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lunes, 21 de abril de 2014

ESPAÑA: DENUNCIAN EL FRAUDE MASIVO POR SUBVENCIONES EN LA VENTA DE COCHES


Fraude masivo en el Plan PIVE para subvencionar 

la venta de coches

Concesionarios y desguaces facilitan la compraventa ficticia de coches viejos para acogerse a las subvenciones públicas.


Éxito es la palabra más repetida tanto por el Gobierno como por las diferentes asociaciones de vendedores de vehículos para definir loscinco planes aprobados hasta el momento para subvencionar la compra de coches. Entre los diversos Planes PIVE y Pima Aire se han gastado más de 600 millones de euros en subvencionar a un sector bajo el pretexto oficial de destruir la vieja flota de vehículos y, de este modo, contaminar menos.
Sin embargo, mientras el Gobierno y los representantes del sector se felicitan por estos planes de ayudas y resaltan las grandes ventajas del PIVE, el sistema ha generado toda una trama fraudulenta entre concesionarios, chatarrerías y vendedores de coches de segunda mano. Como ya pasó en las anteriores convocatorias del programa, en el PIVE 5no hay ningún requisito ligado a la duración de la titularidad del coche que hay que entregar para hacer chatarra. Así pues, se puede utilizar cualquier chatarra inservible que esté a nuestro nombre unas horas antes y acudir al concesionario para entregarla y conseguir la subvención correspondiente.
El vacío de una norma que obligue a una duración determinada de titularidad del coche que se lleva a achatarrar está provocando todo un mercado de compraventa de coches inservibles para acceder a las subvenciones públicas. Abundan en las web de segunda mano anuncios como estos, en los que una característica es "vehículo ideal para plan PIVE" o "exclusivo para PIVE, no para circular". Estos vehículos, que en condiciones normales irían a parar al desguace, son una oportunidad para que su dueño gane algo de dinero y al que se lo vende se ahorre hasta 3.000 euros.
Sin embargo, el fraude no acaba aquí. Tal y como ha podido comprobarLibre Mercado, el propio concesionario te ofrece beneficiarte del PIVE aunque ni siquiera tengas coche de más de diez años que entregar. Es decir, ellos dan de alta y de baja a nombre del cliente un coche de más de diez años en el momento que se compra el vehículo nuevo. El propio vendedor, al interesarse por un vehículo, lo primero que pregunta es si tiene algún coche para entregar y así poder favorecerse de la subvención. Hasta aquí todo correcto. El problema es que cuando le dice que "no" -o que tiene uno antiguo del que aún no se quiere deshacer-, su respuesta es: "No hay problema, nosotros te lo ponemos".
En un concesionario del centro de Madrid, al hablar unos minutos con la vendedora y comentarle la imposibilidad de entregar el coche antiguo, ella asegura que "se puede buscar uno, hay que hablar con un desguace. Por 500 euros, lo compras, lo pones a tu nombre y se encarga de todo el desguace". Hay que recordar que el fin de esta subvención es acabar con la flota antigua y más contaminante de los coches que hay en circulación, pero si se da de alta y de baja el mismo día un coche que ya está para chatarra, la realidad es que este plan deincentivo al vehículo eficiente se queda en una simple ayuda para comprar un coche sin ningún tipo de justificación. Es decir, undespilfarro más del Gobierno para favorecer a un sector muy concreto a costa del contribuyente.
"Otra posibilidad es si tuviéramos un coche de desguace. Tendrían que pagar los 500 euros de lo que son los trámites, y se podrían beneficiar del plan PIVE", es lo que nos responde otro vendedor de un concesionario distinto. "Yo haría lo siguiente, llamo al desguace para ver si tienen algún coche disponible de más de 10 años, si me confirman que sí tienen, lo ponemos a tu nombre, se da de baja y todo lo hace nuestra gestoría en una tarde", nos dice.
De esta manera, todos ganan: el concesionario vende un coche, el desguace gana 500 euros por vender una chatarra que, posiblemente, le hubiese generado pérdidas y el cliente se ahorra más de 1.500 euros en la compra de su vehículo, y todo esto a costa del dinero del contribuyente. En este concesionario incluso nos entregan un presupuesto donde incluyen como "gastos del Plan PIVE" la compra del coche viejo para aprovecharte de la subvención.
La culpa de este fraude y de la picaresca que ha generado esta subvención radica, como no puede ser de otra manera, en la propia subvención en sí. El Gobierno está ayudando al lobby del automóvil con más de 600 millones de euros en un momento de caída del consumo y bajo la excusa de eliminar de la circulación coches muy contaminantes. Pero la realidad es que lo que está sucediendo no es eso, porque los coches que se están dando de baja con el plan PIVE son, en su mayoría, coches que ya no se utilizan, que ya están retirados del funcionamiento, que ya son chatarra.
Al preguntar a estos vendedores si esto es legal, si se puede hacer y si es lo que se está haciendo habitualmente, todos afirman que, efectivamente, es lo que se hace. Incluso saben cómo se cortaría esta situación, este fraude: "Al Estado le da igual de quién es el coche, lo que quieren es que se destruya. ¿Cómo cortaría el Estado esto? Pues diciéndote: 'Vale, te beneficias, pero, como mínimo, el coche ha tenido que estar puesto a tu nombre un año'".
Pero como dos casos no confirman la regla, nos dirigimos a otro concesionario para comprobar si estas prácticas son también habituales. En este caso en el barrio de Ciudad Lineal. La situación es la misma: no queremos entregar nuestro Opel de 11 años porque todavía lo queremos seguir usando. "No pasa nada, nosotros le buscamos uno, se ahorra 2.000 euros, 1.000 del fabricante y 1.000 del Gobierno. Nosotros le facilitamos un coche por 400 euros. Tú me compras dos coches en vez de uno solo", es la respuesta del vendedor.
Al preguntar si esto es legal, el vendedor responde: "Sí, nosotros compramos un coche antiguo de más de 10 años, lo transferimos a tu nombre y lo damos de baja a tu nombre. Es totalmente legal y se hace habitualmente", asegura el comercial. Lo cierto es que es legal, pero es un fraude en cuanto al objetivo inicial del plan: sustituir tu coche antiguo por uno nuevo. "Nosotros no hacemos cosas ilegales. Tú ni ves el coche, firmas dos papeles y te olvidas". ¿Y si el coche del desguace tiene multas y a los meses tenemos un problema? Para el comercial todo tiene solución: "No, los tenemos libres, y si hubiera alguna nos trae la multa y se la pagamos".
Tres de tres. En tres concesionarios de marcas diferentes y de lugares diferentes de la capital, la práctica habitual es vender un coche que se beneficie de 1.000 euros de dinero público sin entregar realmente un coche.
En otro concesionario de la misma zona también nos recomiendan un chatarrero de confianza. "Hay desguaces que los están vendiendo por450-400 euros. Es que cambia bastante. Casi todo lo que se vende es con PIVE últimamente". Este vendedor recuerda que lo único que necesitamos es la baja por desguace, una fotocopia de la documentación del coche y el certificado de achatarramiento. "Lo compra y la misma casa de desguace le hace todo el papeleo en ese precio. Le voy a dar yo una fotocopia de nuestro desguace, es con el que nosotros solemos trabajar. Están cobrando 450 euros transferido ya con todo el papeleo, les dejo mi tarjeta y llaman de mi parte", recomienda.
En definitiva, cuatro casos de cuatro: para disfrutar de un coche más barato a costa del contribuyente se ha creado todo un sistema fraudulento entre concesionarios y desguaces mediante la compraventaficticia (o pantalla) de coches viejos.

