LA JUEZ AYALA PROCESA A LA CUPULA DE URBANISMO POR FRAUDE EN EL CONCURSO

Alaya procesa a Torrijos y a la cúpula de Urbanismo por fraude en el concurso

La juez da un plazo de diez días a la Fiscalía para que presente su escrito de acusación y solicite la apertura de juicio oral contra los 15 procesados. Exculpa a otros tres imputados.

La juez Mercedes Alaya ha dictado este viernes un nuevo auto en el que acuerda el procesamiento por el “concurso fraudulento” para la venta de los suelos de Mercasevillaal concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el ex edil del PSOE Gonzálo Crespo, dos ex gerentes de Urbanismo y varios funcionarios de este organismo que se encuentran en la lista de 15 procesados, que también incluye a los ex directivos del Mercado mayorista Fernando Mellet yDaniel Ponce y a otros tantos funcionarios de Urbanismo.

El auto de la juez Alaya acuerda transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado -con lo que corrige su anterior error al elevar la causa a sumario- que se sigue por delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, asociación ilícita y falsedad cometido por funcionario público en delito mercantil.

En la resolución, Alaya acuerda el archivo de las actuaciones contra tres de los imputados, la ex directora del área de Contabilidad de Mercasevilla Pilar Giraldo Moreno y los técnicos José Manuel Ferrera Rimada y Alfredo Delmo Suárez, al estimar que “no existen motivos suficientes para considerar responsables” a estas personas de los delitos que se investigan.

En el auto, la juez da por concluida la investiga y concede un plazo de diez días a la Fiscalía y a la acusación particular para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Esta investigación se inició a raíz de las diligencias previas abiertas por un delito de cohecho –que terminaron con la condena de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas-.

Alaya ha investigado en esta causa la presunta preparación de un concurso público para laadjudicación de una opción de compra sobre la totalidad de los terrenos donde se encuentra ubicada la entidad Mercasevilla, sita en la carretera Sevilla-Málaga, con la “dirigida finalidad” de que la adjudicataria fuera la entidad Sanma, la misma que se habría subrogado con anterioridad en el derecho de superficie de la entidad Larena 98 sobre una de las parcelas de Mercasevilla, ante la imposibilidad de que dicha entidad pudiera construir unas naves.

La instructora considera que la “intención” de Fernando Mellet, y de los concejales Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Gonzalo Crespo (PSOE), así como Domingo Enrique Castaño -asesor del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín- era llevar a cabo un “concurso fraudulento” que beneficiara “claramente” a la constructora Sanma (filial del grupo Sando), para lo cual se introdujeron dos cláusulas en el pliego del concurso, una de limitación al alza, que “penalizaba extrañamente las ofertas superiores sobre el precio de compraventa” con la que se conseguía un “efecto perverso” al penalizar las ofertas de mayor cuantía económica en beneficio de las inferiores, y la cláusula de titularidades previa, que primaba la titularidad sobre un derecho de superficie sobre los terrenos.

Ese pliego de condiciones se elaboró, según argumenta la juez, “intencionadamente para beneficiar a Sanma” e incluso en el pliego definitivo del concurso aprobado por la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla no se recogía la exigencia de incluir la descripción de cualquier derecho de superficie u ocupación, por lo que “quedaba oculto para el resto de los licitadores la ventaja (hasta 10 puntos) concedida a Sanma”.

La instructora señala que la cláusula de limitación al alza no aparecía en el pliego de condiciones cuando fue aprobado en la reunión de la Comisión Ejecutiva del 8 de noviembre de 2005, sino que fue “introducida de rondón” en la reunión del Consejo de Administración, ya meramente formal, el día 30 de noviembre, acción que Alaya atribuye entre otros imputados a Castaño, Mellet, Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo.

La juez asegura que fue el entonces director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, “persona de confianza del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín” quien entró en contacto con Sanma, queestaba muy “interesada en Mercasevilla” y en llevarse “todo el lote: derecho de superficie, opción de compra y futura adquisición de los terrenos y traslado y construcción de la nueva sede de la Unidad Alimentaria”.

