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lunes, 24 de marzo de 2014

ESPAÑA: ALCALDE DENUNCIADO POR UN POLICIA POR ACTOS DE DISCRIMINACION Y VEJACIONES


Alcalde español denunciado por actos discriminatorios 

Pic

El alcalde del municipio español El Pedroso, situado en la provincia sureña de Sevilla, ha sido denunciado por un agente de la policía local por diversos actos de discriminación y vejaciones desde 2008. 

Manuel Meléndez (PA) está imputado por un presunto delito contra la integridad moral del agente J.M.P. por amenazarlo con abrirle expedientes disciplinarios, además de haberle retirado el arma reglamentaria. 

El caso, una vez revelado en 2013, fue archivado por el juzgado, sin embargo, la Fiscalía y el denunciante han insistido en la reapertura del expediente debido a que, a su juicio, esta decisión fue adoptada sin practicar ninguna diligencia de investigación penal. 

En tal momento, en una nota de prensa, el alcalde lamentó que la Fiscalía “desperdicie su tiempo y el dinero de los contribuyentes continuando con un caso cerrado por dos jueces y fruto de una animadversión personal”. 

El funcionario argumentó que en 2008 no tenía coche propio, ni siquiera carné de conducir, no obstante, el denunciante insiste en haber sido obligado a lavar el coche del burgomaestre. 

El policía pone en manifiesto que el alcalde le ofendía, “repitiéndole constantemente” que el agente “no es nadie y que él es el único y superior jefe de la Policía Local”. 

De momento, Meléndez ha sido citado el día 25 del mes en curso en el juzgado de Cazalla de la Sierra (Sevilla) para responder a las imputaciones.
FUENTE

miércoles, 26 de febrero de 2014

ESPAÑA: ASESORES FISCALES DENUNCIAN QUE LA FINANCIACION AUTONOMICA, NO ES TRANSPARENTE NI EQUITATIVA


Los asesores fiscales denuncian que la 

financiación autonómica no es 

“transparente ni equitativa”


Rueda de prensa del Colegio de Economistas sobre fiscalidad autonómica
Un despacho de abogados instalado en Catalunya tiene que afrontar una cargas fiscales mucho mayores que Madrid, la comunidad más benévola en términos tributarios. Pero también hay grandes diferencias entre Castilla y León, Extremadura, Valencia o Andalucía. Cada comunidad es un mundo en cuestión de impuestos y esto es posible porque el sistema de financiación autonómica actual no es transparente, ni equitativo, no permite cumplir con el principio de corresponsabilidad fiscal, y además está distorsionado por la proliferación de tributos propios en las diferentes regiones, desarrollados con una técnica legislativa “cuestionable”. Esta es la foto fija que ofrece el ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2014′ elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf-Regaf), órgano especializado del Consejo General de Colegios de Economistas de España.
Según los economistas, las comunidades autónomas han utilizado “con profusión” su capacidad normativa tanto en tributos cedidos como en los propios. En el caso de los primeros, por ejemplo, unas han subido la tarifa del IRPF, las menos la han bajado y, en general, todas han multiplicado deducciones personales y familiares “de poca importancia cuantitativa”.
Así, en el caso del IRPF, Madrid es donde menos se paga y en Extremadura es donde másaunque a partir de 110.000 euros, Andalucía es la que mayores impuestos tiene. En concreto, para un contribuyente de unos ingresos de 45.000 euros, en Madrid abonaría 10.090 euros mientras que en Extremadura tendría que hacerlo con 10.365 euros.
Pero estas divergencias se observan también en el caso del Impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En cuanto al Impuesto de Patrimonio, en Madrid está exenta la tributación mientras que para un patrimonio de 800.000 euros, en Cataluña se pagaría 769 euros, mientras que en el resto el importe oscila entre los 200 y los 300 euros.
Para una herencia también de 800.000 euros, la diferencia de lo que se paga en Murcia o Andalucía por Sucesiones y el coste en Cantabria, La Rioja y Madrid superaría los 162 euros. Y esta realidad se repite en otros tributos cedidos. En cuanto a donaciones, con el mismo ejemplo, en Madrid se pagaría sólo 2.000 euros, mientras que en Andalucía sería 208.159 euros.
Respecto al Impuesto de transmisiones patrimoniales, para una base imponible de 500.000 euros, en Madrid se pagarían 30.000 euros y en la Comunidad Valenciana, un total de 50.000.
Muchos tributos autonómicos
Hay grandes diferencias en cuanto al coste tributario por comunidades y también en el tipo de tributos a asumir. La crisis ha llevado a las autonomías a sacar el máximo de provecho de su escasa capacidad tributaria y “de manera continuada se van estableciendo más tributos propios por parte de las comunidades. Así, los tributos propios de las comunidades autónomas han llegado a los 70 en 2014, aunque suponen un bajo porcentaje de sus ingresos tributarios, que rondaría el 2%, según el Reaf-Regaf. “En algunos de estos tributos no se recauda ni lo que cuesta gestionarlos”, añade el Colegio de Economistas.
El catedrático de Hacienda Pública y asesor del Consejo, Luis Caramés, ha señalado que el principio de corresponsabilidad fiscal no se puede cumplir, a pesar de la amplitud de la capacidad normativa de las autonomías, porque de la recaudación de los impuestos cedidos y debido a los distintos Fondos no queda en cada región más de un 25%, ya que el resto se reparte según diferentes criterios.
Los expertos consideran que la técnica legislativa de la mayoría de las comunidades es “muy cuestionable”, porque se “legisla mucho”, se modifica a menudo y los tipos reducidos, reducciones, bonificaciones o deducciones se condicionan a “multitud” de requisitos, que son variables en el tiempo.
La forma de legislar, añaden, difiere, pero, en general, adolece de los siguientes defectos: es muy farragosa y se modifica muy a menudo, por lo que el contribuyente la desconoce y tiene “un difícil control” de los beneficios fiscales, al estar condicionados a “múltiples requisitos” que, en muchos casos, se deben cumplir durante años después de aplicarlos.
La legislación que viene
Respecto al nuevo sistema de financiación autonómica que, en breve, emprenderá el Gobierno, Caramés ha opinado que se debería reconducir la división entre régimen foral y común, para evitar el tratamiento asimétrico que redunda “objetivamente en situaciones de privilegio”.
En su opinión, habría que acabar con las diferencias “significativas” de financiación per cápita, ajenas a “cualquier racionalidad” ligada a las necesidades de gasto.
Precisa que la diferencia entre necesidades de gasto y recursos de las autonomías intenta cubrirse con un sistema de subvenciones o transferencias o a través de los diferentes fondos.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha confiado en que, a la espera de que el Gobierno plantee la próxima reforma fiscal, España esté “a las puertas de un replanteamiento general” de estos impuestos. El líder de los economistas ha apostado por dar mayor capacidad legislativa a las comunidades autónomas, en aras de una mayor corresponsabilidad fiscal, pero con una mayor coordinación de las diferentes instancias tributarias con la Agencia Tributaria (AEAT).