En menos de 3 años, 578 millones de euros

El primer Plan PIVE se aprobó en otoño de 2012 y estaba dotado con 75 millones de euros. Este primer Programa de Incentivos para los Vehículos Eficientes consistía en una ayuda de 1.000 euros aportada por el Ministerio de Industria del Gobierno de Zapatero. Como requisito, debía darse de baja un coche de más de 12 años y el vehículo adquirido debía tener unas emisiones reducidas sin superar los 25.000 euros. En la primera edición, dotada con 75 millones de dinero público, las marcas aportarían otros 1.000 euros al comprador.
Con el cambio de Gobierno, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha seguido subvencionando al lobby del automóvil con otros cuatro planes más y, previsiblemente, habrá un sexto en poco tiempo. En enero de 2013 se ampliaba el PIVE con 150 millones de euros, en Julio se dotaba de otros 70 millones de euros, a finales de ese año el cuarto plan inyectaba 70 millones, y el último, el quinto Plan PIVE, se aprobaba en enero de este año con 175 millones.
En 2012, pese al plan de incentivos a la compra de coches, la matriculación de automóviles rozó las 700.000 unidades, un 13,4% menos que un año antes. En 2013, las matriculaciones apenas crecieron un 3,3% más, hasta las 722.703 unidades. En lo que llevamos de año, se matricularon en España 202.128 coches, un 11,8% más que en el primer trimestre del año anterior.
Estas cifras no se pueden explicar sin el Plan PIVE. Además, en las últimas ediciones las condiciones para acceder a esta subvención se han hecho más laxas: el vehículo entregado para el achatarramiento debe ser un turismo de más de diez años o un comercial ligero de más de siete años. Las patronales de concesionarios se frotan las manos mientras agradecen al Gobierno una ayuda que sale, directamente, del bolsillo de todos los contribuyentes.

jueves, 3 de abril de 2014

BANCO CITIGROUP INVESTIGADO POR EE.UU. POR FRAUDE DE 400 MILLONES


EE.UU. abre investigación criminal de fraude de filial mexicana de Citigroup


Citigroup
Autoridades federales de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre un fraude de US$400 millones que involucra a la unidad de Citigroup en México, Banamex, según informa el diario New York Times, que cita fuentes "con conocimiento del asunto".
En febrero pasado se dio a conocer que Citigroup descubrió préstamos fraudulentos por US$400 millones en su filial mexicana y señaló que empleados del banco podrían haber estado involucrados en el delito.
Los préstamos fueron otorgados a la empresa de servicios petroleros, Oceanografía, que es contratista de la petrolera estatal mexicana, Pemex.
Ahora, según el New York Times, la fiscalía de Estados Unidos en Manhattan llevará a cabo una investigación -supervisada por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones)- que se centrará en si los controles internos de Citigoup contibuyeron al fraude en México.

lunes, 24 de marzo de 2014

ESPAÑA: SE ADMITE A TRAMITE LA DEMANDA DE FRAUDE CON LAS PREFERENTES CONTRA BANKIA Y CAJA MADRID


Vuelco judicial en el fraude de las preferentes

Bankia se enfrenta a una indemnizacion mil millonaria por las preferentes



El juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid ha aceptado, mediante auto dictado el 27 de febrero, la demanda colectiva interpuesta por ADICAE y otros 3.200 afectados contra Bankia y Caja Madrid Finance Preferred por el fraude de las participaciones preferentes. El Juzgado Mercantil número 5 de Madrid confirma la admisión de la demanda colectiva de ADICAE y suspende el procedimiento dos meses para que se sumen todos los afectados. El magistrado García Marrero acepta resolver sobre las reclamaciones de ADICAE en lo relativo a la acción de cesación, la de publicidad engañosa, la nulidad por abusividad de las condiciones y la petición de daños y perjuicios. El auto puede consultarse en el siguiente enlace: http://publicaciones.adicae.net/publicaciones/pdf/admisionpreferentesbankia.pdf


El magistrado, tras afirmar la competencia del juzgado mercantil para conocer de la acción colectiva de ADICAE y los aspectos objeto de reclamación, ha resuelto, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, realizar un llamamiento a sumarse al proceso a “quienes tengan la condición de perjudicados”, para lo cual ha ordenado la publicación de un edicto en el diario El País. Añade el auto que “tratándose de un proceso en el que el hecho dañoso perjudica a una pluralidad de personas indeterminadas o de difícil determinación […] el llamamiento suspende el curso del procedimiento por un plazo de dos meses...”