Los responsables de Sanma, según Alaya, necesitaban como contraprestación para subrogarse el derecho de superficie de Larena 98 que “se les garantizara la concesión” del derecho de compra de la totalidad de los terrenos y que se les garantizara la obtención de licencia de edificación en las parcelas afectadas por ese derecho, una “garantía que sería prestada por el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Marchena, también persona de confianza del alcalde”.

Al concurso concurrieron ocho empresas, algunas de las cuales tenían relaciones internas entre si y con Sando, y “salvo tres de ellas, las cinco restantes por su exiguo volumen y por la carencia de ajuste mínimo a las prescripciones del pliego, podrían considerarse ofertas de relleno” y el resultado, prosigue Alaya, fue que “indiciariamente todas las licitadoras, salvo Sanma, se excluyeron a sí mismas”, aunque para la juez la valoración de las ofertas que se hizo también“benefició ilegítimamente” a esta constructora.

Para la juez, Sanma fue igualmente beneficiada posteriormente con la concesión de la licencia de primera ocupación por parte de la Gerencia a pesar de que no había finalizado la construcción de la infraestructura eléctrica -con lo que existían unas “enormes deficiencias” en la urbanización-, cuando a la anterior empresa, Larena 98, se le había denegado por este motivo.

La instructora ha imputado a varios funcionarios por no haber dado el “pase” al servicio de Proyectos, Obras y Actuaciones Infraestructurales, lo que “impediría sin la visita a la obra y conociendo las graves deficiencias en el suministro eléctrico, la licencia de primera ocupación”. “El descontrol que existía en el Servicio de Licencias haría el resto, pues en ningún caso las imputadas y responsables del servicio Isabel Evans o Emilia Barrial, jefa y subjefa, leían el contenido de tales informes del servicio de coordinación de Vía Pública, ni se cuestionaban si con él se daba contestación a la conclusión o no de las obras de urbanización”.

El entonces gerente de Urbanismo y también procesado Miguel Ángel Millán concedió la licencia casi en el plazo solicitado de un mes y “sin examinar el expediente ni los informes existentes, en base supuestamente a un informe recopilatorio firmado por la señora Evans, extremo que es negado por la misma”, precisa la juez.
Alaya considera que los hechos pueden constituir un delito de prevaricación, en lo que se refiere a la “preparación presuntamente ilícita del concurso público”, desde la elaboración del pliego hasta la valoración favorable, del que serían presuntos autores Domingo Enrique Castaño, Antonio Rodrigo Torrijos, Gonzalo Crespo, Fernando Mellet, el asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero, la funcionaria María Victoria Bustamante, el economista José Antonio Ripollés, y los responsables de Sanma Luis Sánchez Manzano, José Luis Sánchez Domínguez y José Luis Miró.

Alaya también imputa un delito de prevaricación, en relación con la petición de licencia por parte de Larena 98, a la funcionaria de Urbanismo Emilia Barrial, mientras que procesa por un delito contra la ordenación del territorio a los responsables de Sando, a Emilia Barrial, Isabel Evans, al arquitecto Alberto Balbontín, y a los ex gerentes de Urbanismo Miguel Ángel Millán y Manuel Marchena. Sobre este último, Alaya dice que “estaría al corriente desde el principio de la problemática de Mercasevilla con Larena y de la necesidad de que aquella tenía de que la empresa que se subrogara en el derecho de superficie tuviera como contraprestación el derecho de opción de compra sobre la totalidad de los terrenos”.

La juez ha procesado por un delito de falsedad en documento mercantil a Fernando Mellet y Daniel Ponce, en relación con una factura. 

