar 7.000 euros mensuales de una filial de Liberbank (Bancantabria) cuyos exdirectivos niegan haberle contratado.
La Fiscalía investiga si Liberbank contrató 'en diferido' al marido de Cospedal
Desde el pasado verano, cuando abrió diligencias, la Fiscalía de Cantabria trata de esclarecer si Ignacio López del Hierro cobró de Liberbank por servicios inexistentes tal y como denunció ante el organismo CCOO. La denuncia se basó en las declaraciones de Antonio Huesca, exdirectivo de la filial de Liberbank, Bancantabria, al periódico El Mundo. Huesca sostiene, aportando correos electrónicos que lo atestiguan, que los directivos del banco le obligaron a abonar facturas a la sociedad Hilo Inversiones, propiedad del marido de Cospedal, sin que hubiera mediado ningún contrato previo.
En este contexto el sindicato ha ampliado la denuncia aportando nueva documentación según la cual el banco habría registrado el contrato de servicios de Liberbank con López de Hierro en su base de datos interna el pasado 24 de abril, ocho semanas antes del estallido mediático del caso. Se da la circunstancia de que el marido de Cospedal llevaba cobrando de Bancantabria, filial de Liberbank , desde diciembre de 2011.
Liberbank, de acuerdo al contrato inscrito en su base de datos el pasado mes de abril, se habría subrogado un contrato previo de asesoría firmado entre su filial Bancantabria y el marido de Cospedal. Pero este contrato previo, que habría sido realizado en 2011 (y que daría cobertura a los cobros de López del Hierro), es precisamente el que exdirectivos de Bancantabria niegan haber realizado.
También existe otro baile de fechas que los sindicatos consideran del todo irregular. El contrato de subrogación firmado por Liberbank y el marido de Cospedal fue inscrito en la base de datos del banco el pasado mes de abril pero fechado ocho meses antes, el 12 de septiembre.
La Fiscalía pide continuar con las pesquisas
Fuentes del banco niegan cualquier irregularidad en la contratación y restan importancia a la no coincidencia de fechas alegando que el banco renovó sus bases de datos recientemente, lo que a su juicio explica la variación de fechas entre los documentos.
Liberbank, que integra varias cajas de ahorro entre las que se encuentra la extinta Caja Castilla-La Mancha, asegura que contrató en 2011 al marido de Cospedal como asesor inmobiliario y como representante de la compañía en la concesionaria de autopistas Itínere. "Hemos aportado toda la documentación necesaria a la Fiscalía" explican desde el banco. Sin embargo, la Fiscalía de Cantabria, que lleva investigando el caso desde el pasado mes de agosto cuando abrió diligencias penales, no sólo no ha archivado el caso sino que acaba de pedir otros seis meses de prórroga al Fiscal General del Estado para continuar con las pesquisas y ha comenzado a citar a directivos del banco para tomarles declaración.