miércoles, 19 de febrero de 2014

ESPAÑA: EL PODER JUDICIAL TRAMITA LA DENUNCIA A 33 JUECES POR APOYAR EL INDEPENDENTISMO DE CATALUÑA


El CGPJ tramita la denuncia contra 33 jueces catalanes por apoyar la consulta


La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comenzado hoy a tramitar la denuncia del sindicato Manos Limpias contra los 33 jueces catalanes que han firmado un manifiesto en el que apoyan la legalidad de la consulta soberanista en Cataluña.
EFE) La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comenzado hoy a tramitar la denuncia del sindicato Manos Limpias contra los 33 jueces catalanes que han firmado un manifiestoen el que apoyan la legalidad de la consulta soberanista en Cataluña.

La denuncia ha sido remitida esta tarde por la comisión permanente del CGPJ al Servicio de Inspección y al Promotor de la Acción Disciplinaria, que es el encargado de decidir si se inicia un expediente disciplinario a los magistrados firmantes. Manos Limpias presentó el pasado viernes la denuncia contra los 33 jueces catalanes al considerar que han cometido una infracción disciplinaria muy grave por "falta de respeto y acatamiento a la Constitución".
El sindicato entiende que la declaración de los magistrados no está amparada por el derecho a la libertad de expresión y de manifestación. El pasado 13 de febrero, 33 jueces catalanes hicieron público un manifiesto por el "Derecho a Decidir" en el que defienden la legalidad de la consulta soberanista "en el actual marco constitucional" e "interpretado a la luz de la normativa internacional".
Entre los firmantes figuran Montserrat Comas, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2011 y 2008 y expresidenta del Observatorio de Violencia de Género; los dos instructores del caso Palau, Juli Solaz y Josep Maria Pijuan; jueces de instrucción como Josep Maria Miquel Porres y Josep Niubó, y el magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal.
Según Manos Limpias, todos los cargos públicos, "y con mucho más motivo los componentes del poder judicial", están obligados a acatar la Constitución y "ese manifiesto supone, atacar, quebrantar el ordenamiento jurídico y por supuesto, su máxima ley, que es la Constitución".

jueves, 30 de enero de 2014

ESPAÑA: ADMITEN A TRAMITE DENUNCIA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE MALAGA Y JUNTA POR VIOLAR DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS DESAHUCIADOS


Admitida a trámite la denuncia por el desalojo de la corrala de Buena Ventura en la capital

  • El Consistorio malagueño y la Junta de Andalucía son las instituciones denunciadas