A todos los imputados, salvo Isabel Evans y Miguel Ángel Millán, Alaya les atribuye además undelito de asociación ilícita del artículo 515 del Codigo Penal, pues “todo ellos en un momento determinado se habrían organizado, con cierta consistencia y jerarquía, en torno a la figura de Domingo Enrique Castaño y Fernando Mellet, para realizar cada uno su ilícito cometido”.
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LA JUEZ AYALA AMPLIA LA INVESTIGACION A TODAS LAS CONSEJERIAS

La juez Alaya amplía la investigación de los ERE a todas las consejerías



La juez Mercedes Alaya ha emitido un auto en el que amplía su investigación de los ERE fraudulentos y pide a la Junta de Andalucía que le informe de todas las ayudas concedidas desde cualquier consejería a un grupo de 35 empresas.



La juez sospecha, tras la investigación de la Guardia Civil, que ese grupo de empresas recibieron ayudas, incentivos, avales y préstamos no sólo de la Consejería de Empleo, sino de otros departamentos de la Junta. 

En el último auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez insta a la Junta a que entregue a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil toda la documentación relacionada con los distintos avales y préstamos concedidos por cualquiera de las consejerías entre 2001 y 2011. La juez recuerda que la Agencia IFA/IDEA colaboró con distintas consejerías en el pago de ayudas por distintos conceptos, que fueron "tramitadas con falta de procedimiento, haciendo uso de fondos que había recibido anteriormente de las distintas consejerías vía transferencia de financiación".

 También señala que la Intervención de la Junta y la Cámara de Cuentas han puesto de manifiesto "diversas irregularidades en la tramitación de las ayudas por parte de las consejerías, y en la actuación, gestión y control de IFA/IDEA, que podrían haber supuesto importantes consecuencias que están siendo investigadas". Alaya pide cualquier documentación relacionada con su solicitud, tramitación, análisis, control de las justificaciones, pagos, revocaciones y reintegros de empresas como Hilaturas y Tejidos Andaluces, Pickman, A Novo Comlink o Aglomerados Morell. 

También reclama a la Junta operaciones de pago ejecutadas en virtud de los avales otorgados por la Agencia IFA/IDEA ante las diferentes entidades de crédito a favor de las distintas sociedades beneficiarias de ayudas públicas, así como operaciones de préstamo o aval otorgadas por la misma agencia pública. Además, solicita los reintegros efectuados por las distintas sociedades beneficiarias de ayudas públicas en virtud de las operaciones de préstamo concedidas a su favor por la Agencia IFA/IDEA. 

La juez pide las ayudas, incentivos, avales y préstamos concedidos por la Junta a Proasego Eólicas SL, que tiene consignado en 2009 un compromiso de ayuda de 9,5 millones de euros, a Eólicas del Zenete SL, con otro compromiso de diez millones entre 2010 y 2011, y a Dolmen Consulting Inmobiliario SL, que en 2010 tenía comprometidos 6 millones de euros. En el mismo auto, la juez pide a la compañía telefónica Orange que informe a la Guardia Civil del mensaje que el 30 abril de 2010, día del cumpleaños del exconsejero Gaspar Zarrías, le llegó al móvil del "conseguidor" Juan Lanzas con el texto: "No olvides que hoy es el cumpleaños de tu 'jefe', g.z." La juez justifica que se aclare quién fue el emisor del mensaje "con el fin de profundizar en el alcance de las relaciones personales del Sr. Lanzas que propiciaron que el mismo fuera el 'conseguidor' de las ayudas con cargos a fondos públicos".
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UNA JUEZ RESPONDE AL ARTICULO DE ALMUDENA GRANDES SOBRE LA JUEZ AYALA

Una juez responde al artículo de Almudena 

Grandes sobre la Juez Alaya

A propósito del artículo de Almudena Grandes, titulado “La mujer perfecta”, sobre la Juez Alaya, publicamos esta carta abierta de una juez, Gemma Vives.     

                                                                                                                                                                                                                       

A veces una anécdota puede ser reveladora. Zanjo desde ahora el posible debate acerca de la libertad de expresión y derecho a la información, por obvio y trillado. Y lo digo porque paso a responder, a reaccionar o a comentar, como ustedes prefieran, la columna de opinión de Almudena Grandes, a propósito de la juez Alaya, denominada asimismo “la juez de los ERE”.

