ESPAÑA: SANIDAD PUBLICA PAGA A SANIDAD PRIVADA CRECE UN 52%

El dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años

La privatización sanitaria tiene múltiples caminos: desde la adjudicación de hospitales hasta los conciertos para hacer pruebas diagnósticas, tratamientos o intervenciones quirúgicas

Ninguna región es ajena a la utilización de medios privados para sus redes de salud, que ya representa el 10% del gasto sanitario público español

La sanidad pública paga cada vez más a la privada. Unos 7.600 millones de euros al año. Supone un 10,5% del gasto sanitario público que suma 72.000 millones anuales. Los datos de la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad recogen un aumento de esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 2002 a 2011.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de privatización de la sanidad y entrada de empresas en la asistencia de los ciudadanos? Las vías de trasvase de dinero público al sector sanitario privado son variadas. Cada Administración defiende su realidad y no deja de subrayar la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea ésta servida por medios propios, conciertos, convenios o concesiones a contratistas.

El Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS) ha ordenado estos gastos por comunidades autónomas y tipos de pagos desde los presupuestos de Sanidad a las empresas privadas del sector. El IDIS es una entidad que defiende la entrada de las clínicas privadas como “eje de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, según su secretario general Juan Abarca.

La comunidad autónoma que más gasta en sanidad privada es Cataluña. Su sistema sanitario trasvasa 2.450 millones de euros a clínicas cada curso, un 24,1% del gasto. Canarias destina un 10,3% de todo su presupuesto sanitario a medios privados (286 millones de euros). Madrid y Baleares están ambas por encima del 8% con 713 y 112 millones respectivamente. En Andalucía, se paga mucho a empresas privadas de sanidad (446 millones de euros), pero supone un 4,7% de todo el dinero destinado a la salud. En los últimos puestos del ránking autonómico en términos relativos están Aragón (4%), Extremadura (4,3%) y Cantabria (4,5%).

El panorama es una maraña de fórmulas de contratación, cesión, concierto y encomiendas en la que se impone una mirada pormenorizada para ver el alcance de la privatización.

Sanidad mixta catalana

En Cataluña, se puede hablar de un sistema general mixto público-privado. La Generalitat tiene convenios singulares con 31 hospitales privados para que formen parte del Sistema de Utilización Pública. Además, entre 2008 y 2014 publicó 495 concursos para el diagnóstico por imagen, las terapias respiratorias, la atención primaria o los servicios socio-sanitarios.

Este esquema obliga a las arcas públicas catalanas a aportar esos casi 2.500 millones de euros a entidades sanitarias privadas. Es cerca de la mitad, el 41,8% de todo lo que el sector público paga al privado en España. A pesar de que, desde los 1.298 euros per cápita que Sanidad invertía en 2012, el Gobierno ha rebajado la partida a 1.095 –y el consejero Boi Ruiz reconoce que la cifra ideal son 1.500 euros-, la tasa de crecimiento del pago a entidades privadas ha estado en el 2,1% anual desde 2002 a 2011.

Los contratistas entran a escena

Sin duda, la polémica y preocupación ciudadana sobre la privatización sanitaria se ha agudizado especialmente con el proceso de entrada de empresas contratistas en la gestión directa de la sanidad. Tanto con la concesión de la gestión no médica de centros como los contratos completos que asignan a empresas privadas la construcción, administración y gestión sanitaria de hospitales de la red pública. Las sociedades privadas han visto cómo su negocio se ampliaba en la red pública española en los últimos años.

La Comunidad Valenciana: es la pionera en la adjudicación integral sanitaria a contratistas. Cinco departamentos de salud están así gestionados. Seis empresas (Ribera Salud, ACS, Lubasa, Sanitas, DKV y Asisa) se reparten en diferentes porcentajes cinco hospitales de la siguiente manera:

Alzira (Ribera Salud, ACS y Lubasa): 143,4 millones al año para la asistencia de 227.000 personas; Hospital de Denia (DKV y Ribera Salud): 94,8 millones para 150.000 ciudadanos; Hospital de Torrevieja (Sanitas): 123 millones para 195.000 alicantinos; y Hospital de Vinalopó (Ribera Salud y Asisa): 101 millones.

Las asignaciones se incrementan en el mismo porcentaje que el presupuesto de Sanidad elaborado por el Gobierno regional. Valencia le ha metido un acelerón al gasto público en sanidad privada a un ritmo de crecimiento del 10,9%. Gasta 442 millones al año (un 6,6% de su presupuesto). "A la Genertalitat le viene muy bien y las concesionarias tienen que hacer verdaderos esfuerzos para que les salgan las cuentas", ha analizado el director general de IDIS, Manuel Vilches, dejando clara su visión sobre estos modelos.