Desalojo de corrala de Buena Ventura en La Trinidad
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga ha admitido a trámite la demanda de 15 afectados por el desalojo de la corrala de la Buena Ventura en la capital. Éstos, en su condición de padres, han denunciado al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta por la desprotección en que quedaron los menores a su cargo que les acompañaban por no tener otro sitio donde vivir.
Según la demanda, el Consistorio, al haberles obligado a abandonar los pisos, habría vulnerado los derechos fundamentales de los menores, recogidos en la Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y de obligado cumplimiento internacional, en España desarrollada por la Ley Orgánica 1/1996. Ésta recoge que: «Los Estados Partes (...) proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda». De ser admitido por el juez para fallar a favor de las familias desalojadas, el caso sentaría un precedente histórico.
Además de ésto, el texto se sustenta en reiterados incumplimientos derivados de la negociación con el Ayuntamiento y Junta, que se comprometieron con los 'ocupas' a ofrecerles otras alternativas de vivienda, dada la situación de indefensión, sin trabajo y sin ingresos suficientes, de las trece familias involucradas. Así, en el pleno del 3 de junio pasado, los grupos políticos municipales aprobaron una moción que trataba de dar solución a la problemática.
En aquella moción se decía, y se incluye en la denuncia, que: «El Ayuntamiento de Málaga pondrá a disposición de las familias que se han realojado en las corralas de Las Luchadoras, Buen Ventura y la Comunidad de la Esperanza todos los recursos sociales y de viviendas disponibles, al mismo tiempo que se ofrece a asesorar, mediar y acompañar a estas familias en la búsqueda de la mejor solución a su situación, como la cesión de uso de las viviendas, el pago de un alquiler social y otras soluciones sociales».
El abogado de la causa, José Cosín, enumera promesas realizadas por las autoridades como ayudas al alquiler, cursos de formación, trabajo y hasta un puesto en mercadillos solidarios si se iban pacíficamente. De todo esto sólo se ha cumplido el pago de una pequeña cantidad de dinero equivalente a dos meses de alquiler social, y el ofrecimiento, reciente, de una vivienda a uno de los denunciantes, quedando muchos de ellos con sus hijos realojados en casa de familiares y pasando noches durmiendo en sus coches.
El 3 de octubre, el desalojo de las 13 familias derivó en una acción de protesta de tres activistas, que se resistieron subiéndose al tejado del bloque, mientras el grueso de los vecinos no opuso resistencia real al abandono de la misma.

sábado, 11 de enero de 2014

ESPAÑA: JUECES DENUNCIAN ANTE LA ONU LA POLITIZACION DE LA JUSTICIA


Jueces denuncian ante la ONU la politización de la Justicia
Jueces y magistrados denuncian el control del Gobierno sobre Consejo General del Poder Judicial con la reforma de Gallardón.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) presentó, el pasado 5 de enero, una denunciaante la relatora especial de la ONU Gabriel Knaul ante el aumento de los mecanismos de control de los tribunales españoles por parte del Gobierno.
“Estamos hartos de la politización, de que haya un Consejo General del Poder Judicial que hable en nombre de los jueces cuando sus miembros no han sido elegidos por nosotros”, afirma a DIAGONAL Jesús Villegas, secretario general de la plataforma, en la que participan alrededor de un centenar de profesionales relacionados con la justicia.
Las protestas dentro de la judicatura en contra de la politización del gobierno de los jueces empezaron, según relata Villegas, en 2008, con un manifiesto que fue hecho público dos años después y que a día de hoy ha sido firmado por alrededor de 1.500 jueces. Por entonces, estaba en vigor la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, por la que, de los 21 miembros que forman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 12 vocales serían elegidos por el Congreso y el Senado entre una lista de 36 jueces y magistrados propuestos por estos últimos, 8 serían abogados y juristas designados también por las Cámaras y el presidente sería elegido por los vocales.
“El programa electoral del partido que ahora gobierna prometía una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo”, continúa Villegas en referencia al programa electoral del Partido Popular, en el que se incluía una reforma para que 12 de los 21 miembros del CGPJ fueran realmente elegidos por los jueces y magistrados. Sin embargo, la reforma aprobada por el Congreso en junio del pasado año fue muy distinta: ahora, la totalidad de los miembros del gobierno de los jueces es elegida por las Cortes por una mayoría de tres quintas partes, y las 12 plazas correspondientes a jueces tendrán que contar sólo con 25 avales de la judicatura, lo que se traduce en la designación por parte del Gobierno del Partido Popular. “Ahora, el Consejo es sólo una correa de transmisión de los partidos políticos”, subraya Jesús Villegas.
La siguiente elección de vocales del CGPJ, en septiembre de 2013, fue respondida con unaselecciones alternativas en las que participaron alrededor de un millar de jueces y magistrados y en la que cinco candidatos por sí solos, superaron el total de avales obtenidos por los 53 candidatos en la reforma de Gallardón.
“Si no fuera porque los políticos pretenden influir en las decisiones de los jueces, no habría motivo para que desplegaran tanta actividad sobre el CGPJ y tuviera tanto interés en designar a sus miembros”, señala la denuncia remitida a la relatora de la ONU, en la que se hace hincapié en la importancia de los procesos que se están desarrollando actualmente en los juzgados sobre casos de corrupción en los que están implicados miembros del Partido Popular y del PSOE. Entre las competencias del Consejo figuran la elección del presidente del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia, decidir sobre destinos, ascensos o sanciones de jueces y magistrados, y respaldarlos cuando éstos denuncien injerencias a su independencia.

