ESPAÑA: COLECTIVO DE JUECES VE INCONSTITUCIONAL LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Los jueces españoles ven inconstitucional la ley de seguridad ciudadana

MADRID (Reuters) - El órgano de gobierno de los jueces criticó el jueves la futura ley de seguridad ciudadana, con la que el Gobierno español trata de frenar los desórdenes públicos en un país acostumbrado en los últimos años a frecuentes protestas en la calles, habitualmente pacíficas, contra los recortes.

En el informe del Consejo General del Poder Judicial, aprobado por unanimidad, los magistrados cuestionan la constitucionalidad del proyecto de ley, y piden que se le realicen cambios en la tramitación parlamentaria.

"Los términos de justificación de la intervención de los poderes públicos son excesivamente amplios y (el CGPJ) recomienda adecuarlos a los límites constitucionales del concepto de seguridad ciudadana", dijo el organismo en una nota de prensa.

El anteproyecto, que el Gobierno del Partido Popular podrá aprobar sin problemas en el Parlamento dada su mayoría absoluta, establece, entre otras cosas, multas más elevadas para actos como manifestaciones no autorizadas que degeneren en violencia o la perturbación de la seguridad en actos públicos, deportivos o religiosos.

Además, los manifestantes que oculten su rostro podrían ser multados con hasta 30.000 euros, mientras que las pancartas "ofensivas" contra España, las comunidades autónomas o los ayuntamientos y sus símbolos también son consideradas infracciones graves y sancionables con esa misma cantidad.

El Gobierno ha defendido la norma, afirmando que hay que castigar a los grupos violentos que ponen en peligro la seguridad de ciudadanos y agentes de policía, pero la oposición y los defensores de los derechos humanos la califican de "patada en la boca".

"(El CGPJ ve) excesivamente amplio el deber de denuncia establecido en el anteproyecto y estima más adecuado circunscribirlo a hechos que supongan una perturbación cierta de la seguridad ciudadana o de los que pueda concluirse racionalmente que la producirán, sin que baste la mera sospecha o la posibilidad", según la nota de los jueces.

Las manifestaciones y las huelgas se han multiplicado desde el inicio de la crisis y la aplicación de las primeras políticas de recortes en 2010, que han afectado áreas delicadas como la sanidad y la educación.

Pese a pequeños focos violentos, las protestas han sido mayoritariamente pacíficas en un país con un desempleo oficial del 26 por ciento y una reforma laboral que ha facilitado a las empresas despedir atrabajadores.

Tras una masiva marcha ciudadana en Madrid el sábado pasado, que transcurrió de forma pacífica hasta que un pequeño grupo de manifestantes se enfrentó violentamente con los agentes antidisturbios, la Delegación del Gobierno abrió un "expediente sancionador" contra los organizadores, alegando que eran los responsables de que la manifestación transcurriera dentro del "buen orden"

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ONU: EL CONSEJO DE SEGURIDAD SE REUNE DE URGENCIA POR CRIMEA

El Consejo de Seguridad se reúne "de 

urgencia" por Crimea

A pedido de Estados Unidos, tratarán una resolución para denunciar el referéndum separatista de este domingo. Se espera que Rusia ejerza su derecho a veto

Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reunirán de urgencia este sábado para votar una resolución que denuncie el referéndum del domingo en la península ucraniana de Crimea, informaron diplomáticos este viernes.

La reunión fue convocada para las 15:00 GMT a pedido de Estados Unidos y los diplomáticos esperan que Rusia vete la resolución, según dijeron.

La posición de China, que a menudo se ha alineado con Moscú en el Consejo, particularmente en las votaciones sobre Siria, es más incierta porque "los chinos están en aprietos", explicó un diplomático occidental.

El funcionario dijo que los dos principios repetidos por el embajador chino durante seis reuniones del Consejo por la crisis ucraniana fueron la no injerencia y el respeto de la integridad territorial, que se vería comprometida por la votación del domingo.

