INFORMACION TOTALAMENTE ACTUALIZADA

Mostrando entradas con la etiqueta valencia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta valencia. Mostrar todas las entradas

sábado, 5 de abril de 2014

ESPAÑA: 1.000 PROPIEDADES DE LA IGLESIA BURLAN A LA HACIENDA VALENCIANA


Mil propiedades de la Iglesia burlan a Hacienda en Valencia



Mil propiedades de la Iglesia burlan a Hacienda en Valencia


Guillermo González y otros cuatro miembros de Europa Laica llevan un año fiscalizando más de 1.200 propiedades que tiene la Iglesia católica en la ciudad de Valencia, una de las pocas en las que se ha hecho público el listado completo de inmuebles del Arzobispado. A ello dedican fines de semana, vacaciones y días libres que piden en el trabajo para hacer consultas en la Administración. “Esto lo tendría que estar haciendo un inspector, pero la dejadez del Ayuntamiento es tremenda”, critica González.
Conocer el listado costó, explica, porque las concejalías de Hacienda de los municipios los guardan con recelo para evitar “sacarle los colores” a la Iglesia. El Ayuntamiento de Valencia tuvo que hacerlo público a finales de 2012, a regañadientes, tras una consulta del concejal Joan Ribó (Compromís). El consistorio entregó dos documentos con los nombres de 440 propiedades del Arzobispado y 1.040 de diversas fundaciones, respectivamente. El 80% de éstas últimas, al menos, está ligado a la Iglesia. Además del listado oficial, los activistas han encontrado otras 38 propiedades del Arzobispado.
Una por una, cruzando los datos con el registro del catastro, el grupo laicista ha elaborado un catálogo con todas las propiedades católicas que hay en la ciudad, en función de su uso: 512 viviendas, 171 aparcamientos, 112 locales comerciales… Sólo 232 están dedicadas a uso religioso, es decir, el 18%. Las cifras pueden bailar ligeramente, matizan, porque en algunos casos no está claro el uso que se le da a estos inmuebles.
En 1979, la Conferencia Episcopal logró –gracias a los acuerdos del Estado con la Santa Sede– que sus propiedades quedasen exentas de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con la única condición de que se declare que en ellas “se realiza actividad pastoral”. Al pago del IBI está obligada la mayoría de organizaciones en España, excepto las vinculadas a cuatro confesiones religiosas (católica, musulmana, evangélica y judía) y las amparadas por la ley de mecenazgo, como son las fundaciones.
Este privilegio choca con los principios constitucionales de laicidad del Estado y de igualdad y, según calcula el concejal Ribó, el Ayuntamiento de Valencia estaría dejando de ingresar cada año cerca de 2 millones de euros por este concepto. Las estimaciones de Europa Laica para todo el Estado son mucho más altas: los impuestos totales (IBI, sociedades, IRPF y obras) que las administraciones perdonan a la Iglesia cada año podrían alcanzar los 2.500 millones. Esta cantidad es imposible de conocer con exactitud debido a la opacidad de las cuentas de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Ni los gobiernos del PSOE (Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero) ni los del PP (José María Aznar y Mariano Rajoy) han cuestionado este privilegio durante sus respectivos mandatos. La CEE suele guardar silencio sobre la cuestión de los impuestos. En 2013, cuando el Ayuntamiento de Soria amenazó con cobrar el tributo por 18 inmuebles católicos, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, se enfrentó al consistorio alertando de las consecuencias que generaría el cobro del IBI a la Iglesia: “El efecto final sería dañino para los ciudadanos”, advirtió.
Europa Laica denuncia que, además, la Iglesia y el Ministerio de Hacienda hacen caso omiso a una de las cláusulas de los acuerdos de 1979, que impide que la institución católica se lucre gracias a la explotación de los inmuebles exentos de IBI. La mayor parte de las viviendas, aparcamientos y locales comerciales de la Iglesia en Valencia están en régimen de alquiler y le reportan cientos de miles de euros cada año.
Entre éstos, hay una tienda de ropa interior, un concesionario de coches, una clínica de estética, solares con huertos de patatas y hasta un dönner kebab. No son negocios de la Iglesia, pero el Arzobispado se lucra con ellos, ya que son locales que alquila a terceros. “Aunque no están destinados al culto, Hacienda les perdona el IBI. ¡Es un escándalo!”, critica Guillermo González, enfadado por la complicidad que encuentra la Conferencia Episcopal en el PP valenciano. Sin embargo, esta protección se da también en consistorios gobernados por otras fuerzas políticas.
En Valencia, el alquiler de locales es la tercera fuente de financiación del Arzobispado, tras la casilla de la declaración de la renta (70% del total) y el cepillo de limosnas (15%), según su memoria económica de 2012. Sólo en la capital ingresó más de 15 millones aquel año por este concepto. Todos ellos, libres de impuestos. En 2013, ayuntamientos como Donostia, Soria o Mieres (Asturias) impulsaron iniciativas para hacer pagar a la Iglesia el IBI por sus propiedades y solicitar al Parlamento español que derogase los privilegios recogidos en los acuerdos de 1979.
Antes que ellos, en enero del mismo año, un juzgado había condenado a la Diócesis ourensana, con una sentencia histórica, a pagar el impuesto por cuatro fincas urbanizables en Allariz (Ourense). Una tenía cerca de 2.000 metros cuadrados y, como las otras tres, no cumplía con el requisito de realizar “actividades pastorales” para estar exenta del IBI. En 2011, el Ayuntamiento de Allariz calculó que la Diócesis había dejado de pagarle en tres años 329 euros por las cuatro propiedades.
Sin embargo, la Iglesia reclamó y el caso llegó al Tribunal Constitucional (TC) que, en diciembre de 2013, sentenció a favor de la organización católica, amparándose en los acuerdos del Estado con la Santa Sede. Desde entonces, la mayoría de ayuntamientos ha paralizado sus campañas. El concejal valenciano Joan Ribó reconoce que bajó los brazos tras la sentencia del TC porque no le quedaba margen de maniobra. Su única esperanza está en que “se deroguen los acuerdos de 1979”.
Otra de las iniciativas vecinales más destacadas de los últimos años contra los privilegios de las propiedades de la Iglesia fue la de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que trató de arrancarle el poder de registrar inmuebles como propios sin el conocimiento de la administración. Esta capacidad se la dio el gobierno de Aznar en 1998, que amplió la reforma de la Ley Hipotecaria franquista de 1946.
Así, desde hace 16 años, a los arzobispados les basta con alegar que una propiedad les pertenece “desde un tiempo inmemorial” para inmatricular fincas, catedrales o cualquier propiedad no registrada. Ni la administración pública ni los notarios deben supervisarlo y cada apropiación le cuesta apenas 30 euros. Si otra organización (o ciudadano) quiere hacer lo mismo, tiene que pasar por un calvario burocrático y la Administración tiene la última palabra.