Madrid: el Gobierno del PP ha impulsado las partidas de dinero público hacia medios sanitarios de empresas. Un 13,7% más de media en diez años. En 2011 se destinaron 714 millones de euros (un 8,5% del presupuesto total). El estudio de IDIS habla de "interdependencia" entre los sistemas sanitarios público y privado.

Existen cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta Leonor (de IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas, Asisa, Bankia, Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles (IDCSalud) con pago de 107,1 millones y Collado Villalba. Este último centro no ha sido puesto en marcha porque el Ejecutivo de Ignacio González considera que no puede afrontar el pago del canon, aunque sí se abona 11 millones al año en concepto de mantenimiento).

Concesiones también existen en Canarias, que en 2013 lanzó un concurso para la hemodiálisis en Gran Canaria y Lanzarote por 35 millones de euros para cinco años. Las islas son la segunda región que asigna más recursos a la sanidad privada respecto a su presupuesto: un 10,3% y 286 millones al año.

Los conciertos versus la infrautilización de medios públicos

Casi todas las administraciones sanitarias –sin importar el color político que las dirijan- conceden gran impacto a los conciertos con clínicas para llevar a cabo terapias o pruebas (en ocasiones en detrimento de los recursos directos). El 38% de las terapias de respiración en Madrid son asignadas a centros privados. En Galicia es el 23% y en Navarra el 21% del total de tratamientos de esta índole. Es un nuevo frente de lucha abierto contra la privatización sanitaria.

En el caso de Madrid, el 73% de los 48 hospitales privados de la región tienen algún tipo de acuerdo firmado con el SERCAM. La panoplia diseñada por la Consejería de Sanidad abarca múltiples disciplinas. Como se apuntaba, los enfermos respiratorios dependen en gran medida de centros privados para sus terapias (95 millones de euros en concursos entre 2008 y 2014). Se le suman, además, las pruebas diagnósticas que se derivan a la hora de hacer ecografías o mamografías. Un modelo que puede resquebrajarse en cuanto la administración no llega a acuerdos que satisfagan sus estrecheces financieras, como sucedió en 2013 cuando se detuvieron miles de mamografías del Programa de detección precoz del cáncer de mama en Madrid.

También a la hora de intentar bajar las listas de espera quirúrgicas, algunas comunidades han apostado fuerte por la derivación a hospitales de empresas. Así, en Castilla y León han llegado al 51%; en Castilla-La Mancha al 34% y en Aragón al 19% de la actividad. En Castilla y León tuvieron que regresar a estos conciertos en 2013 tras no poder gestionar las listas con los medios públicos una vez suprimidas las actividades extraordinarias de tarde en los hospitales. Igual le ocurrió a Valencia. Marcha atrás y nuevo flujo de dinero a clínicas privadas ante el atasco. En Castilla-La Mancha están recurriendo a traslados a otras regiones para intervenciones de sus pacientes.

Los convenios

El sistema de convenios es una manera habitual de que los impuestos abonen la prestación de servicios sanitarios en centros privados. El convenio hace que los ciudadanos puedan acudir a los hospitales a recibir sus tratamientos. Andalucía destaca en esta fórmula con 17 centros conveniados. Cinco de ellos pertenecen a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y seis al grupo José Manuel Pascual. También con Cruz Roja Española. 

Este sistema es el que utiliza el Partido Popular para asimilar los procesos privatizadores como el de Madrid con otras regiones. Como dijo el vicesecretario popular Carlos Floriano hace poco más de un mes, "está vigente en otras comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña". El flujo de pacientes andaluces está controlado por los hospitales públicos y sus Unidades Provinciales de Gestión.

El informe del IDIS reseña que "no se dispone de información pública en cuanto a la remuneración obtenida por parte de los grupos privados con estos convenios".  Andalucía gasta 447 millones de euros en dar cobertura pública con medios privados (un 4,7% del total). También aparecen con estas fórmulas el País Vasco, Galicia, Islas Baleares y Asturias.

La Comunidad de Madrid firmó un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz (regentada por IDCSalud) por 30 años para atender en ese hospital a población de referencia. En 2012 y 2013, Madrid le abonó más de 300 millones por cada anualidad.

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ESPAÑA: BRUSELAS AUTORIZA A LA EMPRESA LLOYDS EL NEGOCIO DE LA SANIDAD PUBLICA DE LA MANO DE SACYR

Bruselas autoriza la entrada de Lloyds en el negocio de la Sanidad pública madrileña de la mano de Sacyr

La Comisión Europea ha aprobado la venta de la concesión de los servicios no sanitarios de los hospitales de Parla y Coslada por parte de la compañía española a un fondo de la entidad británica.