"El único propósito de esta resolución es el de obtener una abstención de China y de subrayar el aislamiento creciente de Rusia", analizó otro diplomático del Congreso.

El proyecto de resolución fue redactado por Estados Unidos en términos muy medidos, susceptibles de ser aceptados por Pekín. El texto no apunta directamente a Rusia y no pide explícitamente el retiro de sus fuerzas militares en Crimea. Tampoco hace alusión a sanciones.

Los ministros de Relaciones Exteriores ruso y estadounidense, Serguei Lavrov y John Kerry, este viernes en Londres

Este viernes, los ministros de Relaciones Exteriores ruso y estadounidense, Serguei Lavrov y John Kerry, no llegaron a ningún acuerdo para desactivar la crisis tras una reunión de seis horas en la residencia del embajador estadounidense en Londres.

El conflicto de Crimea es el último episodio de una crisis que se inició con las protestas contra el presidente ucraniano Viktor Yanukovich, aliado del ruso Vladimir Putin, su derrocamiento y la instalación de un gobierno favorable a un acercamiento con la Unión Europea y a rebajar la influencia de Moscú.

Crimea, cuya población es mayoritariamente de origen ruso, respondió a este cambio de autoridades con un plan para separarse de Ucrania.

Rusia, por su parte, desplegó tropas en esta región ucraniana, que es sede de su flota en el mar Negro desde el siglo XIX.

Según la resolución, el Consejo afirma que "el referéndum no puede tener ninguna validez y no puede establecer la mínima modificación del estatuto de Crimea". Pide a todos los estados no reconocer su resultado y "no realizar ninguna acción que pueda ser interpretada como un reconocimiento de un cambio de estatuto".

El Consejo también reafirma su "compromiso frente a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania en sus fronteras reconocidas internacionalmente".

El texto también pide a Moscú y Kiev "entablar un diálogo político directo".

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ESPAÑA: EL SENADO APRUEBA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

El Senado da luz verde a la Ley de 

Seguridad Privada





La Camara alta ha rechazado los cinco vetos presentados por la oposición. 
Se han incorporado medio centenar de enmiendas al articulado. Las modificaciones se han realizado en los artículos más polémicos. 
Algunos portavoces han reprochado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no haya acudido al pleno a defender su proyecto


El Pleno del Senado ha dado este miércoles luz verde al proyecto de Ley de Seguridad Privada tras rechazar los cinco vetos presentados por la oposición e incorporar medio centenar de enmiendas al articulado, con lo que el texto volverá ahora al Congreso para su aprobación definitiva. 

El Senado ha tumbado, con el rechazo de los populares, los vetos formulados por el Grupo Mixto, Entesa y los socialistas y ha aprobado medio centenar de enmiendas parciales al articulado, la mayoría de carácter técnico. En un debate en el que algunos portavoces han reprochado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no haya acudido al pleno a defender su proyecto, el senador del PP Luis Aznar y su compañero de grupo Santiago López Valdivielso han negado que la nueva ley vaya a suponer una privatización de la seguridad. 

La tramitación en la Cámara alta ha permitido la modificación de un número importante de preceptos sobre el proyecto inicial que presentó el Ministerio del Interior, especialmente aquellos artículos más polémicos que hacen referencia a las competencias de los vigilantes privados. 

Pacto PP-CiU Entre los retoques dados al texto a través de enmiendas pactadas entre PP y CiU, destaca la limitación de los supuestos en los que los vigilantes pueden prestar servicio, de forma que no podrán asumir funciones en calles comerciales peatonales como la de Preciados, en Madrid, o las Ramblas, en Barcelona, como inicialmente estaba previsto. De esta forma, el texto salió de la comisión del Senado con una nueva redacción del artículo 41, el más criticado, para clarificar los servicios que pueden prestar los vigilantes con o sin autorización de los órganos competentes. 

En el texto ha quedados excluida una de las atribuciones que suscitó más críticasDe este artículo ya quedó excluida una de las atribuciones que suscitó más críticas: la que posibilitaba con autorización a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales peatonales" para concretar que esta actividad podrá realizarse en "parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados". 