Un partido al servicio del clero

El PP gobierna la ciudad de Valencia desde 1991 y las relaciones partido-arzobispado van más allá del ámbito institucional. Tras las elecciones autonómicas de 2011, el presidente de Les Corts Valencianes y miembro del Opus Dei, Juan Cotino (PP), hizo jurar o prometer el cargo a los 99 diputados delante de un crucifijo. Y no es casualidad que el rey Juan Carlos y los obispos cursasen una petición a Juan Pablo II para que Valencia albergase el V Encuentro Mundial de las Familias en 2006, que finalmente presidió Benedicto XVI.
Además, con el tiempo, se descubrió que la trama Gürtel también sacó tajada del viaje: la red corrupta del PP la utilizó para dar un gran pelotazo y apropiarse, entre otros, de 4 millones de Canal 9. La visita costó a las arcas públicas 14 millones sólo en urinarios, mochilas y publicidad.
Los favores del PP a la Iglesia en Valencia también benefician a sus centros de enseñanza. En 2012, se cedió suelo público, “donde tendría que haber algo público”, a una escuela católica privada, reivindica la concejala de Esquerra Unida Rosa Albert. El centro todavía no está construido y los suelos, que fueron concedidos en calidad de Centros de Iniciativa Social –terreno público que se cede al interés privado por 75 años– se entregaron sin contraprestación.
La decisión de la Concejalía de Urbanismo levantó ampollas ya que ésta había rechazado más de 300 alegaciones a la revisión simplificada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de vecinos, empresarios y asociaciones encaminadas a obtener cambios de uso en suelo urbano. Sin embargo, el Ayuntamiento sí que tramitó las peticiones de la asociación de colegios religiosos para recalificar algunos centros, que pasaron de ser equipamientos escolares públicos a dotacionales privados. Esto les blinda de posibles expropiaciones y les abre las puertas a convertirse en otro tipo de centros.
Además de colegios, el Arzobispado cuenta con un importante parque de terrenos dentro de Valencia. El más grande que ha encontrado el grupo de Europa Laica está en la calle Ángel Villena: 19.531 metros cuadrados a menos de un kilómetro de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Vallado, en su interior crecen los matorrales. Otros terrenos los han ocupado los vecinos para aparcar sus coches, mientras su precio sube o baja cada año.
Después de recorrer los estrechos callejones de la almendra central de Valencia, donde se concentra el grueso de los locales comerciales propiedad de la Iglesia, González se detiene en la esquina de la plaza del Ayuntamiento con la calle Barcelonina. Y señala unos bajos en los que hay instalada una tienda de la franquicia Calzedonia, de calcetines y medias, uno de los locales que no paga IBI: “¿Te parece un lugar de culto? Pues a Hacienda sí. Nos toman por tontos”.

viernes, 31 de enero de 2014

ESPAÑA: FILTRAN EL CONTRATO DE LA FORMULA 1 EN VALENCIA, 22 MILLONES DE EUROS POR AÑO


Un topo filtra el leonino contrato de la compra de Canal 9 de la Fórmula 1

El PSPV revela el documento ocultado por el Consell tras recibirlo en un sobre sin remitente 
RTVV pagaba 22 millones, cifra fuera de mercado, al tenedor de los derechos, que podía hasta vetar comentaristas