El auto del Juzgado establece que estamos ante un supuesto contemplado expresamente en la LEC (art. 15.1 y 15.3) en el que la norma dicta que “se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual”

Con este auto se confirman las tesis defendidas por ADICAE sobre el carácter colectivo del fraude y la necesidad de abordarlo mediante la acción judicial colectiva que la LEC contempla para este tipo de casos, y se “tumban” las pretensiones de individualización del fraude que han caracterizado otras reclamaciones al estimar el juezgado la procedencia de abordar el mismo desde la perspectiva global y de abuso masivo que ADICAE ha denunciado junto con otros 3.500 afectados a los que, con este llamamiento, podrán sumarse decenas de miles.

Desde ahora y hasta finales del mes de mayo ADICAE llevará a cabo una intensa campaña de difusión de esta novedad clave en un fraude en el que dos tercios de los 300.000 afectados aún no han visto ninguna solución, y facilitará a los mismos la información necesaria para sumarse a esta acción colectiva en defensa de sus derechos y acreditar el engaño masivo y generalizado de la emisión y colocación de participaciones preferentes.

De esta forma y en toda España ADICAE celebrará Asambleas informativas, llevará a cabo repartos de información ante las sucursales de Bankia y desarrollará campañas de información a pie de calle para hacer llegar a los afectados la posibilidad judicial colectiva que finalmente la Asociación ha logrado abrir a pesar del interesado emplazamiento de abogados, pseudoasociaciones e incluso instituciones públicas a acudir a los tribunales en acciones individuales para probar el engaño concreto e individualizado como única vía de solución.

domingo, 16 de marzo de 2014

ESPAÑA: EL GOBIERNO OTORGA UN CONTRATO DE 11 MILLONES A UN ACUSADO DE FRAUDE AL QUE INDULTO Y FUE DONANTE DEL PP


El Gobierno da un contrato de 11 millones a un acusado de fraude al que indultó y que era donante del PP



Miguel_Angel_Ramírez_Efe

El empresario canario Miguel Ángel Ramírez Alonso, donante de dinero al PP e indultado en 2012 por el Consejo de Ministros a propuesta del titular de JusticiaAlberto Ruiz Gallardón de una pena de tres años de prisión por un delito ecológico, se beneficia de un contrato público de más de 11 millones de euros del Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia), a pesar de estar acusado judicialmente por Hacienda de un fraude de 2.400.000 euros en 2008 y 2009. Los nuevos datos sobre el singular trato de favor se conocieron ayer, coincidiendo con la visita del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, a Las Palmas de Gran Canaria.

Para conseguir la adjudicación de la vigilancia y seguridad privada del Monasterio del Escorial y otros Reales Sitios del Patrimonio Nacional, dependiente del departamento de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a su empresa, Seguridad Integral Canaria (SIC), Ramírez Alonso declaró que estaba al corriente de pago de las obligaciones tributarias con Hacienda y de las cotizaciones a la Seguridad Social. El empresario, que es amigo del ministro de Industria y dirigente del PP de Canarias, José Manuel Soria, ganó el concurso público y obtuvo la contrata –algo más de 11 millones de euros por un año, prorrogable por uno más– sin mayor dificultad. Considerado un lince de los concursos públicos de seguridad privada, también consiguió que le adjudicasen la vigilancia del Metro de Madrid, dependiente del Gobierno autonómico del PP bajo la presidencia de Esperanza Aguirre.

No obstante, esas adjudicaciones se habrían hecho en fraude de ley, ya que Alonso Ramírez, que también preside la Unión Deportiva Las Palmas, estaba acusado de defraudar a Hacienda 2,4 millones de euros en los años 2008 y 2009, según un informe de la Agencia Tributaria revelado por la Cadena Ser y aportado por la propia Agencia Tributaria a la causa judicial que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Después de que la emisora revelara la situación, Patrimonio Nacional emitió una nota asegurando que había cotejado los datos con Hacienda y que a la Agencia Tributaria no le constaba la deuda, de modo que le adjudicó la contrata entre nueve ofertas.

Esta argumentación oficial resulta “incomprensible” para algunas empresas excluidas –una ha anunciado que recurrirá la adjudicación de Patrimonio Nacional– y para Antonio Duarte, secretario general del sindicato USO, que instó la acción judicial, máxime cuando el informe de la propia Agencia Tributaria dejaba claro el comportamiento “doloso” del mencionado empresario. A Duarte le parece incomprensible que Hacienda haya dado a Patrimonio Nacional una respuesta diciendo que no tiene constancia del fraude porque “el Gobierno sabe perfectamente que esa empresa defrauda a Hacienda y a la misma vez le está entregando con la mano derecha once millones de euros”. El Ejecutivo autonómico madrileño que ahora preside Ignacio González, vicepresidente con Aguirre, evitó ayer explicar si también habían cotejado los datos con Hacienda antes de adjudicarle la seguridad del Metro.

Hace ya tres meses que el dirigente de IU, Cayo Lara, denunció el esmerado trato que el Gobierno de Rajoy dispensaba al citado personaje. Concretamente, en diciembre pasado formuló como presidente del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural una batería de preguntas solicitando a Rajoy que aclarase si los donativos legales de Ramírez Alonso al PP (50.000 euros en 2011, según la fiscalización del Tribunal de Cuentas) habían pesado en la decisión de concederle el indulto por un delito ecológico. El Ejecutivo todavía no le ha contestado.