lunes, 23 de diciembre de 2013

LA FISCALIA APOYA QUE NO INGRESE EN PRISION JAUME MATAS CONDENADO POR TRAFICO DE INFLUENCIAS


Condenado por tráfico de influencias

La Fiscalía apoya que Jaume Matas no ingrese en prisión

Pretende que sea supendida la ejecución de la pena mientras se tramita el indulto
El expresidente balear fue condenado a nueve meses de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado su conformidad con la petición del expresidente del Govern Jaume Matas de que le sea suspendida la ejecución de la pena de nueve meses de cárcel que pesa sobre él, a la espera de que el Gobierno resuelva si le concede o no el indulto que ha solicitado. Matas fue condenado por un delito de tráfico de influencias vinculado al caso Palma Arena.
Juicio a Jaume Matas
En su informe, el Ministerio Público se ampara en el artículo 4 del Código Penal, proclive a la suspensión de la pena cuando la finalidad del indulto "pudiera resultar ilusoria", es decir, ante la posibilidad de que el procesado cumpliese la condena en vano por el hecho de que el Ejecutivo central decidiera finalmente otorgar al penado la anterior medida de gracia.
Se da la circunstancia, no obstante, de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, adelantó la pasada semana que "a priori" no aprecia razones de "justicia, equidad o interés público" que justifiquen la concesión del indulto al exministro, recordando que el Gobierno "jamás" ha concedido un indulto por tráfico de influencias.
La Fiscalía ha respondido de este modo al trámite concedido por la Audiencia Provincial de Baleares para que las acusaciones del caso Palma Arena se pronuncien sobre la petición de Matas, efectuada después de que la Audiencia denegase sustituir por multa los nueve meses de cárcel, dejando así al exjefe del Ejecutivo balear la única posibilidad de solicitar el indulto tras haber agotado ante la justicia balear las vías de que disponía para evitar su ingreso.
En su petición de indulto, la defensa del expresidente alega que su encarcelamiento conllevaría "efectos desocializadores" sobre él y "en nada serviría para conseguir una supuesta reinserción social o reeducación", finalidad a la que, abunda, deben ir dirigidas las medidas privativas de libertad.
En el escrito que presentó para solicitar esta medida, la letrada del exministro y exmagistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, Pilar Gómez Pavón, subraya que su patrocinado "es una persona integrada en la sociedad, con arraigo familiar, laboral y afectivo", por lo que su internamiento en la cárcel para cumplir la pena de nueve meses que pesa sobre él por el primer juicio del caso Palma Arena provocaría que el acusado se viese "separado" de su entorno más cercano.
Matas ha decidido de este modo acogerse a esta vía de carácter excepcional, que podrá derivar en la remisión total o parcial de su condena. En concreto, el indulto lo otorga el Rey a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. Con la concesión de esta medida de gracia se extingue la responsabilidad penal pero no cancela, en ningún modo, los antecedentes penales.
El exmandatario autonómico no es el único condenado de esta causa que ha reclamado el indulto, puesto que también procedió de este modo el propio Antonio Alemany, quien está condenado por su parte a dos años y tres meses de cárcel. También el articulista solicitó que se paralizase la ejecución de su pena a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre su petición.
LA AUDIENCIA VE "INASUMIBLE" LA COMISIÓN DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS
La Audiencia, a la hora de denegar la sustitución de los nueve meses por multa, consideraba "inasumible" para la sociedad que "el titular de uno de los poderes del Estado en la fecha de los hechos [durante la legislatura 2003-2007] cometa un delito de tráfico de influencias", lo que a juicio de la Sala constituye "un delito contra el Estado de Derecho por parte de quien ha sido presidente de la Comunidad Autónoma balear, a quien, precisamente por ostentar ese cargo, ha de exigírsele mayor imparcialidad, objetividad y probidad".
Tanto es así que, subrayaba, "en estos casos más que en ningún otro los jueces y tribunales, en nuestra labor de defensa del Estado de Derecho, debemos pronunciarnos contra quienes lo degradan y corrompen, conduciendo la corrupción de los políticos a la desconfianza de la sociedad en ellos, debiendo la pena impuesta cumplir una irrenunciable función de restablecimiento de la confianza de la Comunidad en la vigencia de la norma infringida por el delito".

domingo, 17 de noviembre de 2013

LA FISCALIA INVESTIGA CONTRATOS CONCEDIDOS A DEDO POR 100 MILLONES DE EUROS


La Fiscalía investiga contratos por 100 millones en depuración de aguas

El ministerio público abre diligencias tras la denuncia del PSOE, que ha encontrado hasta 56 adjudicaciones "a dedo" en la empresa de saneamiento y depuración del gobierno valenciano 