También varió el Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de perseguir a los delincuentes "sorprendidos en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección". En el texto consensuado de este artículo entre PP y CiU finalmente los vigilantes solo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección". 

Y también se dejó claro que los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del anterior texto, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos. No limitan competencias 

Pese a estos cambios, el senador socialista Enrique Cascallana ha advertido de que estas modificaciones en realidad no limitan las competencias de los vigilantes, pues el proyecto no las "acota" claramente, dejando la puerta abierta a que el Gobierno en el futuro reglamento otorgue mayores potestades a estos trabajadores. La ley no responde a una demanda social sino a los intereses de las grandes empresas"La ley no responde a una demanda social sino a los intereses de las grandes empresas y a la filosofía"del PP, que consiste en adelgazar el Estado y recortar los servicios públicos", ha criticado Cascallana. Tanto López Valdivielso como Aznar han insistido en que la seguridad privada será un elemento "auxiliar" y "subordinado" a la pública y que no hay atisbo alguno de privatización. 

Además, han defendido el modelo de seguridad privada español porque, junto con el belga y holandés es el más "regulado y controlado" frente a los del Reino Unido, Alemania y Austria.
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ESPAÑA: GREENPEACE DENUNCIA QUE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA INCUMPLE LA LEGISLACION INTERNACIONAL

Greenpeace denuncia que la ‘Ley Mordaza’ incumple la legislación internacional

Manifestación contra la 'ley mordaza' en las cercanías del Congreso de los Diputados. FERNANDO SÁNCHEZ

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Ministerio del Interior conlleva una gran inseguridad jurídica, aumenta la impunidad de las fuerzas policiales en el uso de la fuerza y vulnera convenios internacionales como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe elaborado por Greenpeace que se ha presentado este jueves. La organización ha analizado el anteproyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobado por la mayoría conservadora en el Congreso y ha recogido los análisis de organismos e instituciones europeas sobre la norma, para concluir que el actual redactado de la ley atenta contra principios básicos del derecho internacional.

La ONG recoge las conclusiones del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que en su informe del 9 de octubre de 2013 denunció la falta de protección de derechos y libertades, en particular el derecho a la libertad de reunión y la impunidad de los malos tratos policiales.

Asimismo, se hace eco de las conclusiones  del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Maina Kiai, que en una visita en 2012 comunicó al Gobierno español que“no procede categorizar como violenta a toda una manifestación por actos esporádicos de violencia perpetrados por un grupo reducido de personas”. Ello entraría en contradicción con algunos de los aspectos que contempla la nueva normativa, como es el de castigar a aquellas personas que convoquen o promuevan una manifestación en la que se acaben produciendo actos violentos.

El triple de conductas sancionadas

El informe sostiene que la reforma era “innecesaria”, puesto que no existía una demanda social para llevarla a cabo, según indican los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, y España es uno de los países con tasas más bajas de delincuencia de Europa. Esta reforma, junto a la Ley de Tasas del Ministerio de Justicia y la reforma del Código Penal, señala Greenpeace, “convierte el Estado de Derecho en un Estado policial represivo y alarmista que pretende acallar toda protesta pacífica”. En comparación con el texto de 1992, la conocida como “Ley Corcuera”, la nueva ley triplica el número de conductas consideradas infracciones y la cuantía de las sanciones.

La ONG lamenta que las infracciones leves sean en las que más hayan aumentado las multas, pasando a ser objeto de sanciones de hasta 1.000 euros. “Son precisamente estas las infracciones proporcionalmente más cometidas y entre las que se incluyen muchas de las vinculadas con formas de protesta pacífica”, constata el informe, que alerta de que “no hay criterio explicativo, lo que daría pie a interpretar su carácter puramente disuasorio o recaudatorio”.

“Es una reforma que produce una gran inseguridad jurídica, que atenta contra el principio de legalidad al introducir vaguedad e imprecisión en sus articulados”, señala el informe. Un ejemplo de ello es la inclusión como infracción de “las reuniones o manifestaciones (…) en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas”. “Dado que el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene la calificación de ‘secreto oficial’”, indica Greenpeace, estas son desconocidas para el potencial infractor.