Pedro García, exdirector general de RTVV, a su salida de la Audiencia Nacional.
La leyenda del topo, esa persona o personas que filtran información con escándalos o presuntas irregularidades del gobierno valenciano, sigue creciendo. El PSPV ha revelado el contrato que firmó Canal 9 con Mediapro, la empresa que disfrutaba de los derechos televisivos de la Fórmula 1 para España, documento que el Consell siempre negó a la opinión pública en base a su confidencialidad. Las condiciones, leoninas, han llegado a conocimiento de los socialistas a través de una comunicación anónima.
Según el diputado Josep Moreno, el contrato, firmado por Pedro García, el ex director de Ràdio Televisió Valenciana imputado por supuesta apropiación de medio millón de euros, obligaba a la televisión a retransmitir la Fórmula 1 entre 2010 y 2013 por un coste “desorbitado”, 22 millones. Canal 9 decidió retransmitir la prueba, siempre con pobres cifras de audiencia, pese a que La Sexta ofrecía la competición para toda España.
Una vez La Sexta fue comprada el grupo Planeta, propietaria también de Antena 3, fue ésta la cadena que emitía las carreras. Esta circunstancia fue aprovechada por RTVV para rescindir el contrato unilateralmente, por lo que ahora tendrá que pagar 16 millones de euros. En total, el gobierno valenciano ha enterrado cerca de 300 millones en el circo de las dos ruedas, que ya no volverá –al menos a corto plazo- a Valencia. El gobierno autonómico dice haber acordado la rescisión del contrato sin coste alguno. 
Contrato leonino
Según Moreno, el contrato firmado por RTVV con Mediapro, apenas 4 páginas en catalán, contempla condiciones abusivas. Por ejemplo, daba a la empresa de Jaume Roures, la prerrogativa de vetar a los comentaristas. Tal vez por ello, Canal 9 contrató a un periodista,posteriormente denunciado por la cadena por cobrar dietas indebidas, por 10.000 euros al mes, una cifra fuera de convenio y hasta de mercado. Nada extraño en Canal 9, el caos en el que se perdieron 1.200 millones.

miércoles, 29 de enero de 2014

ESPAÑA: LA ONG DE LA CONSEJERIA DE VALENCIA TRASNFIRIO 50.000$ EN VEZ DE 800.000€ A NICARAGUA


´La becaria que fue a Nicaragua me llamó alarmada al ver que solo llegaron 50.000 dolares´

La técnico de Solidaridad ha señalado que los expedientes de la Fundación Cyes eran famosos entre los trabajadores de la conselleria por sus irregularidades




La técnico de la Conselleria de Solidaridad Begoña Campaña ha revelado esta tarde en el juicio a Blasco cómo constató el fraude. 

La testigo ha explicado que le llamó alarmada la becaria que fue a Nicaragua a comprobar el desarrollo de los dos proyectos de 1,6 millones de euros. "Victoria Vila se puso en contacto conmigo bastante alarmada por la cantidad real que había llegado al proyecto. 

Eran 50.000 dólares". Campaña ha señalado que los expedientes de la Fundación Cyes (que no tiene relación con la constructora) eran famosos entre los trabajadores de la conselleria por sus irregularidades y porque les costaron el puesto a los funcionarios que se negaron a conceder la subvención a la fundación. 

La técnico, a preguntas de las defensa, ha apuntado que a nadie le cabe en la cabeza que de subvenciones de 800.000 euros solo lleguen 50.000 dólares ni que se compren inmuebles en Valencia con cargo a la ayuda internacional.
FUENTE

lunes, 27 de enero de 2014

ESPAÑA: EL GOBIERNO VALENCIANO SOMETE A INTERROGATORIOS GRABADOS A FUNCIONARIOS PARA ENCONTRAR EL TOPO


La Generalitat Valenciana somete a interrogatorios a funcionarios en busca del 'topo'

Intersindical denuncia interrogatorios grabados para encontrar al filtrador de información comprometida
El 'topo' ha desvelado gastos de Presidencia como hoteles y comidas domésticas que ahora investiga la justicia

La C.Valenciana, Murcia y Baleares harán propuestas conjuntas de financiación
Intersindical ha denunciado que el pasado viernes la Generalitat sometió a interrogatorios "del más puro estilo policial", incluyendo grabación, a varios funcionarios del departamento de Presidencia, en busca del 'topo' que ha filtrado información comprometida del consell, especialmente del área más cercana a Alberto Fabra.
El sindicato tacha la medida de "estupidez" afirmando que se quiere "matar moscas a cañonazos", y que además no se ha nombrado a ninguna persona instructora de ningún epediente, ni informativo ni disciplinario. Por ello Intersindical ha recomendado a los trabajadores que se acojan al derecho de estar acompañados por un representante sindical durante este acto si son llamados a responder.
Entre las filtraciones del 'topo' destacan gastos cargados por la mujer de confianza de Alberto Fabra, Esther Pastor, a Presidencia, entre las que se incluirían desde compras domésticas, hasta habitaciones de hotel pasando por alcohol, además de los escándalos del 'coach' y de lacontratación como asesor del cocinero de Fabra. Estos gastos han sido justificados por la Generalitat, no obstante han llegado a la justícia a través del colectivo Manos Limpias; ante todo ello el gobierno valenciano ha optado por redoblar la vigilancia dentro de la Generalitat, que ha llegado ahora al extremo de los inerrogatorios.

jueves, 9 de enero de 2014

ESPAÑA: EL GOBIERNO VALENCIANO CAMBIA LEY PARA INDEMNIZAR A LOS ACUSADOS DE CORRUPCION ABSUELTOS


Fabra cambió la ley para indemnizar a los acusados de corrupción absueltos

Los pagos pueden alcanzar centenares de miles de euros.