No está en mi intención rebatirla, Sra. Grandes. Ni posicionarme en un casposo corporativismo. Eso apestaría, y además, si un mal tiene mi colectivo es su división interna y la ausencia de empatía entre nosotros cuando hay que sacar las castañas del fuego. O de la prensa.Ni siquiera pretendo solidarizarme con la maltratada compañera, que a estas alturas del desfile mediático, no lo necesita ya.

Está en mi intención aclararle un par de asuntos, en el bien entendido de que –como periodista profesional- tomará usted nota, si a bien lo tiene.

La confusión de su artículo pasa por haber mezclado dos aspectos que nada tienen que ver el uno con el otro. La juez Mercedes Alaya es mujer. Y la juez Mercedes Alaya es juez. Quiero decir: ella no puede evitar ni una cosa ni la otra. Le viene dado. Como dado le vino el caso que investiga. No elegimos los asuntos que investigamos. Estamos obligados por ley a aceptarlos si proceden del reparto general, de una guardia en particular o de una pieza separada que a su vez puede desembocar en un racimo letal (como le ha sucedido al colega José Castro con lo suyo).

Dicho lo cual, su artículo da para otros tantos artículos. Hay un doble fondo en él. Doble y peligroso. El que se lee y el que se adivina. El ataque inopinado aparentemente se queda en el vestidor de la juez Alaya. Pero dispara contra algo mucho más grave: su independencia. En suma: la juez Alaya es un incordio.

Podría quedarme en el calificativo leído últimamente (a propósito de su columna) de las mujeres machistas y demás. No entraré en ello. Allá cada cual, máxime si es un difusor de opinión en los medios de comunicación, con sus tendencias o creencias. No me entretendré calificando palabras ajenas.

Sin embargo, me llama la atención que usted afirme, rotundamente, que una mujer que cambia cada día de atuendo, hierática, casi cual estatua de sal, sin traslucir estado de ánimo alguno, no es de fiar. Bueno, también allá cada cual con sus cuestiones de confianza.

Veamos, Sra. Grandes. Ahí le ha dado usted con insana puntería a la compañera (que lo es también suya por ser mujer, no lo olvide). Ha sacado usted, creo que premeditadamente, lo de qué modelo de juez (¿jueza?) queremos. Es curioso. Un sencillito repaso a la Constitución la pondrá a usted en órbita. La justicia emana del pueblo soberano. Lo que no detalla la Constitución es que si quien se halla investigando es el juez Castro, el paseíllo diario hacia su juzgado carece de relevancia estética (lo mismo que si sube las escaleras de la Audiencia Nacional el compañero Pablo Ruz y le aseguro que ambos acuden cada día al trabajo) pero si quien arrastra su maletilla de expedientes enormes es una mujer, pongamos por caso, la juez Alaya, la cosa cambia.

Y, de verdad, ¿cambia algo, Sra. Grandes? Pues no. Cambia su percepción. Cambia la cicatería con la que se la escruta y juzga. A ella, a la mujer, y precisamente por ser juez (¿o por ambas cosas?). Entonces, dígame usted qué modelo de juez ad hoc prefiere (cuando quien investiga pertenece al sexo femenino). Deduzco que, entonces, clama usted por una juez que, a su paso, entre micros que la acechan, llore cuando se siente enferma, grite cuando se encuentre desesperada, incluso se rasge las vestiduras (esas que a usted le desagradan tanto) cual folklórica a las puertas de su propio Juzgado. Como en la tele, ¿no? Pan y circo.

Sra. Grandes…un juez (¿una jueza?) es un profesional que ejerce la autoridad del Estado. Huelga decir, aunque usted desconfíe y porfíe, que sentimos, lloramos, nos desesperamos. Tenemos hijos, divorcios, enfermedades y agobios, dolores e incluso vamos de compras. Y esto último nos encanta. ¿Sorprendida?