La Fiscalía Provincial de Valencia ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSPV-PSOE sobre las presuntas adjudicaciones irregulares de la Entidad de Saneamiento de la Generalitat (Epsar) realizadas utilizando indebidamente el procedimiento de emergencia (a dedo), y ha abierto diligencias de investigación penal, según un comunicado de los socialistas valencianos. 
La denuncia firmada por la diputada socialista Carmen Martínez se dirige por el momento contra el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, y el exjefe de saneamiento, Ignacio Bernácer, ambos ya imputados en el caso Emarsa. Se les acusa de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La denuncia deja la puerta abierta a la ampliación a otros responsables del departamento como el exconseller Juan Cotino o la exsecretaria autonómica Mª Ángeles Ureña que también intervinieron en el procedimiento.
La acusación acompaña abundante información de los contratos (58 referencias) y los informes de fiscalización del Síndic de Comptes que advierten de la mala praxis. El PSPV considera que la Generalitat ha utilizado el mecanismo que la ley prevé para “catástrofes”, “grave peligro” o “necesidades que afectan a la defensa nacional” cuando se adolecía de causas para ello.
“Nos encontramos que las habituales, y por ello previsibles lluvias otoñales, son las que sirven de peregrina justificación para llevar a cabo la aprobación de contratación a cargo de fondos públicos eludiendo los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia y en consecuencia, eludiendo de forma grosera el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, señalan en la denuncia. “La vía excepcional ha sido empleada como el mecanismo habitual y constante para disponer de fondos públicos eludiendo los mecanismos de control de la contratación con la administración y las garantías y exigencias de ésta”, explican en el texto.
Además, se ha incurrido en irregularidades “en la ejecución de los contratos para obras o servicios de emergencia y su liquidación”. Entre estas irregularidades figuran los sobrecostes o el incumplimiento de los plazos previstos.
96 millones adjudicados a dedo 
Los 58 contratos a los que alude Carmen Martínez en la denuncia suman 96 millones de euros, dice el PSPV.PSOE en su comunicado. En varios casos las cifras que ha pagado la Generalitat por adjudicaciones a dedo han superado el millón de euros, e incluso en una han rozado los 7 millones de euros. Se da la circunstancia de que empresas investigadas en el caso Emarsa y en el caso Gürtel han sido beneficiadas por este procedimiento.
Según la documentación a la que ha tenido acceso el PSPV-PSOE, el actual presidente de Les Corts, Juan Cotino, firmó seis expedientes entre 2009 y 2010 por un importe de 7,69 millones de euros, y la actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar otros tres por 10,67 millones de euros. Los expedientes anteriores están avalados por el exconseller fallecido José Ramón García Antón.

miércoles, 23 de octubre de 2013

LA FISCALIA AGRUPARA EL BLANQUEO Y EL DELITO FISCAL PARA EVITAR QUE URDANGARIN ENTRE EN PRISION


La Fiscalía baraja agrupar el blanqueo y el delito fiscal para evitar que Urdangarín entre en prisión

La Fiscalía Anticorrupción pretende acogerse a la doctrina de la Audiencia Provincial de Palma para plantear su petición de penas. Según éstam el blanqueo se subsume en el delito fiscal. En la práctica, la agrupación de delitos impediría dos penas que sumadas implican el ingreso automático en prisión y permitirían una condena sin cárcel al Duque de Palma.