Tendrían derecho imputados en casos como Gürtel y Cooperación


Los acusados de delitos de corrupción de la Generalitat valenciana que resulten absueltos en un juicio o exonerados a lo largo de un proceso serán indemnizados por el Gobierno autonómico. La previsión, de la que podrían beneficiarse decenas de excargos y funcionarios valencianos imputados por corrupción —esto es, por el capítulo que integran en el Código Penal los delitos contra la Administración pública— fue una novedad introducida por el Ejecutivo de Alberto Fabra en diciembre de 2012 en la ley que regula la Asistencia Jurídica de la Generalitat.
La modificación fue efectuada por el Consell de tapadillo, en uno de los últimos artículos de la ley de acompañamiento de los presupuestos, formalmente llamada Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. Y retrata los extraños equilibrios a los que ha recurrido Fabra ante las muchas causas judiciales abiertas contra sus subordinados, mientras públicamente defendía su política de tolerancia cero contra la corrupción.
La “indemnización especial”, como la describe la norma, cubrirá los honorarios que los acusados hayan tenido que abonar a sus abogados y procuradores. Unas minutas que pueden ascender a decenas de miles, e incluso a centenares de miles de euros en el caso los letrados más reputados y más activos en procedimientos complejos, como son los grandes casos de corrupción que afectan a responsables políticos valencianos, según señalan fuentes de la abogacía.
La novedad fue introducida por el Consell de tapadillo en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2012
La única condición que se establece para tener derecho al pago es que el cargo o empleado del Gobierno valenciano hubiera pedido en su momento ser asistido jurídicamente por la Abogacía de la Generalitat. Algo que, al menos, realizaron dos de los acusados en el caso Cooperación(Alexandre Català y Josep Maria Felip) que están siendo juzgados estos días en el Tribunal Superior valenciano y otros tres imputados en el caso Gürtel. Pero potencialmente todos los imputados de la Generalitat —y hay decenas— tienen derecho a pedirla y de ese modo a ser eventualmente indemnizados.
La ley contempla como causa para recibir el “resarcimiento” no solo la absolución al final de un juicio, sino también los casos en que el caso sea “desestimado, archivado o sobreseído” o resulten “íntegramente estimadas sus pretensiones”. El pago “correrá a cargo de la conselleria en la que prestara servicio en el momento de producirse los hechos”.
No se hacen más matizaciones, lo cual significa que la indemnización con fondos públicos se producirá incluso cuando la exoneración se deba a cuestiones técnicas, sin que se haya solventado el fondo del asunto. O cuando, pese a no quedar probado el delito, el proceso ponga en evidencia actuaciones poco éticas o ejemplares.
La ley contempla que la indemnización se aplique también a los acusados de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social; ordenación del territorio y urbanismo; protección del patrimonio histórico y medio ambiente; contra la seguridad pública y los “relacionados con incendios”.
También pueden solicitar el pago imputados por delitos urbanísticos, fraude fiscal o relacionados con incendios
En esos supuestos, los imputados no tienen derecho a asistencia de la Abogacía de la Generalitat, pero sí a ser indemnizados si no se les condena. La ley contempla como límite el que fijen “las tablas de honorarios” de los colegios profesionales. Tales tablas fueron, sin embargo, prohibidas por vulnerar la competencia y no existen desde 2009. Lo más parecido son las baremaciones orientativas para la tasación de las costas, basadas en múltiples elementos, y que según fuentes de la abogacía pueden dar lugar a “muy altas” facturas.
El derecho a la indemnización fue revelada este miércoles en el juicio del caso Cooperación, durante el enfrentamiento entre los acusados y la Abogacía de la Generalitat, a quienes los primeros querían expulsar del proceso por haber asistido inicialmente a algunos imputados para pasar meses después a acusarlos.
El tribunal resolvió no expulsar a la Abogacía de la Generalitat ni aceptar tampoco el aplazamiento del juicio, como pretendía el exconsejero Rafael Blasco y su cúpula en el departamento de Solidaridad y Ciudadanía, acusados de desviar las ayudas del Gobierno autonómico al Tercer Mundo.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

BANKIA PONE A LA VENTA EL VALENCIA C.F.


Bankia pone a la venta el Valencia

La entidad a la que la Fundación le adeuda más de 85 millones de euros, y el Valencia una cantidad superior a los doscientos millones, «no ha recibido ningún plan sostenible que haga posible la refinanciación» de las deudas

Bankia pone a la venta el Valencia


EFE , REDACCIÓN | VALENCIA.-
Bankia, la entidad financiera a la que la Fundación del Valencia adeuda más de 85 millones de euros, y el Valencia Club de Fútbol una cantidad superior a doscientos millones, «no ha recibido ningún plan sostenible que haga posible la refinanciación» de las deudas.
Así lo señalaron fuentes de esta entidad en un comunicado en el que también se indica que «hace falta inversión para conseguir una solución global». En este sentido, Bankia apuesta por la venta como el mejor para llegar a dicha solución.
"La alternativa más viable es la búsqueda de inversores que permitan garantizar un buen proyecto deportivo, social y económico", concluye el comunicado.
La difusión del comunicado de Bankia ha coincidido con la celebración de la junta general de accionistas del Valencia CF, en la que Amadeo Salvo ha llegado a pronunciar: «La venta del club no la van a decidir Bankia ni la Generalitat porque no son los dueños del club. Si alguien lo quiere, deberá convencer a los que estamos aquí porque hasta que un juez no diga lo contrario, las acciones son nuestras».
En esta junta, el presidente del Valencia CF, Amadeo Salvo, había señalado que el objetivo era acordar con Bankia la refinanciación de las deudas del club y de su fundación para que no tenga que producirse la venta de la sociedad.