La Comisión Europea ha autorizado este miércoles sin condiciones al grupo de infraestructuras españolSacyr a vender parte del Hospital Infanta Cristina y el Hospital del Henares de Coslada a un fondo de pensiones del banco británico Lloyds tras constatar que la operación no tendrá un impacto negativo sobre la competencia en el mercado comunitario.

En virtud de la operación, el fondo de Lloyds pasaría a ostentar el "control conjunto" de la sociedad concesionaria (Hospitales Concesionados) de los hospitales con Sacyr, según una información de Europa Press.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que la adquisición no creará problemas de competencia porque no hay solapamientos verticales entre las compañías y el solapamiento horizontal entre Sacyr Concesiones y Hospitales Concesionados no planteará cuestiones adicionales.

La transacción, que se notificó a Bruselas el pasado 7 de febrero, ha sido examinada por la Comisión mediante el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.
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ESPAÑA: SANIDAD VUELVE A DAR EL SERVICIO DE ATENCION A MALTRATADAS A UNA EMPRESA QUE DESPIDE A EMBARAZADAS

Sanidad vuelve a dar el teléfono de atención a maltratadas a la empresa que despidió embarazadas

El ministerio adjudica el servicio a Qualytel: aunque su oferta era la más cara, aseguran que fue la propuesta "económicamente más ventajosa"

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se niega a decir si abrió una investigación, tal y como se comprometió a hacer, y cuáles fueron sus conclusiones

El Ministerio de Sanidad acaba de adjudicar el servicio del número 016 para atender a mujeres víctimas de violencia machista durante el próximo año. ¿La empresa adjudicataria? Qualytel Teleservices, la compañía que hasta ahora ostentaba el servicio y que dispone de un historial laboral poco limpio.

A finales del año pasado, CCOO denunció que Qualytel había despedido a trabajadoras embarazadas; por otro lado, la Inspección de Trabajo multó a la compañía en 2012 por echar a personas con discapacidad. Sin embargo, la empresa ha vuelto a obtener la máxima puntuación en el concurso de licitación, y no porque fuera la oferta más barata sino porque obtuvo la mayor puntuación en los "criterios que dependen de un juicio de valor".

Cinco empresas concurrieron a la licitación que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (que depende del Ministerio de Sanidad) abrió en diciembre. Dos de ellas fueron excluidas del procedimiento por no cumplir los requisitos establecidos en una cláusula del pliego de condiciones sobre cómo presentar la documentación necesaria. Así pues, la mesa de contratación valoró las ofertas de las otras tres compañías: Qualytel, Sertel y Atento.

Ha sido Qualytel la empresa que más puntuación ha conseguido (85,36 puntos sobre 100), seguida de Sertel (80,63 puntos) y de Atento (77,25). De los cien puntos totales que podían conseguirse, 38 eran por criterios que dependían de un juicio de valor y 62, en función de la oferta económica.

En la oferta económica, Qualytel ha sido la peor parada: sólo consigue 59,11 puntos frente a los 62 (el máximo) de Atento y los 61,38 de Sertel. Pero en los criterios que dependen de un juicio de valoración (como estructura del servicio o recursos humanos), Qualytel es la que mayor puntuación tiene (26,25 puntos), seguida de Sertel (19,25) y de Atento (15,25).

Según el anuncio de adjudicación, la oferta más baja presentada fue de 752.066,12 euros y la más cara, de 796.281,28 euros, que correspondía a Qualytel. Sin embargo, en el expediente de adjudicación se resuelve que, una vez vistas la puntuación y los motivos de ésta, se concede el servicio a Qualytel "por ser la propuesta económicamente más ventajosa".

Fuera cual fuera la adjudicataria, las trabajadoras que prestan el servicio del 016 tienen que ser subrogadas. El contrato con la empresa es por un año, prorrogable durante otros doce meses.

Cuando se produjeron las denuncias, tanto PSOE como Izquierda Plural pidieron explicaciones a la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, en la Comisión de Igualdad del Congreso. Hernández aseguró entonces que la Delegación abriría una investigación para conocer lo sucedido y que el concurso para una nueva licitación del servicio se abriría en breve.

A la llamada de eldiario.es, la Delegación no ha querido confirmar si tal investigación se llevó a cabo y cuáles fueron sus resultados. "Nos remitimos a la empresa", dice un portavoz. La empresa se ha limitado a decir que cumple con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que vela "por el respeto a los derechos de los trabajadores; en especial, en una apuesta inequívoca por el empleo femenino y juvenil".

Fuentes sindicales dicen desconocer si el Ministerio solicitó información a la empresa, aunque aseguran que nadie de la Delegación preguntó en el centro de Zaragoza (donde se produjeron los despidos). Señalan también que la precariedad laboral continúa. "Hay mucha gente con contratos de mes a mes; si así se produce un despido, es muy difícil demostrar que es porque la persona se ha puesto enferma o se ha quedado embarazada. Hay tal precariedad que cada cierto tiempo se dan situaciones complicadas", aseguran. 