Iñaki Urdangarin a su llegada a los juzgados de Palma, donde declaró por el caso Nóos.
Las partes del caso Noos han comenzado a preparar sus escritos de calificación ante el inminente fin de la instrucción que prepara el juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. Las peticiones de penas que ultiman algunas de las partes pueden contener grandes sorpresas jurídicas con todavía más grandes consecuencias penales: Iñaki Urdangarín podría evitar la cárcel si se respeta la petición de penas que baraja el ministerio público.
La Audiencia de Palma favorece la agrupación de los delitos para no "punir doblemente los mismos hechos"
Según revelan fuentes de la causa, la Fiscalía Anticorrupción pretende acogerse a la doctrina seguida por la Audiencia de Palma en varias sentencias que considera que el delito de blanqueo de capitales no existe en sí mismo sino que es parte de un tipo penal llamado delito fiscal, contemplado en el artículo 305 del Código Penal. El subsumir un delito dentro del otro no es sólo un debate teórico entre los penalistas sino que tiene una consecuencia práctica inmediata para el Duque de Palma: Iñaki Urdangarín se enfrentaría a una condena y no a dos. Dado que el delito fiscal está castigado con entre uno y cinco años de cárcel, una única pena evitaría su ingreso en prisión ya que la práctica judicial en nuestro país no contempla el ingreso en la cárcel para quien recibe una sentencia inferior a dos años de cárcel y no tiene antecedentes penales.
El juez instructor se opone a ese criterio
Según revelan fuentes de la causa, el juez Castro es contrario a ese criterio y pretende citar jurisprudencia del Tribunal Supremo contraria a la doctrina de la Audiencia de Palma. Según una sentencia del alto tribunal de 5 de diciembre de 2012, el delito fiscal se considera como una figura penal diferenciada y previa a la de blanqueo de capitales. También las acusaciones del casosostienen que son dos y no uno los delitos por los que debería acusarse a Iñaki Urdangarín en el caso Noos. De hecho, los expertos jurídicos que han analizado el asunto consideran que el delito fiscal es una actividad delictiva previa al blanqueo de capitales y subrayan --como recoge el titular de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, Isidoro Blanco-- que "las tendencias internacionales parecen moverse hacia la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de capitales".
Sin embargo, el criterio de la Audiencia de Palma ha avalado esa doctrina de la Fiscalía y va a ser, precisamente, el tribunal provincial el que finalmente fije fecha y criterios para el juicio por lo que la idea de que ambos delitos forman en realidad uno solo tiene visos de llegar a la vista. De hecho, la Audiencia interpreta que el Tribunal Supremo ha asimilado ambos delitos y que se opone a "punir doblemente los mismos hechos".
De ese debate jurídico depende que Iñaki Urdangarín reciba una eventual condena por uno o dos delitos, es decir, que pueda o no entrar en prisión si finalmente se demuestra su culpabilidad en el juicio.
El juicio oral pendiente de cuatro trámites
Cuatro trámites más separan la instrucción del caso de la fase de juicio oral: la Agencia Tributaria todavía debe remitir dos informes que el juez ha reclamado reiteradamanente, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía ha de remitir también su análisis de las cuentas y, por último, el juez ha de enviar a las partes un escrito en el que dé cuenta de lo que considera hechos probados para pedir opiniones antes de decidir si imputa finalmente o no a la hija del Rey, la infanta Cristina.
Ese último trámite es, precisamente, el que ha llevado al Ministerio Público a cambiar la posición que había mantenido anteriormente.
  • El fiscal pidió la desimputación de la infanta después de que fuera imputada por el juez Castro.
  • Apoyó después que una parte de la causa abandonara su jurisdicción y los juzgados de Palma para ser trasladada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para que se incluyera en la causa al expresidente Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
  • Ahora, pretende acogerse a una doctrina que también minimizaría el impacto judicial del caso.
En cualquier caso, las tomas de posición de las partes empiezan a reflejar que todas ellas se preparan ya para la siguiente fase del caso: la del juicio oral.

martes, 8 de octubre de 2013

LA FISCALIA NO VE DELITO EN DENUNCIAR A PARADOS


La Fiscalía no ve delito en el buzón anómino contra el fraude del Ministerio de Empleo

En su resolución sí deja claro que Empleo no puede abrir expedientes sancionadores basándose en denuncias anónimas
La denuncia sí es válida como información para que la Inspección de Trabajo actúe de oficio