Ramírez Alonso fue denunciado por el Seprona de la Guardia Civil por construir sin permisos ni licencias en un terreno rústico del paraje protegido de Pino Santo un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos de 250 y 255 metros cuadrados, un vial y muros y vallas entorno a una propiedad de 30.000 metros cuadrados. La pena de tres años de cárcel que le impuso la Audiencia de Las Palmas fue anulada por el Consejo de Ministros con el argumento oficial de que de ese modo retiraría las instalaciones y subsanaría más deprisa el daño.

Como señalaba al principio, los nuevos datos sobre el trato de favor al mencionado empresario y donante del PP han saltado a la palestra coincidiendo con la visita del presidente Rajoy a las instalaciones deportivas en la capital canaria que acogerán este verano el Mundial de Baloncesto. El jefe del Gobierno destacó la proyección internacional de los deportistas españoles y su contribución al prestigio de la Marca España, algo que las prácticas corruptas desde el poder, que no mencionó pero que Sáenz de Santamaría quiere abordar el martes con todos los portavoces parlamentarios, arruina más deprisa y con despiadada voracidad.

viernes, 28 de febrero de 2014

ISRAEL: UN INFORME DENUNCIA UN AMPLIO FRAUDE EN LAS ELECCIONES


Revelan amplio fraude en elecciones parlamentarias de Israel 


Pic

Un informe sobre el amplio fraude en las elecciones del parlamento del régimen israelí del 22 de junio de 2013, fue publicado el jueves en el periódico israelí Maariv

El diario afirmó que, según los supervisores de las elecciones parlamentarias del régimen de Israel, muchos votantes utilizaron carné de identidad de personas fallecidas o de aquellas que se encuentran fuera de los territorios ocupados de Palestina. 

Yousuf Shabira, supervisor de dichos comicios, en su informe, ha dado a conocer una larga lista de fraudes cometidos durante y después del sufragio. 

De acuerdo con el diario, los documentos revelan los nombres de 1 162 fallecidos en la lista de los votantes. 

Los supervisores, agrega Maariv, consideran ilógico que el nombre de muchos ancianos y discapacitados haya estado en la lista de los votantes ya que las autoridades no han preparado las condiciones para que acuda este colectivo a las mesas de votación. 

La comunidad israelí está involucrada en diferentes tipos de corrupción que abarca casi todos los sectores de este régimen. 

Diferentes titulares israelíes han sido investigados por corrupción financiera y moral como: el actual ministro de asuntos exteriores, Avigdor Lieberman, el expresidente del régimen de Israel, Moshe Katsav (2000-2007) y el ex primer ministro del régimen israelí, Ehud Olmert (2006-2009).
FUENTE

miércoles, 5 de febrero de 2014

EE.UU.: JPMORGAN, PACTA Y PAGA 314 MILLONES DE DOLARES POR LA ACUSACION DE FRAUDE HIPOTECARIO



JPMorgan pagará 614 millones de dólares para resolver la acusación de fraude hipotecario


JPMOrgan Chase.



La entidad reconoce que durante más de una década aprobó miles de préstamos que no contaban con los requisitos. 

La cantidad acordada resolverá la acusación por fraude fiscal a las agencias federales estadounidenses. 

Las malas prácticas de JPMorgan incurrieron en pérdidas sustanciales a la Administración Federal de Viviendas


JPMorgan Chase & Co ha acordado pagar 614 millones de dólares (más de 450 millones de euros) al Gobierno de Estados Unidos para resolver las acusaciones de que defraudó a agencias federales al suscribir créditos hipotecarios de mala calidad, según ha informado este martes el Departamento de Justicia.   JPMorgan, el mayor banco de Estados Unidos por activos, ha admitido en el acuerdo que durante más de una década aprobó miles de préstamos que no contaban con los requisitos para ser asegurados por la Administración Federal de Viviendas (FHA, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés). 

Cuando los préstamos fallaron Como consecuencia, "tanto la FHA como el VA incurrieron en pérdidas sustanciales cuando los préstamos mal calificados fallaron y llevaron a la FHA y el VA a cubrir las pérdidas asociadas", añade el comunicado emitido por el Departamento de Justicia. Tanto la FHA como el VA incurrieron en pérdidas sustanciales 

El acuerdo fue presentado en la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York y fue aprobado por el juez J. Paul Oetken. 

El banco defiende que este acuerdo "representa otro paso significativo en los esfuerzos de la empresa por dejar atrás los temas históricos relacionados a las hipotecas". El año pasado, la compañía acordó pagar cerca de 20 millones de dólares en acuerdos en su campaña por resolver los reclamos legales. Los acuerdo incluyen reclamos sobre temas hipotecarios, así como derivados y comercio de energía.
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miércoles, 29 de enero de 2014

ESPAÑA: FALCIANI ESTA TOMANDO CONTACTO CON VARIOS BANCOS PARA DESTAPAR "ESQUEMAS DE FRAUDE"


Falciani toma contacto con varios bancos para "destapar esquemas de fraude"


El informático Hervé Falciani en la presentación del partido (Efe)

Hervé Falciani quiere volver a romper la baraja del oscurantismo financiero. Y pretende hacerlo de la mano de la Red Ciudadana Partido X. El ingeniero de sistemas suizo conocido por sus listas de evasores fiscales de varios países de Europa, a las que tuvo acceso mientras trabajaba por el banco helvético HSBC, ha anunciado este martes estar en contacto con diferentes entidades financieras para poner en marcha un mecanismo de transparencia en las transacciones monetarias.

