EE UU obliga a los bancos a aceptar el dinero de las tiendas de marihuana
Los Departamentos del Tesoro y Justicia publican una guía sobre los servicios financieros que pueden prestar a los comercios de venta legal de esta substancia
En un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno de Estados Unidos está tratando de lidiar con la legalización del mercado de la marihuana, ya sea recreativa o medicinal, en varios de sus territorios, este viernes la Administración Obama ha publicado una guía sobre los servicios financieros que los bancos pueden prestar a los comercios autorizados para la venta legal de esta sustancia. Con estas nuevas normas se pretende acabar con el problema que se encontraban muchos titulares de dispensarios que se veían obligados a pagar con dinero en efectivo a sus empleados y proveedores ante la negativa de las entidades financieras a permitirles abrir una cuenta de crédito, dado que el cannabis sigue considerándose una sustancia prohibida por las legislación federal.
Hasta ahora, las leyes relacionadas con el lavado de dinero impedían a los bancos aceptar dinero procedente de la venta de la marihuana, tanto legal como ilícita. La nueva guía, redactada por el Departamento del Tesoro y el de Justicia, establece los casos en los que las entidades pueden prestar servicios financieros a los titulares de negocios relacionados con la distribución o producción de ese producto y las pautas que deben seguir al respecto. “Ofrecemos a las instituciones financieras claridad sobre lo que deben hacer a la hora de hacer operaciones bancarias con los empresarios relacionados con la marihuana y lo que deben denunciar a las autoridades”, ha señalado una portavoz de la sección de Lucha contra el Crimen Fiscal, dependiente del Departamento del Tesoro.
En enero de este año comenzaron a abrirse en Colorado las primeras tiendas de venta de marihuana para fines recreativos y Washington seguirá su ejemplo a finales de este año. En EE UU, además, la venta de marihuana para fines medicinales está permitida en 20 Estados, además del Distrito de Columbia. Los titulares de estos establecimientos se han venido quejando de tener que pagar a sus empleados y proveedores con cash ante la imposibilidad de poder abrir cuentas de crédito en los bancos. El intercambio de bolsas de supermercados cargadas de dinero a fin de mes se había convertido en una imagen peligrosamente habitual.
El Fiscal General, Eric Holder, ya advirtió a finales de enero del riesgo que suponía para la seguridad la presencia de dinero en efectivo en este tipo de establecimientos. “Deberían poder tener acceso al sistema bancario”, sostuvo entonces. El respaldo de Holder no era un apoyo explícito a la legalización de la marihuana, una medida a la que su Departamento se opone, pero sí una muestra de la necesidad de la Administración de adaptarse a la realidad de un tipo de mercado que ya está regulado en varios Estados.
No sólo los dueños de establecimientos de venta de marihuana o los gobernadores de los Estados de Colorado y Washington estaban demandando de la Administración una solución a este problema. Las propias entidades bancarias también han exigido del Gobierno una respuesta clara sobre su margen de actuación. Para la Asociación Americana de la Banca, sin embrago, una mera guía sin poder legal no es suficiente garantía y esperan que el Congreso diseñe una normativa al respecto.
La facultad de que los comerciantes de marihuana legal puedan abrir cuentas bancarias u obtener tarjetas de crédito, entre otros servicios, ahonda en la política del Departamento de Justicia de no enfrentarse abiertamente a los Estados que han legalizado la marihuana para fines recreativos y evitar, así, ahondar en la dicotomía entre la legislación estatal y la federal, como ya ha venido pasando en el caso de los Estados en los que se autorizaba la venta de esta substancia para fines medicinales.
El pasado mes de agosto el Fiscal General publicaba un memorándum en el que se acordaba tolerar “los experimentos” de Colorado y a Washington , siempre y cuando cumplieran con ocho prioridades federales, entre ellas prohibir la venta a menores o enviar marihuana a otros Estados. Cualquier incumplimiento de estos principios daría lugar a un procesamiento federal
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