Alaya desentraña la raíz del fraude de los ERE
Más que por el enfrentamiento abierto entre su abogado y la juez, la comparecencia ante Alaya del ex número dos de Presidencia Antonio Lozano se recordará en la instrucción del caso ERE por una razón de verdadero calado. Después de más de dos años y medio de investigación, la magistrada ha desentrañado la raíz del fraude, al asentar que la Junta falseaba sus presupuestos para ocultar la existencia del fondo de reptiles.
Desde el principio de la instrucción, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla viene situando las transferencias de financiación –el mecanismo presupuestario por el que se trasvasaban los fondos desde la Consejería de Empleo al antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o a la Agencia IDEA– en el núcleo de su tesis del delito.
Según reitera en sus autos, las transferencias de financiación se estaban utilizando indebidamente al destinarse al pago de las ayudas de los ERE, cuando sólo podían emplearse para compensar la cuenta de pérdidasy ganancias del organismo receptor o enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.
Ahora, la magistrada da un paso más y coloca el foco sobre el origen mismo del fraude. Como puso de manifiesto el pasado jueves en la lectura de cargos a Antonio Lozano, director general de Presupuestos entre 2002 y 2009 y al que imputa la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, Alaya sostiene que la Junta falseaba su presupuesto inflando los gastos del organismo pagador –IFA o la Agencia IDEA– para dar apariencia de legalidad al uso de las transferencias de financiación.
En este sentido, la instructora atribuye al ex número dos de Susana Díaz una participación activa en la alteración de la «realidad presupuestaria» del IFA, «simulando la existencia de unos gastos en la cuantía necesaria para equilibrar los ingresos recibidos mediante las transferencias de financiación». Y añade: «Con ello se evitaba que en el presupuesto de explotación del IFA aparecieran altos beneficios, haciendo imposible teóricamente el uso de las transferencias de financiación, pues las mismas estaban destinadas a cubrir pérdidas».
Antes de acogerse a su derecho a no declarar, Antonio Lozano reconoció a preguntas de la juez que la transferencias de financiación no se pueden destinar «a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones» que otorgaba la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
El hallazgo de Alaya debilita la defensa que viene manteniendo el Gobierno andaluz y algunos acusados y puede sentenciar el futuro procesal de los altos cargos de la Junta ya imputados o señalados.
La versión oficial defiende la legalidad del sistema con el argumento de que las transferencias de financiación estaban recogidas en el presupuesto que año tras año validaba el Parlamento andaluz sin que nadie planteara objeción. Ello, según la tesis exculpatoria, haría responsable a todos los diputados que votaron a favor de las cuentas.
En el escrito con el que recurrió la imputación de una veintena de altos cargos, entre ellos la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, la Junta reprochaba a la juez que cuestionara el uso de la transferencia de financiación «olvidando que es la propia Ley de Presupuestos la que ordena que el dinero llegue al IFA empleando este mecanismo».
La tesis de Griñán
Ésta es la tesis que mantuvo Griñán cuando, el 25 de septiembre de 2012, compareció en la comisión de investigación de los ERE. «Frente a la acusación permanente de que las transferencias de financiación eran ilegales, ha quedado claro que este procedimiento es y era perfectamente legal y contaba con el respaldo de cada Ley de Presupuesto», declaró el entonces presidente.
También proclamó la legalidad de este instrumento de financiaciónMagdalena Álvarez en su comparecencia en la Cámara autonómicaen la citada comisión. «¿Se presupuestaron las transferencias de financiación? Sí. ¿Quién lo llevó en el Presupuesto? La Consejería de Hacienda. ¿Quién aprobó el proyecto de ley? El Consejo de Gobierno. ¿Quién aprobó el presupuesto? Este Parlamento. Luego tan mal... ¿Quién conoció, quién conoció, quién conoció que esas transferencias de financiación eran ejecutadas? Todo el mundo, la publicidad es total», defendió.
A la luz de la nueva aportación de la juez Alaya, la pregunta que cabe hacerse es: ¿Sabía la Cámara que se inflaban presuntamente los gastos del IFA para equilibrar los ingresos y justificar así el empleo de este mecanismo de financiación?
La utilización inadecuada de las transferencias de financiación constituía una de las numerosas advertencias que formuló el interventor generalde la Junta entre 2000 y 2010. Manuel Gómez Martínez, también imputado por la juez Mercedes Alaya, alertó sin éxito en sus informes de que el gasto público efectivo quedaba exento de la fiscalización previa con el empleo de esta figura.
Como Gómez Martínez ha detallado, esa advertencia quedó plasmada en los informes de cuentas anuales de 2001, 2002, 2003, 2006, 2007 y 2009, así como en los informes de cumplimiento de 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
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