La organización considera que el Gobierno “está ignorando los informes y las recomendaciones de instituciones internacionales de derechos humanos, que instan a las autoridades españolas a garantizar la libertad de expresión y el derecho de manifestación y reunión”, por lo que piden al Ejecutivo que retire la conocida como “Ley Mordaza”.

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GOOGLE RECONOCE QUE ANDROID NO ES UN SISTEMA SEGURO

Google admite que Android no está diseñado para ser seguro

Como hemos visto en los últimos años, Android se ha convertido en el principal objetivo de los desarrolladores demalware. Desde Google, en unas declaraciones que han resultado sorprendentes, reconocen que es normal ya que el sistema no se diseñó para ser seguro.

Sundar Pichai, máximo responsable en Google de Android y Chrome en Google, ha avivado el debate sobre la seguridad en el sistema operativo móvil. Las amenazas a esta plataforma han crecido a un ritmo impresionante en los últimos meses con una variada gama de ataques a la privacidad y al bolsillo de los usuarios, dado que muchos de ellos se tornan en potenciales estafas.

El tremendo aumento en la cuota de mercado que ha tenido Android es visto como una de las claves para que el software malicioso lo haya elegido como su víctima predilecta. No en vano, las ventas de dispositivos con este sistema se cuentan por millones cada mes, por lo que el malware tiene un amplio campo de acción para actuar.

Sin embargo, el escaso control de Google a la hora de salvaguardar la seguridad de sus usuarios es visto como otro de los factores que ha facilitado esta situación. Muchas han sido las críticas al gigante de Mountain View, quien en algunas ocasiones ha permitido incluso que distintos troyanos se cuelen en su tienda de aplicaciones oficial, Play Store, comprometiendo la seguridad de su comunidad de usuarios.

Google echa balones fuera en nombre de la “libertad”

Cuestionado en el MWC 2014 de Barcelona sobre esta problemática, Sundar Pichai ha respondido con sinceridad. “No podemos garantizar que Android esté diseñado para ser seguro, sino para ofrecer mayor libertad“, explicó. “Cuando la gente dice que el 90% del malware es para Android, deben tener en cuenta que se trata del sistema operativo más popular del mundo“, señaló Pichai.

Pichai: “Si desarrollase malware también centraría mis ataques en Android”

Para añadir un punto más polémico a su respuesta reconoció que “si tuviese una empresa dedicada al malware, también centraría mis ataques en Android”. Como es obvio, estas palabras no buscan ser una invitación a que los desarrolladores de este tipo de software se abalancen sobre este sistema móvil, sino que pretende resaltar el poderoso crecimiento de la plataforma.

No obstante, aunque por supuesto es de agradecer la libertad que otorga Google a Android y a los desarrolladores, cabría exigir un mayor control sobre las aplicaciones maliciosas. El citado hecho de que algunas hayan traspasado la seguridad de la Play Store no puede ser admisible bajo ningún argumento y le guste o no, Google sí tiene una gran responsabilidad en esa situación.

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UCRANIA: LA OTAN GARANTIZA LA SEGURIDAD DEL NUEVO GOBIERNO ULTRADERECHISTA

OTAN asegura que defenderá al nuevo gobierno golpista y ultraderechista de Ucrania

La OTAN salió en defensa del nuevo Gobierno ultraderechista: “Estamos listos para seguir con nuestra implicación con Ucrania”.

El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha dejado claro que no cederán terreno y se implicarán en la defensa del nuevo Gobierno golpista y que este jueves tendrán una reunión de la Comisión Ucrania-OTAN.

“Estamos listos para seguir con nuestra implicación con Ucrania y mañana tendremos una reunión de la Comisión Ucrania-OTAN y continuaremos el diálogo de alto nivel con Ucrania”, ha subrayado el secretario general de la OTAN en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de ministros de Defensa de la organización.

