La SGAE indemniza a su 'número dos' con 500.000 € en 'diferido' para eludir al fisco
El Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), presidido por José Luis Acosta –el sucesor de Antón Reixa y Eduardo Teddy Bautista–, acordó en su reunión del pasado 14 de noviembre pagar una indemnización de casi 500.000 euros en diferido al actual número dos de la entidad de gestión de derechos de autor, Pablo Hernández, disfrazándola como "despido improcedente" para esquivar a Hacienda.
Hernández, ex director de los Servicios Jurídicos –cargo que sigue ejerciendo en la sombra– y ahora secretario general de la SGAE, abandonará la entidad voluntariamente y de mutuo acuerdo el próximo 31 de diciembre, según consta en el acta del Consejo de Dirección celebrado el pasado 14 de noviembre, al que ha tenido acceso El Confidencial. Pero, cuando llegue esa fecha, su marcha se producirá "por medio de un despido improcedente" cuyo cálculo se hará "considerando 45 días por año trabajado".
La
propuesta, aprobada por 10 votos a favor, uno en contra y una abstención, añade
que "el salario que se tomaría como referencia sería el que percibió el 30 de
julio de 2012", una retribución que, pese a no venir reflejada en el acta de la
reunión, ascendió aquel año a casi 250.000 euros. "Esto significaría el abono de
una indemnización por importe aproximado de 490.000 euros",
añade el acta, que Hernández cobrará en diciembre de este año.El acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección de la SGAE supone un fraude de ley, ya que sólo cabe hablar de despido improcedente cuando se trata de una decisión unilateral del empleador sin causa justificada. En ese caso, el trabajador sí tiene derecho a percibir una indemnización exenta de tributación, tal y como señala el artículo 7, apartado e, de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según recuerdan las fuentes jurídicas consultadas por este diario.
El
despido en diferido de Hernández en ningún caso puede considerarse
improcedente, ni tampoco despido: se trata en realidad de un
pacto entre la SGAE y su actual número dos que pone fin a su
relación laboral. Y, por lo tanto, la indemnización que perciba debería estar
sujeta a tributación. Pero el Consejo de Dirección de la SGAE ha camuflado ese
acuerdo como despido improcedente para burlar a Hacienda, pese a que el citado
artículo 7, apartado e, de la Ley del IRPF excluye de las rentas exentas a las
indemnizaciones por despido "establecidas en virtud de convenio, pacto o
contrato".El acuerdo aprobado por el Consejo de Dirección de la SGAE también permitiría a Hernández, una vez cobrados los 490.000 euros de indemnización, percibir la prestación por desempleo durante un periodo de dos años, pese a que no tendría derecho a la misma por tratarse de un pacto con su empleador y no de un despido improcedente.
El
juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye
el macroproceso contra la cúpula de la SGAE por presunta apropiación
indebida durante la etapa de Bautista al frente de la sociedad,
investiga también a Hernández en una pieza separada del sumario
principal por las supuestas irregularidades cometidas en el llamado Proyecto
Arteria, la red de teatros que gestiona la SGAE.La llegada de Hernández a la entidad, en 1996, coincidió con un aumento vertiginoso de su patrimonio inmobiliario, según consta en un informe que la Guardia Civil entregó a la Fiscalía Anticorrupción y que está incorporado al sumario. En él se detalla cómo adquirió siete viviendas de lujo en la Comunidad de Madrid y la Costa del Sol durante un periodo de ocho años, a lo largo del cual utilizó como tapadera para cobrar una parte de su salario en la SGAE a una empresa inmobiliaria cuyo administrador único es su mujer, Carmen Cabezas.
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