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jueves, 30 de enero de 2014

ESPAÑA: CATALUÑA SACA A LA VENTA 15 EDIFICIOS POR 300 MILLONES



La Generalitat sacará a la venta una quincena de edificios por 300 millones


El 'conseller' de Economía, Andreu Mas-Colell. (EFE)

Pistoletazo de salida a las privatizaciones de la Administración catalana que ha diseñado el conseller de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, para este año. La Generalitat sacará a la venta un lote de unos quince edificios por los que espera obtener hasta 300 millones de euros, según han adelantado fuentes del sector inmobiliario.

La privatización de esos inmuebles, cuya lista definitiva se está ultimando, es el primer paso en el proyecto de conseguir ingresos extraordinarios que se refleja en los Presupuestos del 2014 y que prevé operaciones de venta y concesión por valor de 2.300 millones de euros.

Este gran lote de inmuebles suma cerca de 90.000 m2 y básicamente incluirá edificios de oficinas, muchos de ellos ocupados por la propia Administración catalana, que seguiría como inquilino a cambio de una rentabilidad. Fuentes de la Conselleria de Economía han declinado hacer declaraciones.

Se espera que la venta despierte el interés de inversores internacionales y fondos inmobiliarios, si bien la historia dice que estas subastas siempre han resultados tortuosas.

Para este tipo de inversores, la referencia está en la operación que cerró Axa Real Estate en junio del año pasado, cuando adquirió 13 edificios por la cantidad de 172 millones. Esta operación sumaba 80.000 m2 sobre rasante garantizándose una rentabilidad del 10%.

Esta compra también es una referencia para el departamento de Economía, pero en sentido inverso. Consideran que el inmobiliario se está recuperando y que, por tanto, habrá más interés en aprovechar el momento de tipos bajos y combinado con la perspectiva alcista de los inmuebles, con lo que los posibles inversores a lo mejor no exigen obtener rentas tan altas.

Viejos conocidos

En el lote los inversores encontrarán a viejos conocidos, como dos inmuebles que ya salieron a la venta a finales del año pasado, pero cuya subasta quedó desierta.

Sede de la conselleria de Justicia, en el número 26 de la calle Caspe (Google Maps). Sede de la conselleria de Justicia, en el número 26 de la calle Caspe (Google Maps). Se trata de la sede de la Conselleria de Justicia, en el número 26 de la calle Caspe, con 6.700 m2 de oficinas y que se quiso vender por 18,7 millones; y el de la antigua sede de Medio Ambiente, en Diagonal, 523, con casi 7.000 m2,  por el que se pretendía obtener 16,4 millones. Estos inmuebles entrarán en el paquete que se pondrá en el mercado si no son vendidos individualmente de aquí a marzo.

Calificación

Como siempre en estos casos, los potenciales inversores buscan factores que les permitan justificar ofertas a la baja. Uno de ellos es la clasificación urbanística de los edificios que salgan a la venta. Así, se teme que algunos de los inmuebles tengan sólo calificación de equipamiento, según fuentes del sector inmobilario, por lo que si en el futuro fuesen a albergar a un inquilino que no fuese la Administración pública requería negociar con el Ayuntamiento de Barcelona un cambio de uso.

Actualmente, los servicios administrativos de la Generalitat ocupan una superficie total de 534.000 m2 sobre rasante en toda Cataluña. El 71% de esta superficie se encuentra en la ciudad de Barcelona, de forma muy atomizada, repartida en 125 edificios de oficinas, la mayoría de los cuales se encuentran situados en el centro. De estos inmuebles, un 40% es de alquiler. El resto son los susceptibles de ser vendidos. Recientemente, Andreu Mas-Colell señaló que los únicos inmuebles que no están a la venta son “el Palau de la Generalitat y el Parlament”.

Viviendas, al margen

Las 14.000 viviendas sociales que tiene la Generalitat en propiedad a través del Incasol quedan al margen de esta política de ventas. ERC, aliado de CiU, y apoyo político del Presupuesto del 2014 ha desaconsejado la operación y Mas-Colell ha preferido dejarla aparcada.
En un principio iba a replicarse desde Cataluña la estrategia de privatización de viviendas públicas de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Finalmente, se ha optado por priorizar la enajenación de activos menos problemáticos desde el punto de vista político.
FUENTE

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