Además, Rasmussen ha recordado la decisión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica de la cumbre de Bucarest en 2008 de que Ucrania se convierta en miembro de la organización.

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ESPAÑA: 10 COSAS QUE ESTARAN PROHIBIDAS CON LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

10 cosas que estarán prohibidas

No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático

Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.

En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.

Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.

Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.

Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:

Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.

No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.

No se podrán grabar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en las redes sociales. Si hay violencia policial, debe quedar en la estricta intimidad.

No podrá colgar pancartas ni banderas en edificios.

No podrá instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda.

Tenga cuidado de que sus expresiones no supongan una ofensa para España a juicio de la autoridad competente. Diga que recitaba a Cernuda, Machado o Gil de Biedma por si acaso.

No haga reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. Busque lugares recónditos de tránsito privado.

No pierda el DNI ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado. Llévelo siempre atado al cuello.

No pronuncie injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en las manifestaciones públicas. No vuelva a repetir aquello de “Fulanito… trabaja de peón”. Ahora debe decir “Mariano, creo que te estás equivocando”.

El Gobierno creará un registro de infractores que tendrá unos indeterminados efectos administrativos. Quizá no le den licencia de apertura de su negocio, o le prohíban el acceso a cualquier servicio público.

El Gobierno se reserva el derecho a autorizar, disolver y reprimir un derecho fundamental. Para que los jueces no se entrometan han trasladado las decisiones a la vía gubernativa. Bastará la palabra de un funcionario, un policía o una autoridad para ser multado. Si aún así se empeña, las tasas judiciales le convencerán de que está mejor calladito.

Con esta ley, hecha a la medida del Madrid más reaccionario, de las demandas de Aguirre y las frustraciones de Ana Botella, el Gobierno está tocando el nervio del sistema democrático. No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático. Una vez más. Treinta y tantos años después. ¡Qué dolor!

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ESPAÑA: NUEVA LEY PARA QUE LOS VIGILANTES PRIVADOS PUEDAN IDENTIFICAR Y DETENER EN PLENA CALLE

Otra vuelta de tuerca: los vigilantes privados podrán identificar y detener en plena calle

La nueva Ley de Seguridad Privada que tramita el Congreso de los Diputadospermitirá a los vigilantes de seguridad privada patrullar por las calles comerciales de las ciudades, una labor que hasta ahora sólo podían ejercer los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además de realizar labores de control en los espacios públicos, también podrán efectuar comprobaciones de identidad, registros y detenciones. Así consta en el informe de la ponencia sobre el proyecto de Ley de Seguridad Privada que acaba de aprobarse en la Cámara Baja. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, la norma entrará en vigor en un plazo aproximado de dos meses.

La ley actual sólo permite a los vigilantes de seguridad privada actuar en el interior de instalaciones, como empresas, organismos o centros comerciales. Las vías públicas las tienen expresamente vetadas por la legislación actual, con las excepciones de los polígonos industriales y las urbanizaciones privadas. Sin embargo, la nueva ley amplía el ámbito de actuación de estos profesionales, permitiéndoles intervenir en “zonas comerciales peatonales” y en “acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos”.

En la práctica, el último punto ya se venía autorizando, por ejemplo, en la comprobación de accesos a conciertos al aire libre o en la vigilancia de los campos de fútbol. De hecho, en los encuentros que se disputan en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, ya participan en su vigilancia más guardias de seguridad privada que policías nacionales. Pero la habilitación para controlar “zonas comerciales peatonales”, como la calle Preciados de Madrid o Las Ramblas de Barcelona, concede por primera vez a las empresas de vigilancia privada competencias hasta ahora reservadas en exclusiva a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los vigilantes de seguridad ya no tendrán que limitarse a controlar el interior de edificaciones o propiedades. Podrán patrullar por las principales calles de las ciudades o en otros “espacios públicos” si así lo determinan las autoridades correspondientes. 