domingo, 29 de diciembre de 2013

EL AYUNTAMIENTO DE CORDOBA CORTA EL AGUA Y DENUNCIA UN CENTRO DE VOLUNTARIOS PARA COMIDA A LOS NECESITADOS


El Ayuntamiento de Córdoba corta el agua y denuncia a un centro de voluntarios que da comidas a personas necesitadas
“Acampada Dignidad” ocupó un centro abandonado, lo restauró y lo convirtió en un espacio de ayuda a los desfavorecidos por lo que fue denunciado por el ayuntamiento del PP


Un comedor que prepara todos los días 100 comidas y que es el sustento de familias con graves problemas. Los recursos surgen de la solidaridad de pequeños comercios cordobeses y de puestos del mercado

Este pasado verano, el colectivo Prometeo de Córdoba propuso a las organizaciones cordobesas con las que trabaja la creación de acampadas de 4 ó 5 días de duración en distintas zonas de Córdoba para organizar acciones de incidencia política. Durante el desarrollo de estas actividades y conocedores de la pésima situación en la que se encuentra un centro cívico, concretamente el  “Rey Heredia” en la castigada barriada del Campo de la Verdad, adoptaron la decisión de ocupar ese espacio y de esa manera apoyar la iniciativa de los colectivos del barrio que desde hace años vienen reclamando oficialmente al Ayuntamiento la cesión del edificio para su rentabilidad social. La respuesta fue siempre negativa por razones burocráticas.

Ponen el centro social en marcha
En el mes de octubre y ante la parsimonia del ayuntamiento regido por uno de los posibles candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PP, José Antonio Nieto, el colectivo ocupó el espacio y de esa manera comenzó una actividad social que, poco a poco se ha convertido en muy relevante para más de cien familias en precario y de manera diaria. El primer paso fue acompañar a muchas personas con problemas, estar con ellas,  trabajar, etc… hacerlos sentirse útiles y no desvalidas.

Comidas para cien familiasEn un segundo paso y ante la respuesta vecinal de apoyo van un poco más lejos y abordan un problema muy grave para personas con serias dificultades y urgentes en el barrio como es el de darles de comer. Para ello transformaron el edificio abandonado, lo rehabilitaron y lo dotaron de medios para poner en marcha lo que han dado en llamar la “cocina abierta”, es decir un comedor que prepara todos los días 100 comidas y que es el sustento de familias con graves problemas. Los recursos con los que cuentan a diario surgen de la solidaridad de pequeños comercios cordobeses así como de puestos del mercado de abastos.

Educación y meriendas para niños necesitados
Al mismo tiempo llevan a cabo otras labores  relativas a educación con profesorado de apoyo a alumnado de primaria y secundaria, dan de merendar  un vaso de leche, galletas y una pieza de fruta a los niños que acuden entre clase y clase. Pero la actividad no se ha detenido ahí. Al mismo tiempo que ejecutan la loable labor anterior han ido incorporando nuevas acciones como talleres socio-sanitarios, punto de información socio-laboral y afectivo-sexual, un huerto comunitario e incluso un medio de comunicación, “Radio Dignidad”.
El Ayuntamiento de Córdoba interpuso una denuncia por supuesto delito de usurpación a las ocho personas promotoras
El Ayuntamiento de Córdoba interpuso una denuncia por supuesto delito de usurpación a las ocho personas promotoras

El Ayuntamiento del PP pide al juez el desalojo
Todo esto parece que no fue del agrado desde un principio del gobierno de la derecha en la capital cordobesa. Ni un momento de respiro le dieron desde el PP a la iniciativa ni esperaron a ver sus resultados. El Ayuntamiento de Córdoba interpuso una denuncia por supuesto delito de usurpación a las ocho personas promotoras. En diciembre, el colectivo presentó alegaciones gracias al trabajo desinteresado de dos abogados que colaboran con “Acampada Dignidad”. El Ayuntamiento del PP solicitó el desalojo y por ello se  está pendiente de que la Justicia dictamine. El auto del juez tras la denuncia imputa a ocho activistas del movimiento que han sido citados a declarar el próximo 16 de enero. Pero aun se desconoce si ordenará su desalojo. No lo ha hecho aun y el problema, sea la resolución judicial que sea, va a ser grave para el Partido Popular. Si el juez los desaloja los vecinos no entenderán por qué al ayuntamiento maniobra para que cien familias necesitadas se queden sin comer. Si por el contrario les da la razón el varapalo y el ridículo sería morrocutudo.