Báñez explica la reforma de las pensiones a los cargos provinciales del PP
El buzón de lucha contra el fraude laboral que puso en marcha el Ministerio de Empleo en agosto es legal. La Fiscalía ha comunicado a la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet), que denunció la puesta en funcionamiento del buzón, que no aprecia delito en la decisión de Empleo y que archiva su denuncia. Sí advierte de que las denuncias anónimas no pueden servir para tramitar expedientes sancionadores.
En su resolución, la Fiscalía asegura que la Ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social no incluye ningún precepto legal que impida que se formulen denuncias anónimas, pero sí establece que no se puede incoar un expediente en base a una denuncia anónima.
"La denuncia anónima nunca provocaría por si la vulneración de derechos y garatnías que se dice. No es la denuncia, sino en su caso la tramitación arbitraria o irregular de un expediente lo que puede hipotéticamente vulnerarlos, pero ellos no traería causa de una denuncia anónima, sino de actos administrativos no ajustados a derecho", dice la resolución.
La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador valora positivamente la aclaración de la Fiscalía "en tanto que resuelve la controversia sobre la imposibilidad de incoar expedientes sancionadores a partir de denuncias anónimas". "La resolucion confirma que nos encontramos ante una decisión de carácter arbitrario por parte del Ministerio de Empleo, que incumple de forma clara las exigencias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para la tramitación de expedientes sancionadores", asegura el presidente de Andet, Antonio Valenciano. La asociación continuará exigiendo la retirada del buzón de denuncias.
En agosto, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció en una carta abierta que el ministerio ponía en marcha un buzón electrónico donde recoger denuncias sobre fraudes laborales, como pagos en negro, o cobro indebido de prestaciones. Las denuncias pueden ser anónimas para "facilitar que toda persona que tenga conocimiento de una irregularidad se la facilite a los servicios de inspección".

lunes, 30 de septiembre de 2013

ASI FUNCIONA LA FISCALIA DEL PP

Así funciona la Fiscalía del PP


Tres ejemplos de qué significa para el Gobierno de Rajoy «despolitizar la justicia» y «respetar la independencia judicial».
1.-La Fiscalía de la Audiencia Nacional guardó en un cajón 48 horas la primera orden de detención internacional contra torturadores franquistas. La petición argentina llegó a la fiscalía el viernes 20 de septiembre, pero el fiscal decidió esperar hasta el lunes para pasársela al juez de guardia. ¿La razón? Que el viernes estaba de guardia el juez Fernando Andreu, pero el lunes, a partir de las ocho de la mañana, le tocaba a Pablo Ruz. El oportuno retraso impidió así que este espinoso asunto acabase en manos de un juez, Andreu, que ya se ha atrevido a investigar el genocidio de Ruanda o el bombardeo de Gaza. En este tema, como en el de los papeles de Bárcenas, la fiscalía y el Gobierno sin duda prefieren al cómodo Ruz. Les ha ido bien. En manos de Ruz, el caso de las torturas franquistas probablemente no prosperará. En manos de Andreu, podría haber sido investigado porque los crímenes contra la humanidad no prescriben, a pesar de esa amnistía que en otros países llamaron ley de punto final.
2.-La Fiscalía Anticorrupción ya se prepara para enterrar el caso Bárcenas que, según Rajoy, «no se podrá demostrar». Esta semana, el fiscal Antonio Romeral se ha opuesto a que testifiquen otros de los nombres que aparecen en los papeles de Bárcenas --RajoyRato o Mayor Oreja-- por la «ausencia (…) de unos hechos delictivos (…) que sustenten la continuación de la instrucción». El fiscal construye así la pista de aterrizaje para que Ruz pueda archivar el asunto en los próximos meses. Será un caso modelo: un modelo de cómo marear la perdiz y cerrar en falso una instrucción. Ruz, con el apoyo del fiscal, se ha centrado en investigar aquellas materias que no eran delito o estaban prescritas, como el delito fiscal o la financiación ilegal. Sin embargo, no ha querido saber nada de un delito mucho más grave del que sí hay evidencias y que tarda 10 años en prescribir: el cohecho. Para ello, es imprescindible analizar los contratos de los donantes del PP con los gobiernos de Aznar y ponerlos en relación con los donativos, pero ni el fiscal ni Ruz tienen muchas ganas de hurgar en ese lugar.
3.-La misma Fiscalía Anticorrupción, en otro escrito de Romeral, ha decidido esta semana rechazar una investigación exhaustiva sobre esos contratos de los donantes del PP. El fiscal lo descarta con un argumento sonrojante. No ha lugar, dice Romeral, porque llevaría demasiado tiempo y es «innecesario, costoso e incoherente». «La recopilación, copia y posterior examen de tan ingente cantidad de documentación comporta el empleo de numerosos funcionarios y el retraso de la instrucción», asegura el fiscal. Traducido: es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

