La Junta pagará la defensa de los altos cargos imputados en los ERE
NOS ROBAN Y
ADEMAS TENEMOS QUE PAGARLES LOS ABOGADOS
La Junta de
Andalucía abonará la defensa jurídica privada de los altos cargos de la
administración autonómica que están en activo y de los funcionarios públicos
imputados por la juez Mercedes Alaya en el caso del fraude de los
ERE.
La Junta de Andalucía abonará la
defensa jurídica privada de los altos cargos de la administración autonómica que
están en activo y de los funcionarios públicos imputados por la juez Mercedes
Alaya en el caso del fraude de los ERE.
En una rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha
explicado que el pago de esta defensa se recoge en el reglamento del servicio
jurídico de la Junta, y ha aclarado que sólo afecta a los altos cargos en activo
y a los funcionarios públicos que lo soliciten.
La juez Mercedes Alaya imputó la
semana pasada a una veintena de altos cargos de la Junta, entre ellos al
viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, junto a la exministra de
Fomento Magdalena Álvarez.
Vázquez ha explicado que se
aplicará el reglamento de los servicios jurídicos en virtud del cual los altos
cargos y los funcionarios públicos pueden pedir el servicio de defensa de la
administración o el pago de una defensa letrada cuando están imputados en una
causa judicial, y ha apuntado que desconoce si hay un límite en la cuantía que
la Junta paga por esos servicios.
También ha señalado que la Junta
de Andalucía no va a recurrir el auto de la juez porque "quiere andar con pies
de plomo" en este asunto y ha asegurado que "no hay motivos" para imputar al
presidente de la Junta, José Antonio Griñán, o a la consejera de Hacienda,
Carmen Martínez Aguayo.
Ha defendido el derecho de la
administración autonómica a "hacer públicas sus discrepancias" con el auto, el
cual -ha reiterado- es "perfectamente recurrible y señala a personas honestas y
honorables que han hecho un buen servicio a Andalucía".
Además, ha censurado que el auto
"parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal" y tiene
"cierta inconsistencia apuntada por importantes juristas".
Vázquez ha criticado que los
imputados señalados en el auto judicial de Alaya no hayan recibido hasta el
momento notificación oficial del juzgado.
Igualmente, ha sostenido que la
petición que ha hecho hoy la Fiscalía Anticorrupción a la juez Mercedes Alaya
para que fije un "calendario razonable" para la declaración de los veinte nuevos
imputados por el fraude de los ERE va en la línea planteada por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y por la Junta de reclamar celeridad en este
caso.