Corte del agua ordenado por el alcalde
Pero lo más grave quedaba por venir. El pasado día 20 de Diciembre operarios de una empresa contratada por EMACSA, ente público y dependiente del ayuntamiento, procedía al corte de la tubería de agua que une la red con el edificio del Centro Social “Rey Heredia”. Según informó un comunicado de “Acampada Dignidad” en su web hay que resaltar que a las dos semanas de permanencia en el centro, el alcalde, también Presidente de EMACSA, ya había ordenado el corte. Según esta información, creen que el alcalde, José Antonio Nieto, como “tenía conocimiento de que más de cien personas comían en él, ha debido pensar que seguíamos teniendo suministro de agua gracias a la red pública”. “De hecho, a pesar de que estamos bajo una denuncia y pendientes de un dictamen de un juez, inspectores de EMACSA intentaron acceder en estos días previos a comprobar si teníamos agua o no. Para cortar por lo sano, y por si el agua era de la red, han procedido a abrir una zanja en la acera junto al edificio y han cortado la tubería que entra en este, para que no haya ninguna posibilidad de que suministro” informan desde el colectivo.
La 'cocina abierta' seguirán su ritmo normal, a pesar del corte del agua gracias a la solidaridad de la gente
La ‘cocina abierta’ seguirán su ritmo normal, a pesar del corte del agua gracias a la solidaridad de la gente

Continuarán sus actividades y el comedor social a pesar del corte del aguaPero Acampada Dignidad expresa que “evidentemente, la ‘cocina abierta’ y el resto de las actividades que se llevan a cabo en el edificio siguen y seguirán su ritmo normal, y seguiremos contando con agua, pues el Sr. Alcalde vuelve a minusvalorar la solidaridad de vecinos, trabajadores y ciudadanos en general, y, como viene siendo habitual en él y sus compañeros, yerran en el tiro… ya que ese error demuestran la maldad y la ira que encierran. Más allá de que lo consigan, lo que han hecho es ir directamente a más de cien personas a decirles: No coméis porque vuestra soberbia es superior a vuestra necesidad de comer”.

sábado, 28 de diciembre de 2013

ESPAÑA: INVERSORES BRITANICOS SE SUMAN A LAS DENUNCIAS CONTRA EL GOBIERNO POR LAS RENOVABLES


Un grupo inversor británico se suma a las denuncias por el recorte a las energías renovables
La denuncia quedó registrada el pasado 23 de diciembre por la secretaría general del tribunal y en ella el demandante aparece representado por el despacho británico de abogados Allen & Overy, indica el propio Ciadi.



El fondo británico Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg han presentado una denuncia contra España ante el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por los recortes a las renovables.

   La denuncia quedó registrada el pasado 23 de diciembre por la secretaría general del tribunal y en ella el demandante aparece representado por el despacho británico de abogados Allen & Overy, indica el propio Ciadi.

   Este nuevo procedimiento se suma a los ya iniciados en contra de España por los fondos internacionales RREEF y Antin, el primero de ellos filial de Deutsche Bank, en contra de los recortes retributivos a la energía termosolar.

   Al conocerse estas primeras denuncias el pasado 9 de diciembre, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, indicó que los servicios jurídicos del Estado han respaldado los recortes a las renovables y consideró que los demandantes aspiraban a rentabilidades del 20%.

   "Estas empresas hicieron unas inversiones considerando que iba a haber una rentabilidad razonable superior al 20% durante toda la vida, y eso no ocurre en ningún país del mundo porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría", afirmó Soria.
   El diario 'El País', que adelanta el nuevo arbitraje iniciado por Eiser, califica de "avalancha" la cantidad de demandas internacionales presentadas contra España por los recortes a las renovables.

   Eiser es socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. Tiene un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz.

   La inversión comprometida en estas tres centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables

jueves, 26 de diciembre de 2013

UN MEDICO DENUNCIA A EMERGENCIAS POR LA TARDANZA EN ATENDER A UN MOTORISTA QUE FALLECIO, CENTRO DE SALUD A 250 METROS


Un médico denuncia al 061 por la tardanza en atender a un motorista que falleció tras un accidente

Asegura que la demora fue «excesiva» y que a solo unos 250 metros del siniestro estaba el centro de salud de Las Lagunas 