Ampliación de facultades

El proyecto de ley también amplía considerablemente las facultades que les concede la Ley de Seguridad Privada vigente, del año 1992. El nuevo texto autoriza a los guardias de seguridad privada a realizar “comprobaciones, registros y prevenciones necesarios” para la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados. En el caso de los controles de los accesos a inmuebles, también concede a los guardias de seguridad la facultad de denegar el acceso a las personas que se nieguen a ser sometidos a un control de identidad o que no admitan un registro de su vehículo o de las mercancías que en ese momento porte.  

El texto que aHay más cambios. La legislación actual atribuye a los empleados de empresas de seguridad privada el derecho a “evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección”. El nuevo texto va más allá y les permite efectuar, con el fin de evitar los delitos,“las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación”. Es decir, que podrán identificar y registrar a cualquier persona que consideren sospechosa.

Averiguación de datos personales

Asimismo, mientras que la normativa actual obliga a los agentes de seguridad privada a “poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección” y les prohíbe interrogarlos, el nuevo proyecto de ley los faculta para “detener” a delincuentes vinculados con el objeto de su cometido y también los habilita para “averiguar, comprobar o anotar sus datos personales para su comunicación a las autoridades”.

La ponencia de la Comisión de Interior ya ha dado luz verde a todas estas modificaciones. Los partidos de la izquierda del arco parlamentario las han criticado duramente porque creen que el texto abre la puerta a que las empresas de vigilancia privadascomiencen a suplantar progresivamente las labores de seguridad ciudadana que la legislación encomienda únicamente a Policía Nacional y Guardia Civil.

Dos meses de plazo para su entrada en vigor

La patronal del sector, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), cree que estos cambios redundarán en beneficio de todos los ciudadanos. “La habilitación para zonas comerciales y espectáculos deportivos y culturales ya figuraba en el anteproyecto y el proyecto de la ley y esperamos que se mantenga en su redacción definitiva.En los países más avanzados se trata de una facultad de los vigilantes de seguridad privada ya asentada que ha demostrado mejorar la seguridad de las ciudades”, defienden fuentes de Aproser. Fuentes del Ministerio del Interior añaden que la ratio de agentes de seguridad privada por ciudadano de España (200 por cada 100.000 habitantes) está muy lejos de la media europea (271 para la misma cantidad de habitantes).

La Comisión de Interior estudiará el informe de la ponencia el próximo 10 de diciembre. Después, el proyecto de Ley de Seguridad Privada será remitido al Senado para que complete el trámite de la norma. En caso de que la Cámara Alta apruebe algún cambio, el texto deberá volver al Congreso para que sea sometido a una nueva votación. Pero si, como se espera, el Senado da el visto bueno a la redacción de la Cámara Baja, la Ley de Seguridad Privada estará publicada en el Boletín Oficial del Estado en un plazo de sólo dos meses. 

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EL GOBIERNO RECULA Y REBAJA A UN TERCIO LAS SANCIONES MAS DURAS DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD

Interior recula y rebaja a un tercio las sanciones más duras de la Ley de Seguridad

El Ministerio del Interior ha decidido rebajar considerablemente la contundencia de la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana tras la polémica que generó la semana pasada la revelación de los preceptos más controvertidos del texto. Según ha podido saber El Confidencial, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha revisado el borrador inicial del anteproyecto para reducir la calificación de las infracciones y recortar el importe de las multas correspondientes. Aproximadamente un tercio de las infracciones que en un principio eran consideradas muy graves pasarán a ser simplemente graves y muchas de las graves se convertirán en leves.

Los cambios que ha realizado Interior en los últimos días son numerosos y suponen un claro paso atrás en las aspiraciones iniciales de Fernández Díaz. El borrador original de la Ley de Seguridad Ciudadana calificaba 21 comportamientos como muy graves, es decir, sujetos a multas administrativas que podían oscilar entre los 30.001 euros y los 600.000. Pero, tras las correcciones que se ha visto obligado a realizar Interior, el texto (aún sujeto a matizaciones) incluye ahora menos de una decena de conductas de la máxima gravedad. Las que abandonan esa categoría pasan a convertirse en infracciones graves, justo en el escalón inferior. Y, a su vez, parte de las infracciones graves han sido rebajadas a la consideración de leves, las de menor relevancia. Así, en la versión más actualizada del anteproyecto, el régimen sancionador de la ley se compone de menos de una decena de infracciones muy graves, 30 graves y 19 leves.