Dos despidos

Qualytel es filial del grupo Arvato Bertelsmann y tiene centros de trabajo repartidos por varias ciudades españolas. Es en su centro de Madrid en el que se encuentran las trabajadoras encargadas de atender el teléfono 016. Fue en octubre cuando CCOO denunció que la empresa había despedido a al menos dos trabajadoras que estaban embarazadas en su centro de Zaragoza. La empresa readmitió a una de ellas y aseguró que se trataba de un error de la ETT que había hecho el contrato.

En el otro caso, señaló que no se trataba de un despido, porque el contrato temporal de la trabajadora finalizaba. No obstante, la empleada llevaba casi un año con un contrato que se renovaba mes a mes, y fue en su octavo mes de embarazo cuando le comunicaron que no volverían a renovárselo.

Por otro lado, la Inspección de Trabajo sancionó a Qualytel por infracción grave al incumplir la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) y despedir a trabajadores con discapacidad en 2012. Además, tanto CCOO como CGT han denunciado las condiciones de trabajo sumamente precarias de Qualytel, con una temporalidad excesiva, contratos que se renuevan mes a mes, y unas pausas de trabajo que no se respetan tal y como aparecen en el convenio colectivo.

Qualytel es, además, una de las empresas adheridas a la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género que puso en marcha el Ministerio de Sanidad.

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ESPAÑA: CASI 900 MIL PERSONAS PERDIERON LA SANIDAD GRATUITA

Casi 900 mil personas perdieron gratuidad sanitaria en España

Madrid, 3 feb (PL) Unas 875 mil personas perdieron la asistencia sanitaria gratuita en España por los recortes del gobierno de Mariano Rajoy, denunció hoy la central sindical Comisiones Obreras.

La responsable de Empleo y Migraciones de la organización, Paloma López, indicó a reporteros que el estimado se realizó a partir de abril de 2012, cuando se modificó el modelo vigente hasta entonces.

La afectación abarca a inmigrantes sin permiso de residencia, que ahora sólo pueden ser atendidos en caso de urgencia, partos o si son menores de edad, y a residentes desempleados que salieron del país en busca de trabajo.

Comisiones Obreras considera que las limitaciones agravan la situación de sectores ubicados entre los más desfavorecidos y aseguró que 2013 fue el tercer peor año para el empleo en España, luego de 2009 y 2011.

Recientemente, el secretario general de la central sindical, Ignacio Fernández Toxo, advirtió del riesgo que en 2014 no crezca el empleo pese al cambio de ciclo económico dado con el fin de la recesión.

Fernández Tojo advirtió que salir de la recesión no implica el fin de la crisis y estimó que en caso de no tomarse medidas adecuadas se tardará al menos 15 años en recuperar el nivel de empleo de 2007.

Con seis millones de parados, el trabajo precario asociado a salarios bajos no es la solución, alertó el dirigente sindical en alusión a la tendencia actual de la economía española.
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ESPAÑA: SANIDAD DE MADRID PODRIA HABER ENTREGADO INFORMACION DE PACIENTES A LAS EMPRESAS CONCURSALES

La Comunidad de Madrid podría haber entregado a las adjudicatarias de los hospitales información confidencial de trabajadores y pacientes

La prepotencia y la chapuza han sido los dos rasgos principales del proceso de privatización de sus hospitales emprendido por la Comunidad de Madrid y frenado por los Tribunales. Ahora, se suma una tercera característica, que de confirmarse supondría un grave delito: Los adjudicatarios de los hospitales a privatizar tendrían en su poder información confidencial de los pacientes y trabajadores de cada centro, recibida incluso antes de cerrar el proceso.

En efecto, el Presidente Ignacio González, y su sacrificado escudero en la operación de venta de la sanidad pública madrileña, Javier Fernández-Lasquetty, jamás se tomaron en serio la posibilidad, finalmente acaecida, de que su chapuza privatizadora fuese impedida. Creían que su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, su desprecio por la opinión pública y la movilización ciudadana, y sus ‘contactos’ en la judicatura, serían avales suficientes para hacer su real y santa gana.

Pero se equivocaron, y por eso ha quedado al descubierto otra chapuza, esta delictiva, cometida en este proceso: incluso antes de que las adjudicaciones fuesen en firme, los ‘agraciados’ con la gestión  de cada hospital ya podrían haber contado con ristras de información altamente confidencial para que pudiesen empezar a echar sus números y afilar sus cuchillas para emprender a toda velocidad los recortes que estimasen oportunos.