Un médico ha denunciado al 061 y a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por la tardanza de la ambulancia en atender a un motorista que había sufrido un accidente de tráfico en la A-7. Según la denuncia, que investiga el Juzgado de Instrucción Número 4 de Fuengirola, el facultativo considera «excesiva e inadmisible» la demora de los efectivos del servicio de emergencias dependiente del Gobierno autonómico, que tardaron 20 minutos en llegar al lugar.
El siniestro que da origen a la denuncia tuvo lugar el pasado 12 de diciembre a las 16.00 horas, en el término municipal de Fuengirola. El doctor se incorporaba a la autovía cuando observó una pequeña retención, con un autobús y varios vehículos parados, por lo que pensó que podría tratarse de un accidente de tráfico.
Siempre según la denuncia, tras preguntar a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, al facultativo le confirmaron que había un herido de gravedad y que ya se había alertado a emergencias de lo sucedido, aunque aún no había ningún médico asistiendo al accidentado. Por ello, se acercó hasta él, evaluó la situación y vio que se trataba de un politraumatizado, que tenía la conciencia lúcida, con respiración y pulso, quejándose de un fuerte dolor.
El médico no se separó del herido, mientras verificaba en todo momento su estado general. Pasados tres o cuatro minutos, el doctor insistió a los presentes si habían llamado a emergencias, ya que el centro de Las Lagunas de Mijas se encontraba tan solo a unos 200 metros del lugar del accidente, por lo que una ambulancia tardaría en llegar un minuto aproximadamente.
Ante el tiempo transcurrido, llamó al 112, e informó a la teleoperadora de que era médico y estaba atendiendo a un motorista con politraumatismo, fractura en los miembros inferiores y traumatismo craneoencefálico. Tras alertar de la situación y del punto en el que se encontraban, pidió por favor que enviaran «urgentemente» una ambulancia medicalizada. Al ser un profesional de la medicina le pasaron directamente con el 061, desde donde le dijeron que la ambulancia estaba en un servicio en Marbella y que ya se dirigía a la zona la de Arroyo de la Miel, siempre según se precisa en el documento.
Hasta el lugar de los hechos también llegó otra pareja, que se identificaron como médicos y ayudaron a asistir al herido. Los tres valoraron su situación y determinaron que el hombre estaba en estado de 'shock', que su conciencia iba disminuyendo, el pulso era casi imperceptible y la respiración muy superficial. Ya habían transcurrido 20 minutos desde el accidente, la Guardia Civil y la Policía Local ya estaban allí y seguían esperando la presencia de la ambulancia.
En la denuncia se asegura que a las 16.20 horas el accidentado entró en parada cardiorespiratoria. Se explica que, tras dos minutos de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica, apareció la ambulancia de Arroyo de la Miel y que, un minuto después, llegó la del 061, haciéndose cargo del herido, aunque éste finalmente falleció en la carretera, después de 30 minutos de RCP avanzada.
Críticas a la demora
El médico denunciante critica la demora en la atención al herido y asegura que, caminando a pie sin utilizar una ambulancia, un facultativo con un maletín en la mano hubiera tardado aproximadamente dos minutos y medio en llegar al lugar del siniestro para asistir al motorista, ya que el centro de Las Lagunas se encuentra a unos 250 metros. «Sin perjuicio del correspondiente resultado del informe de autopsia, la valoración de las lesiones: no mortales de necesidad, heridas que le mantuvieron con vida durante 20 minutos, tiempo durante el cual se fue desangrando internamente llegando al 'shock' y parada cardiorespiratoria», señala el escrito.
El doctor afirma en la denuncia que el hombre nunca debió morir en la carretera sin ser asistido. Manifiesta que, dependiendo de la evolución, podría haber muerto durante el traslado o ya en quirófano, pero «nunca» en la autovía tras 21 minutos de demora asistencial.
Aunque declaró en el Juzgado que desconoce el tiempo exigible desde que se produce una alerta en el 061 hasta la asistencia en carretera de un accidente de tráfico, el denunciante indica que 21 minutos «excede en bastante a lo que en una ciudad y en un país» donde ha ocurrido el siniestro se le puede pedir, «y más tratándose de un lugar a solo 200 metros de un centro sanitario».
Desde el 061 trataron de explicar la forma en la que se procedió. Precisaron que el centro coordinador, siguiendo los protocolos establecidos en estos casos, comprobó que el equipo de emergencias y los dos de urgencias de Fuengirola se encontraban asistiendo a otros pacientes, por lo que se alertó al dispositivo de cuidados críticos y urgencias situado en Arroyo de la Miel que estaba disponible, al ser esta unidad sanitaria la más cercana al accidente, dotada de médico, enfermero y conductor.
El equipo de emergencias sanitarias de Fuengirola, que se encontraba en ese momento trasladando a un paciente al hospital Costa del Sol, fue también alertado por el centro coordinador de urgencias y emergencias, dirigiéndose al lugar del accidente en el instante que se quedó disponible, según el 061. En este sentido, manifestaron que los profesionales desplazados al accidente asistieron al paciente, aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin que finalmente pudieran salvar su vida.

