ESPAÑA: COLECTIVO DE JUECES VE INCONSTITUCIONAL LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Los jueces españoles ven inconstitucional la ley de seguridad ciudadana

MADRID (Reuters) - El órgano de gobierno de los jueces criticó el jueves la futura ley de seguridad ciudadana, con la que el Gobierno español trata de frenar los desórdenes públicos en un país acostumbrado en los últimos años a frecuentes protestas en la calles, habitualmente pacíficas, contra los recortes.

En el informe del Consejo General del Poder Judicial, aprobado por unanimidad, los magistrados cuestionan la constitucionalidad del proyecto de ley, y piden que se le realicen cambios en la tramitación parlamentaria.

"Los términos de justificación de la intervención de los poderes públicos son excesivamente amplios y (el CGPJ) recomienda adecuarlos a los límites constitucionales del concepto de seguridad ciudadana", dijo el organismo en una nota de prensa.

El anteproyecto, que el Gobierno del Partido Popular podrá aprobar sin problemas en el Parlamento dada su mayoría absoluta, establece, entre otras cosas, multas más elevadas para actos como manifestaciones no autorizadas que degeneren en violencia o la perturbación de la seguridad en actos públicos, deportivos o religiosos.

Además, los manifestantes que oculten su rostro podrían ser multados con hasta 30.000 euros, mientras que las pancartas "ofensivas" contra España, las comunidades autónomas o los ayuntamientos y sus símbolos también son consideradas infracciones graves y sancionables con esa misma cantidad.

El Gobierno ha defendido la norma, afirmando que hay que castigar a los grupos violentos que ponen en peligro la seguridad de ciudadanos y agentes de policía, pero la oposición y los defensores de los derechos humanos la califican de "patada en la boca".

"(El CGPJ ve) excesivamente amplio el deber de denuncia establecido en el anteproyecto y estima más adecuado circunscribirlo a hechos que supongan una perturbación cierta de la seguridad ciudadana o de los que pueda concluirse racionalmente que la producirán, sin que baste la mera sospecha o la posibilidad", según la nota de los jueces.

Las manifestaciones y las huelgas se han multiplicado desde el inicio de la crisis y la aplicación de las primeras políticas de recortes en 2010, que han afectado áreas delicadas como la sanidad y la educación.

Pese a pequeños focos violentos, las protestas han sido mayoritariamente pacíficas en un país con un desempleo oficial del 26 por ciento y una reforma laboral que ha facilitado a las empresas despedir atrabajadores.

Tras una masiva marcha ciudadana en Madrid el sábado pasado, que transcurrió de forma pacífica hasta que un pequeño grupo de manifestantes se enfrentó violentamente con los agentes antidisturbios, la Delegación del Gobierno abrió un "expediente sancionador" contra los organizadores, alegando que eran los responsables de que la manifestación transcurriera dentro del "buen orden"

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