MERCADONA: SANGRIA DE DESPIDOS EN VALENCIA


CNT denuncia la sangría de despidos realizados por Mercadona en Valencia


CNT-Valencia ha detectado que Mercadona está realizando una sangría de despidos en toda la provincia de Valencia, despidiendo a trabajadores/as con más de 20 años de antigüedad en la empresa, lo que el Sindicato entiende como un ERE encubierto.
Según los datos de los que dispone el Sindicato, y solo en el transcurso de este año, la cadena de supermercados Mercadona ha realizado más de 40 despidos en ciudades cercanas a Valencia: 15 en Alzira; 18 en Xàtiva; 5 en Cullera; 2 en Alberique, entre otros muchos en toda la provincia y en la misma ciudad. También se tiene constancia de que esta situación se está repitiendo en otras partes del Estado. Estos despidos se han centrado en trabajadores/as con más de 20 años de antigüedad en la empresa, valiéndose de despidos disciplinarios para evitar el pago de cualquier tipo de indemnización.
CNT considera que la empresa podría haber puesto en marcha un –presunto- Plan Interno de despidos para su plantilla más antigua –para cumplir un plazo fijado hasta el año 2015- con la finalidad de sustituirla por nuevos contratos más precarios que cumplan sus mismas funciones. De esta forma, Mercadona se deshace de los/as trabajadores/as que han resistido durante años el acoso y las humillaciones por parte de la empresa, además de haber dedicado su tiempo y esfuerzo a que el Sr. Roig se embolse cantidades ingentes de beneficios. De ser así, esta oleada de despidos podría tratarse de un ERE encubierto.
La Central Sindical rechaza que la empresa, que sigue obteniendo beneficios millonarios, se esfuerce constantemente para deshacerse de su plantilla, presionándola mediante el acoso más cruel y vejatorio. Cabe recordar que, Mercadona es una empresa que aparece frecuentemente en los medios de comunicación como símbolo de “excelencia”, recibiendo premios de carácter empresarial y siendo bien vista por la sociedad en general.
CNT denuncia públicamente que Mercadona acumula una interminable lista de despidos por represión sindical y durante bajas por depresión, con demandas por acoso y moobing en diferentes ciudades y localidades.
Un importante número de trabajadores y trabajadoras de diferentes comarcas de Valencia –despedidos/as y aún en plantilla- de Mercadona, han decidido dar el primer paso organizándose en la CNT. Como primer objetivo, se han marcado hacer públicas todas las situaciones de acoso, represión y despidos injustificados que se están produciendo en el interior de la empresa, además de buscar alianzas con muchos/as trabajadores/as que siguen sufriendo este tipo de situaciones, o que las han sufrido en el pasado, para crecer y conseguir más fuerza organizada.
CNT posee una larga experiencia y trayectoria en interposición de demandas a Mercadona por acoso y despido, habiéndose entablado conflictos sindicales en numerosos puntos del Estado y consiguiendo la readmisión de los/as trabajadores/as, así como la implantación de Secciones Sindicales y victorias en muchos de los centros de trabajo. La Central Sindical se niega a acatar la decisión empresarial de continuar con los despidos disciplinarios “fabricados”, mientras está realizando nuevas contrataciones en esas mismas tiendas.
CNT-Valencia desea recordar a la Dirección de Mercadona que su intentos por silenciar las reivindicaciones de los/as trabajadores/as no le servirán con un Sindicato autónomo que no recibe subvenciones, a diferencia de lo ocurrido con los Sindicatos Institucionales, los cuales han acabado al servicio de la empresa, sin apoyo de la plantilla ni presión sindical. El Sindicato advierte de la posibilidad de un inminente inicio de conflicto contra Mercadona en diferentes comarcas valencianas, de forma simultánea, si la empresa no da un giro a su política de despidos disciplinarios y asume las reivindicaciones de la CNT.
La Central Sindical hace extensivo el llamamiento, no solo a los/as trabajadores/as despedidos/as por Mercadona, sino a toda la plantilla de la empresa, para que se informen sobre cómo protegerse y luchar contra este tipo de situaciones, perdiendo el miedo –como ya han hecho otros/as muchos/as de sus compañeros/as.
CNT continúa en lucha contra Mercadona
Ningún acoso ni despido sin respuesta

martes, 26 de noviembre de 2013

LA TV VALENCIANA DEBERA PAGAR 13,5 MILLONES POR ROMPER EL CONTRATO DE LA FORMULA 1


RTVV debe pagar 13,5 millones por romper el contrato de la Fórmula 1

Una sentencia da la razón a Mediapro, que vendió los derechos de emisión a Canal 9