Cambios en los artículos más polémicos  
Estos ajustes tendrán una importante traducción práctica. En un primer momento, Interior calificó como infracción muy grave la celebración de manifestaciones no comunicadas o prohibidas en las inmediaciones del Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Se trata de una conducta que no persigue la actual Ley de Seguridad Ciudadana, del año 1992, pero Interior quiso incluirla en su propuesta para evitar nuevas concentraciones como las celebradas por los movimientos del 15-M en las inmediaciones de la Cámara Baja.
Más de mil personas se concentran frente al Congreso de los Diputados. (EFE)Con el borrador inicial de Interior, los organizadores de una manifestación de este tipo se exponían a multas de hasta 600.000 euros, una sanción que fue duramente criticada por los partidos de la oposición y numerosas plataformas sociales. Finalmente, Interior ha escuchado las críticas, aunque sólo parcialmente. No elimina esa infracción, pero la rebaja de muy grave a grave. Con el nuevo texto, convocar una protesta en las inmediaciones del Congreso se castigará con multas de hasta 30.000 euros.

Fotografiar a policías deja de ser “muy grave”
Otro de los comportamientos sancionables que Interior ha decidido incluir en su anteproyecto es la grabación de los agentes encargados de mantener el orden público, una novedad que también ha sido denostada con vehemencia. En concreto, en el primer borrador, tomar imágenes de funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante manifestaciones o protestas que puedan vulnerar su derecho al honor o poner en riesgo su integridad se consideraba una infracción muy grave, sujeta también a multas de hasta 600.000 euros. Sin embargo, en la última versión del articulado, esta conducta ha sido transformada en grave.
Interior también incluyó en el anteproyecto sanciones para los insultos a policías. En concreto, su primer texto consideraba una infracción de nivel grave “amenazar, coaccionar, injuriar o vejar” a agentes de la autoridad encargados del mantenimiento del orden público. Pero, en la versión más reciente de la ley, la persecución de esta conducta también se ha visto modificada. Se convierte en una infracción leve, multada con un importe máximo de 1.000 euros.

Al Consejo de Ministros del viernes
No ha sufrido ningún cambio la prohibición de provocar desórdenes públicos en eventos culturas o deportivos, solemnidades, oficios religiosos o reuniones numerosas; o celebrar manifestaciones en infraestructuras consideradas críticas, como aeropuertos o centrales nucleares. El texto que maneja en estos momentos Interior mantiene la calificación de muy grave para ambas infracciones, castigadas por tanto con multas de hasta 600.000 euros.

El texto aún está en proceso de elaboración y puede sufrir nuevas modificaciones antes de ser presentado en el Consejo de Ministros. Interior quería elevarlo al gabinete el pasado viernes, pero fue aplazado a última hora por decisión de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que exigió que se pulieran sus puntos más controvertidos. Fuentes de Interior consultadas por este diario aseguran que, finalmente, el anteproyecto será presentado en el Consejo de Ministros de este viernes. 
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DESCUBREN MAS FALLOS EN LA SEGURIDAD DE WHATSAPP

Se descubren más fallos en la seguridad de Whatsapp

Parece increíble que una empresa con más de 300 millones de usuarios cuide tan poco su seguridad. Las noticias sobre su falta de seguridad son constantes, y hoy tenemos otros dos fallos más.

Los dos comparten el mismo error: no usar claves diferentes para el envío y recepción de mensajes. Por una parte, se usa la misma clave para el algoritmo RC4, el encargado de cifrar los mensajes. Tal y como se cifran los mensajes con RC4, esto permite “anular” la clave y a partir de ahí se pueden obtener los mensajes originales.