Así lo ha anunciado durante la presentación de la gira de la Red Ciudadana Partido X. Falciani colabora como asesor externo en la Comisión Anticorrupción de esta formación, que con el evento de hoy quiere “tomar el pulso” de la ciudadanía para decidir si finalmente se presentará a las elecciones europeas del próximo mes de mayo. El del suizo, que mantiene su colaboración con la Justicia española, también suena como posible candidato del Partido X, opción que él, por el momento, simplemente no descarta

Monitorizar los flujos de dinero

Entre las propuestas de “regeneración democrática” presentadas este martes, el Partido X y Falciani han asegurado querer ahondar en la transparencia de las finanzas. Para hacerlo, la idea es “presentar a los bancos un proyecto de monitorización de las transacciones financieras, y no de las personas; de los flujos de dinero”, ha explicado Simona Levi, coordinadora de esta formación. “Un proyecto de este tipo necesitaría grandes inversiones, que podrían ser hechas directamente por los bancos”, ha añadido.

La idea es presentar a los bancos un proyecto de monitorización de las transacciones financieras, de los flujos de dinero, para que sea sencillo identificar los esquemas que se utilizan para defraudar.“Con una herramienta de este tipo, los bancos podrían ser más competitivos”, ha explicado Falciani. “Se trata de recorrer las síngulas transacciones de los bancos, que en sí tienen poca información, y, una vez cruzadas, utilizarlas para destapar esquemas de fraude”. En búsqueda de una forma de ponerlo en práctica, “hemos contactado con varios bancos, sobre todo con los de perfil de ‘banca ética’, pero también con entidades tradicionales”, ha añadido. A largo plazo, el objetivo es que el proyecto pueda alcanzar una dimensión europea.

La gran ventaja de este sistema, ha asegurado Falciani, es que el coste del control de esas transacciones recaerá sobre los mismos bancos, como una inversión más. “De este modo sería muy fácil identificar, por ejemplo, qué empresas que operan en España y pagan un 4% en vez que un 30% de impuestos y cómo lo hacen”, ha asegurado.    

Cruzar datos

El anuncio de la nueva herramienta llega un día después de que el mismo Falciani desvelara al diario francés Le Monde estar trabajando con las autoridades españolas en "un programa que permite analizar todas las informaciones de las bases de datos de HSBC". Esas bases son las famosas listas de evasores fiscales que están en mano del ingeniero suizo.

Desde hace dos años Falciani trabaja con la Justicia española para monitorizar los datos que extrajo del poderoso banco HSBC. De esa información se pudo conocer el patrimonio en Suiza de la familia Botín, que se vió obligada a regularizar unos 200 millones de euros. Aunque sigue colaborando con la Justicia local, no ha habido más noticias, desde entonces, de evasores españoles.

En este sentido, durante la presentación de la gira del Partido X ha enfriado los ánimos asegurando que no es su intención dar el paso a una gran filtración de nombres de evasores españoles. “Queremos seguir colaborando con las Justicias de varios países europeos y ordenar la información para que sea más transparente y podamos hacer con ella lo que sea correcto”, ha matizado.
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ESPAÑA: LA POLICIA VE INDICIOS DE FRAUDE EN EL GRUPO BOLUDA A LA UNION EUROPEA


La policía ve indicios de fraude del grupo Boluda a la Unión Europea

La UDEF detecta irregularidades por 400.000 euros en una treintena de facturas


La policía ve indicios de fraude de grupo Boluda al Fondo Social Europeo. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detectado “irregularidades” en una treintena de facturas de Unión Naval de Valencia SA, el astillero del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda. Se trata de facturas emitidas por el excontratista de riesgos laborales Progene Segurlabor, cuyo concepto habría sido manipulado por el astillero para cobrar de forma fraudulenta ayudas comunitarias a la formación entre 2008 y julio de 2011. La cifra defraudada podría rozar los 400.000 euros, según fuentes de la investigación.
Una vez rematada la investigación policial, el caso encara su segunda fase: las pesquisas judiciales. El juzgado de Instrucción número dos de Valencia tomará declaración en febrero en calidad de testigos a tres excontratistas del astillero. Entre ellos, el gerente de Progene Segurlabor, el denunciante Fernando Sánchez. Después, podrían comparecer ante la juez el director de Recursos Humanos de Unión Naval de Valencia, SA, Francisco T. H., y la exdirectora del astillero Alicia M. G. Uno de los dos podría visitar la Ciudad de la Justicia en calidad de imputado. El cobro irregular de subvenciones de la UE contempla penas de entre uno y cinco años de cárcel y la obligación de devolver la cantidad defraudada multiplicada por seis.La UDEF se incautó el pasado día 15 más de un centenar de documentos en la sede del puerto de Valencia de la firma del presidente de AVE tras una denuncia de Progene Segurlabor. Los agentes se llevaron las facturas emitidas por esta empresa entre 2008 y 2009. Pero no hallaron las de 2010, según las mismas fuentes. La policía infiere en su informe que el astillero introdujo a posteriori el concepto de docencia en una decena de facturas al año. La supuesta maniobra habría tenido por objeto enmascarar trabajos rutinarios prestados por la subcontrata de prevención de riesgos laborales —control de accesos, desgasificación de tanques— por cursos que nunca se impartieron.
Las pesquisas abordan, inicialmente, las supuestas irregularidades del astillero con el proveedor denunciante. Pero la citación a declarar de otros dos subcontratistas podría ampliar la lente de la investigación. La compañía del presidente de AVE trabajó con una veintena de empresas externas en la construcción de buques. Soldadores, electricistas, peones. El astillero cerró en mayo de 2012 después de que Bruselas suprimirse el Tax Lease, que reducía las cargas fiscales un 20%. Y el denunciante quebró en 2011 cuando le rescindió el contrato su único cliente, la sociedad de Boluda. Suponía 900.000 euros anuales en su facturación. Una portavoz de la firma investigada declinó este martes hacer declaraciones a EL PAÍS.La investigación judicial centrará sus esfuerzos en averiguar quién manipuló las facturas de la discordia y quién autorizó la operación. El responsable de Recursos Humanos de Unión Naval Valencia, SA, explicó a la UDEF que actuó “según los gerentes de la empresa”. Mientras que la exdirectora de la firma de grupo Boluda dijo que estaba desvinculada del astillero “desde hace años”, según fuentes de la investigación. La UDEF no prevé nuevas visitas para recabar información al puerto de Valencia.