LA FISCALIA ANTICORRUPCION PIDE JUZGAR A 61 SOCIOS DE LA EMPRESA PWC POR ESTAFAR A HACIENDA


La Fiscalía Anticorrupción pide juzgar a 

61 socios de PwC por estafar a 

Hacienda


PwC
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral contra 61 socios de la firma Pricewaterhouse Coopers (PwC) para los que pide penas de entre 2 años y 14 años y 10 meses de cárcel por defraudar presuntamente a Hacienda cuotas por valor de 40 de millones de euros en la operación de venta de la división de Consultoría a la firma IBM. 
La acción penal también se dirige contra las sociedades Pricewaterhouse Coopers y sus divisiones Auditores, Asesores de Negocio y Jurídico y Fiscal así como contra IBM Global Services España (como sucesora de PricewaterhouseCoopers Consulting), como responsables civiles subsidiarias. Los socios denunciados, que presuntamente defraudaron al erario público cantidades superiores a los 120.000 euros, tienen nacionalidades española, inglesa, francesa, irlandesa y austriaca.
Según el Ministerio Público, los hechos investigados son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública Estatal y Foral Vasca, cuatro contra la Hacienda Pública Estatal, cincuenta delitos contra la Hacienda Pública Estatal, cinco delitos contra la Hacienda Pública Foral de Vizcaya y un delito contra la Hacienda Pública Foral de Álava.
Se imputa que para evitar el pago de la deuda fiscal se simuló una operación de reestructuración empresarial con acogimiento al Régimen Especial de Fusiones y Escisiones de la Ley 43/95 del Impuesto de Sociedades, cuando la realidad de la operación fue la venta de la empresa, con el fin de omitir la debida tributación por el Régimen General del impuesto de Sociedades y el ingreso en el Erario Público de la cuota debida. La cuota defraudada que se imputa por este hecho ascendió a 18.365.210’88 € por el Impuesto de Sociedades de PwC SL.
Además, la Fiscalía asegura que los socios de PwC no declararon ante la Hacienda Pública la percepción global de más de 20 millones de euros en concepto de bonus. La cantidad fue entregada a los mismos en enero de 2002 como retribución por su trabajo en la empresa. Sin embargo, los socios omitieron constatar en su declaración de IRPF que tales cantidades eran rentas de trabajo, y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la correspondiente a la realidad de los hechos. La venta fue llevada a cabo en octubre de 2.002 mientras que en la fecha de la recepción por los socios, enero de 2.002, ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, que empezaron en el mes de julio.
Paralelamente, las sociedades PwC Auditores S.L., PwC Jurídico y Fiscal S.L., PwC Asesores de Negocios S.L. y PwC Consulting S.L., donde prestaban sus servicios los socios afectados, omitieron practicar las retenciones debidas por IRPF correspondientes al rendimiento de trabajo percibido.

jueves, 12 de septiembre de 2013

LA FISCALIA SOLICITA QUE SE SIGA INVESTIGANDO A AGUIRRE Y FIGAR POR PREVARICACION


La fiscalía solicita que se siga investigando a Aguirre y Figar por prevaricación


