TORMENTA POLÍTICA EN COMPOSTELA
Abren juicio oral contra los siete concejales de Santiago imputados por prevaricación
La Fiscalía ha pedido nueve años de inhabilitación para ellos. El procesamiento de más de la mitad de su grupo municipal pone contra las cuerdas al gobierno de Ángel Currás en la capital de Galicia. Los ediles solo evitarán el banquillo si prospera su recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña
Sin apenas tiempo para asimilar la acusación formal de la fiscal que se produjo el pasado viernes, los siete concejales del PP de Santiago acusados de prevaricación por acordar en junta de gobierno que el Concello pagase el abogado a su compañero Adrián Varela, imputado en la Pokémon, ya han visto hoy como la jueza ha decretado la apertura de juicio oral contra ellos.
El proceso, por tanto, ya se ha completado y lo único que puede ahora librar a los siete ediles de sentarse en el banquillo de los acusados es el recurso que han presentado en la Audiencia Provincial contra el auto de imputación de la magistrada Ana López Suevos.
El recurso no suspende el proceso, de ahí que fiscal y jueza hayan continuado con él pese a que los concejales compostelanos habían recurrido.
Los siete afectados son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello. Para todos la fiscal solicita nueve años de inhabilitación especial para cargo o empleo público.
Una vez decretada la apertura de juicio oral, el caso recaerá en uno de los dos juzgados de lo Penal que hay en Santiago. Será en una de estas dos salas en las que se juzgará a los concejales del PP de Santiago en el caso de que no se admita su recurso en la Audiencia. En ese supuesto, la dirección regional del partido tendrá que decidir si les pide la dimisión o si decide intervenir el Ayuntamiento y nombrar una comisión gestora.
Hay que recordar que diez de los trece miembros del gobierno local del PP en la ciudad están imputados en alguna causa. Alguno de ellos en más de una, como es el caso del propio alcalde, Ángel Currás, involucrado en la operación Pokémon y en la denuncia por prevaricación y acoso del exsubjefe de la Policía Local, que fue relevado de su cargo de un modo presuntamente ilegal.
Un gobierno contra las cuerdas
Según informa M. Cheda, el alcalde de Santiago eludió valorar esta mañana el grave problema al que se enfrenta su multiimputado ejecutivo. A la conclusión de un acto al que ha asistido hoy en el Hostal dos Reis Católicos (previo a que se conociera la apertura de juicio oral), la prensa ha intentado obtener del regidor unas palabras en relación con ese asunto, si bien él se ha negado a atender a los medios de comunicación. De hecho, ha salido del recinto prácticamente a la carrera.
Sí se ha referido al caso uno de los siete concejales que podrían ser procesados, la portavoz del ejecutivo municipal, María Pardo, quien, preguntada acerca de si el Concello maneja un plan B para el caso de que ella y sus seis compañeros resulten declarados culpables, ha espetado: «No, para nada». De hecho, se ha declarado «muy sorprendida» no solo por el castigo tan importante que la fiscala solicita para el grupo, sino «incluso» también por el mero hecho de que esta haya ejercido su función acusadora. ¿Se trata entonces, a su juicio, de una persecución contra el gabinete de Currás? «En este momento, me permitiréis que, en el ejercicio del derecho de defensa que tengo, me calle mis valoraciones», ha despachado la cuestión.
En defensa de la jueza
Ante la tormenta política desatada en Santiago, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha salido en defensa de la jueza Ana López Suevos por las críticas que ha recibido por su decisión de imputar a toda la junta de gobierno compostelana.
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