Fuentes conocedores del proceso han explicado a Diario Progresista que, “representantes de estas empresas, sin ningún tipo de acreditación o autoridad legal para ello” se paseaban por ‘sus’ nuevos hospitales y habrían recibido cumplida información de todo lo que les interesaba: desde listados de personal, con datos tan sensibles como su historial profesional, salario, antigüedad, afiliación sindical, etc. hasta las historias clínicas de los pacientes que, de manera interna o externa, eran atendidos en el hospital en cuestión.

De hecho, como ha podido confirmar Diario Progresista en otras fuentes complementarias, grupos de técnicos de cada una de las empresas adjudicatarias ocuparon despachos en los hospitales –a despecho de las moratorias legales y la precariedad y provisionalidad de las adjudicaciones- y comenzaron a actuar como los “nuevos dueños” reuniéndose con personal de los centros, recabando información, entrando en las redes y bases de datos de los hospitales, etc.

Junto a los datos sobre el personal y los pacientes, estos técnicos recababan información sobre otros aspectos sensibles de la actividad y gestión de cada centro hospitalario, como el gasto farmacéutico, las listas de espera para cada especialidad, las intervenciones programadas, pruebas clínicas más demandadas y un largo etcétera.

Ahora, que el proceso se ha paralizado definitivamente, queda por despejar la enorme duda de qué ha ocurrido con toda esta información tan sensible que, supuestamente, ha obrado o podría seguir estando en poder de estos grupos privados. La pregunta que se formula en medios sanitarios es “¿qué uso van a dar a toda esa información confidencial las empresas frustradas en su negocio? ¿Qué va a hacer la Consejería de Sanidad para taponar este presunto derrame de información confidencial sometida a su custodia y protección?”. 

Preguntas que, a día de hoy, no tienen respuesta. Sólo existe una certeza: el escándalo de la privatización de la sanidad pública madrileña no ha concluido. 

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ESPAÑA: MADRID PREPARA UN RECORTE DE 130 MILLONES EN LA SANIDAD

Madrid anticipa un recorte de 130 millones en el presupuesto de Sanidad

Enrique Ossorio asegura que la paralización de la privatización hospitalaria decicida por el propio Gobierno regional supone un coste adicional

En caso de tener que indemnizar a las empresas que ganaron los concursos "sí habrá dinero", ha asegurado

El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha manifestado hoy que los presupuestos regionales "contemplaban la posibilidad" de que se paralizara el proceso de privatización hospitalaria, pero que la Consejería de Sanidad "deberá ahorrar ahora 130 millones de euros con medidas de eficiencia".

Enrique Ossorio ha hecho estas declaraciones en Getafe, en la inauguración de una nueva sede de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, donde ha señalado que "cuando se elabora el presupuesto para 2014, el proceso de externalización estaba paralizado, no se sabía qué decisión iban a tomar los tribunales, por lo que contemplaba las dos posibilidades".

El consejero de Economía y Hacienda ha detallado que el presupuesto de Sanidad para este año son 130 millones de euros menos que el presupuesto que tenía para el ejercicio siguiente, ya que esos 130 millones "hubiesen salido de manera natural del ahorro que se producía por la cápita que se pagaba en esos seis hospitales como consecuencia de los concursos".

"Como eso ya no se va a producir, desde esos 6.970 millones de euros la Consejería de Sanidad lo que debe hacer es implantar nuevas medidas de centralización de compras y medidas de eficiencia para conseguir ahorrar esos 130 millones, para así tener el mismo presupuesto para el gasto que tuvo el año pasado", ha explicado.

Según Ossorio, viendo la trayectoria de la Consejería de Sanidad desde 2011, "que ha rebajado de manera muy sustancial el gasto de la sanidad sin rebajar el servicio que presta a los ciudadanos, esos 130 millones se pueden conseguir".

Respecto a si la Comunidad de Madrid deberá indemnizar a las empresas adjudicatarias al haberse cancelado el proceso de privatización, el consejero de Economía ha apuntado que "se ha producido un auto por parte de la sección tercera, hay que analizarlo, ver los procedimientos de contratación y ver cuál sería esa situación".

En el caso de que finalmente deban hacerse efectivas indemnizaciones, Ossorio ha aseverado que "sí habrá dinero" para hacerlas frente

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ESPAÑA: SANIDAD RETIRA EL MEDICAMENTO "EPISTABOL"

Sanidad retira 'Epistabol', un producto usado en el culturismo

Se usa como altenartiva a los esteroides anabólicos para aumentar la masa muscular. Contiene un compuesto médico que no está indicado en su etiquetado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AEMPS), del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado del producto 'Epistabol', vendido como complemento alimenticio y utilizado en el entorno del fisioculturismo, por incluir en su composición sin advertirlo en el etiquetado el principio activo metilepitiostanol, lo que el confiere la condición de medicamento.

