ESPAÑA: COCA-COLA PAGA 2,9 MILLONES HA HACIENDA

Coca-Cola paga 2,9 millones al fisco tras una inspección de Hacienda

El fabricante de refrescos evita otra multa porque la valoración de la sanción fue incorrecta

La Compañía de Servicios de Bebidas Refrescantes, empresa a través de la que opera en España la multinacional de refrescos Coca-Cola, pagó en enero del año pasado 2,98 millones de euros para regularizar su situación fiscal de 2006 y 2007. Hacienda reclamaba esta cantidad a la empresa en concepto de pagos por el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y otros tributos. Coca-Cola señala en el informe de gestión de 2012 que ha realizado el pago exigido por el fisco español, y reconoce que en febrero de 2013 recibió, además, un requerimiento de la Agencia Tributaria por el que se le comunica la apertura de otra investigación relativa al impuesto de sociedades entre 2008 y 2011, y por el IVA y otros tributos entre 2009 y 2011.

Coca-Cola lleva años inmersa en diversas pugnas con la Hacienda española. En 2012 su otra filial, Refrescos Envasados, decidió provisionar 67,7 millones para hacer frente a diversos procesos judiciales desfavorables. “La sociedad tiene abiertos a inspección para todos los impuestos las liquidaciones presentadas para los cuatro últimos ejercicios”, señala la compañía en su informe de 2012. Explica con detenimiento una reclamación de 2010, por la que la Agencia Tributaria le exige cerca de un millón de euros por irregularidades en la declaración del IVA de octubre y noviembre de ese año. La empresa apeló la multa, achacando las irregularidades a un error y reclamó al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). 

La marca, un regalo

Precisamente el mismo tribunal, el TEAC, emitió otra resolución en octubre de 2013 en el que ponía en duda otra práctica de la empresa, que finalmente evitó la sanción por cuestiones técnicas. La Inspección Tributaria exigía a Coca-Cola 3,41 millones de euros porque consideraba que había eludido el pago de parte del impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR), asegurando que cedía gratis a las embotelladoras españolas (ahora fusionadas en Iberian Partners) el uso de su marca.

Los inspectores denunciaron que la multinacional sí cobraba por la marca, indirectamente, incluyendo su coste en el precio cobrado como proveedor del jarabe concentrado con el que se elabora el refresco. El TEAC, en su resolución de octubre, corroboró la acusación, pero desestimó la multa, porque no aprobó el sistema por el que se había calculado la sanción. La compañía no ofreció ayer valoraciones sobre el asunto.

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ESPAÑA: LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES INDEMNIZA A SU NUMERO 2 CON 500.000 € PARA EVITAR AL FISCO

La SGAE indemniza a su 'número dos' con 500.000 € en 'diferido' para eludir al fisco

El Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), presidido por José Luis Acosta –el sucesor de Antón Reixa y Eduardo Teddy Bautista–, acordó en su reunión del pasado 14 de noviembre pagar una indemnización de casi 500.000 euros en diferido al actual número dos de la entidad de gestión de derechos de autor, Pablo Hernández, disfrazándola como "despido improcedente" para esquivar a Hacienda.

Hernández, ex director de los Servicios Jurídicos –cargo que sigue ejerciendo en la sombra– y ahora secretario general de la SGAE, abandonará la entidad voluntariamente y de mutuo acuerdo el próximo 31 de diciembre, según consta en el acta del Consejo de Dirección celebrado el pasado 14 de noviembre, al que ha tenido acceso El Confidencial. Pero, cuando llegue esa fecha, su marcha se producirá "por medio de un despido improcedente" cuyo cálculo se hará "considerando 45 días por año trabajado".
La propuesta, aprobada por 10 votos a favor, uno en contra y una abstención, añade que "el salario que se tomaría como referencia sería el que percibió el 30 de julio de 2012", una retribución que, pese a no venir reflejada en el acta de la reunión, ascendió aquel año a casi 250.000 euros. "Esto significaría el abono de una indemnización por importe aproximado de 490.000 euros", añade el acta, que Hernández cobrará en diciembre de este año.

El acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección de la SGAE supone un fraude de ley, ya que sólo cabe hablar de despido improcedente cuando se trata de una decisión unilateral del empleador sin causa justificada. En ese caso, el trabajador sí tiene derecho a percibir una indemnización exenta de tributación, tal y como señala el artículo 7, apartado e, de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según recuerdan las fuentes jurídicas consultadas por este diario.
El despido en diferido de Hernández en ningún caso puede considerarse improcedente, ni tampoco despido: se trata en realidad de un pacto entre la SGAE y su actual número dos que pone fin a su relación laboral. Y, por lo tanto, la indemnización que perciba debería estar sujeta a tributación. Pero el Consejo de Dirección de la SGAE ha camuflado ese acuerdo como despido improcedente para burlar a Hacienda, pese a que el citado artículo 7, apartado e, de la Ley del IRPF excluye de las rentas exentas a las indemnizaciones por despido "establecidas en virtud de convenio, pacto o contrato".

El acuerdo aprobado por el Consejo de Dirección de la SGAE también permitiría a Hernández, una vez cobrados los 490.000 euros de indemnización, percibir la prestación por desempleo durante un periodo de dos años, pese a que no tendría derecho a la misma por tratarse de un pacto con su empleador y no de un despido improcedente.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el macroproceso contra la cúpula de la SGAE por presunta apropiación indebida durante la etapa de Bautista al frente de la sociedad, investiga también a Hernández en una pieza separada del sumario principal por las supuestas irregularidades cometidas en el llamado Proyecto Arteria, la red de teatros que gestiona la SGAE.

La llegada de Hernández a la entidad, en 1996, coincidió con un aumento vertiginoso de su patrimonio inmobiliario, según consta en un informe que la Guardia Civil entregó a la Fiscalía Anticorrupción y que está incorporado al sumario. En él se detalla cómo adquirió siete viviendas de lujo en la Comunidad de Madrid y la Costa del Sol durante un periodo de ocho años, a lo largo del cual utilizó como tapadera para cobrar una parte de su salario en la SGAE a una empresa inmobiliaria cuyo administrador único es su mujer, Carmen Cabezas.
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