  • El Consell renuncia a la fórmula uno hasta que mejore la economía

La carrera de Fórmula 1 por las calles de Valencia finalizó el pasado año, pero el quebranto económico sigue sin cruzar la meta. Una sentencia del juzgado de Paterna ha dado la razón a Mediapro en la petición de pago de un total de 13,5 millones de euros (con el IVA incluido, que asciende a 3,5 millones) por la rotura del contrato por parte de RTVV. Canal 9 no retransmitió las dos últimas temporadas en su ámbito territorial, como figuraba en el acuerdo por cuatro años firmado con la empresa que dirige Jaume Roures.
Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) tiene decidido recurrir la sentencia. Ante la posibilidad de que se demande la ejecución del fallo, ya consignó en 2012 una partida presupuestaria para cubrir tal eventualidad. El embargo ascendería a 16 millones de euros.
El litigio de la cadena valenciana tiene otro frente jurídico abierto en Londres, debido a la exigencia contractual del magnate de la F-1 Bernie Ecclestone de aplicarse también la legislación británica, donde está radicada su empresa Formula One Administration. De hecho, RTVV cuenta con representación legal en la capital de Inglaterra a través del despacho Berwin Leightin Paisner LLP, que habría facturado a la televisión autonómica en torno a 200.000 euros, según fuentes conocedoras del caso.
Canal 9 no emitió las dos últimas temporadas que tenía contratadas
Lo que no iba a “costar ni un euro a las arcas públicas”, según afirmó en 2007 el promotor político de la Fórmula 1 en Valencia, el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, suma ya más de 275 millones de euros. La mayor parte se ha desembolsado en el pago del canon anual y en la adecuación de la infraestructura.
La compra de RTVV de los derechos para emitir en la Comunidad Valenciana la Fórmula 1 entre 2010 y 2013 suponía otro gasto de 22 millones de euros, más IVA. Con el periodista argentino Víctor Seara con un polémico contrato anual de 120.00 euros (más IVA) al frente del equipo de retransmisión en castellano, Canal 9 no superó la audiencia de las emisiones de La Sexta en los dos años en que compitieron.
En febrero de 2012, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, aprovechó la compra de los derechos de retransmisión en España de las carreras por Antena 3 para anunciar que los abogados de RTVV iban a plantear “la rescisión contractual porque las emisiones de Canal 9 iban ligadas a La Sexta”. Ya se había anunciado la fusión por absorción de Antena 3 y La Sexta. “La audiencia de Antena 3 es mayor que la de La Sexta y la retransmisión por esa cadena perjudicaría a Canal 9”, explicó Ciscar. Finalmente, se tomó la decisión de cancelar el contrato por “variación sustancial de las condiciones”.
La cadena recurre el fallo y la productora está a la espera de la nueva dirección
Una portavoz de Mediapro manifestó este lunes que la firma se encuentra a la espera, debido al reciente cambio en la dirección general de RTVV. Reconoce que se habían abierto conversaciones con la anterior dirección que iban “bien encaminadas” y que ahora es “un momento de impasse”.
No en vano, Canal 9 también cuenta con bazas para la negociación. La televisión valenciana ganó el juicio a Mediapro en 2011 por los derechos de retransmisión del fútbol en abierto. La sentencia, hecha pública en Barcelona, declaró que Mediapro “es responsable de los daños y perjuicios que el incumplimiento de los contratos de 25 de agosto de 2006 y 12 de febrero de 2010 se hayan derivado a TVV”, por lo que la televisión tiene derecho a ser indemnizada por los mismos. La cadena cuantificó esos derechos y ahora es una de sus cartas para intentar llegar a un acuerdo con el grupo de comunicación catalán.
La decisión de rescindir el contrato de los derechos de emisión por parte de RTVV fue anterior a la de acabar con las carreras de la Fórmula 1 en Valencia. Los bólidos ya no han corrido este año por la dársena y tampoco verán la banderilla a cuadros en las próximas temporadas. Según el contrato suscrito, quedaban dos premios, pero no habrá más pagos ni indemnización a Ecclestone. Lo ha dicho en numerosas ocasiones José Ciscar.

domingo, 24 de noviembre de 2013

LA COMUNIDAD VALENCIANA DESPILFARRO 12.500 MILLONES DE EUROS EN GRANDES FASTOS



La factura del despilfarro: Valencia dilapidó 12.500 millones de euros en grandes fastos


Francisco Camps y Rita Barberá con el presidente de Ferrari, Luca Cordero, en Cheste (EFE)

José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que destapó el caso Gürtel con sus conversaciones grabadas a escondidas a Francisco Correa y sus secuaces, encendió por última vez su casete el 12 de diciembre de 2007. Fue en un salón del hotel madrileño Gran Meliá Fénix, donde el cabecilla de la trama tenía alquiladas dos suites. Ese día, recuerda ahora Peñas, "recogí la frase en la que decía que había llevado mil 'kilos' a Bárcenas de comisiones en el Ministerio de Fomento y sus alardeos por el negocio que iba a hacer con Paco Camps con motivo de la Fórmula 1 en Valencia".

El exconcejal ha escrito el prólogo de Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que el periodista Sergi Castillo destripa los casos de corrupción que salpican a todas las instituciones de la Comunidad Valenciana controladas por el PP, y en los que ya hay más de un centenar de imputados y condenados, desde expresidentes y exvicepresidentes de la Generalitat a alcaldes y concejales, pasando por parlamentarios autonómicos, diputados provinciales, altos cargos y funcionarios.

El Gran Premio de Fórmula 1 de la Comunidad Valenciana del que alardeaba Correa fue sólo uno más en la larga lista de grandes eventos que Eduardo Zaplana, primero, y sobre todo Camps, promovieron como tributo a su desmedido ego. "Jugaron con el dinero de todos a ser los faraones de los nuevos tiempos", afirma Castillo, que añade: "Al deseo de perpetuarse y ser recordados se suma el de ser admirados y reconocidos. El discurso es digno de psicoanálisis, pero lo esencial era tener el edificio, el acontecimiento o el acto más grande. Sin más. El tamaño no es que fuera lo más importante; era lo único importante".