Le pondré un ejemplo de los fáciles, para no enredar más. Un médico (¿o una médica?)…si llevara entre manos un caso mediático (es decir, el paciente lo es, el médico, no)…. ¿sería juzgado por no mostrar públicamente su ansiedad o cansancio? ¿Le pondrían ustedes en el punto de mira por entrar maqueado (disculpe el vocablo tabernario) y con traje en el Hospital o acaso prefiere un médico con ropa deportiva porque le inspira confianza?

¿Capta lo ridículo del caso? Seguro que sí. Pues ni aún con un ejemplo tan básico, el supuesto no es el mismo. Porque aun cuando el médico y la juez (¿jueza?) son dos profesionales de quienes se espera lo mejor de su conocimiento y virtud, la segunda ejerce en nombre del Estado y el primero no ejerce autoridad estatal alguna. Con lo cual, fíjese qué disparate. Que pudiendo informarse de lo que supone una causa con centenar de imputados y perdí la cuenta de los testigos, se fije una en los vestidos de la juez, en el carrito de la juez y en que, al cabo, la juez no inspira confianza porque no la ven destrozada cuando acude a su trabajo. La verdad es que como artículo de opinión, la cosa no tiene precio.

Titula su artículo “La mujer perfecta”. Y me pregunto qué cosa es la que le ha dado tanta rabia a usted. Acaso ver a la juez infartada o deshecha, ¿cambiaría su parecer? O acaso nos está usted diciendo, a las claras, que los jueces tenemos todos que pasar por el patrón de la España rancia, desgarrada y dramática para inspirar confianza?

Afortunadamente, la colega Alaya, a quien no tengo el placer de conocer, sigue haciendo a diario su entrada (no tiene otra puerta por donde hacerlo, oiga, tampoco es culpa suya) con la máxima dignidad de la que es capaz. Ah…y desde el jueves, con escolta policial. No, no sufra. No le han puesto escolta por si le manchan su vestido de colores. Se la han puesto por si acaso alguien le parte la cara. Esa cara sin gesto que a usted la desasosiega tanto. Y le han asignado escolta no porque el CGPJ, o esa Fiscalía a la que usted alude como garantes de la ley, lo hayan pedido. Lo han pedido sus propios colegas de partido judicial, a quienes, por lo visto, les importa más que Mercedes Alaya salga viva de este trance, que su vestidor. Calculo yo que no debe ser un plato de gusto desayunarte cada día con calificativos como “franquista, pepera, lechera, gorda, fea”.

Confíe, Sra. Grandes. A mi colega, eso, no le hace mella alguna. Duerma tranquila. Me apuesto un vestido (de los buenos) a que no. Pero la marca que le va a quedar tras la exposición pública y el desgaste profesional que lleva en absoluta soledad, asimismo me juego otro vestido (de los baratos) a que le pasarán una alta factura.

La confianza pasa por el trabajo bien hecho, aunque el trabajo de mi colega Alaya pasa por poner al aire las vergüenzas de algunos que, presuntamente, se llevaron dineros de donde y adonde no debían. Créame. Para investigar semejante trama, no hay vestido que te ampare. Ni vestida como La Dolorosa se podría digerir.

Claro, que cabe también que sea esa trama la que a usted le ha dolido.

Yo también soy mujer y juez (¿jueza?) y entro en mi juzgado cada día por la misma puerta. Y, ¿sabe cuál es mi lema? salir llorada de casa, como me decía mi abuela.

Ay…la perfección…dicen que Nietzsche dijo, y dijo bien, La mujer perfecta es un tipo humano superior al varón perfecto, pero también es un ejemplar mucho más raro.

De nada, Sra. Grandes. Estoy convencida que, en realidad, lo que a usted le importa es la independencia judicial y este artículo que escribió solamente era para despistar.

Ha sido un placer.