La consejería de Educación inicio esas contrataciones en el curso escolar 2011- 2012 sin ningún tipo de concurso público
La fiscalía se adhiere al recurso de súplica del sindicato UGT para que la investigación no quede definitivamente archivada. En ese recurso, ya presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el sindicato, se estima que existen numerosos indicios de un posible delito de prevaricación ante la contratación de profesores nativos para los centros públicos de enseñanza desde el curso 2011-2012.
Un posible delito que señala, según la denuncia de UGT, tanto a Esperanza Aguirre como presidenta entonces del gobierno regional y a la consejera de educación Lucia Figar.
Que el Ministerio Publico se adhiera a este recurso no es algo habitual en la práctica procesal, pero lo hace porque suscribe la denuncia inicial del sindicato, una denuncia en fue archivada por la sala de los penal del máximo tribunal madrileño el pasado mes de Julio y que ahora puede ser relanzada con el apoyo de la fiscalía.
La consejería de Educación inicio estas contrataciones en el curso escolar 2011- 2012 sin ningún tipo de concurso público. Por eso se solicita la imputación de un delito de prevaricación.

jueves, 5 de septiembre de 2013

LA FISCALIA DENUNCIA A NARCIS SERRA, ADOLF TODO Y A LA CUPULA DE CAIXA CATALUNYA


La fiscalía denuncia a Narcís Serra, Adolf Todó y la cúpula de Caixa Catalunya

El Ministerio Público pide las imputaciones por aprobar aumentos retributivos de sus altos cargos pese a la "situación crítica" de la entidadLa fiscalía denuncia a Narcís Serra, Adolf Todó y la cúpula de Caixa Catalunya


Barcelona. (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y del ex director general Adolf Todó, así como de otros 52 miembros del Consejo de Administración en 2010, por aprobar aumentos retributivos de sus altos cargos pese a la "situación crítica" de la entidad.

Según la denuncia, firmada por el fiscal especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, Fernando Maldonado, en Catalunya Caixa han existido en los últimos años retribuciones e indemnizaciones "desproporcionadas y ajenas a la real situación de insolvencia" de la entidad, por lo que merecen ser investigadas, "máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica".

Para el fiscal, los 54 miembros del consejo de administración denunciados aprobaron aumentos retributivos y garantizaron indemnizaciones a los altos cargos "con evidente abuso del cargo", ya que "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".

CONTINUA

EN LLAMAS EL ARCHIVO DE LOS PALACIOS, DONDE GUARDABAN LAS FACTURAS QUE INVESTIGA LA FISCALIA


Arde el archivo de Los Palacios donde se 

guardaban las facturas que investiga la 

Fiscalía

Los bomberos acrúan en el interior del Ayuntamiento tras el fuego. | Jesús Morón
Los bomberos acrúan en el interior del Ayuntamiento tras el fuego. | Jesús Morón
  • La Policía tiene indicios de que pudiera haber sido provocado
  • El alcalde confirma que contenía documentos que se están investigando

Un incendio se sospecha que intencionado ha quemado el archivo del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) que conteníadocumentos contables y facturas de anteriores corporaciones que se están poniendo en conocimiento de la Fiscalía, según ha dicho a Efe el alcalde, Juan Manuel Valle (IU).
El incendio comenzó a las 05.00 horas de este jueves y una limpiadora municipal ha declarado a la Policía Local que oyó cómo se rompía un cristal del archivo e inmediatamente comenzaba el fuego, que también ha destruido documentos históricos de varios siglos de antigüedadaunque han salvado un libro del siglo XVII, ha señalado el alcalde.
Además, la Policía Local recibió diez minutos antes del comienzo del fuego un aviso de una falsa alarma en un colegio de una pedanía de Los Palacios, ha precisado el alcalde, que está a la espera de que la Policía Judicial determine las causas exactas del fuego, aunque sospecha que ha sido intencionado pero no quiere afirmarlo aún "por prudencia".
El alcalde ha resaltado que el fuego se produce el mismo día en que el diario ABC informa de que el anterior alcalde de Los Palacios, Antonio Maestre (PSOE), ha sido acusado por la Fiscalía por tráfico de influencias y malversación por pagos a una sociedad fantasma y contratos a dedo a su suegro. El fuego, que no ha provocado heridos, ya ha sido sofocado por los parques de bomberos de Los Palacios y de las localidades vecinas de Utrera y Dos Hermanas, según el servicio de emergencias 112.

