La Comunidad de Madrid podría haber entregado a las adjudicatarias de los hospitales información confidencial de trabajadores y pacientes
La prepotencia y la chapuza han sido los dos rasgos principales del proceso de privatización de sus hospitales emprendido por la Comunidad de Madrid y frenado por los Tribunales. Ahora, se suma una tercera característica, que de confirmarse supondría un grave delito: Los adjudicatarios de los hospitales a privatizar tendrían en su poder información confidencial de los pacientes y trabajadores de cada centro, recibida incluso antes de cerrar el proceso.
En efecto, el Presidente Ignacio González, y su sacrificado escudero en la operación de venta de la sanidad pública madrileña, Javier Fernández-Lasquetty, jamás se tomaron en serio la posibilidad, finalmente acaecida, de que su chapuza privatizadora fuese impedida. Creían que su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, su desprecio por la opinión pública y la movilización ciudadana, y sus ‘contactos’ en la judicatura, serían avales suficientes para hacer su real y santa gana.
Pero se equivocaron, y por eso ha quedado al descubierto otra chapuza, esta delictiva, cometida en este proceso: incluso antes de que las adjudicaciones fuesen en firme, los ‘agraciados’ con la gestión de cada hospital ya podrían haber contado con ristras de información altamente confidencial para que pudiesen empezar a echar sus números y afilar sus cuchillas para emprender a toda velocidad los recortes que estimasen oportunos.
Fuentes conocedores del proceso han explicado a Diario Progresista que, “representantes de estas empresas, sin ningún tipo de acreditación o autoridad legal para ello” se paseaban por ‘sus’ nuevos hospitales y habrían recibido cumplida información de todo lo que les interesaba: desde listados de personal, con datos tan sensibles como su historial profesional, salario, antigüedad, afiliación sindical, etc. hasta las historias clínicas de los pacientes que, de manera interna o externa, eran atendidos en el hospital en cuestión.
De hecho, como ha podido confirmar Diario Progresista en otras fuentes complementarias, grupos de técnicos de cada una de las empresas adjudicatarias ocuparon despachos en los hospitales –a despecho de las moratorias legales y la precariedad y provisionalidad de las adjudicaciones- y comenzaron a actuar como los “nuevos dueños” reuniéndose con personal de los centros, recabando información, entrando en las redes y bases de datos de los hospitales, etc.
Junto a los datos sobre el personal y los pacientes, estos técnicos recababan información sobre otros aspectos sensibles de la actividad y gestión de cada centro hospitalario, como el gasto farmacéutico, las listas de espera para cada especialidad, las intervenciones programadas, pruebas clínicas más demandadas y un largo etcétera.
Ahora, que el proceso se ha paralizado definitivamente, queda por despejar la enorme duda de qué ha ocurrido con toda esta información tan sensible que, supuestamente, ha obrado o podría seguir estando en poder de estos grupos privados. La pregunta que se formula en medios sanitarios es “¿qué uso van a dar a toda esa información confidencial las empresas frustradas en su negocio? ¿Qué va a hacer la Consejería de Sanidad para taponar este presunto derrame de información confidencial sometida a su custodia y protección?”.
Preguntas que, a día de hoy, no tienen respuesta. Sólo existe una certeza: el escándalo de la privatización de la sanidad pública madrileña no ha concluido.
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