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LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA CON LA JUEZ AYALA LOS ERE IRREGULARES

La Guardia Civil desarrolla una nueva operación vinculada con los ERE irregulares


   Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrollan desde primera hora de la mañana de este martes una nueva operación vinculada al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

   En este sentido, las mismas fuentes han indicado que se trataría de la segunda fase de la operación 'Heracles' desarrollada el pasado mes de marzo y en la se que investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

   Dentro de esta operación, fueron detenidas 22 personas, de las que siete ingresaron en prisión, continuando a día de hoy tres de ellas en la cárcel.

   Por el momento, no han trascendido el número de personas detenidas en el marco de esta nueva operación policial, que en un principio se estaría desarrollando, al menos, en Sevilla capital, donde los agentes de la UCO están registrando distintos inmuebles.
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LA JUEZ ALAYA PONE UNA FIANZA DE 46,6 MILLONES AL EXVICECONSEJERO DE PRESIDENCIA DE JUNTA DE ANDALUCIA

La juez Alaya impone una fianza de 46,6 millones al exviceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 46.666.666 euros al exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano, imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, "a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes".

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 46.666.666 euros al exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano, imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, "a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes".

Así lo establece la magistrada en un auto fechado el pasado viernes y notificado este lunes, apenas cuatro días después de la comparecencia de Lozano, que interrumpió su declaración tras responder a una decena de preguntas acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar al entender que no se estaban "respetando" sus garantías, máxime después de que la instructora le reprochase que estaba haciendo "teatro".

En dicho auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Alaya adopta estas medidas cautelares por considerar que Lozano, que reconoció que "la partida 440.51 de transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no podía utilizarse para conceder subvenciones" durante su declaración, "pudo o debió conocer el uso de las transferencias de financiación por Empleo para otorgar subvenciones y que IFA era solo mera pagadora", así como que "podía impedir el uso de la partida de transferencia de financiación".

Al finalizar la declaración el pasado jueves se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía pidieron medida alguna, mientras que las acusaciones ejercidas por el PP y Manos Limpias solicitaron a la juez que impusiera al imputado una fianza de responsabilidad civil de 57 millones de euros --correspondientes a las modificaciones presupuestarias que tramitó--, más el tercio legal previsto, en total 76 millones.

En concreto, la magistrada imputó a Lozano, que fue director general de Presupuestos desde abril de 2002 hasta abril de 2009, haber "ordenado ilícitamente, en connivencia con otros, la inclusión" del sistema de las transferencias de financiación al IFA, cuando éstas "sólo podían destinarse a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la agencia o a enjugar pérdidas de ejercicios anteriores", todo lo cual "significaba presuntamente permitir el incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones y la normativa concordante, como la Ley General de Hacienda Pública".

La juez, que también le atribuye haber tramitado 12 modificaciones presupuestarias entre 2002 y 2009 por valor de 57 millones de euros, sostiene que "la inclusión de esta partida inadecuada en el presupuesto conllevaba la elusión de la fiscalización previa por parte de la Intervención General de la Junta, evitando el control de legalidad que la misma significaba". "Que el uso inadecuado de dicha partida presupuestaria generaba tales consecuencias era indiciariamente conocido por el inculpado", ha dicho la juez.

Al hilo, la instructora concluye que "parece pues que lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación".

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LA JUEZ AYALA DESENTRAÑA EL FRAUDE DE LOS ERES

Alaya desentraña la raíz del fraude de los ERE

Más que por el enfrentamiento abierto entre su abogado y la juez, la comparecencia ante Alaya del ex número dos de Presidencia Antonio Lozano se recordará en la instrucción del caso ERE por una razón de verdadero calado. Después de más de dos años y medio de investigación, la magistrada ha desentrañado la raíz del fraude, al asentar que la Junta falseaba sus presupuestos para ocultar la existencia del fondo de reptiles.

Desde el principio de la instrucción, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla viene situando las transferencias de financiación –el mecanismo presupuestario por el que se trasvasaban los fondos desde la Consejería de Empleo al antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o a la Agencia IDEA– en el núcleo de su tesis del delito.