Las autoridades sanitaria tuvieron conocimiento mediante una denuncia, de la comercialización de este producto a través de Internet, como complemento alimenticio, pese a no haber sido notificado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

En su etiquetado el 2a,3a-epithio-17a-methyl-5a-androstan-17beta-ol también denominado metilepitiostanol, lo que le confiere la condición legal de medicamento por lo también se prohíbe su venta.

Según explica Sanidad, 'Epistabol' es un producto destinado a un consumo en el entorno del fisioculturismo, como alternativa a los esteroides anabólicos para aumentar la masa y la fuerza muscular. El metilepitiostanol es una prohormona que en el cuerpo se metaboliza dando lugar a la sustancia hormonal desoximetiltestosterona, que puede producir efectos adversos que, en función del individuo y de la duración del tratamiento, pueden ser importantes y, en ocasiones, irreversibles.

En este sentido, recuerda que existe información sobre reacciones adversas producidas por productos comercializados como complementos alimenticios para el fisioculturismo, en cuyo etiquetado aparecen esteroides o alternativas a esteroides como el metilepitiostanol, cuyo consumo se ha asociado a casos de lesiones hepáticas graves, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, y embolia pulmonar (bloqueo de las arterias en el pulmón), que ha sido publicada por otras autoridades sanitarias.

El pasado mes de diciembre la AEMPS ordenó la retirada de 'Epistane 18', un producto similar vendido también por Internet como complemento alimenticio y utilizado en el entorno del fisioculturismo, por incluir igualmente en su composición sin advertirlo en el etiquetado el principio activo metilepitiostanol.

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ESPAÑA: 239 CASOS GRAVES DE GRIPE A Y 11 MUERTES

Sanidad confirma 239 casos graves de gripe A y 

11 fallecidos

El Sistema de Vigilancia de Gripe, dependiente del Institutuo de Salud Carlos III, confirmó este jueves que hay 239 casos graves hospitalizados de gripe A en 13 comunidades autónomas y 11 fallecidos, de los cuales, el 90% eran mayores de 44 años y el mismo porcentaje presentaba alguna enfermedad crónica.

Según informa este organismo, desde el inicio de la temporada se han notificado 547 detecciones de virus de la gripe, el 98% del tipo A, el 0,5% del B y el 1,3% del tipo C.

La semana pasada continuó la fase de ascenso de la onda epidémica de esta temporada con una tasa de incidencia de gripe de 160,72 casos por 100.000 habitantes, duplicando la tasa de la semana anterior.

El 69% de los pacientes afectados desarrolló neumonía y el 45% ingresó en la UCI. El 76% de los enfermos había recibido tratamiento con antivirales y en el 78% de los casos el tratamiento se adminitró pasadas las 48 horas del inicio de los síntomas. El 33% de los pacientes susceptibles de ser vacunados habían recibido la vacuna antigripal.

Las comunidades autónomas que han notificado casos de gripe A son: Andalucía, Aragón (una de las más afectadas), Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. El 51% de los casos, son mujeres.

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ANTES LA SANIDAD DE MADRID DEPENDIA DE LA PRIVATIZACION AHORA NO AFECTA

La privatización que iba a salvar las cuentas de Madrid ahora "no afecta" al presupuesto

El consejero de Sanidad asegura que la suspensión cautelar de la 'externalización' de seis hospitales de la comunidad no perjudica a la partida de 2014

Privatizar seis hospitales de la comunidad no sólo era legal, sino también necesario para laComunidad de Madrid cuando anunció su plan de sostenibilidad del sistema sanitario, a finales de 2012. Con todo el programa, el presidente, Ignacio González,estimaba un ahorro de 533 millones, fundamentales para las ahogadas cuentas del Gobierno.

Sin embargo, el proyecto no llegó a buen término durante 2013, dado que gran parte de las medidas previstas por la Consejería que dirige Javier Fernández Lasquetty se quedaron en punto muerto. En las cuentas de 2014, el presupuesto de Sanidad permaneció intacto —según el presidente autonómico— salvo por la reducción de 130 millonescorrespondientes a laexternalización del Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo. Es decir, que el Ejecutivo daba por hecho que la privatización se iba a llevar a cabo este año.

Aun así, para el titular de Sanidad, la decisión de ayer del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la paralización del proceso privatizador "no afecta, en absoluto" a las cuentas públicas para el presente año. "Los presupuestos estaban hechos para una suspensión cautelar de la externalización de la gestión", aseguró ayer Lasquetty tras ser preguntado por si la resolución del TSJM afectaría al Presupuesto de 2014, informa Europa Press.

Esta sentencia choca con la esgrimida por el jefe del Ejecutivo regional, que reconoció, al anunciar los presupuestos, que sí pensaban poder mantener el ahorro previsto de 130 millones de euros, pese a estar la paralización (ya entonces) dictada por los tribunales.  "Pensamos que eso lo vamos a poder mantener y llevarlo adelante, sino tendremos que seguir haciendo ajustes en el gasto", advirtió González.