La factura de la discordia

Suma 30.238,86 euros y fue emitida el 30 de abril de 2010. Un requerimiento aleatorio de Hacienda al excontratista del astillero Progene Segurlabor interesándose por la factura 026L/10 destapó el presunto fraude a la UE de grupo Boluda. La Intervención General de la Administración del Estado pidió el pasado junio al antiguo proveedor información sobre el cobro de esta factura para cotejar la legalidad de una subvención comunitaria recibida por Unión Naval de Valencia, SA. El gerente de Progene Segurlabor, Fernando Sánchez, descubrió entonces que el astillero “modificó” el concepto real de la factura —limpieza de unos tanques— por la “implantación de docencia del curso de la GSN”.
Fernando Sánchez asegura que no prestó este trabajo. Pero admite que su rúbrica aparece en la versión supuestamente modificada. “En noviembre me pedían que firmase unos papeles para administración. Una vez objeté y me dijeron: Si desconfías, no te renovamos el contrato”.

ESPAÑA: LA ONG DE LA CONSEJERIA DE VALENCIA TRASNFIRIO 50.000$ EN VEZ DE 800.000€ A NICARAGUA


´La becaria que fue a Nicaragua me llamó alarmada al ver que solo llegaron 50.000 dolares´

La técnico de Solidaridad ha señalado que los expedientes de la Fundación Cyes eran famosos entre los trabajadores de la conselleria por sus irregularidades




La técnico de la Conselleria de Solidaridad Begoña Campaña ha revelado esta tarde en el juicio a Blasco cómo constató el fraude. 

La testigo ha explicado que le llamó alarmada la becaria que fue a Nicaragua a comprobar el desarrollo de los dos proyectos de 1,6 millones de euros. "Victoria Vila se puso en contacto conmigo bastante alarmada por la cantidad real que había llegado al proyecto. 

Eran 50.000 dólares". Campaña ha señalado que los expedientes de la Fundación Cyes (que no tiene relación con la constructora) eran famosos entre los trabajadores de la conselleria por sus irregularidades y porque les costaron el puesto a los funcionarios que se negaron a conceder la subvención a la fundación. 

La técnico, a preguntas de las defensa, ha apuntado que a nadie le cabe en la cabeza que de subvenciones de 800.000 euros solo lleguen 50.000 dólares ni que se compren inmuebles en Valencia con cargo a la ayuda internacional.
FUENTE

martes, 21 de enero de 2014

ESPAÑA: EX-EDIL DEL PP ACUSA AL PARTIDO DE FRAUDE DE 46 MILLONES EN LA EMPRESA PUBLICA EMARSA


Un exedil del PP acusa al partido de un fraude de 46 millones en Emarsa

Los populares gastaron 25 millones en salarios de enchufados, según el histórico dirigente


Juan Carlos Gimeno, exconcejal del PP en Valencia, acusó ayer al partido de haber cometido “un fraude no investigado de 46 millones de euros” en la desaparecida sociedad pública Emarsa. Gimeno lo declaró ante el juez instructor, Vicente Ríos, que investiga el saqueo de Emarsa, la entidad que depuraba las aguas residuales de Valencia y su área metropolitana, una causa judicial en la que él mismo está imputado por varios delitos.
La versión del también exportavoz popular en la Diputación de Valencia fue acogida con frialdad, sin embargo, según fuentes conocedoras de su declaración, por el magistrado, que está realizando las últimas diligencias antes de dar por concluida la instrucción.
El cálculo del fraude denunciado por Gimeno, que hoy tiene previsto ofrecer más datos en una conferencia de prensa convocada en un hotel, se basa en dos grandes partidas: “La contratación innecesaria de 38 personas vinculadas al PP”, cuyo coste acumulado de 25 millones habría contribuido a hundir a la empresa —los populares la liquidaron en 2010 con un agujero de 17 millones—; y supuestos fraudes cometidos en los convenios de explotación y mejora de Emarsa, así como en el sistema de financiación de la sociedad por parte de la Generalitat.
Gimeno intentó mostrar durante su declaración documentos que, según él, retratan los fraudes, pero el juez lo rechazó y le indicó que si quería aportarlos lo hiciera “por registro de entrada”.
El expolítico basa su acusación en que la depuradora de Emarsa tenía 67 trabajadores en 1995, cuando el PP llegó al Gobierno valenciano. Los mismos que tiene hoy bajo la dirección de la unión de empresas que se hizo con su gestión tras ser privatizada en 2010. Entremedio, los gerentes nombrados por el Partido Popular elevaron la plantilla hasta 103, con unos salarios que no habrían sido abonados mediante los cauces habituales por la entidad de la Generalitat Epsar, sino directamente mediante “fondos estructurales de Emarsa”.

lunes, 20 de enero de 2014

ESPAÑA: INVESTIGADO EL DIPUTADO DE CIUDADANS POR FRAUDE FISCAL


El TSJC investiga al diputado catalán de 

Ciutadans Jordi Cañas por fraude fiscal


El portavoz parlamentario y diputado de Ciutadans, Jordi Cañas (i). (EFE)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha declarado competente para investigar al diputado de Ciutadans en el Parlament Jordi Cañas por estar presuntamente implicado en un fraude de 429.203,45 euros en el impuesto de sociedades a través de un entramado societario inmobiliario en 2005.

En un auto de este lunes, el Tribunal asegura que "existen indicios de que el diputado Jordi Cañas pudo haber participado en hechos susceptibles de ser un delito contra la Hacienda Pública" cuando era socio de las empresas inmobiliarias S.Y. Servei Inmobiliari S.L. y de Inversiones Manais 2002 S.L.