martes, 3 de diciembre de 2013

LA GENERALITAT OCULTO DURANTE MESES UNA DENUNCIA INTERNA SOBRE MALVERSACION


La Generalitat ocultó durante meses una denuncia interna sobre malversación


El conseller de Interior, Ramon Espadaler (d) y el de Trabajo y Empresa, Felip Puig (i), llegan a una reunión del ejecutivo catalán (EFE)
El Gobierno catalán escamoteó durante meses una denuncia interna sobresupuestas malversaciones en el Cesicat, el centro que controla todas las telecomunicaciones y que algunos pretendían convertir en el núcleo de la Agencia de Seguridad Nacional  (ASN) o, dicho de otro modo, en el CNI catalán. La denuncia fue formulada por un asesor, Albert G., que trabajó durante cinco meses para el Cesicat en el año 2012 como colaborador externo. En esa etapa, detectó algunas anomalías en el funcionamiento del centro y lo comunicó al consejero del que depende éste, Felip Puig, así como al consejero de Interior, Ramon Espadaler, y a la directora de los servicios jurídicos de Gobernación, Esther Rivera.
La base de mis denuncias internas era la deriva de la entidad, la inseguridad total de la Generalitat y la malversación de fondos como causa nuclear de la misma, hasta el extremo que llegó un momento en que me desligué del Cesicat y dejé de colaborar con él”, explica Albert G. a El Confidencial.
Una comunicación interna realizada el pasado 24 de marzo a Felip Puig, consejero del que actualmente depende el Cesicat, señalaba que se podrían economizar muchos recursos incluso echando mano de programas gratuitos, ya que “el estado de la Generalitat es de muy alta vulnerabilidad”. Así denunciaba que una herramienta de Microsoft que reduciría mucho esta vulnerabilidad “no se despliega y ni tan siquiera se valora porque es gratuita y esto no genera un pedido al amigo proveedor”.
Otras fuentes señalan que en los últimos años se fueron incorporando al centro de telecomunicaciones varios asesores “de confianza” de los actuales gestores del Gobierno y de ahí que se perdiese rigurosidad.
Felip PuigFelip PuigLo cierto es que, tras las denuncias internas, según parece, los correos de Albert G. fueron interceptados por los directivos del Cesicat. “Es que no sólo eran leídos por otras personas, sino que eran desviados a un buzón de destino a nombre de filtre.altabis”, explica Albert G. aEl Confidencial. Internamente, el propio consejero Felip Puig se llegó a reunir con Albert G. después de que éste le pusiese al corriente de la vulnerabilidad de la web del Gobierno catalán. “Y le expliqué los problemas que yo había detectado dentro del Cesicat”, zanja.
Sospechas confirmadas
El pasado 16 de mayo, Albert G., ya conocedor de que sus correos eran desviados, comunica a Rivera y a Puig que su e-mail está intervenido desde la propia Generalitat: “Algún listo creó la regla en el servidor de correo para que cualquiera de mis correos dirigidos a gencat [el servidor de la Generalitat de Cataluña], sea quien sea su destinatario, automáticamente sean recibidos por un tercer buzón. Las comunicaciones son privadas. Si las envío a tres destinatarios y se están copiando automáticamente a un tercer buzón que accede a mis comunicaciones y las lee, es más que probable que pudiese generar problemas legales, vía penal, por vulnerar el secreto de las telecomunicaciones. Como habíamos comentado por teléfono, “sólo” quiero que se identifique quién ha ordenado esta actuación y está o estaba recibiendo mis correos, tratando mis datos personales de forma más que no pertinente”.
Después de que las denuncias internas cayesen en saco roto, Albert G. presentó una denuncia en el juzgado el pasado 5 de julio, que fue admitida a trámite. La denuncia detallaba pormenorizadamente la interceptación de cinco correos privados de Albert G.  a los altos cargos de la Generalitat. “La investigación policial deberá determinar si existen más personas receptoras ilegítimas de mis correos interceptados que estuvieran cometiendo los delitos denunciados y si ésta es una práctica de interceptación generalizada en los sistemas de la Generalitat de Cataluña y si existen otras víctimas de estas actuaciones graves e ilegales”, dice la denuncia.
Un informe infumable
El pasado 8 de noviembre, el juez decretó el archivo en base a un informe realizado por los Mossos d’Esquadra. Y eso que Abert G. exponía en su denuncia la necesidad de encargar la investigación a la Policía Nacional o la Guardia Civil, ya que los Mossos d’Esquadra eran parte interesada en el Cesicat, puesto que trabajaban juntos y en el centro de telecomunicaciones existen enlaces de la Policía Autonómica.
Mossos d'EsquadraMossos d'Esquadra
El informe de los Mossos es curioso: consta de sólo nueve líneas y dice que analizada la documentación aportada “se determina que no aparece ninguna clase de evidencia aparente de interceptación de las comunicaciones. Lo que se puede apreciar es que los correos dirigidos al buzón de destino del señor Felip Puig son desviados a otros de absoluta confianza del receptor para agilizar la respuesta y/o el tratamiento”.
Albert G. interpuso recurso contra este archivo hace unos días, desmontando las razonamientos del informe pericial emitido por los Mossos porque “carece de cualquier pericia técnica”, puesto que lo que parece es “una simple opinión que carece de cualquier sustento  científico-técnico y que además no describe ni siquiera el método de análisis usado si es que se ha usado algún método”. El exasesor, además, había entregado al juzgado documentos que mostraban la trazabilidad de sus correos, esto es, la huella que habían dejado y que evidenciaba su interceptación.
“Los mensajes de correo electrónico están formados no solamente por el contenido que podemos ver, sino también por una serie de datos para su trazabilidad, que incluyen información como, por ejemplo, la dirección de correo del remitente, la del destinatario, la fecha en la que se envió el mensaje, etcétera. Analizando estos datos, se puede obtener información técnica sobre el mensaje de correo, como por ejemplo, los servidores de correo por los que ha pasado, en qué máquina se ha generado el mensaje o referencias sobre a qué mensaje responde, en caso que dicho mensaje sea respuesta a un tercero. Entre los campos existentes en estos datos, existe el campo ’Message-ID’, que es único para cada mensaje de correo generado para identificarlo de forma inequívoca. Pero además el campo más relevante para este análisis es el campo ‘Thread-Index’, utilizado por varios sistemas de correo para ordenar los mensajes que corresponden a una misma conversación…”, explica en el recurso.
El exasesor apela también a la instrucción de la Generalitat 1/2012 del 15 de junio del año pasado, que dice textualmente que “el personal podrá hacer un uso privado del correo electrónico corporativo siempre que se haga de manera excepcional, no abusiva y circunstancial, a los efectos de atender asuntos inexcusables que eviten la ausencia del puesto de trabajo o que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral. En ningún caso se podrá utilizar el correo electrónico para desarrollas actividades privadas cuyas compatibilidades hayan sido autorizadas”. Por si fuera poco, aduce que en los hechos denunciados pueden estar implicados “superiores jerárquicos” de los agentes que realizan el informe en cuestión “e incluso miembros de la unidad de delitos informáticos”. Por tanto, vuelve a solicitar que sea la Policía o la Guardia Civil quien realice las investigaciones.
A Albert G. se le atribuye la filtración de algunas de las informaciones sobre el Cesicat que han ido goteando las últimas semanas, como por ejemplo la monitorización de cuentas Twitter para realizar seguimientos de activistas. Él lo niega. “Yo no filtré nada. No he tenido acceso a los documentos que se han filtrado. Ha sido Anonimus quien comenzó a filtrar cosas tras la muerte del empresario Benítez en el Raval. Yo mantengo un contencioso con la Generalitat y llegaré hasta el final para que se depuren responsabilidades por la interceptación de mis correos, pero no robé ni filtré ningún documento sobre seguimientos a activistas”.