Si no hay dinero para Sanidad, ¿por qué bajar impuestos?

En cualquier caso, otro de los puntos polémicos del Presupuesto regional fue el anuncio de labajada de impuestos que supondrá un ahorro de hasta 1.000 euros para el bolsillo de cada ciudadano, aunque ello suponga seguir incrementando la deuda de la Comunidad y el consiguiente enfado del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro . González proclamó su "histórica" medida en octubre de 2013, probablemente convencido de que la rebaja de 1,6 puntos en el tramo autonómico de IRPF gustaría a los madrileños. Pero no fue del todo así. 

La oposición lo criticó por aplicar la medida "sólo a los que más tienen" mientras seguía recortando en Educación (con el aumento de tasas, entre otras cuestiones) y Sanidad (se recortan 75 millones en personal). Y entre las olas de la marea blanca no se explicaban cómo se podía anunciar una rebaja impositiva mientras se justificaba la privatización de hospitales. "Sólo con anular la publicitada disminución de los impuestos —que, por cierto, van a ser sobre todo para las rentas más altas—, se podrían ahorrar los recortes sanitarios e incluso realizar un modesto incremento presupuestario", sentenció entonces la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid en un comunicado. 

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ESPAÑA: SANIDAD DISCRIMINA A MUJERES SOLAS Y LESBIANAS PARA LA REPRODUCCION ASISTIDA

Sanidad deja fuera de la reproducción asistida a mujeres solas y lesbianas

El proyecto publicado por el Ministerio de Sanidad unifica "a la baja" los criterios para acceder a los tratamientos

Los requisitos incluyen la "existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva" o "un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales" sin usar anticonceptivos 

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ya lo había advertido: "La falta de varón no es un problema médico"

La FELGTB y la Asociación de Madres Solteras por Elección denuncian un trasfondo "ideológico"

La ministra de Sanidad, Ana Mato, lo advirtió tras el Consejo Interterritorial del pasado verano en el que se fijó la nueva cartera básica de servicios sanitarios: las "razones médicas" serán un requisito indispensable para que las mujeres puedan acceder a tratamientos de reproducción asistida.

Ahora, con el proyecto sobre la mesa, se confirma lo esperado. La nueva cartera deja fuera a mujeres sin pareja y a parejas de lesbianas porque, como también mencionó la ministra tras la reunión con los consejeros autonómicos, "la falta de varón no es un problema médico".

Con esta nueva cartera, Sanidad se ha encargado de unificar los criterios de acceso a los tratamientos de reproducción asistida. En el texto anterior, el de 2006, este asunto se solucionaba con un escueto "problemas de fertilidad" u otra "indicación clínica". Y es esta "indicación clínica" la que permitía a las comunidades autónomas aplicar sus competencias para decidir si atendían o no a mujeres sin hombre. Con el nuevo proyecto, según la vocal de igualdad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales(FELGTB), Isabel Gómez, "la igualdad viene a la baja".

Los requisitos principales para acceder a estos tratamientos pasan por la "existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva, constatada tras el correspondiente protocolo diagnóstico", o la "ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos".

Pero hay más. Tener un hijo previo y sano o la existencia de alguna patología que pueda suponer un peligro para la mujer durante el embarazo son supuestos que pueden dejar fuera a candidatas.  Además, la existencia de una situación documentada que "pueda interferir de forma grave sobre el desarrollo de la descendencia" será "sometida a consideración de un Comité de ética asistencial", señala el proyecto. 

Parejas heterosexuales fértiles

Desde la FELGTB, consideran que el ministerio "se ha cubierto las espaldas para no hablar de esterilidad por la incompatibilidad de gametos". Esto es, que, en ocasiones, entre parejas heterosexuales fértiles los gametos no son compatibles, por lo que no se produce el embarazo. "Si a esa mujer fértil no le piden que se cambie de novio, ¿por qué a mí sí me exigen que me cambie de pareja?", se pregunta Gómez.

La presidenta de la Asociación de Madres Solteras por Elección, Pilar Castellano, lamenta que, con el requisito de mantener relaciones sexuales durante un año, las mujeres sin pareja "se quedan fuera". Además, denuncia otro impedimento de la nueva cartera. "Exigen que, en el caso de donantes anónimos, estos estén registrados en el Registro Nacional de Donantes, que ya estaba previsto en la ley de 2006, pero que no existe".

La responsable de la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO, Ana Herraz, hace hincapié en otro punto: "En el proyecto argumentan que el impacto de género es nulo, cuando los requisitos contravienen a estas mujeres". Así, ha puesto de manifiesto lo que ella considera una contradicción del Gobierno del PP. "No permiten ser madres a quienes quieren serlo y a quienes deciden libremente no serlo se las limita con leyes como la reforma de la ley del aborto".

El secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Fertilidad, el doctor José Antonio Castilla, ha matizado que, "si las mujeres tienen una causa de esterilidad clara, sí tendrían acceso", aunque no tengan pareja o sean lesbianas. Pero reconoce que "es poco frecuente" porque "lo normal es no tener causas definitivas".

Por ejemplo, como explica el doctor, si una mujer sin pareja masculina no tiene ovarios o le faltan las trompas, sí podría someterse a estos tratamientos. Sin embargo, "si no existe una causa de esterilidad extrema, no va a ser clasificada nunca como estéril, puesto que no va a estar 12 meses manteniendo relaciones con un hombre".

Tanto la FELGTB como la Sociedad Española de Fertilidad ha mantenido reuniones con representantes del ministerio para tratar este asunto, algo que también solicitó la Asociación de Madres Solteras por Elección aunque, según indica Castellano, no han obtenido respuesta.

"Población de alta eficiencia"

En esas reuniones, el doctor Castilla explica que manifestaron que las mujeres solteras y lesbianas "son una población de alta eficiencia" en estos tratamientos porque son fértiles, aunque reconoce que "los recortes podrían haber sido mucho mayores", si se rebajan en más los ciclos o la edad. Y es claro en un asunto: "Han sido sólo para ellas".

Según los calculos de Sanidad, si estos requisitos hubiesen estado vigentes en 2012, el ministerio habría dejado de gastar unos 53 millones de euros. Aunque esta cantidad corresponde a la disminución del límite de edad, que pasa a estar en los 40 años en el caso de la fecundación in vitro o inseminación artificial con semen de donante; y en 38, con semen de la pareja.

No obstante, las comunidades autónomas tienen potestad para ampliar esta cartera de servicios con cargo a sus propios presupuestos. Con este proyecto, que aún está pendiente de alegaciones, se "crea un marco legislativo para respaldar a aquellas que decidan excluir" a estas mujeres, aclara el doctor Castilla.

Tanto Gómez como Castellano coinciden en que este nuevo recorte en los servicios sanitarios "se basa en la ideología". "Existe voluntad de discriminación", denuncia la vocal de igualdad de la FELGTB. "Si estas técnicas no curan nada, sino que permiten tener hijos, deberíamos estar todas bajo el mismo rasero", exige Castellano.

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ESPAÑA: HUELGA GENRAL DE LA SANIDAD EN GALICIA

Arranca la huelga en la sanidad gallega

Los 33.000 profesionales del Sergas están llamados a secundar dos jornadas de paro en contra de los recortes

Desde las diez de esta noche hasta la misma hora del martes, y desde mañana a las ocho hasta la misma hora del miércoles, los profesionales de la sanidad pública gallega están convocados a una huelga, convocada por los sindicatos CESM, O'Mega, CC. OO. y CIG. Estas plataformas llamaron a los 33.000 trabajadores que forman parte del Servizo Galego de Saúde a sumarse a una protesta a favor de una «sanidade pública de calidade» y en contra de los recortes y «la privatización». Entre los aspectos por los que los sindicatos llaman a los trabajadores a secundar este paro están los copagos, las jubilaciones sin cubrir, la merma en las plantillas de los centros, los recortes en asistencia sanitaria, el incremento de la precariedad laboral, la puesta en marcha de las áreas de gestión clínica, la pérdida de derechos laborales del personal de atención primaria y especializada o la tasa de reposición de un 10 %. El llamamiento se ha extendido a toda la población con manifestaciones en trece localidades gallegas el día martes día 10.

Responsables del Sergas, sindicatos y oposición tienen una visión muy diferente de por qué se toman distintas medidas. Entre las principales protestas de los sindicatos médicos está lapuesta en marcha de las áreas de gestión clínica. Este proyecto, que viene de hace años -el primer borrador tiene más de dos años-, propone un nuevo modelo organizativo más orientado hacia el proceso asistencial del paciente, en el que los profesionales gestionan recursos humanos y materiales, y cuyos ahorros pueden revertir en los propios profesionales. La polémica por esta medida es su posible privatización.

Como otro frente se sitúa el interés del Sergas en reformar el modelo retributivo para vincularlo a la carrera profesional. Desde la Consellería de Sanidade insisten en que los profesionales demandan un cambio retributivo dentro del sistema público. El objetivo de la Administración sanitaria esvincular estos cambios a la carrera profesional, «incluso con reconocimientos que no sean económicos mientras se mantiene la actual situación de crisis».

La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, aseguró esta semana que se trataba de un paro con «trasfondo político», en el que las reivindicaciones laborales pasaron a un segundo plano, incluido el nuevo modelo de gestión clínica, que señaló tenía sobre la mesa el sindicato CESM-Omega.

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