Por otra parte, también usa la misma clave para autenticar y verificar los mensajes (HMAC). El HMACes un código que asegura que el mensaje no se ha modificado ni intencional ni accidentalmente por el camino. El problema es que, si usamos siempre el mismo, un atacante que esté entre un usuario y los servidores de Whatsapp puede reproducir cuantas veces quiera un mensaje, eliminarlo o reenviarlo de vuelta y ni el usuario ni los servidores sabrían que está pasando.

Y lo peor de todo no es ya que Whatsapp no consiga implementar bien la seguridad. Lo peor es que estos fallos se conocen desde hace más de diez años (Microsoft tuvo problemas por repetir claves RC4 en soluciones de VPN). En teoría, son fallos que alguien con una formación mínimamente decente en criptografía no debería cometer, lo que nos demuestra lo poco que se preocupa Whatsapp por su seguridad.

Whatsapp juega con el hecho de que esto no le importa a casi nadie. Y es cierto que, para la mayoría de los usuarios, no importa mucho la seguridad en un medio que, normalmente, no se usa para comunicar datos sensibles. Sin embargo, la seguridad es importante y puede que en algún momento este asunto les explote en la cara (aunque reconozco que parece difícil que un escándalo de este tipo influya demasiado en los usuarios).

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EL PSOE APOYA EL ATAQUE A SIRIA

El PSOE apoya un ataque contra Siria incluso sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU

Los socialistas españoles hacen suyas las tesis de Hollande e insisten en que se debe "condenar" el uso de armas químicas, "castigar al régimen de Al Asad" y hacerlo con "un gran consenso internacional"

Hay muchos instrumentos de la legalidad internacional y no sólo las resoluciones de las Naciones Unidas". Con estas palabras, el PSOE abría este miércoles la puerta arespaldar un ataque contra Siria en respuesta al uso de armas químicas incluso sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, único organismo internacional capaz de autorizar una intervención militar por razones humanitarias.

La número dos de los socialistas y responsable del área internacional del partido, Elena Valenciano, ha querido ser tajante durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Madrid tras la reunión de la cúpula del PSOE y ha insistido en la necesidad de "castigar" al régimen de Bashar Al Asad, al considerar probado que ha sido éste el que perpetró la masacre con armas químicas que acabó con la vida de cientos de personas. "Hay que castigar esta acción y hay que castigarla con los instrumentos de la legalidad internacional en la mano", ha dicho Valenciano, que ha recordado que al margen de las resoluciones de la ONU "el principio de la responsabilidad de proteger es también un principio de legalidad internacional".

No obstante, la dirigente socialista sí se ha mostrado a favor de que "se agoten todas las posibilidades de una decisión en el seno del Consejo de Seguridad, aunque sabemos que la posición de Rusia es de apoyo incondicional" a Al Asad.

La "salvaje actuación" de Al Asad

A lo que sí estaría dispuesto a esperar el principal partido de la oposición antes de apoyar o no uninminente bombardeo en Siria es a los informes que elaboren los inspectores de dicho organismo. "Es muy posible que lleguen pronto. Son los que pueden confirmar el uso de armas químicas, algo que ya ha sido confirmado por numerosos países", ha dicho.

El PSOE asume así las tesis defendidas en los últimos días por el presidente francés, el también socialista François Hollande, que considera probado que Al Asad está detrás del uso de armas químicas. Valenciano ha dicho que su partido condena "la "salvaje actuación" del Gobierno sirio, porque "lo que ha cometido es un crimen contra la humanidad". Y ha anunciado que el Grupo Socialista presentará en el Congreso una Proposición No de Ley condenando al propio régimen.

"Estamos ante un momento muy peligroso para la paz mundial", ha querido insistir la número dos de los socialistas españoles. Y es que, ha recordado, "las armas químicas están prohibidas desde hace más de 90 años y vulneran toda la legalidad internacional". Ante el conflicto abierto en el país los socialistas exigen pues una "respuesta medida, efectiva y razonable".

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