martes, 20 de agosto de 2013

LA FISCALIA ORDENA INVESTIGAR A UGT POR SU GESTION DE FONDOS DE FORMACION


La Fiscalía andaluza ordena investigar a 

UGT por su gestión en los fondos de 

formación


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La Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado a la unidad adscrita de Policía Judicial que investigue la gestión de los fondos de formación de UGT, tras las informaciones aparecidas en el diario ‘El Mundo’ que apuntan a la posible falsificación de facturas por parte del sindicato para financiar la huelga general del 29 de septiembre de 2010, informó ayer este periódico.
Una vez concluida la investigación, la Fiscalía Superior podría continuar con las diligencias o trasladar el asunto a una Fiscalía Provincial, si el informe de la Policía Judicial determina la posible existencia de conducta delictiva-.
‘El Mundo’ informa este martes de que el Ministerio Público analiza la documentación publicada en sus páginas, especialmente las facturas presuntamente maquilladas que distintos proveedores de UGT habrían emitido cargando a programas de formación gastos que, en realidad, correspondían a la organización de la huelga general de septiembre de 2010.
Entre esas facturas estarían las de los anuncios insertados en periódicos regionales y en la propia revista de UGT, según ¿El Mundo?. La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Superior coincide además con la presentación de una denuncia por parte del sindicato Manos Limpias.

domingo, 4 de agosto de 2013

EL MARIDO DE COSPEDAL INVESTIGADO EN LA FISCALIA DE CANTABRIA


La fiscalía de Cantabria abre una investigación sobre el marido de Cospedal
El fiscal abre diligencias sobre la actuación de Ignacio López del Hierro en Liberbank, según informa 'El Mundo'
El marido de la presidenta de Castilla-La Mancha se habría embolsado presuntamente hasta 7.000 euros al mes de forma ilegal de una filial de dicha entidad
López del Hierro usó para cobrar de Liberbank la misma sociedad que empleó para donar a su esposa la mitad de un cigarral que posee
La investigación intenta esclarecer si cometió delitos de apropiación indebida y falsedad documental


La fiscalía de Cantabria ha abierto una investigación penal sobre los posibles delitos cometidos por Ignacio López del Hierro, el marido de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en Liberbank. Según informa El Mundo, López del Hierro se habría embolsado al mes 7.000 euros sin razón alguna de una filial de la entidad financiera, la misma donde se integró la antigua Caja Castilla-La Mancha.
La denuncia fue presentada por el exconsejero de Caja Cantabria Alfonso Díez, que cree que el marido de la secretaria general del PP cobró por no hacer nada de Bancantabria Renting, una filial de Liberbank. Desde el banco sostienen que López del Hierro ejercía como su representante en una concesionaria de autopistas y asesor en operaciones relacionadas con inmuebles de la entidad.
De esta forma, el fiscal ha abierto diligencias para dilucidar si el marido de Cospedal cometió delitos de apropiación indebida y falsedad documental durante su tiempo en la entidad. Unos extremos que han sido negados tanto por Liberbank como por el investigado. Si la investigación arroja indicios suficientes de que hubo irregularidades, el fiscal se podría querellar contra López del Hierro; si el resultado es el contrario, se archivará el caso.
Para canalizar los supuestos pagos que recibía, este ejecutivo del sector inmobiliario empleó una sociedad de su propiedad. La misma que utilizó para donar a Cospedal la mitad de un cigarral de su propiedad.
Liberbank ha defendido los pagos a López del Hierro al encajar el uso de la filial para pagarle por sus servicios. Algo que defiende el mismo acusado y su entorno, que reclaman el derecho de éste a ejercer su profesión.
Esta información de El Mundo llega después de que su director, Pedro J. Ramírez, denunciase en televisión que el Gobierno le estaba espiando por las informaciones sobre el caso Bárcenas que ha publicado el periódico en las últimas fechas.