Estética y hedonismo

El catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón José Antonio Piqueras bucea incluso en las raíces antropológicas de la megalomanía de los gobernantes valencianos, al frente de una sociedad que goza con las fallas, la pólvora, la música... "Aquí ha habido una predisposición a la estética y el hedonismo efímeros. Tenemos monumentos que arden, cabalgatas que se consumen y gaiatas que son para el desfile. En el mismo acto que se realizan se consume la alegría y ya está". Y, como recuerda, Castillo, "las hemerotecas están llenas de frases de Camps asociando un supuesto liderazgo de la Comunidad Valenciana a su política de grandes eventos".

'El negocio generado con dinero público por los grandes casos de corrupción y eventos de la Comunidad Valenciana asciende a 12.500 millones de euros', afirma Sergi CastilloEl autor de Tierra de saqueo sostiene que "la suma del negocio generado con dinero público por los grandes casos de corrupción y los grandes eventos de la Comunidad Valenciana asciende a 12.500 millones de euros". Y advierte que "la magnitud de esta cifra es mayor si se compara, por ejemplo, con todo el presupuesto de la Generalitat para 2013", que asciende a 13.940 millones de euros.

Castillo, no obstante, reconoce que "obtener un dato fehaciente sobre la factura de la corrupción es una tarea prácticamente imposible por estar en marcha en los juzgados la mayoría de las investigaciones, algunas bajo secreto de sumario, y variar constantemente las cifras y su alcance en función de las fuentes. Lo mismo ocurre con los proyectos y eventos, rodeados de secreto y confidencialidad, de los que no existen apenas estudios fiables sobre su rentabilidad".

El coste de la corrupción

El único trabajo científico sobre el impacto económico de la corrupción en la Comunidad Valenciana lo ha elaborado Julián López Milla, profesor titular en el Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante hasta que en 2011 fue elegido parlamentario autonómico por el PSOE. Su informe cifra en 1.184 millones de euros, sólo en los tres últimos años, el "coste de imagen que supone la corrupción" en la región. Para llegar a esa conclusión, López ha aplicado la metodología usada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el cálculo de la huella de la corrupción en el crecimiento económico de los países, además de los indicadores de Transparencia Internacional sobre comunidades autónomas.
Juzgado del Caso Gürtel (EFE)Juzgado del Caso Gürtel (EFE)Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el coste de los grandes eventos y proyectos en la comunidad durante los mandatos de Zaplana y Camps se eleva a 5.225 millones de euros. Con ese dinero se han financiado la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Ciudad de la Luz de Alicante, la Copa del América, el Gran Premio de Fórmula 1, Terra Mítica, en Benidorm, o el aeropuerto 'fantasma' de Castellón, entre otros muchos. Y a esa lista hay que añadir los sobrecostes generados por los casos de corrupción más sonados del último lustro. Castillo los despieza en su libro:

Caso Gürtel. Las 14 empresas investigadas por la supuesta financiación del PP valenciano y las compañías que figuran en los papeles de Bárcenas recibieron 4.894 millones de euros en adjudicaciones públicas de la Generalitat. Siete empresas están siendo investigadas actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad y ocho en la Audiencia Nacional. Las empresas de la trama Gúrtel gestionaron 120 millones de euros en toda España.

Radio Televisión Valenciana (RTVV). La deuda acumulada por el ente público asciende a 1.309 millones de euros. Tras esa cifra se esconden numerosas irregularidades y casos de corrupción, como la visita del Papa Juan Pablo II, una pieza separada del caso Gürtel.

Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el coste de los grandes eventos y proyectos durante los mandatos de Zaplana y Camps se eleva a 5.225 millones de eurosCaso Brugal. Las cinco piezas principales del caso suponen un negocio de 813,3 millones de euros. De ellos, 250 millones corresponden al Plan Zonal de Residuos, 190 al contrato de recogida de basuras de Orihuela (Alicante), 250 al llamado 'plan Rabassa' -un proyecto urbanístico en la capital alicantina-, 120 millones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la misma ciudad y 3,3 millones al conocido como caso Aguas de Calpe.

Caso Emarsa. Según el juez, el saqueo de Emarsa, una empresa pública creada por el Ayuntamiento de Valencia, asciende a 25 millones de euros, aunque el PSOE valenciano eleva la cifra a 40 millones. En total, la Generalitat aportó 100 millones a la depuradora de Pinedo (Valencia). A esta cantidad hay que sumar otros 100 millones de euros de las obras adjudicadas a dedo por la entidad de saneamiento. En total, 200 millones.

Caso Cooperación. Las adjudicaciones realizadas a empresas vinculadas al empresario Augusto César Tauroni, ahora en prisión, desde la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía que encabezaba el exdiputado del PP Rafael Blasco, ya imputado, ascienden a 40 millones de euros. Los jueces investigan el supuesto desvío de seis millones de euros de los fondos que la Generalitat destinaba a ayudas a países del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino.

Caso Taroncher. Las adjudicaciones sospechosas a la empresa Construcciones Taroncher, propiedad de un íntimo amigo del conseller de Gobernación y Justicia de la Generalitat, Serafín Castellano, ascienden a siete millones de euros.

Caso Nóos. Los contratos del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia para organizar las tres ediciones del Valencia Summit, un foro sobre turismo y deporte, y desarrollar el proyecto de los I Juegos Europeos, nunca celebrados, se dispararon hasta los 4,5 millones de euros.