La investigación arrancó a raíz de una querella presentada por la Fiscalía contra otras diez personas que ya han prestado declaración como imputados en el Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona, y ahora la instrucción proseguirá en el TSJC debido a la condición de aforado de Cañas.
Según el auto, Cañas era administrador, socio al 50% y autorizado en las cuentas bancarias de la sociedad S.Y. Servei Inmobiliari S.L. -el otro 50% era de su entonces pareja M.A.L.-, y socio del 40% de Inversiones Manais 2002 S.L.

Cañas trabajaba en un local en la calle Juan de Malta de Barcelona, desde donde se controlaban las sociedades mercantiles del Grupo Corbelia, dirección que a su vez era la sede social de Inma & Marc Habitatges S.L. El TSJC asegura que esta última empresa presuntamente defraudó 429.203,45 euros en el ejercicio 2005 por el impuesto de sociedades, utilizando las sociedades que forman parte del Grupo Corbelia, "en las que participaba como socio y como administrador el aforado".

Para llevar a cabo este fraude se emitieron y recibieron facturas que no respondían "a prestaciones ni servicios reales" entre las mercantiles del Grupo Corbelia, y además se llevó a cabo un aumento fraudulento del precio de adquisición de un bien inmueble por parte de Inma & Marc Habitatges, aminorando el beneficio obtenido por la venta.

Colaboración "necesaria"
Según el auto judicial, en el primer caso "la organización del entramado societario y de la operativa articulada correspondía a José Luis A.L. -entonces cuñado de Cañas- y la colaboración de Jordi Cañas, junto con el resto de querellados, devenía necesaria para la defraudación".
Asimismo, asegura que no se ha aportado "contrato ni documentación alguna que permita acreditar la realidad de los servicios" de una factura emitida por Inma & Marc Habitatges a la mercantil administrada por Cañas S.Y. Servei Inmobiliari S.L. por importe de 100.050 euros bajo el concepto de servicios de colaboración.

El TSJC considera que el diputado de C's participó en el entramado y la operativa para defraudar "atendida la existencia de relaciones personales y profesionales con quien parece ser el organizador", por sus cargos en sociedades del Grupo Corbelia y por ser receptor de una factura que no corresponde a ningún servicio real.

miércoles, 8 de enero de 2014

EE.UU.: 80 POLICIAS ACUSADOS DE FRAUDE EN NUEVA YORK


80 policías de Nueva York acusados de fraude

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Ochenta policías y bomberos retirados de Nueva York fueron acusados este martes de fraude a la seguridad social, tras fingir incapacidad por traumas como consecuencia de los atentados del 11 septiembre de 2001, ha informado la Fiscalía. 

El fiscal del distrito de Manhattan en Nueva York, Cyrus R. Vance Jr., indicó en una nota que los acusados habían hecho durante años falsas reclamaciones por discapacidad mental y costado cientos de millones de dólares a los contribuyentes. 

"Muchos participantes cínicamente fabricaron reclamos de enfermedad mental como resultado del 11 de Septiembre, deshonrando a los voluntarios que sirvieron a la ciudad a costa de su propia salud y seguridad", aseguró Vance. 

Según el acta de inculpación, los cuatro acusados "actuaron juntos para dirigir y asistir a cientos de solicitantes para falsificar invalidez en orden de obtener pagos del sistema federal de ayuda a los inválidos, además de sus pensiones". 

Los acusados afirmaban sufrir problemas psíquicos que les impedían trabajar, como estrés postraumático, ansiedad o depresión. Muchos de los acusados utilizaron su asociación con los acontecimientos del 11 de septiembre, según la fiscalía. 

El 11 septiembre de 2001, dos aviones pertenecientes a la American Airlines y United Airlines impactaron contra las Torres Gemelas de Nueva York (EE.UU.) y se cobraron la vida de casi 3 000 personas
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sábado, 21 de diciembre de 2013

LA JUEZ AYALA PROCESA A LA CUPULA DE URBANISMO POR FRAUDE EN EL CONCURSO


Alaya procesa a Torrijos y a la cúpula de Urbanismo por fraude en el concurso

La juez da un plazo de diez días a la Fiscalía para que presente su escrito de acusación y solicite la apertura de juicio oral contra los 15 procesados. Exculpa a otros tres imputados.



La juez Mercedes Alaya ha dictado este viernes un nuevo auto en el que acuerda el procesamiento por el “concurso fraudulento” para la venta de los suelos de Mercasevillaal concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el ex edil del PSOE Gonzálo Crespodos ex gerentes de Urbanismo y varios funcionarios de este organismo que se encuentran en la lista de 15 procesados, que también incluye a los ex directivos del Mercado mayorista Fernando Mellet yDaniel Ponce y a otros tantos funcionarios de Urbanismo.

El auto de la juez Alaya acuerda transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado -con lo que corrige su anterior error al elevar la causa a sumario- que se sigue por delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, asociación ilícita y falsedad cometido por funcionario público en delito mercantil.

En la resolución, Alaya acuerda el archivo de las actuaciones contra tres de los imputados, la ex directora del área de Contabilidad de Mercasevilla Pilar Giraldo Moreno y los técnicos José Manuel Ferrera Rimada Alfredo Delmo Suárez, al estimar que “no existen motivos suficientes para considerar responsables” a estas personas de los delitos que se investigan.

En el auto, la juez da por concluida la investiga y concede un plazo de diez días a la Fiscalía y a la acusación particular para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Esta investigación se inició a raíz de las diligencias previas abiertas por un delito de cohecho –que terminaron con la condena de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas-.

Alaya ha investigado en esta causa la presunta preparación de un concurso público para laadjudicación de una opción de compra sobre la totalidad de los terrenos donde se encuentra ubicada la entidad Mercasevilla, sita en la carretera Sevilla-Málaga, con la “dirigida finalidad” de que la adjudicataria fuera la entidad Sanma, la misma que se habría subrogado con anterioridad en el derecho de superficie de la entidad Larena 98 sobre una de las parcelas de Mercasevilla, ante la imposibilidad de que dicha entidad pudiera construir unas naves.