lunes, 2 de diciembre de 2013

UGT DENUNCIA A UNA PERIODISTA POR PUBLICAR UN REPORTAJE SOBRE SU FINANCIACION


UGT denuncia a un periodista tras publicar un reportaje sobre su financiación en Asturias



“UGT S.A. Un sindicato empresarial”. Ese es el título del dossier que publicó en septiembre la revista Atlántica XXII. Una semana y media después de publicarse ese reportaje, su director, Xuan Cándano, recibió una denuncia de la sección sindical de UGT en RTVE por incompatibilidad de su cargo con una productora que montó durante unos años de excedencia en los 90.
“Es una vendetta”, afirma Xuan Cándano. “Querían ir a por mí, y como no encontraron nada con lo que tocarme las narices sacaron lo de la productora”. El periodista niega las acusaciones. “Eso fue hace 30 años, cuando estaba en excedencia, pero además, cuando volví a RTVE dejé la productora sin actividad y así sigue desde entonces”, aunque reconoce que no la dio de baja administrativamente.
Por ese motivo, esta misma semana ha recibido la notificación de su sanción: un expediente de 20 días sin empleo y sueldo. La denuncia, interpuesta por la sección sindical de UGT en Asturias, no contó con el apoyo ni de USO ni de CCOO, representados también en el Comité de Empresa. Finalmente el director de relaciones laborales, vinculado a UGT según Cándano, le ha dado la razón al sindicato.
Para el director de Atlántica XXII, UGT actúa “como una mafia”. En el número 28 de la revista se publicaron varios reportajes sobre el sindicato, incluida una entrevista con un disidente que contaba como funcionaba el entramado de empresas para financiar sus actividades en Asturias. Al director de la publicación no le llegó ni una sola denuncia, “el trabajo periodístico fue impecable”, asegura.
Eso sí, Cándano aún recuerda que cuando uno de sus periodistas fue a hacer una información a UGT se despidieron de él con estas palabras: “Cuidado con lo que escribís porque vosotros sois muy influyentes, pero nosotros somos muy poderosos”.
El periodista ha recibido esta misma semana el apoyo de varios partidos políticos como Izquierda Unida, Foro Asturias o Los Verdes, además de numerosas organizaciones de todo tipo. Entre ellas, la Asociación de la Prensa de Oviedo para quien UGT “ha hecho un uso torticero de sus prerrogativas sindicales para amedrentar, cuando no escarmentar, a un periodista de trayectoria intachable cuyo pecado ha sido ejercer su derecho a la libertad de información”.
En este sentido, Cándano recuerda que “en el número de la revista de septiembre disparamos contra todo, contra Botín, Liberbank, partidos políticos y nunca pasó nada” y lamenta que sea un sindicato quien quiera “coartar la libertad de expresión”.