Caso Fabra. Según la Agencia Tributaria, 4,7 millones de euros es la cantidad de origen desconocido en las cuentas bancarias de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y principal impulsor del aeropuerto sin aviones de la provincia.
FUENTE

lunes, 11 de noviembre de 2013

EL FISCAL INVESTIGA MAS PELOTAZOS EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA


El fiscal investiga más 'pelotazos' en la visita del Papa a Valencia

  • La seguridad de las pantallas de Canal 9 también fue contratada irregularmente



El Papa Benedicto XVI, durante su visita a Valencia en julio de 2006.
La investigación sobre la visita del Papa a Valencia no está acotada únicamente al contrato de Radio Televisión Valenciana (RTVV) con la trama Gürtel por 7,4 millones de euros para el alquiler de las pantallas de vídeo y audio. En la instrucción judicial se está poniendo el acento en otros pelotazos que se han producido en Canal 9. En el interrogatorio a los miembros de la mesa de contratación que adjudicó este trabajo millonario, la Fiscalía ha puesto mucho interés en los servicios de seguridad vinculados también al viaje deBenedicto XVI a Valencia en julio de 2006.
Los integrantes de esta mesa -José Llorca, ex director de Canal 9;Juan Prefaci, ex director de gabinete de Pedro GarcíaVicente Sanz, ex director de gestión; Encarna Pérez, de los servicios jurídicos, y Benjamín Íñiguez, jefe de la unidad de compras- han sido preguntados en sus comparecencias como testigos por estos expedientes, realizados de urgencia y sin cumplir los principios de publicidad y concurrencia para vigilar las famosas pantallas.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), en sucesivos informes, ya había alertado de las irregularidades en este asunto por el que se acabó contratando a cinco empresas: Apogee Telecomunicaciones por 99.761 euros; Consorcio de Servicios por 19.882; Seguritas por 38.798; Segur Ibérica por 55.870, y Eulen por 122.238. En total, 336.553 euros.

Ninguno recuerda nada

La Policía alertaba de lo "significativo" que eran los casi 100.000 euros pagados a Apogee, la mercantil a la que Teconsa -la constructora ligada a Gürtel- alquiló las pantallas para custodiar su propio material. Fuentes cercanas a Canal 9 aseguran que ni siquiera está acreditado que lo hiciera. Sobre este contrato y el de Teconsa ha preguntado el fiscal a los miembros de la mesa de contratación, peroninguno recuerda nada. Adjudicaron 7,4 millones a Gürtel sin saber por qué, sin deliberación alguna, como si se tratara de un punto más del orden del día.
Parece que así se hacían las cosas en Canal 9, una televisión queesta misma semana ha echado el cierre por su inviabilidad económica. El acta de la adjudicación a Teconsa es un ejemplo delirante de mala praxis administrativa: la fecha aparece tachada y con otra sobrescrita, dice que empezó a las 11.00 horas y acabó a las 12.00 y, aunque se asegura que asistieron siete personas, sólo aparece la firma de seis de ellos.
El propio presidente de la mesa de contratación, José Llorca, se enteró a través de la Fiscalía de que él detentaba este puesto. El fiscal calificó su desconocimiento de "sorprendente" y cuestionó "la veracidad" de su testimonio. Ahora resulta que quienes firmaron la adjudicación no saben nada. En el interrogatorio a todos ellos fue recurrente por parte del Ministerio Público preguntarles si habían hablado con alguien (léase entre ellos) antes de testificar. Por supuesto que lo negaron.
Pero los documentos que aparecen en la causa son tozudos. Vicente Sanz, acusado de acoso sexual a tres trabajadoras, aseguró no saber nada de la seguridad con Apogee, a pesar de que este asunto dependía de él. Niega incluso que se le contratara. Pero se hizo. Al menos, se le pagó por ello con una factura emitida por RTVV el 25 de septiembre de 2006, en cuyo concepto aparece que la vigilancia se realizó entre el 24 de junio y el 1 de julio. Curiosamente, el Papa no llegó a Valencia hasta el 8 de julio. Según la documentación, Canal 9 se gastó casi 100.000 euros en custodiar las pantallas 10 días antes del V Encuentro de las Familias. En ese momento, sólo estaba instalada media decena de estructuras. Según productores de la casa, de vigilarla alguien, fueron civiles. La propia Policía constata en su informe que Apogee carecía de la preceptiva autorización para emplear a personal de seguridad.

El Compadreo de Camps y 'Alvarito'

Todo el mundo en el PP valenciano y en los núcleos de poder de la Generalitat conocía la estrecha relación entre el ex presidenteFrancisco Camps y su 'amiguito del alma', Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Pero él se empeñó en negarlo. Su empecinamiento no ha podido evitar que la instrucción judicial del 'caso Gürtel' saque a la luz la cercanía de la cúpula del PP y de él mismo con uno de los hombres más destacados de la trama de Francisco Correa. Uno de los ex trabajadores de 'Alvarito', director de producción de Orange Market entre 2005 y 2006, ha ratificado en dos comparecencias ante el juez como testigo el trato diario que, a través de llamadas o encuentros, su jefe mantenía con "Ricardo CostaVíctor CamposRambla y el presidente Camps" sobre asuntos "de actos de la Generalitat o del partido", según su propia declaración. Este ex empleado, llamado Juan Carlos Rincón, también cita como interlocutor de Álvaro Pérez al ex presidente de Bancaja José Luis Olivas.