La instructora considera que la “intención” de Fernando Mellet, y de los concejales Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Gonzalo Crespo (PSOE), así como Domingo Enrique Castaño -asesor del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín- era llevar a cabo un “concurso fraudulento” que beneficiara “claramente” a la constructora Sanma (filial del grupo Sando), para lo cual se introdujeron dos cláusulas en el pliego del concurso, una de limitación al alza, que “penalizaba extrañamente las ofertas superiores sobre el precio de compraventa” con la que se conseguía un “efecto perverso” al penalizar las ofertas de mayor cuantía económica en beneficio de las inferiores, y la cláusula de titularidades previa, que primaba la titularidad sobre un derecho de superficie sobre los terrenos.

Ese pliego de condiciones se elaboró, según argumenta la juez, “intencionadamente para beneficiar a Sanma” e incluso en el pliego definitivo del concurso aprobado por la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla no se recogía la exigencia de incluir la descripción de cualquier derecho de superficie u ocupación, por lo que “quedaba oculto para el resto de los licitadores la ventaja (hasta 10 puntos) concedida a Sanma”.

La instructora señala que la cláusula de limitación al alza no aparecía en el pliego de condiciones cuando fue aprobado en la reunión de la Comisión Ejecutiva del 8 de noviembre de 2005, sino que fue “introducida de rondón” en la reunión del Consejo de Administración, ya meramente formal, el día 30 de noviembre, acción que Alaya atribuye entre otros imputados a Castaño, Mellet, Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo.

La juez asegura que fue el entonces director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, “persona de confianza del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín” quien entró en contacto con Sanma, queestaba muy “interesada en Mercasevilla” y en llevarse “todo el lote: derecho de superficie, opción de compra y futura adquisición de los terrenos y traslado y construcción de la nueva sede de la Unidad Alimentaria”.

Los responsables de Sanma, según Alaya, necesitaban como contraprestación para subrogarse el derecho de superficie de Larena 98 que “se les garantizara la concesión” del derecho de compra de la totalidad de los terrenos y que se les garantizara la obtención de licencia de edificación en las parcelas afectadas por ese derecho, una “garantía que sería prestada por el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Marchena, también persona de confianza del alcalde”.

Al concurso concurrieron ocho empresas, algunas de las cuales tenían relaciones internas entre si y con Sando, y “salvo tres de ellas, las cinco restantes por su exiguo volumen y por la carencia de ajuste mínimo a las prescripciones del pliego, podrían considerarse ofertas de relleno” y el resultado, prosigue Alaya, fue que “indiciariamente todas las licitadoras, salvo Sanma, se excluyeron a sí mismas”, aunque para la juez la valoración de las ofertas que se hizo también“benefició ilegítimamente” a esta constructora.

Para la juez, Sanma fue igualmente beneficiada posteriormente con la concesión de la licencia de primera ocupación por parte de la Gerencia a pesar de que no había finalizado la construcción de la infraestructura eléctrica -con lo que existían unas “enormes deficiencias” en la urbanización-, cuando a la anterior empresa, Larena 98, se le había denegado por este motivo.

La instructora ha imputado a varios funcionarios por no haber dado el “pase” al servicio de Proyectos, Obras y Actuaciones Infraestructurales, lo que “impediría sin la visita a la obra y conociendo las graves deficiencias en el suministro eléctrico, la licencia de primera ocupación”. “El descontrol que existía en el Servicio de Licencias haría el resto, pues en ningún caso las imputadas y responsables del servicio Isabel Evans o Emilia Barrial, jefa y subjefa, leían el contenido de tales informes del servicio de coordinación de Vía Pública, ni se cuestionaban si con él se daba contestación a la conclusión o no de las obras de urbanización”.

El entonces gerente de Urbanismo y también procesado Miguel Ángel Millán concedió la licencia casi en el plazo solicitado de un mes y “sin examinar el expediente ni los informes existentes, en base supuestamente a un informe recopilatorio firmado por la señora Evans, extremo que es negado por la misma”, precisa la juez.
Alaya considera que los hechos pueden constituir un delito de prevaricación, en lo que se refiere a la “preparación presuntamente ilícita del concurso público”, desde la elaboración del pliego hasta la valoración favorable, del que serían presuntos autores Domingo Enrique Castaño, Antonio Rodrigo Torrijos, Gonzalo Crespo, Fernando Mellet, el asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero, la funcionaria María Victoria Bustamante, el economista José Antonio Ripollés, y los responsables de Sanma Luis Sánchez Manzano, José Luis Sánchez Domínguez y José Luis Miró.

Alaya también imputa un delito de prevaricación, en relación con la petición de licencia por parte de Larena 98, a la funcionaria de Urbanismo Emilia Barrial, mientras que procesa por un delito contra la ordenación del territorio a los responsables de Sando, a Emilia Barrial, Isabel Evans, al arquitecto Alberto Balbontín, y a los ex gerentes de Urbanismo Miguel Ángel Millán y Manuel Marchena. Sobre este último, Alaya dice que “estaría al corriente desde el principio de la problemática de Mercasevilla con Larena y de la necesidad de que aquella tenía de que la empresa que se subrogara en el derecho de superficie tuviera como contraprestación el derecho de opción de compra sobre la totalidad de los terrenos”.

La juez ha procesado por un delito de falsedad en documento mercantil a Fernando Mellet y Daniel Ponce, en relación con una factura. 

A todos los imputados, salvo Isabel Evans y Miguel Ángel Millán, Alaya les atribuye además undelito de asociación ilícita del artículo 515 del Codigo Penal, pues “todo ellos en un momento determinado se habrían organizado, con cierta consistencia y jerarquía, en torno a la figura de Domingo Enrique Castaño y Fernando Mellet, para realizar cada uno su ilícito cometido”.

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