Según reitera en sus autos, las transferencias de financiación se estaban utilizando indebidamente al destinarse al pago de las ayudas de los ERE, cuando sólo podían emplearse para compensar la cuenta de pérdidasy ganancias del organismo receptor o enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.

Ahora, la magistrada da un paso más y coloca el foco sobre el origen mismo del fraude. Como puso de manifiesto el pasado jueves en la lectura de cargos a Antonio Lozano, director general de Presupuestos entre 2002 y 2009 y al que imputa la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, Alaya sostiene que la Junta falseaba su presupuesto inflando los gastos del organismo pagador –IFA o la Agencia IDEA– para dar apariencia de legalidad al uso de las transferencias de financiación.

En este sentido, la instructora atribuye al ex número dos de Susana Díaz una participación activa en la alteración de la «realidad presupuestaria» del IFA, «simulando la existencia de unos gastos en la cuantía necesaria para equilibrar los ingresos recibidos mediante las transferencias de financiación». Y añade: «Con ello se evitaba que en el presupuesto de explotación del IFA aparecieran altos beneficios, haciendo imposible teóricamente el uso de las transferencias de financiación, pues las mismas estaban destinadas a cubrir pérdidas».

Antes de acogerse a su derecho a no declarar, Antonio Lozano reconoció a preguntas de la juez que la transferencias de financiación no se pueden destinar «a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones» que otorgaba la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

El hallazgo de Alaya debilita la defensa que viene manteniendo el Gobierno andaluz y algunos acusados y puede sentenciar el futuro procesal de los altos cargos de la Junta ya imputados o señalados.

La versión oficial defiende la legalidad del sistema con el argumento de que las transferencias de financiación estaban recogidas en el presupuesto que año tras año validaba el Parlamento andaluz sin que nadie planteara objeción. Ello, según la tesis exculpatoria, haría responsable a todos los diputados que votaron a favor de las cuentas.

En el escrito con el que recurrió la imputación de una veintena de altos cargos, entre ellos la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, la Junta reprochaba a la juez que cuestionara el uso de la transferencia de financiación «olvidando que es la propia Ley de Presupuestos la que ordena que el dinero llegue al IFA empleando este mecanismo».

La tesis de Griñán

Ésta es la tesis que mantuvo Griñán cuando, el 25 de septiembre de 2012, compareció en la comisión de investigación de los ERE. «Frente a la acusación permanente de que las transferencias de financiación eran ilegales, ha quedado claro que este procedimiento es y era perfectamente legal y contaba con el respaldo de cada Ley de Presupuesto», declaró el entonces presidente.

También proclamó la legalidad de este instrumento de financiaciónMagdalena Álvarez en su comparecencia en la Cámara autonómicaen la citada comisión. «¿Se presupuestaron las transferencias de financiación? Sí. ¿Quién lo llevó en el Presupuesto? La Consejería de Hacienda. ¿Quién aprobó el proyecto de ley? El Consejo de Gobierno. ¿Quién aprobó el presupuesto? Este Parlamento. Luego tan mal... ¿Quién conoció, quién conoció, quién conoció que esas transferencias de financiación eran ejecutadas? Todo el mundo, la publicidad es total», defendió.

A la luz de la nueva aportación de la juez Alaya, la pregunta que cabe hacerse es: ¿Sabía la Cámara que se inflaban presuntamente los gastos del IFA para equilibrar los ingresos y justificar así el empleo de este mecanismo de financiación?

La utilización inadecuada de las transferencias de financiación constituía una de las numerosas advertencias que formuló el interventor generalde la Junta entre 2000 y 2010. Manuel Gómez Martínez, también imputado por la juez Mercedes Alaya, alertó sin éxito en sus informes de que el gasto público efectivo quedaba exento de la fiscalización previa con el empleo de esta figura.

Como Gómez Martínez ha detallado, esa advertencia quedó plasmada en los informes de cuentas anuales de 2001, 2002, 2003, 2006, 2007 y 2009, así como en los informes de cumplimiento de 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.

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