Más de 3.000 ayuntamientos afloran facturas ocultas por valor de 1.012 millones de euros
Los consistorios andaluces, los más activos en esta práctica ilegal
Un total de 3.753 ayuntamientos han aflorado 1.012 millones de euros contratados de forma irregular, aprovechando el mecanismo de pago a proveedores impulsado en 2012 por el Gobierno. De ellos,119 son grandes municipios que contrataban obras y servicios sin imputarlos a presupuesto alguno ni como pendientes de pago.
Éste es el escalofriante dato que especifica el Tribunal de Cuentasen el informe que acaba de remitir al Congreso de los Diputados. Según el documento, se trata de facturas «ocultas» nunca contabilizadas oficialmente por las corporaciones locales hasta el año 2011, en grave incumplimiento de la ley y que supone que el déficit público español oficial había sido «infravalorado».
La práctica de los ayuntamientos de firmar contratos sin que consten en contabilidad oficial alguna puede encerrar no sólo táctica para disfrazar la realidad de las cuentas, sino también adjudicaciones a dedo a empresas afines. Todas ellas han sido sin embargo pagadas a través del fondo de proveedores, puesto que las facturas existían; otra cosa es que no figuraran en las cuentas oficiales.
Gastos al margen del presupuesto
El informe señala en sus conclusiones que «el mecanismo de pago a proveedores permitió financiar gastos realizados al margen del presupuesto, e incluso previamente ocultos, exigiendo como requisito la certificación de la intervención de la entidad local correspondiente, a la cual se eximió expresamente de la responsabilidad (...) Estas condiciones permitieron aflorar 1.012 millones de euros que no se encontraban siquiera registrados en la contabilidad de las entidades locales».
El afloramiento fue posible gracias a una especie de amnistía establecida por el Ministerio de Hacienda en el Real Decreto de 2012 que puso en marcha el fondo a proveedores. En su artículo 5, según destaca el Tribunal de Cuentas, eximió de responsabilidad a los interventores locales para que sacaran del cajón todas las facturas, aunque no estuvieran en la contabilidad oficial.
El informe reconoce que gracias a eso ha aflorado deuda oculta y ha permitido una «reducción» de gastos locales sin crédito presupuestario. Pero señala también que conviene depurar responsabilidades en los órganos competentes de los ayuntamientos que ejecutaron tal práctica. «La falta de exigencia de responsabilidades incentiva el incumplimiento del procedimiento de ejecución del gasto público, mediante la ejecución de gastos sin crédito presupuestario», reprocha el informe, de 90 páginas. Algunos de los alcaldes responsables sí han sido llevados a juicio, pero no por el pago a proveedores, sino por otras investigaciones sobre irregularidades a nivel local.
El Gobierno se ha limitado a pagar las facturas que estaban pendientes de pago a cierre de 2011 dando un plazo de 10 años a las entidades locales para que les devuelvan el dinero y a actualizar las cifras de déficit. La magnitud de lo oculto es tal que, según el Tribunal de Cuentas, un 11% del fondo a proveedores de 2012 -dotado con 9.000 millones- que han fiscalizado fue a parar a facturas nunca contabilizadas.
Andalucía, en primera posición
Los consistorios andaluces, los más activos en esta práctica ilegal
El informe no detalla todos los ayuntamientos con deuda oculta, pero sí resalta que los de Andalucía se llevan la palma con 326,4 millones que no estaban contabilizados en 2011, seguidos por los de la Comunidad de Madrid, con 110,9, y los de Canarias, con 108,9. En cuarto lugar figuran los de la Comunidad Valenciana, con más de 69 millones.
Sí precisa los casos más llamativos con facturas ocultas en los cajones por encima de 10 millones de euros e incluye a ayuntamientos de todos los colores políticos. El más destacado es elcanario de Telde (PP), con 30,4 millones de facturas ocultas, seguido de cerca por el de la ciudad de Sevilla en la etapa del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, con 29,9 millones. Sigue El Ejido, con 20,1 millones en la época de Juan Antonio Enciso por el Partido de Almería; el feudo del PP de Alcalá de Henares (19,9); Puerto Real en la etapa de José Antonio Barroso (IU), con más de 18, y el de Estepona en la etapa socialista, con 16,4 millones.
Falta de credibilidad
El hallazgo implica una revisión al alza del déficit público del Estado en 2011
Además del incumplimiento legal y sombrío retrato de las haciendas locales en España, existe una derivada en la credibilidad del déficit españolque, según el Tribunal, deberá ser revisado al alza con carácter retroactivo en 2011 y años precedentes. Lo aflorado «supone un 0,1% de la cifra del PIB del ejercicio», pero, de acuerdo con Eurostat, en vez de agregarse al déficit del pasado año se ha ajustado al de 2011 y ejercicios «en función de la fecha de vencimiento de estas facturas».
Aunque lo más grave son las facturas nunca contabilizadas, también es irregular que hubiera muchas de ellas «pendientes de contabilizar». En total, en el fondo de proveedores se han pagado 1.234 millones de facturas que los ayuntamientos decían que tenían previsto imputar a presupuesto, pero que aún no lo habían hecho. Si se suman a las ocultas, el resultado es que el 24% del mecanismo impulsado por Montoro ha pagado facturas que no estaban contabilizadas en el momento en que se pasaron a cobro a Hacienda. El Tribunal de Cuentas destaca en este caso el Ayuntamiento madrileño de Parla, que pasó 114 millones «pendientes de contabilizar».
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